#RetracteseMinistroMolano

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#SerLinderSocialNoEsUnDelito

Carta Abierta (artículo 23 de la constitución)

dirigida al ministro de Defensa Diego Molano Aponte

Siendo las 3:00 pm del 15 de mayo del 2021 al terminar un consejo de seguridad con el alcalde del municipio de Popayán y el Gobernador del Cauca, en las instalaciones del Batallón José Hilario López el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, quien por mandato del Presidente de la República se había desplazado a Popayán para ejercer la “asistencia militar”, figura discutida debido a que no sigue los estándares internacionales para la atención de disturbios,  anunció en rueda de prensa a medios periodísticos y televisivos (locales y nacionales) las medidas de seguridad adoptadas y, además, en su alocución señaló que en las comunas 5 y 6 del municipio de Popayán según informe de inteligencia estarían operando las disidencias de las FARC; cabe resaltar que en estas comunas se encontraban alojados en campamentos humanitarios delegaciones de campesinos de varios municipios del Cauca que participaban del paro nacional.

En la declaración brindada por el Ministro de Defensa en la rueda de prensa, señaló que “en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de Andrés, Cheto, Maíz y Caleño por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021 ofreciendo la suma de 50 millones de pesos, por información que permita establecer su vinculación con estos actos”.

Las acusaciones realizadas por el ministro de Defensa en la rueda de prensa, hacen alusión a los señores FABIAN ANDRES SANCHEZ (Maíz), JOSE DANIEL GALLEGO (Cheto), ANDRES DUQUE (Caleño) y WILSON ANDRES QUIJANO MARTINEZ (Andrés) quienes son líderes sociales y estudiantiles reconocidos en el municipio Popayán por la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

En el debate de moción de censura contra el Ministro de Defensa el 24 de mayo de 2021, este mismo indicó ante el Senado que “no [era su] talante referir[se] a los defensores de derechos humanos con alias. A los líderes sociales siempre [se* refier[e] con nombre y apellido”[1]. Agregó que cuando hizo los anuncios públicos en Popayán se refería al problema grave de la destrucción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI ) de la Fiscalía general. Agregó que “lament[aba] si alguno se [hubiera] conside[rado] aludido”. Indicó en términos generales que, el hecho importante era que la justicia había sido afectada y que ese era un acto terrorista y que él, como Ministro estaba detrás de los responsables[2].

En ningún aparte de su intervención pidió disculpas por las menciones a los defensores, pero admitió tímidamente que no se refería los defensores de derechos humanos que son los propuestos beneficiarios, y tampoco indicó sobre qué información seria o de inteligencia sustentaba lo que había dicho en la rueda de prensa, para ofrecer recompensa por el paradero de los supuestos alias de los responsables que coinciden con los nombres de pila o apellidos de los propuestos beneficiarios. 

A diferencia de lo manifestado por el Ministro de Defensa los propuestos beneficiarios son personas que ejercen un servicio social y comunitario en labores de defensa y promoción de Derechos Humanos, ambientales y territoriales en el Departamento del Cauca.

Los defensores de derechos humanos estigmatizados por el Ministro Molano a quienes se les colgó una lápida en su cuello y se les puso precio por su cabeza se encuentran en total desprotección, las amenazas en su contra no se hicieron esperar y a cuatro meses de los criminales señalamientos del Ministro Molano estos derivaron en peno exilio de JOSE DANIEL GALLEGO y la situación de desplazamiento forzado de ANDRES SANCHEZ, ANDRES DUQUE y WILSON QUIJANO quienes pese a la estela de muerte que persigue a la dirigencia comunitaria en el paro, continúan realizando labores en defensa de los derechos de las comunidades que representan.

Como si el Exilio y Desplazamiento Forzado no fueran graves violaciones a los derechos humanos, para la justicia colombiana es un equivalente a la no vulneración de los derechos fundamentales de los defensores de derechos humanos, en este sentido el Juzgado 56 penal del circuito con funciones de conocimiento declaró que la tutela interpuesta por los afectados de los criminales señalamientos del ministro Molano era improcedente. Que procede luego de los criminales señalamientos del Ministro, ¿La muerte? En la acción de tutela se solicitó protección para los defensores de derechos humanos y para un juez de la república ni siquiera merece pronunciamiento al respecto.

En esta carta abierta nuestra Corporación como peticionaria de tramite internacional exige al Ministro DIEGO MOLANO APONTE su retractación frente a los criminales y falaces señalamientos realizados en contra de FABIAN ANDRES SANCHEZ (Maíz), JOSE DANIEL GALLEGO (Cheto), ANDRES DUQUE (Caleño) y WILSON ANDRES QUIJANO MARTINEZ (Andrés).  Así mismo se insta al Estado de Colombia garantizar el retorno o reubicación de las personas desplazadas, exiliadas y sus familias, así mismo garantizar medidas de protección para salvaguardar sus derechos a la vida y la integridad personal.

[1] Ver Audiencia de Control Político al Ministro de Justicia de 24 de Mayo de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RxAKCO1el8o Ver Minutos: 06:24:25 a en adelante Min: 06:25:25 en adelante.

