El Estado y el gobierno de Colombia son los responsables de la masacre de alto mira y frontera en Tumaco la CIDH debe pronunciarse urgentemente y la CPI debe tomar nota

Santiago de Cali, 8 de octubre de 2017

A 72 horas de la masacre de Alto Mira y Frontera en Tumaco – Nariño, ocurrida el 5 de octubre de 2017, aunque las comunidades hablan de más 14 muertos y más 80 heridos, Medicina Legal solo reporta hasta ahora con disparos de alta velocidad el asesinato de los campesinos ALDEMAR GIL GUACHETÁ, de 25 años; DIEGO ESCOBAR DORADO, de 31 años; NELSON CHAGUENDO CALAMBAS, de 29 años; JANIER USPERTO CORTÉS MAIRONGO, de 26 años; JAIME GUANGA PAI, de 45 años; y ALFONSO TAICÚS TAICÚS, de 32 años de edad.

Entre las víctimas fatales se encuentran los indígenas Awá Jaime Guanga Pai y Alfonso Taicus Guanga; así mismo el indígena de nuestro pueblo Nasa Nelson Chaguendo Calambas. La Masacre de Tumaco es la continuación de la política de extermino de los pueblos indígenas en Colombia. http://www.onic.org.co/comunicados-onic/2083-onic-rechaza-la-masacre-de-llorente-que-pare-la-muerte-en-tiempo-de-paz.

Con videos y testimonios se ha documentado la evidente responsabilidad de la Policía y el Ejército en los hechos por su acción y omisión de su rol de garante de los derechos humanos. No existió ningún enfrentamiento con Banda Criminal alguna, estamos ante una nueva modalidad de falso positivo con una máxima garantía de impunidad. Modalidad diseñada en las más altas esferas del poder, basta solo con escuchar la versión mentirosa del presidente Juan Manuel Santos sobre esto hechos.

https://www.telesurtv.net/news/Santos-responsabiliza-a-bandas-por-masacre-en-Tumaco-Colombia-20171006-0057.html

La aplastante y calculada post-verdad del Gobierno pretende en el corto plazo enterrar la verdad hasta la amnesia, fabricando hipótesis, manipulando las versiones, revictimizando a los afectados y manteniendo a los ejecutores materiales del hecho en sus cargos. Y en el corto, mediano y largo plazo garantizar la impunidad judicial de los responsables. ¡Como siempre!

Por encima de todo el Gobierno Colombiano siguiendo las directrices de Washington arreciará la política de erradicación forzada y reanudará las aspersiones aéreas con glifosato. Lo ocurrido el 5 de octubre evidencia que se hará sin el más mínimo respeto a la vida y a la integridad de la población civil.

Es evidente la interferencia del gobierno en la Justicia al más alto nivel para torcer el curso de las investigaciones. Uno de los argumentos del responsable del Plan Piloto de erradicación, el general de la Policía y vicepresidente de la Republica Oscar Naranjo, es que los campesinos asesinados “no son de la zona”. Por su parte el comandante de la Compañía Antinarcóticos No. 4 del departamento de Nariño Arlex Escobar y el Brigadier General Sergio Alberto Tafur, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército, implicados en los hechos, siguen con mando y poder suficiente en el territorio para afectar a víctimas y testigos y el material probatorio dejado en la escena del crimen.

La inverosímil explosión de cilindros bombas en el lugar de los hechos será fácil desmontarse a no ser que con la fuerte presión del gobierno y la fuerza pública implicada en el crimen armen un “falso positivo judicial”.

Las manos solo cumplen lo que manda la cabeza: uno de los testigos narra que al reclamar por lo que ocurría, un miembro de la Policía le contestó que “era orden presidencial”.

Con todas las evidencias existentes, con la calidad de los implicados y las fuertes presiones del alto gobierno y la alta probabilidad de repetición de hechos similares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y la Relatoría para Pueblos Indígenas deberán pronunciarse inmediatamente en garantía y respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana en los artículos 4 y 5 y, por la necesidad y urgencia de garantizar la vida, la integridad personal de víctimas y testigos y el acceso a un recurso judicial efectivo y el debido proceso (Artículos 8 y el 25).

La Corte Penal Internacional -CPI- deberá tomar atenta nota de la responsabilidad de altos mandos del ejército y la policía y del alto gobierno civil en los asesinatos sistemáticos y generalizados que vienen cometiendo contra la población civil, con el mismo modus operandi, en el post-acuerdo.

https://www.elespectador.com/opinion/muertos-cantados-columna-716905</a

ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DE VALLE DEL CAUCA -ORIVAC-
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD