Brigadier General activo del ejército FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI, comprometido en “falso positivo” del campesino SILVIO MORALES y de un ciudadano ecuatoriano

Bogotá DC, 30 de junio de 2015

Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2004, hacia las 05:00 horas, en el sector el Cruce de Siberia del municipio de Orito Putumayo, en los que fueron asesinados SILVIO MORALES y un ciudadano ecuatoriano, por parte de efectivos del Batallón Plan Especial Energético Vial No. 9 con asiento en esa jurisdicción. Una de las víctimas reporta lesión con arma de fuego con existencia de “tatuaje”, lo que indica que el disparo fue hecho a corta distancia.

El doble homicidio fue ejecutado por el pelotón Croacia 4 a cargo del sargento segundo PABLO SIERRA, quien se acogió a sentencia anticipada por estos hechos por los delitos de homicidio en persona protegida (Artículo 135 del código penal).

Las víctimas habían sido secuestradas el 16 de julio de ese año por paramilitares del Bloque Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia; mantenidas en cautiverio durante cuatro días en la inspección de la Hormiga del Valle del Guamuéz, y entregadas el 19 de julio de 2004 a los militares.

La ejecución extrajudicial se efectuó con conocimiento del comandante del batallón de la época, coronel FRANCISCO JAVIER CRUZ RICCI, actualmente brigadier general del ejército, jefe de la Jefatura Logística Ejército Nacional, quien además suscribió documentos militares espurios para dar apariencia de legalidad a un simulado combate con las Farc.

La fiscalía 70 de la Unidad de Derechos Humanos, en atención a la calidad de aforado del oficial, remitió la investigación a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, instancia de la que se espera se indague con la debida diligencia este y otras decenas de crímenes acaecidas en la zona durante la estadía del oficial en esa unidad militar.

SILVIO MORALES, era un líder campesino de la región, apreciado por la comunidad; miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda los Llanos; tesorero del restaurante escolar y miembro de junta de padres de familia de la escuela y tesorero de un trapiche indígena. Además, lideró un proyecto para la construcción de la carretera de la inspección la Guiria-los Llanos.  El otro ciudadano, fue reportado como NN, pues sus documentos de identificación que lo acreditaban como ciudadano del Ecuador fueron destruidos por sus victimarios.

Se exige al Estado colombiano brindar todas las garantías de seguridad para los testigos, que han aportado a la investigación pues estos han informado presiones y temor por su vida.

Especial atención requiere la intención de los implicados de insistir en la alteración mental de los testigos de cargo, no obstante, la capacidad de comprender, auto determinarse y decidir que ha sido dictaminada por expertos.

Igual cuidado requiere la reciente solicitud del mismo batallón Plan Especial y Energético Vial No. 9, de la Brigada 27 de Selva, que el ente investigador les remita el nombre y lugar de reclusión de los testigos de cargo; así como el nombre, dirección y teléfono de las personas que se han constituido como parte civil y la de los abogados que actúan en el proceso; según la solicitud, “por lineamientos del comando general de las fuerzas militares”.