Prácticas corruptas de la fiscalía para instaurar impunidad caso de la abogada Sofia Lopez

Cali ,14 de mayo de 2015

En audiencia de 8 de mayo de 2015 en la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, el fiscal Sexto delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá de la Unidad contra la corrupción judicial, GERMAN ARIAS CORTES, solicitó Preclusión de la investigación a favor de la fiscal quinta especializada de Popayán, MARTHA LILIANA REALPE CERON, y de los efectivos policiales de la SIJIN IVAN MORENO CRUZ y CARLOS ARTURO LOZANO.

La fiscal REALPE CERON y los efectivos policiales, el 19 de abril de 2013, participaron en un operativo ilegal de captura en contra de la abogada defensora de derechos humanos SOFIA LOPEZ, a quien sin existir un proceso penal ni una orden de captura de autoridad judicial competente, fue privada arbitrariamente de su libertad y sometida a malos tratos. Este hecho generó su desplazamiento forzado.

La razón del atropello fue simple: las denuncias de la abogada, relacionadas con reuniones a puerta cerrada de la fiscal quinta especializada, con militares antes de la realización de audiencias judiciales a sus defendidos, que coinciden sospechosamente con entrevistas a reinsertados que señalan a sus defendidos. Otra razón del atropello es que la jurista ha acudido al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tal como la fiscal lo ha hecho saber en repetidas ocasiones.

La actuación del fiscal GERMAN ARIAS CORTES en el trámite de la preclusión denota la forma descarada como quiere instaurar impunidad en favor de sus pares; actos constitutivos de corrupción y de delitos. Para ello se ha valido de artimañas jurídicas.

En un hecho sin justificación ni lógica alguna, se valió de otro proceso judicial para ocultar las pruebas solicitadas por las víctimas, con el fin de no allegarlas a este proceso judicial y ocultándolas en su pedimento de preclusión.

Dirigentes sindicales del Cauca, testigos de los abusos de los integrantes de la policía judicial adscritos a la fiscalía quinta especializada de Popayán, al retener arbitrariamente a la abogada, fueron entrevistados por la fiscalía, pero irregularmente sus declaraciones no aparecen la carpeta; el fiscal aduce que las allegó a otra investigación  penal. Todo ello, claro está, para favorecer a sus colegas, pues su intención preclusiva se vería afectada ante la contundencia de los testigos de cargo. Estamos frente a un acto de fraude procesal evidente.

La audiencia de preclusión fue como se esperaba: un descubrimiento probatorio anticipado a favor de los indiciados;  una audiencia desequilibrada donde la procuradora judicial justificó las conductas de la fiscal y de los policías de la SIJIN, manifestando que en Colombia la policía nacional y judicial tienen una desbordada competencia para disponer de la libertad de las personas en cualquier parte del territorio, aun en operativos clandestinos, de civil y sin identificación alguna. Peor aun, la procuradora sin sonrojarse afirmó no ver ningún reparo de Género en que la jurista fuera requisada y auscultada por dos policías –hombres-.

El abogado defensor de la fiscal confesó que los indiciados retuvieron a la defensora de derechos humanos “para que no se volara”.

Por su parte la fiscal indiciada no justificó qué norma del ordenamiento jurídico le otorga facultad para la realización de retención y verificación de antecedentes mediante el uso de la violencia, sin orden de captura y sin un proceso penal, ni existir estado de flagrancia. Los efectivos de la policía judicial confesaron que su actuación se trataba de un operativo judicial, e intentaron ridiculizar los perjuicios ocasionados a la víctima.

En la audiencia mientras hubo tiempo limitado para la defensa de la victima, a favor de la preclusión intervinieron los cuatro indiciados, un defensor de confianza, la fiscalía y la procuraduría. En la misma se estigmatizó y ridiculizó a la victima por acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

En este escenario se prevé que no se garantizará el acceso a la justicia de las victimas por parte de la unidad anticorrupción de la fiscalía, afectada por el mismo flagelo que dice investigar.

La decisión está en manos de la sala penal del Tribunal de Popayán, que solo ante las insistentes súplicas de la víctima otorgo unos pocos minutos para denunciar el ocultamiento de las pruebas confesado por fuera de audiencia por el mismo fiscal de conocimiento. La decisión se dará a conocer el 19 de mayo de 2015 a las 2 PM.

La fiscal REALPE CERÓN, muy probablemente será premiada  con impunidad, porque fue quien diseño y ejecutó el proceso judicial llamado “Farc-política” del Cauca. Un proceso que no corresponde en absoluto a técnica alguna de investigación criminal de tendencia acusatoria; un burdo montaje judicial contra dirigentes campesinos, indígenas y afrocolombianos del norte del Cauca, que pretende debilitar los procesos de resistencia y luchas históricas en esta región del país.

En este escenario fangoso y oscuro, lleno de corrupción, en que se ve lejana la justicia, recordemos que a las víctimas nos queda la voz para desnudar y desobedecer este sistema podrido que priva injustamente de la libertad, que  militariza la sociedad,  que persigue a los de a pie, a los que piensan diferente, a los que quieren transformar lo injusto. Desnudar y desobedecer ese sistema corrupto que favorece actos criminales que causan daño a ciudadanos inocentes con las llamadas capturas masivas, con sus carteles de testigos falsos, que condena a hombres y mujeres y las lleva a las cárceles a vivir en condiciones de indignidad.

Seguimos haciendo un llamado a la solidaridad, a la censura moral, a la ruptura contra el sistema judicial que reprime y propicia impunidades, Agradecemos infinitamente el acompañamiento nacional e internacional; ha sido el aliento para seguir en la defensa de los derechos humanos en Colombia.