LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OTORGA MEDIDAS CAUTELARES A LIDERES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA -CAUCA

Por: Sofía López Mera, abogada defensora de derechos humano-Corporación Justicia y Dignidad.

Mediante resolución 4/2023 del 6 de febrero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humano otorgó Medidas Cautelar No. 931-22 a favor de los lideres sociales de Argelia Cauca: Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya, y Carlos Mauricio Mosquera Miranda y sus respectivos núcleos familiares. En la decisión del organismo internacional solicitó al Estado de Colombia que:

a) Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carlos Mauricio Mosquera Miranda, Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya y sus núcleos familiares.

b) Adopte las medidas de protección necesarias para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia.

c) Concierte las medidas con las personas beneficiarias y sus representantes.

d) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así, evitar su repetición.

Guillermo Andrés Mosquera Miranda es docente, líder social y campesino, defensor de derechos humanos, directivo de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), en el municipio de Argelia, cofundador de la Asociación de Productores para la Gestión y Desarrollo Comunitario de Argelia (ASPROGES), y cofundador del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). Su pareja, Nidia Marcela Montoya es psicóloga y docente vinculada a la Secretaría de Educación del departamento del Cauca. Además, lleva más de 22 años actuando como lideresa social en distintos espacios de la comunidad desplazada de La Balsita, en Dabeiba, Antioquia. Es defensora de derechos humanos en la zona del Urabá Antioqueño, fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia (AMAR) en donde viene realizando importantes labores para garantizar la participación e inclusión de las mujeres en los diferentes escenarios del municipio y directiva de la ASCAMTA. Asimismo, ambos integrarían la Mesa Campesina, Social, Popular y Comunitaria del departamento del Cauca. Carlos Mauricio Mosquera Miranda, es dirigente campesino, abogado, miembro activo de  ASPROGES, por la cual se le otorgó aval para su candidatura a las circunscripciones especiales para La Paz en las elecciones legislativas del 2022, también es integrante de la  ASCAMTA, donde asesora procesos jurídicos.

Desde el 2018, estos reconocido lideres del municipio de Argelia, vienen sufriendo una persecución inclemente por parte de grupos armados al margen de la ley que pretende frenar su actividad de liderazgo campesino y político, mediante amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, confinamiento y la eliminación física tal y como quedo evidenciado con el fallido atentado sicarial padecido por Guillermo Andrés Mosquera Miranda el 11 de noviembre de 2022.

La Comisión Interamericana evaluó la gravedad de los hechos y destacó la inoperancia del Estado Colombiano para brindar protección a los lideres sociales, incluso durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, a través de los funcionarios de la secretaría de educación, han puesto en mayor riesgo y vulnerabilidad a los lideres sociales y docentes Nidia Marcela Montoya y Guillermo Andrés Mosquera Miranda. Luego de que el Ministerio de Educación Nacional emitiera una alerta sobre el estado de riesgo y amenaza que tenían los referidos docentes en el municipio de Argelia, irresponsablemente la secretaría de educación en lugar de proferir licencia remunerada mientras los ubicaba en un lugar seguro, los trasladó a instituciones educativas ubicadas en municipios extremadamente peligrosos por el control territorial que ejercen los grupos al margen de la ley o las llamada disidencias de las Farc.

Los municipios de Caldono y el Tambo se han caracterizado por el recrudecimiento de la guerra, los frecuentes combates, asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados. A pesar de ello, la secretaria de educación los reubicó en estos municipios e inicio acciones disciplinarias con sanción de no pago de salarios por que la docente Nidia Marcela Montoya no se presentó en una institución educativa de Caldono a fin de salvaguardar su vida. En el municipio del Tambo, Guillermo Andrés sufrió el mencionado atentado sicarial en las puertas del colegio donde fue reubicado.

En la Secretaria de Educación del Cauca, se han fijado montos de hasta veinticinco millones de pesos conmutables también en gramaje en oro para poder hacer reubicaciones a lugares seguros tal y como se les exigió a los hoy beneficiarios de la medida cautelar. Los docentes amenazados del departamento se encuentran en una total desprotección a merced del recrudecimiento de la guerra en los territorios, la corrupción de la Secretaría de Educación y la indiferencia de los sindicatos de ASOINCA y SUTEC.

El día 11 de noviembre de 2022 a las 8:09 de la mañana Guillermo Andrés Mosquera Miranda, rector de la Institución Educativa San Carlos en el municipio de El Tambo denunció vía Twitter  el atentado en su contra frente a las instalaciones del colegio -“ayuda por favor acaban de hacerme atentado en la puerta de colegio IE San Carlos de El Tambo hombre armado me disparó en varias ocasiones, salí ileso pero necesito urgente extracción segura de este lugar”-. Según información, el sicario le intentó disparar en varias ocasiones, pero el arma de fuego se le “encasquilló”, razón por la cual no logró su objetivo y el docente logró salvarse.  El mismo día del atentado se radicó acción de tutela en contra de varias entidades del Estado a fin de que se enviara una comisión humanitaria que le permitiera a la víctima salir del municipio del Tambo. La tutela fue fallada después de 60 días de haber sido interpuesta y la medida de provisional fue tan ambigua que no puedo adoptarse. Durante el trámite de la tutela se hizo uso por parte de la administración de justicia de las artimañas jurídicas para dilatar la decisión de protección, entre declaratorias de incompetencia del juez, nulidades, impedimentos, hoy a tres meses de instaurada la acción de tutela no hay fallo en firme. Con lo anterior se corrobora que la administración de justicia en el departamento del Cauca no protege los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de los lideres sociales, y desconoce los mecanismos urgentes de protección.

Al líder Carlos Mauricio Mosquera le fue asignado un esquema de seguridad por el plan democracia de la Unidad Nacional de Protección, solo durante el proceso electoral en donde participo como candidato a la cámara ante la circunscripción especial para la paz. Antes, durante y después de la jornada electoral fue amenazado, recibió atentados, y también fueron amenazados y hostigados los integrantes de su grupo político y simpatizantes de la campaña electoral. Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de protección y a pesar de las denuncias, el esquema de seguridad fue retirado. En este momento vive en situación de confinamiento en su propia casa de habitación, lugar de donde no se puede desplazar por temor a que lo maten. Es importante resaltar que en el mes de mayo fue víctima de la explosión que padeció en la sede de la alcaldía de Argelia.

Todas estas circunstancias fueron tenidas en cuenta por la Comisión Interamericana de derechos Humanos para dictar medidas de protección. Hoy en situación de confinamiento y desplazamiento forzado los lideres sociales de Argelia esperan una pronta solución a su lamentable estado de seguridad que no esté mediada por la corrupción ni la desidia estatal y que verdaderamente cese con la persecución que vienen sufriendo por ejercer liderazgo social, campesino y popular en Argelia, el Cauca y en Colombia.

En Tiempos de “Paz Total” es inconcebible que el gobierno de Colombia no cuente con una política pública efectiva de protección de derechos humanos para lideres sociales. Los cargos de Alto Comisionado para la Paz, El Viceministerio del Interior para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, La dirección de Derechos Humanos de Ministerio del Interior, La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, altos cargos en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia están ocupados hoy por personas que históricamente han liderado organizaciones sociales, populares y de derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Minga, El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Procesos Campesinos del Cauca y Suroccidente entre otras organizaciones, por esta razón no se entiende por qué si estos funcionarios han sufrido en carne propia la persecución por la realización de labores de liderazgo social y defensa de derechos humanos, hoy muestren tanta indiferencia ante la grave situación de los lideres sociales de Argelia Cauca.