[2] Ver Audiencia de Control Político al Ministro de Justicia de 24 de Mayo de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RxAKCO1el8o Ver Minutos: 06:24:25 a en adelante.

#JusticiaParaDaniel

por admin2021, Cali, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Los comentarios están desactivados

TOTALMENTE DESPROTEGIDOS SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES Y TESTIGOS EN EL CASO DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencia s Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. Luego de la entrega del cuerpo los familiares constataron que Medicina Legal cometió un nuevo crimen al borrar evidencias de golpes en el cuerpo y el impacto de bala en una de sus piernas mediante la realización de cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas forenses. Después de tres meses exigiendo los anexos del dictamen de Medicina Legal fueron entregados una foto, y dos radiografías, en donde se verificó que no se realizaron las radiografías, ni fotografías, ni videos correspondientes a la práctica forense, ni mucho menos exámenes de laboratorio. No se cumplió ninguna de las exigencias de los protocolos de Minnesota y Estambul de obligatorio cumplimiento en graves casos de violaciones a los derechos humanos. No existe evidencia científica en el dictamen médico legal que sustente la falacia sobre la muerte por inhalación de vapores calientes, conclusión ventilada en medios de Comunicación por el fiscal ENCINALES director seccional de Fiscalías de Cali.

Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.

El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevó a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar porque a pesar de que se informó a la fiscalía de la situación no se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y la integridad.

Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigos se han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección.

La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales aperturadas. Así mismo ha obstaculizado la labor probatoria de los representantes de las víctimas sin que a la fecha se haya ordenado la practica de pruebas solicitadas, ni se haya presentado ante juez con funciones de control de garantías los elementos de prueba y evidencia física recaudados por las víctimas y testigos para hacerlos valer dentro del proceso penal, oportunamente entregados a la Fiscalía. No se han adelantado los comités técnico jurídicos ni se ha escalado la investigación a una fiscalía especializada de la Unidad de Derechos Humanos tal y como lo ordenó el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali en acción de tutela radica con el número 2021-00214.

En el día de hoy integrantes de nuestra corporación fuimos informados que se estaría gestando un plan de judicialización en contra de los testigos del presente caso en el marco de los falsos positivos judiciales que se vienen orquestando desde la Fiscalía General de la Nación y de los que se han realizado capturas desde la semana pasada en la Ciudad de Cali y Palmira. Esta situación obstaculiza el derecho de las víctimas de participar en la dinámica probatoria del proceso penal y también que víctimas y testigos sean cobijados por el programa de protección de la fiscalía, todo lo anterior en garantía de impunidad.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021

#JusticiaParaDaniel

por admin2021, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

EN RIESGO DE ATENTADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021

DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar. DANIEL STIVEN se encontraba centrado en el trabajo de su familia y en el cuidado de su novia también menor de edad quien padece una patología terminal. Estas dos situaciones impedían que DANIEL STIVEN participara en las jornadas de protestas nacional, así mismo no integraba la denominada primera línea del barrio Siloé.

En la glorieta del barrio Siloé se mantuvo un punto de resistencia donde los jóvenes realizaron jornadas culturales y pacificas de protesta, que se tornaron violentas por el accionar ilegal y desproporcionado del Escuadrón Antimotines del ESMAD y del Escuadrón GOES de la Policía Nacional. Dichos cuerpos de seguridad realizaron incursiones armadas que dieron como resultado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y homicidios según han denunciado víctimas y organizaciones de derechos humanos.

El 28 de mayo de 2021, el menor DANIEL STIVEN fue detenido arbitrariamente por efectivos del ESMAD, cuando caminaba por el sector, golpeándolo en forma brutal y siendo subido por la fuerza a una tanqueta de la policía. Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante y reiteraba pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentaron rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD dispararon en contra de la brigada, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial Dollar City de Siloé al día siguiente de los hechos.

Según los testimonios el menor DANIEL STIVEN fue retenido y herido por el ESMAD, y que luego su cuerpo sin vida apareció en el local en mención. El cuerpo del menor fue encontrado por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.

Llama la atención que el menor fue hallado al día siguiente del incendio en el local de Dollarcity de Siloé, y que en la intervención de los bomberos realizada el 28 de mayo no se registrara este tipo de hallazgo.

En redes sociales se observó que el cuerpo del menor se encontraba integro, y reconocible pese a las señales del impacto del fuego. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. hecho falso dado que los familiares con un reconocimiento sobre el cuerpo pudieron señalar que era DANIEL STIVEN. Pese a ello, Medicina Legal manifestó a los familiares que el cuerpo no sería entregado por no tener reconocimiento de huellas dactilares, ni ADN, con la intención de hacerlo pasar como persona no identificada. Luego de que los familiares protestaran y exigieran con vehemencia la entrega, les fue entregado el cuerpo de DANIEL STIVEN.

Los familiares han indicado que el cuerpo del menor fue entregado en condiciones deplorables luego de la autopsia. Se le realizaron cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas tradiciones de exámenes forenses, justo en áreas donde familiares y testigos habían percatado la presencia de golpes contundentes.

