Ejército Nacional dispara contra civiles beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-

El día domingo 28 de noviembre de 2010, en horas de la tarde se iniciaron fuertes enfrentamientos armados entre las tropas del ejército nacional y la guerrilla de las Farc en la vereda el Credo del municipio de Caloto Cauca.

Alrededor de las dos de la tarde (2 PM) en la Vereda El Pedregal, cuando la hija del Presidente de la Junta de Acción comunal de esta Vereda, JIMENA MARTINEZ ULCUE (de 15 años) se dirigía junto con JAVIER ULCUE CUATIN (15 años) a la caseta comunal a realizar el cursillo para recibir el sacramento de la confirmación, miembros del ejército nacional sin mediar ninguna voz de alerta les dispararon varias ráfagas de fusil, que gracias a la reacción de los menores no fueron impactados y se evitó una tragedia. Es de anotar que los niños se vestían ropas claras que no permitía confusión alguna, violándose de esta manera flagrante el principio de distinción que contempla el DIH a favor de los civiles no combatientes.

Preocupa que en menos de una semana hayan sido asesinados en el país dos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Cootragroblan en Turbo-Antioquia y de 26 de familias de Argelia Cauca)

El 13 de agosto de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 179 familias de las Veredas El Vergel y El Pedregal, departamento del Cauca, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alegó que estas familias estaban en una situación de peligro extremo como consecuencia del conflicto armado y la falta de medidas para proteger a los civiles que habitan en la zona. Según lo informado, los habitantes de dichas veredas habrían sido víctimas de lesiones a causa de disparos, desplazamientos forzados y otros presuntos actos de violencia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las 179 familias beneficiarias, que adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno en condiciones de seguridad a las familias desplazadas de las veredas El Vergel y el Pedregal, que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.”

No obstante, el incumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar los derechos de los beneficiarios de las medidas cautelares, especialmente los niños, y su deber de investigar los graves hechos denunciados, sirve de aliciente para que se sigan cometiendo atropellos contra la población civil en esta zona del país.

Instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales y llamamos a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, divulgación y seguimiento de la presente denuncia pública.

Caloto Cauca, 30 de noviembre de 2010