Persecución a la Organización Regional Indígena del Valle y abogados de la Corporacion Justicia y Dignidad

Valle del Cauca, 28 de marzo de 2017

El 13 de febrero de 2017, JHONATAN PINO DAZA, un hombre joven de tez trigueña y corte militar ingresó al Resguardo Indígena KWES’X KIWE NASA de Jamundí Valle del Cauca, diciendo que fue comisionado por la Unidad Nacional de la Protección –UNP- para hacer un estudio de riesgo a las autoridades del Cabildo. Especialmente buscaba al defensor de derechos humanos Rafael Ulcué Perdomo, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-.

El individuo también preguntó por los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, Sofía López y Alexander Montaña y dijo que los conocía. Mostró varios documentos suscritos por los abogados de asesorías jurídicas efectuadas al Resguardo Indígena KWET WALA de Pradera Valle del Cauca.

Cuando las autoridades indígenas les exigieron que se identificara exhibió el Oficio N° S-2017-014847dispo6-estp02.1.10 suscrito por el Mayor EDGARDO LANDAZABAL GONZALEZ comandante de distrito VI de policía Jamundí que registra el e-mail mecal.est-jamundi@policia.gov.co Correo electrónico al que exigimos explicaciones el mismo día a la Policía sin recibir respuesta alguna hasta la fecha.

Entre los documentos que portaba el individuo había uno con membrete de la Fiscalía General de la Nación que lo acredita como parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de esa entidad.

La comunidad tomó fotografías el día 13 de febrero de 2017 a JHONATAN PINO DAZA

El Coordinador del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – CTRAI, Subdirección de Evaluación del Riesgo de la UNP, ante el requerimiento de los afectados, respondió que PINO DAZA “….no hace parte ni es funcionario de la Unidad Nacional de Protección.”

Pese a que los hechos fueron comunicados inmediatamente a la UNP, a la Cancillería y por su intermedio a la Fiscalía General de la Nación las autoridades no han tomado ninguna medida para esclarecer los hechos.

Resulta muy preocupante que el mismo individuo la semana anterior fue visto en las dependencias de la Fiscalía General de la Nación en Popayán-Cauca donde acreditó en una diligencia judicial su calidad de víctima con un carnet falso del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, denunciando amenazas en su contra.

Con un falso carnet, se presentó como defensor de derechos humanos ante la URI de la Fiscalía de Popayán.

Las autoridades colombianas niegan vehementemente el carácter sistemático y generalizado de las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos pero no hacen nada evitarlo, lo que legitima las agresiones.

El Ministro de Defensa el 18 de enero de 2017 desbordando sus funciones y actuando como Juez dice que: “…Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinatos-de-lideres-sociales-no-son-sistematicos-mind-articulo-675408

Asimismo el funcionario que si tiene la jurisdicción para investigar, esclarecer los hechos y evitar ataques comparte el mismo criterio.  Ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el 8 de diciembre de 2016, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que no se ha establecido que algún grupo en particular esté cometiendo los hostigamientos y agregó: “Esa es una visión que comparte el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación”.

“Hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales (…) Por el momento no hay una sistematicidad en las afectaciones”

http://www.eluniversal.com.co/colombia/bogota/fiscal-dice-que-no-hay-sistematicidad-en-asesinatos-de-defensores-de-ddhh-241980

Lamentablemente la inoperancia de la justicia colombiana, especialmente de la Fiscalía, coadyuva con la victimización a los defensores de derechos humanos y vulnera el derecho a ejercer su labor.

Exigimos a las autoridades colombianas, judiciales y administrativas a que informen de manera inmediata si JHONATAN PINO DAZA es funcionario de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Nacional o si sus actuaciones corresponden a misiones libradas por alguna entidad pública.

Exigimos garantías a la vida e integridad física y moral de los defensores de derechos humanos y al libre ejercicio de nuestra labor.