El informe de necropsia no fue entregado a los familiares, siendo este un derecho que tienen y ampara la ley, quienes debieron solicitarlo vía acción de tutela, pero a la fecha de este comunicado no se han entregado los anexos correspondientes a fotografías, videos, exámenes de laboratorios, radiografías entre otros, lo indicaría que los mismos no fueron realizados, esto a casi 3 meses de los hechos.

No obstante, antes de entregarlo, las conclusiones fueron divulgadas públicamente en rueda de prensa por el director seccional de Fiscalías de Cali, Dr. Encinales, sin que estuviera presente ningún funcionario de Medicina Legal, en un acto totalmente ilegal. El dictamen  es contradictorio a los testimonios que  los familiares han obtenido sobre los hechos, quienes afirmaron que el menor presentaba golpes en su cuerpo y al menos un orifico de arma de fuego en una de sus piernas, así como la fractura de uno de sus tobillos, dentadura y rostro, no entendiéndose unos cortes de piel y musculo realizado por medicina legal en las partes donde se habían visto signos de golpes, considerándose que se alteró el estudio forense en favor de los responsables de la detención del menor. Para medicina legal la causa de muerte del menor fue la inhalación de vapores calientes.

La apertura de la investigación penal por homicidio sólo se realizó por parte de estas instituciones luego que los familiares del menor acudieran en vía de tutela en garantía del acceso de justicia. Pese a la decisión judicial a la fecha no se han entregado los anexos del informe de medicina legal. Todo esto demuestra la inacción y obstáculos en la investigación eficaz sobre los hechos. La investigación no avanza, la actividad probatoria de la fiscalía es mínima y se ha trasladado a los familiares de las víctimas la carga de probatoria. Es evidente que la fiscalía 13 seccional de Cali busca el archivo o preclusión de la investigación.

Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.

El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevará a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar.

A la fecha y pese a que existen orden judicial las víctimas no han sido incluidas en ningún programa de protección y se encuentran a merced de la violencia generalizada de persecución a víctimas, testigos y manifestantes luego de las jornadas del paro nacional.

Solicitudes

  • Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
  • Exigimos a la fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos, ya que no existen garantías de justicia en la fiscalía 13 seccional de Cali.
  • Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses que no han entregado los anexos del informe de medicina legal a los familiares y representantes de las víctimas. Asi también se investigue si existen dichos anexos y de no existir se imponga la sanción que corresponda.
  • Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ

#Cali Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique

por admin2021, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del valle desde abril 28 a hoy:

    1. Alejandro Castro
    2. Alejandro Duque González
    3. Alejandro Hoyos Salgado
    4. Alexander Martínez
    5. Andrés Arango
    6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
    7. Angie Amaya
    8. Antony Jaramillo
    9. Antony López Brando Molina
    10. Brando Stiven Blandón Pérez
    11. Brayan Cavadias
    12. Brayan Steven Rayo
    13. Bryan Steven Mesa
    14. Bryan Varela
    15. Camila Jaramillo
    16. Carlos Alberto Vásquez Usma
    17. Carlos Andrés Benavides
    18. Carlos Castillo
    19. Carlos Mayorc
    20. Claudia Ospina
    21. Cristian Andrés Ocampo
    22. Cristian Camilo Duque
    23. Cristian Estiven Rentería Valencia
    24. Cristian Zúñiga
    25. Cristopher Rodriguez
    26. Daniel Becerra
    27. Daniel Steven Bonilla
    28. Daniel Zuluaga García
    29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
    30. Deivy Alexis Gómez
    31. Devin Alegría Camacho
    32. Deyvi Farley Orozco
    33. Diana Cruz
    34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
    35. Diana Ruiz Diego Botero
    36. Eduardo Galeano
    37. Edwin Santiago Martínez Garcés
    38. Elberth Orozco
    39. Esteban Rodríguez
    40. Estiven Jaramillo
    41. Estiven Marulanda
    42. Fabier Londoño Medina
    43. Felipe Arias Felipe Ruiz
    44. Francisco Durán
    45. Francisco Javier García
    46. Héctor Valencia
    47. Heilen Bravo
    48. Isabella Martinez
    49. Jesús David Lozano
    50. Jhon Alexander Aguirre
    51. Jhonatan Lenis
    52. Joan Francisco Herrera
    53. Joan Stiven Vélez
    54. Job Alejandro Moreno
    55. Johan Esteban Torres Urbano
    56. Jorge Alexander Lozano Perez
    57. Jose David Hurtado Moreno
    58. Jose Esteban C Angulo
    59. Juan Camilo Maiman
    60. Juan Camilo Pérez
    61. Juan Camilo Sánchez
    62. Juan Carlos Gironza Hoyos
    63. Juan Carlos Peña Meneses
    64. Juan Diego Ulloa
    65. Juan Esteban Alvarez
    66. Juan Pablo Gutiérrez
    67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
    68. Karol López
    69. Kelvin Josué Plaza Castillo
    70. Kevin Aguilar
    71. Kevin Alexis Bedoya
    72. Kevin Jiménez
    73. Kevin Perea
    74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
    75. Leonardo Andrés Villegas Arana
    76. Lizeth Arévalo
    77. Lizeth Valencia
    78. Luis Dayan Montes Betancourt
    79. Luis Fernando Chávez
    80. Luis Mario Maicol
    81. Andrés Medina Ortiz
    82. Manuela Ruiz Taborda
    83. Marcela Valencia
    84. Marco Andrés Arango
    85. María Angélica Cano
    86. María del Carmen Carabai Barrera
    87. Mario Alberto Arcila Martínez
    88. Marvin Santiago Trejos
    89. Mauricio Cáceres
    90. Michele Arteaga
    91. Michell Torres
    92. Miguel Angel Escobar
    93. Miguel Ángel Henao
    94. Miguel Bolaños
    95. Mónica Mosquera
    96. Nicolás Flórez
    97. Nicolas Suarez
    98. Oscar Eduardo Arroyo
    99. Ramiro Parmenio
    100. Robert Steven Londoño Ospina
    101. Santiago Muñoz Quiroga
    102. Santiago Cruz
    103. Santiago Posada
    104. Santiago Arce
    105. Sebastián Arce
    106. Sebastián Cortés
    107. Sebastián Escobar
    108. Sebastián Ospina
    109. Sofia del Mar Gaviria
    110. Steven Riveros
    111. Valentina Campos
    112. Valentina Marin Quintero
    113. Valentina Ramirez Sánchez
    114. Valeria Serna Vanessa Navia
    115. Verónica Valencia
    116. Víctor Manuel Agudelo
    117. Wilson Loaiza
    118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
    119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
    120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N
Corporación Justicia y Dignidad
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 

