En un intento por desviar la mirada de la verdadera responsabilidad estatal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha optado por calificar la práctica del “conteo de cuerpos” como una conducta de facto, desvinculándola de una política oficial. Sin embargo, la evidencia histórica y documental demuestra que los falsos positivos fueron, en realidad, una política de Estado que incentivó a militares a reportar muertes, sin importar la veracidad de los datos.
En el marco de las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, la vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Catalina Díaz, ha declarado que no existe ninguna ley ni documento oficial que defina las bajas en combate como indicador de éxito. La JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales de la Brigada IV del Ejército Nacional, vinculados a cientos de ejecuciones extrajudiciales que culminaron en el asesinato y la desaparición forzada de 442 personas en Antioquia, entre 2004 y 2007. En una rueda de prensa, Díaz enfatizó que la práctica del “conteo de cuerpos” se aplicó de facto, sin estar consagrada en ningún decreto o normativa formal, sino como una conducta adoptada por los militares en el desarrollo de sus operaciones.
Entre 2004 y 2007, la oscura política de los “falsos positivos” se cobró la vida de 442 personas en Antioquia a través de cientos de ejecuciones extrajudiciales. Lejos de tratarse de una práctica aislada o fortuita, la existencia de incentivos estatales queda demostrada por documentos y testimonios que evidencian la sistematización de estos abusos.
Una directiva firmada por el general Martín Orlando Carreño Sandoval, vigente entre 2003 y 2004, establecía criterios precisos para otorgar condecoraciones: los comandantes debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y 500 capturados. Este mecanismo, que no solo premiaba las bajas sino que las convertía en el principal indicador de éxito en combate, demuestra que el Estado –o, al menos, altos mandos militares – favoreció el incremento de muertes sobre las capturas, configurando así una política perversa con consecuencias fatales.
Además, otro documento, atribuido al General Mario Montoya Uribe (2006-2008), recalca que “las bajas no son lo más importante, es lo único” que cuenta, consolidando un sistema de incentivos perverso y mortal. Lejos de ser meras prácticas operativas en el campo, estos lineamientos fueron implementados en el marco de la política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo, en apariencia, era la consolidación del Estado de derecho, pero que en la práctica se tradujo en recompensas basadas en cifras de bajas.
La reciente decisión de la JEP, encabezada por la magistrada Catalina Díaz, intenta blindar a las autoridades estatales de una responsabilidad directa, alegando que el “conteo de cuerpos” nunca fue una política oficial. Esta narrativa ignora de forma deliberada los claros indicios y directrices militares que establecían un sistema de recompensas basado en las bajas, evidenciando una responsabilidad estructural del Estado.
El conflicto de intereses es ineludible. Catalina Díaz, actualmente presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, cuenta con un historial que la vincula directamente al gobierno de Juan Manuel Santos. Habiendo sido directora de la Oficina de Justicia Transicional (2012-2017) y participante activa en la mesa de negociación de La Habana, su trayectoria sugiere un compromiso institucional que la conecta con las mismas estructuras de poder que implementaron y, en muchos casos, encubrieron estas políticas. No es casualidad que Santos, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, también se encuentre en el epicentro de las polémicas por los falsos positivos, lo que refuerza la percepción de que esta narrativa de “práctica de facto” es un intento de limpiar las manos de quienes favorecieron un sistema basado en cifras y recompensas mortales.
La decisión de la JEP de desvirtuar la existencia de una política de Estado en la práctica del “conteo de cuerpos” no solo resulta una injusticia para las víctimas y sus familias, sino que también constituye un grave retroceso en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Los documentos oficiales y testimonios recolectados evidencian que el Estado, a través de altos mandos y de políticas explícitas de incentivos, promovió una cultura letal que se tradujo en innumerables ejecuciones extrajudiciales.
El rol de la magistrada Catalina Díaz, con su historial ligado al gobierno de Santos y su participación en negociaciones de paz, no puede pasar desapercibido. Su posición actual en la JEP plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación y la disposición real para enfrentar a las verdaderas estructuras de poder detrás de los falsos positivos. Es imperativo que la verdad salga a la luz y que se reevalúe, sin condicionamientos políticos, la responsabilidad del Estado en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia.
