Ejército nacional vulnera DDHH y DIH a campesinos de alto mira y frontera en Tumaco

15 de mayo de 2018

Durante las últimas semanas la comunidad de este territorio se ha visto avocada a enfrentar nuevamente las consecuencias de una guerra armada entre uniformados del Ejército Nacional y grupos armados que operan al margen de la ley. En desarrollo de estos operativos unidades del Ejército Nacional de Colombia han violentado los derechos de los campesinos.

El día 4 de Mayo de 2018, en medio de un enfrentamiento  los militares llegaron hasta la vivienda de la señora JOHANA PEREZ ubicada en la vereda el Playón, y la obligaron a salir junto con su esposo GEOVANY VIVAS, sus dos hijos menores de edad y el arrendatario de su finca que es el electricista de la vereda, para desde ese día quedarse ocupando su vivienda y obligando a esta familia a desplazarse de la manera forzada y lo que es más grave la señora JOHANA PEREZ, viene siendo objeto de señalamientos por parte de los uniformados quienes le dicen que es una guerrillera y que en su vivienda encontraron armas y cargamento de guerra, procediendo a reseñarla, tomarle fotografías, para finalmente decirle que deje de insistir, porque de lo contrario la van a judicializar, es decir que durante los 12 días que han transcurrido vienen ocupando su finca de manera arbitraria e ilegal

Desde el 7 de mayo de 2018, los uniformados han ocupado varias viviendas de la vereda el Playón, sobre el sector en el que se encuentra ubicada la escuela del caserío, las entradas a las viviendas fueron forzadas y los militares permanecen en ellas en medio de la población civil como una flagrante violación al derecho internacional humanitario.

Debido a los enfrentamientos, a las violaciones a los derechos humanos y a la desprotección del Estado, muchos campesinos han debido desplazarse del territorio dejando abandonadas por completo veredas como Muguí, La Mina y de manera parcial Cañaveral, El Tandil, El Divorcio y el Azúcar; situación que ha sido aprovechada por los militares para ingresar de manera violenta a las viviendas y hurtar todo lo que encuentran a su paso, comida, elementos de aseo y en algunos casos desarmando las vivienda que son construidas en madera.

En este contexto las unidades militares el día 9 de mayo de 2018, ingresaron a la vivienda del señor SEGUNDO CORTEZ, quien días atrás había salido del territorio y no se encontraba nadie en su vivienda, para después decir que habían encontrado una MGL y que necesitan hablar con el dueño de la vivienda.

El día 16 de mayo de 2018, los uniformados ingresaron a la vivienda de la señora MARIA EUGENIA PASCAL, dañando el candado de la puerta de la casa, a la que entraron para hurtar los alimentos que en ella se encontraban como panelas, plátanos y demás, cuando llego su hijo menor de edad al lugar para percatarse de lo que hacían los uniformados le dijeron “voz te callas chino hijueputa, no has visto nada”

Es evidente que los militares en su incapacidad de adelantar acciones contundes contra los grupos armados ilegales, retoman las viejas tácticas de la guerra sucia para inmiscuir a los campesinos inocentes en un conflicto que para el Estado Colombiano ha sido difícil de superar por su negligencia y desatención con los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Como si esto fuese poco miembros del grupo de Policía erradicadores se han dedicado a proferir insultos y amenazas contra los campesinos, diciéndoles textualmente que “se organicen otra vez, para matarlos como a los guerrilleros que mataron en el Tandil”.

Estas graves irregularidades en el actuar de los agentes de Policía y Ejército que ameritan una investigación seria, exhaustiva y la imposición de una sanción ejemplar para que estos hechos no se vuelvan a repetir, pero sobre todo amerita del compromiso del Estado frente a brindar soluciones inmediatas y de fondo que vayan más allá de la militarización que lo único que acarrea para las comunidades es un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos debido a la falta de preparación, pericia e idoneidad de los uniformados que hacen presencia en los territorios.

Llamamos la atención para que la Fiscal General de la Nación y la Procuraduría Regional Nariño adopten las actuaciones necesarias con respecto a lo ocurrido.

Solicitamos a la Comunidad internacional realizar seguimiento a las investigaciones a que haya lugar y conminar a la Policía y al Ejercito Nacional para que eviten cometer este tipo de actos.

LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LOS RIOS MIRA, NULPE Y MATAJE – ASOMINUMA-