Persecución a la Organización Regional Indígena del Valle y abogados de la Corporacion Justicia y Dignidad

por admin2017, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

Valle del Cauca, 28 de marzo de 2017

El 13 de febrero de 2017, JHONATAN PINO DAZA, un hombre joven de tez trigueña y corte militar ingresó al Resguardo Indígena KWES’X KIWE NASA de Jamundí Valle del Cauca, diciendo que fue comisionado por la Unidad Nacional de la Protección –UNP- para hacer un estudio de riesgo a las autoridades del Cabildo. Especialmente buscaba al defensor de derechos humanos Rafael Ulcué Perdomo, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-.

El individuo también preguntó por los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, Sofía López y Alexander Montaña y dijo que los conocía. Mostró varios documentos suscritos por los abogados de asesorías jurídicas efectuadas al Resguardo Indígena KWET WALA de Pradera Valle del Cauca.

Cuando las autoridades indígenas les exigieron que se identificara exhibió el Oficio N° S-2017-014847dispo6-estp02.1.10 suscrito por el Mayor EDGARDO LANDAZABAL GONZALEZ comandante de distrito VI de policía Jamundí que registra el e-mail mecal.est-jamundi@policia.gov.co Correo electrónico al que exigimos explicaciones el mismo día a la Policía sin recibir respuesta alguna hasta la fecha.

Entre los documentos que portaba el individuo había uno con membrete de la Fiscalía General de la Nación que lo acredita como parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de esa entidad.

La comunidad tomó fotografías el día 13 de febrero de 2017 a JHONATAN PINO DAZA

El Coordinador del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – CTRAI, Subdirección de Evaluación del Riesgo de la UNP, ante el requerimiento de los afectados, respondió que PINO DAZA “….no hace parte ni es funcionario de la Unidad Nacional de Protección.”

Pese a que los hechos fueron comunicados inmediatamente a la UNP, a la Cancillería y por su intermedio a la Fiscalía General de la Nación las autoridades no han tomado ninguna medida para esclarecer los hechos.

Resulta muy preocupante que el mismo individuo la semana anterior fue visto en las dependencias de la Fiscalía General de la Nación en Popayán-Cauca donde acreditó en una diligencia judicial su calidad de víctima con un carnet falso del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado –MOVICE-, denunciando amenazas en su contra.

Con un falso carnet, se presentó como defensor de derechos humanos ante la URI de la Fiscalía de Popayán.

Las autoridades colombianas niegan vehementemente el carácter sistemático y generalizado de las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos pero no hacen nada evitarlo, lo que legitima las agresiones.

El Ministro de Defensa el 18 de enero de 2017 desbordando sus funciones y actuando como Juez dice que: “…Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinatos-de-lideres-sociales-no-son-sistematicos-mind-articulo-675408

Asimismo el funcionario que si tiene la jurisdicción para investigar, esclarecer los hechos y evitar ataques comparte el mismo criterio.  Ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el 8 de diciembre de 2016, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que no se ha establecido que algún grupo en particular esté cometiendo los hostigamientos y agregó: “Esa es una visión que comparte el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación”.

“Hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales (…) Por el momento no hay una sistematicidad en las afectaciones”

http://www.eluniversal.com.co/colombia/bogota/fiscal-dice-que-no-hay-sistematicidad-en-asesinatos-de-defensores-de-ddhh-241980

Lamentablemente la inoperancia de la justicia colombiana, especialmente de la Fiscalía, coadyuva con la victimización a los defensores de derechos humanos y vulnera el derecho a ejercer su labor.

Exigimos a las autoridades colombianas, judiciales y administrativas a que informen de manera inmediata si JHONATAN PINO DAZA es funcionario de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Nacional o si sus actuaciones corresponden a misiones libradas por alguna entidad pública.

Exigimos garantías a la vida e integridad física y moral de los defensores de derechos humanos y al libre ejercicio de nuestra labor.

Condenan al Ejército y a la Policía por el exilio del dirigente de Sinaltrainal Alvaro Romero

por admin2015, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

Cali, 9 de abril de 2015

El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en sentencia de 19 de marzo de 2015, declaró responsable al Ejército y a la Policía Nacional por el desplazamiento y el exilio padecido por el dirigente sindical ALVARO ROMERO causado por las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- en 1999, por lo que el Estado deberá indemnizarle los perjuicios ocasionados.

“El Ministerio de Defensa–Ejército y Policía Nacional fallaron en su deber de protección y seguridad, toda vez que conocían el peligro al que estaba sometido el demandante debido a la actividad sindical y de líder cívico que ejercía, y no desplegaron las actuaciones necesarias para precaver el daño que efectivamente se produjo, esto es, el desplazamiento forzado.” Expresa la Sentencia.

Efectivamente, entre 1999 y 2000, el contexto no era el mejor en la región: las AUC amenazaban a la población civil acusándolas de ser auxiliadoras de la insurgencia, mediante panfletos, grafitis y asesinando a más de medio centenar de personas en los municipios de Buga, Bugalagrande, San Pedro, Tuluá y Andalucía Valle del Cauca. Pero la estrategia era aniquilar todas las expresiones organizativas rurales y urbanas que buscaban mejores condiciones de vida para las comunidades.

Varios compañeros del proceso social y sindical de ALVARO ROMERO, como JESÚS ORLANDO CRESPO CARDENAS y ROBERTH CAÑARTE MONTEALEGRE, del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Bugalagrande –SINTRAMUNICIPIO- fueron asesinados y otros más padecen el exilio.

El líder sindical fue victima de amenazas y atentados por parte de las –AUC- quienes actuaron en estrecha colaboración con las autoridades civiles, militares y de policía.

En una ocasión, en agosto de 1999, cuando el sindicalista era perseguido por dos sujetos, en vano pidió protección a la Policía, pues en la estación se encontró con sus perseguidores. “Es indudable que el estado de indefensión del demandante, en razón a las amenazas contra su vida, fue determinante en su decisión de solicitar asilo” dice la Sentencia.

El jefe paramilitar ELKIN CASARRUBIA POSADA, por su parte, en el proceso penal, radicado 1100313104056200800028 del Programa OIT, dijo: “ALVARO ROMERO si tenía problemas con la organización… nos dijeron que era objetivo militar del Bloque Calima… y si no desocupaba la zona era ejecutado también….”. Asimismo, en el radicado 110013104911-2008-00005, el paramilitar confesó «De la fuerza armada nos colaboraban, con información, suministros, la administración también nos colaboraba”

ÁLVARO ROMERO trabajó en la empresa Nestlé de Colombia con sede en Bugalagrande, durante veintidós años, lapso en que ocupó los cargos de tesorero, vicepresidente, integrante de la comisión de reclamos, presidente de la seccional de SINALTRAINAL y presidente de la junta directiva nacional; también perteneció a la CUT Valle del Cauca. Igualmente fue organizador de actividades cívicas regionales, encaminadas a mejorar las condiciones sociales de las comunidades.

Retomando doctrina del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Sentencia que condena al Estado por el desplazamiento forzado y el exilio de Álvaro Romero, señala: “La aparente convergencia de intereses entre los grupos paramilitares que atacan a los sindicatos y la acción oficial, da pávulo a las aseveraciones según los cuales hay agentes estatales directamente involucrados en los ataques violentos contra sindicalistas o que alientan y respaldan esos ataques…..Se ha sugerido asimismo, que los grupos paramilitares reciben de las fuerzas de seguridad del Estado la información necesaria para llevar a cabo sus ataques contra militantes sindicales.”

“El Estado, es por ende, responsable de la violación de los derechos a la vida y la integridad física de esos militantes sindicales, así como del derecho a la libertad de asociación, protegido por el articulo 16 de la Convención”

Sr Alexander Montaña y Sra Sofia Lopez, abogados víctimas de seguimientos y cuyos teléfonos fueron interceptados

por adminComunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

El Observatorio Internacional de Abogados expresa su profunda indignación por la situación de los abogados Alexander Montaña y Sofía López quienes fueron víctimas de seguimientos y hostigamientos en el centro de la ciudad de Cali, Colombia.

Descripción de la situación:
Alexander Montaña y Sofía López son dos abogados defensores de derechos humanos y asesores jurídicos de la Corporación Justicia y Dignidad, organismo no gubernamental de defensa de derechos humanos.
Son ante todo representantes de víctimas de crímenes de Estado en los departamentos del Sur Occidente colombiano y realizan tanto acciones jurídicas nacionales como el trámite de peticiones y de medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 18 de noviembre de 2010, Alexander Montaña y Sofía López fueron nuevamente víctimas de seguimientos en la ciudad de Cali por dos individuos que se movilizaban en un taxi. El individuo al lado del chofer insistentemente miró de manera intimidante a los abogados, intentando sacar algo por la ventanilla del automotor. Ante la actitud agresiva de los conductores, los abogados ordenaron al taxista que los transportaba que saliera rápido del lugar, sin embargo, los agresores atravesaron su vehículo impidiendo el paso del taxi en el que se desplazaban los abogados. El atascamiento de los carros de la parte de atrás, hizo que los agresores huyeron a alta velocidad hacia el sur de la ciudad.

Las líneas celulares de los abogados se encuentran interceptadas hasta el día de hoy. Las llamadas se desvían a la Estación de Policía de la Rivera, y a la Red de Cooperantes de la Policía de Santiago de Cali.

En la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, pudieron constatar lo anterior, a pesar de ello no se admitió la denuncia arguyendo que era mejor esperar a que cualquiera de las fiscalías asuma el primer caso por los hechos del 5 de octubre.

Ya el 5 de Octubre de 2010, Alexander Montaña y Sofía López habían sido también objeto de seguimientos y agresiones por cuatro sujetos cuando salían de su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Cali. Un individuo había golpeado brutalmente por la espalda a Alexander Montaña mientras lo insultaba, intimidándolo. Medicina Legal había dictaminado una incapacidad médica de 15 días al abogado. El 22 de octubre, los abogados presentaron una solicitud de protección al Ministerio del Interior y de Justicia pero, hasta el día de hoy, no tuvieron repuesta.

Cabe insistir sobre el hecho que, después de que 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca recibieron medidas cautelares por parte de la CIDH, el 13 de Agosto de 2010, los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad pidieron en calidad de peticionario garantías y protección al Estado colombiano para poder seguir asistiendo a víctimas.

Sin embargo, la solicitud fue negada por la Cancillería con el argumento que solo los beneficiarios de la medidas cautelares pueden ser objeto de protección.

Por lo anterior, consideramos que ahora, la protección y la seguridad de Alexander Montaña y Sofía López no están garantizadas.

Llamamiento del Observatorio Internacional de Abogados:
El Observatorio recuerda a todos que la independencia de los abogados es uno de los principales barómetros de la democracia y de la efectividad del Estado de derecho. Y llama la atención de las autoridades colombianas acerca de los Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990.

Principio n°16:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.

Principio n°17:
“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada”.

Principio n°18:
“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”.

El Observatorio International de Abogados solicita:
A las autoridades colombianas, que tomen todas las medidas para garantizar la protección y la seguridad de Alexander Montaña, de Sofía López y de los demás abogados que se encuentran en la misma situación, para que puedan ejercer adecuadamente su labor, y que se realicen las investigaciones correspondientes.

A la Fiscalía General de la Nación que expida decisiones de fondo tendientes a esclarecer los responsables y determinadores de los hechos de intimidación y de hostigamiento de los que vienen siendo víctimas Alexander Montaña y Sofía López.

Al Ministro del Interior y de Justicia que atienda la solicitud de protección hecha por Alexander Montaña y Sofía López con el fin de evitar irreparables perjuicios a la vida e integridad personal de estos abogados.
A la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión europea y demás organizaciones internacionales y al conjunto de la comunidad internacional que intervengan ante las autoridades nacionales colombianas para garantizar la protección y la seguridad de Alexander Montaña y de Sofía López y el libre ejercicio de la profesión en toda circunstancia en Colombia.

A las organizaciones de abogados, que den su apoyo a Alexander Montaña y a Sofía López y que tomen todo lo que esté en su poder para llamar la atención de las autoridades colombianas sobre su situación.
Este documento es una emanación del Observatorio Internacional de los Abogados (OIA). Puede ser recobrado y difundido únicamente en su forma inicial. Toda alteración o falsificación de este documento esta estrictamente prohibida.

Seguimiento e interceptación de los teléfonos a los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad

por adminComunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

En el día de ayer 18 de noviembre de 2010, alrededor de las 8:00 P.M. los abogados de La Corporación Justicia y Dignidad SOFIA LOPEZ y ALEXANDER MONTAÑA, fueron víctimas de seguimientos en la ciudad de Cali por dos individuos que se movilizaban en un taxi.

El seguimiento se produjo desde que los abogados abordaron un taxi de servicio público en la Avenida Sexta Norte con destino al norte de la ciudad.

A una corta distancia del que se desplazaban los abogados, otro taxi de servicio público en el que se movilizaban dos individuos: el conductor y otro sujeto corpulento de tez blanca. En actitud persecutoria el taxi les realizó un seguimiento durante toda Avenida Vásquez Cobo y, en la glorieta de la Terminal de Transportes se les acercó. El individuo que iba -lo que es inusual- en la silla delantera al lado del chofer insistentemente miró de manera intimidante a los abogados como intentando sacar algo por la ventilla del vehículo.  Ante la actitud  agresiva  de los conductores de ese vehículo, los abogados ordenaron al taxista que los transportaba que saliera rápido del lugar. Sin embargo los agresores atravesaron su vehículo impidiendo el paso del taxi en el que se desplazaban los abogados, pero la insistencia de los otros vehículos por el trancón que se formó, los obligó seguir la marcha. Este fue un momento de mucha angustia. El taxista con los abogaos cambió de ruta y el vehículo con los dos sujetos siguió por la calle 25 hacia el sur.

La intimidación duro aproximadamente 5 minutos  y causo terror en los abogados porque era claro que el acompañante del taxista intento hacer algo, sin embargo las circunstancias narradas evito que se produjera algo lamentable.

Hay que recordar que el pasado 5 de octubre los mismos abogados fueron seguidos por varios individuos y posteriormente fueron agredidos causándole a uno de los juristas unas lesiones personales de 15 días de incapacidad según medicina legal.

Por otra parte se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación interceptación ilegal de los teléfonos celulares ya que las llamadas se desvían a una estación de policía de la ciudad de Cali.

Por otra parte el viernes 12 de noviembre, RAFAEL ULCUE PERDOMO uno de los dirigentes de las Veredas El Vergel de Caloto-Cauca, beneficiario de las medidas cautelares MC97/10 de la CIDH fue abordado por un hombre corpulento trigueño que se movilizaba en una moto azul DT 175 sin placas y con un casco azul. El individuo le dijo en tono amenazante que: “DE MODO QUE SE CONFABULARON PARA SACAR AL ESTADO DE LA REGION. TENGA CUIDADO QUE LE PUEDE PASAR ALGO”.

La Corporación Justicia y Dignidad se encuentra adelantando acompañamiento jurídico a víctimas de crímenes de Estado en los departamentos del Sur Occidente Colombiano, tanto con acciones jurídicas nacionales como en el trámite de peticiones y medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco de la concertación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 13 de agosto de 2010 a 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, la Corporación Justicia y Dignidad en calidad de peticionario solicito al Estado de Colombia garantías y protección para poder seguir asistiendo a las víctimas, sin embargo la solicitud fue negada por la Cancillería con el argumento que solo los beneficiarios de las medidas cautelares pueden ser objeto de protección.

Es evidente la desprotección en que se encuentran los defensores de derechos humanos de las regiones en Colombia. Específicamente los abogados representantes de víctimas no gozamos de garantías necesarias para ejercer adecuadamente nuestra labor. Las agresiones, los montajes judiciales, las interceptaciones

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 19 de octubre de 2010

Seguimientos y agresiones contra los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad

por adminComunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

El día martes 5 de octubre de 2010 los abogados de la Corporación JUSTICIA Y DIGNIDAD encargados del suroccidente del país fueron víctimas de seguimientos y agresiones  por cuatro sujetos en el centro de la ciudad de Santiago de Cali.

Siendo las 6:45 PM, luego de haber atendido en su oficina durante toda la tarde a varias víctimas de violaciones a los derechos humanos, los abogados de la Corporación ALEXANDER MONTAÑA y SOFIA LOPEZ, se dirigieron a un Café ubicado en centro de la ciudad, donde permanecieron por un lapso de media hora.  A las 7:00 PM, por el lugar pasaron dos sujetos que en actitud intimidatoria, miraron  y hablaron entre ellos refiriéndose a los abogados. Posteriormente otro sujeto joven de tez trigueña y mediana estatura le hizo señas a la abogada insinuándole que se le acercara.

Al percatarse de tales movimientos extraños los abogados decidieron salir lugar. Dos cuadras más adelante en el Parque de los Poetas mientras hacían llamadas telefónicas los abogados notaron a una corta distancia la presencia amenazante de los mismos sujetos que los habían intimidado en el Café, como, tratando de escuchar la conversación.

Mientras los abogados se disponían a tomar el transporte público apareció un cuarto individuo de tez morena, alto, fornido, quien vestía de camisa blanca y blue jean.  Simulando estar embriagado, golpeó brutalmente por la espalda al abogado ALEXANDER MONTAÑA al tiempo que le gritó  “no te metas en lo que no te importa hijueputa”. Es importante resaltar que era evidente que el sujeto no estaba ebrio ya que no olía a licor y tenia control sobre sus movimientos. Gracias a la reacción de algunas personas que se encontraban en el lugar se evitó que el tipo siguiera con las agresiones. El individuo se marchó en actitud provocadora, gritando palabras soeces. Cruzando esquina el agresor llegó donde estaban los sujetos que minutos antes habían seguido a los abogados. Por la lesión causada Medicina Legal dictaminó 15 días de incapacidad para el abogado ALEXANDER MONTAÑA.

La Corporación Justicia y Dignidad se encuentra adelantando acompañamiento jurídico a víctimas de crímenes de Estado en los departamentos del Sur Occidente Colombiano, tanto con acciones jurídicas nacionales como en el trámite de peticiones y medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco de la concertación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 13 de agosto de 2010 a 179 familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca, la Corporación Justicia y Dignidad en calidad de peticionario solicito al Estado de Colombia garantías y protección para poder seguir asistiendo a las víctimas, sin embargo la solicitud fue negada por la Cancillería con el argumento que solo los beneficiarios de las medidas cautelares pueden ser objeto de protección.

Es evidente la desprotección en que se encuentran los defensores de derechos humanos de las regiones en Colombia. Específicamente los abogados representantes de víctimas no gozamos de garantías necesarias para ejercer adecuadamente nuestra labor.

Exigimos del Estado de Colombia que brinde garantías para realizar tan importante labor en beneficio de la democracia.

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.

Santiago de Cali- Valle del Cauca, 5 de octubre de 2010

Dura represión policial contra manifestantes y periodistas en Cali el día del trabajo. Cinco heridos de consideración en el hospital universitario, Mas de diez personas con agresiones físicas y 38 retenidos en la Sijin, entre ellos ochos menores de edad. se denuncia 4 desaparecidos que fueron retenidos por la Policía y agresiones contra abogados de DDHH

por adminComunicados, Derechos Humanos y Protesta SocialPublicado el Sin comentarios

Más de 10.000 personas entre integrantes de organizaciones sociales, estudiantes y dirigentes populares se concentraron en el parque Obrero de la ciudad de Cali a las 10 A.M. para realizar la tradicional marcha de celebración del día internacional del trabajo, hoy primero de mayo. La marcha dispuso  llegar hasta el popular parque Panamericano, en donde culminaría con actos culturales.

Los organizadores de la marcha acordaron previamente con la Comandancia  de la Policía Metropolitana de Cali medidas preventivas para evitar el entorpecimiento de la legítima manifestación, de disturbios y de lesiones a los manifestantes.

No obstante la actitud provocadora de la policía nacional, rompiendo los acuerdos hechos, durante el recorrido generó graves enfrentamientos con los marchantes con la aspersión de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de la policia, lo cual produjo daños materiales en algunos establecimientos comerciales.

Cuando se iba a dar inicio al acto cultural en el Parque panamericano, los  manifestantes fueron rodeados por tanquetas  antimotines y se les lanzo agua y gases lacrimógenos. Llama la atención que la policía nacional sobrevoló durante varios minutos en helicóptero la concentración de los trabajadores en actitud amenazante lo que genero terror entre los manifestantes.

Hay que anotar que  Policías del Esmad en abierto desconocimiento de la Constitución y la ley ingresaron abusivamente a las instalaciones del hospital universitario del valle Evaristo Garcia, lugar en donde golpearon y retuvieron a algunos jóvenes.

Los disturbios arrojaron el saldo de 5 heridos que  por ser de consideración requirieron ser hospitalización; Desde la 1:30 PM se encuentran retenidas en la Sijin 38 personas, entre ellos 8 menores de edad. Varios de ellos con contusiones hechas por la policía.

Se denunció por parte de manifestantes retenidos, que a esta hora 4 personas que fueran retenidas por la policía se encuentran desaparecidas y  que responden a los nombre de CARLOS ADRADA BUITRON, JULIAN BETANCUR  y  dos hermanos de nombres SEBASTIAN y ANDRES.

Un joven denuncio que cuando era trasladado en un vehículo de la policía, un agente de civil le puso una pistola en la cabeza.

Igualmente, a pesar de que en las instalaciones de la Sijin se encontraban  abogados que hacían las defensas y miembros de la personería municipal de Cali, un joven fue agredido en el pecho por un Policía.

Es importante resaltar que la abogada delegada por la Personería de Cali, Dra MARTHA REVELLON, en lugar de cumplir su función de garante de los DDHH,  en actitud encubridora se puso de lado de los policiales que estaban impidiendo el ingreso a los abogados de la defensa a cumplir su función, obstaculizando la entrevista con sus defendidos, hecho que motivo la entrega de escrito de constancia ante la entidad. Los abogados solo pudieron tener contacto con  los retenidos solo hasta las 5:30 de la tarde.

El abogado defensor de DDHH, DANILO GAURIN fue maltratado verbalmente por un funcionario de la SIJIN que le dijo “viejo estúpido” por el simple hecho de reclamar al funcionario buen trato a uno de los menores retenidos y  por otro menor que que fue golpeado en el pecho por efectivo policial.

Tres fotógrafos de las agencias internacionales AFP, AP y EFE, así como tres periodistas y un camarógrafo de Caracol Noticias, Cable Noticias e Imagen al Día, de la Capital del Valle, fueron atacados a patadas, golpes, puños y bolillo, por parte de varios agentes del Esmad de la Policía, cuando cubrían los disturbios que se presentaron durante la marcha de los trabajadores, registrados hoy en la tarde.

Carlos Ortega, fotógrafo de EFE en Cali, recibió una patada por la espalda que lo tiro al suelo y lo obligó a ir a Medicina Legal para que le revisarán las heridas, en momentos en que tomaba una fotografía a los policías que le impedían trabajar a los periodista de Caracol Televisión.

Además de Carlos Ortega fueron atacados por los uniformados el fotógrafo Cristian Escobar Mora de la agencia AP, Luis Robayo de AFP, así como el Periodista Gildardo Arango y su camarógrafo Ruben Viafara de Caracol Televisión, así como James García de Cable Noticias y Gabriel Linares de Imagen al Día.

Preocupa que hasta la fecha de expedición del informe no se tiene información sobre el paradero de las personas detenidas.