Por: Sofía López Mera, abogada Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.
En el Cauca no se enarbolan las banderas de la Paz Total, pese a los anuncios del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre cese al fuego, casi a diario se emiten noticias de acciones militares de los diferentes grupos armados que se disputan varios municipios del departamento. Nadie sabe quien es quien, solo se cuentan por cientos las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento por combates entre grupos armados, continúan los reclutamientos forzados y los homicidios selectivos. Es evidente, la población civil caucana se encuentra a merced del terror y la zozobra de una guerra descontrolada.
Entender las dinámicas actuales de la guerra resulta una tarea compleja por los diferentes actores armados que surgieron luego de la firma de los acuerdos de paz, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en el 2016 y con las AUC durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Para la Cruz Roja Internacional, en el territorio colombiano existen seis conflictos armados internos, a saber: El primero, entre el Estado versus la guerrilla denominada Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes se han iniciado conversaciones de paz en Venezuela. El segundo, entre el Estado versus las disidencias de las FARC – estructuras de las FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz del 2016- que comprenden a su vez, dos líneas, una denominada como Estado Mayor Central de las FARC-EP al mando de Iván Mordisco y la otra denominada Segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez. El tercero conflicto armado interno se libra entre el Estado versus las Autodefensas mal llamadas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. El cuarto, se libra entre la guerrilla del ELN versus Clan del Golfo. El quinto conflicto se libra entre la Segunda Marquetalia contra los frentes del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Y por último, está el conflicto entre el Estado Mayor Central de las FARC-EP versus el Comando de la Frontera.
El Comando Mayor Central de las FARC-EP es el grupo más grande conformado por disidentes de las antiguas FARC,. Este grupo está integrado por cerca de 3.200 personas armadas y un número no determinado de milicianos, distribuidos en 23 frentes y cinco grandes estructuras o bloques. Nació cuando Gentil Duarte e Iván Mordisco decidieron no firmar el Acuerdo de Paz del 2016 en él gobierno del presidente Juan Manuel Santos y siguieron en la guerra.
El Gobierno Colombiano ha reconocido el carácter político del Estado Mayor Central de las FARC-EP, los incluyó en las negociaciones del “proceso de paz”, y no fueron cobijados bajo la figura de “sometimiento a la justicia” que se destina a grupos criminales sin carácter político. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, fueron denominados como Grupos Armados Organizados Residuales-GAOR-. Durante el gobierno actual, adquieren estatus político retomando la denominación original de FARC-EP.
Desde mediados del mes de enero del presente año, el Gobierno colombiano pactó con el Estado Mayor Central de las FARC-EP un protocolo para el cese al fuego. Este protocolo, se dio a conocer por un comunicado del Ministerio de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz. En el mismo, se estableció que no se limitaran las obligaciones de seguridad y defensa que tiene el Ejército de Nacional y tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado; se indica que la Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos en el protocolo suscrito, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción.
Por otra parte, se prohíbe irrestrictamente el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central FARC-EP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil.
Se planteó que ni el Gobierno ni la guerrilla pueden dar por terminado el cese al fuego sin discusión previa entre las partes. Así mismo, se comprometieron a crear el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), que tendrá dos niveles -uno local y otro nacional-, y que estará conformado por representantes del Gobierno Nacional, de la Fuerza Pública, de la guerrilla, de la sociedad civil y de la Iglesia católica. También lo integran la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales, la Misión de Verificación de la ONU y la Mapp-OEA.
El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos relacionados con el cese al fuego.
Pese a los anuncios del cese al fuego, según el observatorio de Indepaz, solo en el departamento del Cauca, se han registrado durante los dos primeros meses del año, 20 hechos de incumplimiento al mismo.
En este mismo periodo, la Defensoría del Pueblo, aseguró que la Columna Móvil “Dagoberto Ramos” que hacer parte del Estado Mayor Central de las FARC-EP tienen en el municipio de Toribio un centro de operaciones militares y financieras que, además, incluiría un centro de entrenamiento para los niños, niñas y adolescentes reclutados para el conflicto .
“(Los niños) son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente, a la cual se encuentra adscrita esta Columna Móvil”, expuso Carlos Camargo, Defensor del Pueblo nacional.
El ministro de Justicia Iván Velásquez manifestó que no existían condiciones para un cese al fuego ya que no se evidencia unidad de mando en los frentes que conforman el Estado Mayor Central de las FARC-EP: “Por los hechos, como se han venido presentando particularmente de estructuras que delinquen en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Mientras que hay unas expresiones, en las que se asume el compromiso de respeto al cese del fuego, otras estructuras como la “Dagoberto Ramos” o la “Jaime Martínez”, actúan en contravía y tendrá que ser el Estado Mayor Central, quien defina con toda claridad o que haga que las instrucciones impartidas, sean efectivas y acatadas”, sostuvo el ministro Velásquez.
Las disidencias de las FARC emitieron un comunicado en el que desmienten al ministro de Defensa, respecto a las presuntas divisiones en las estructuras que hacen parte del Comando Coordinador de Occidente en el departamento del Cauca. El escrito, firmado por los grupos “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”, indica que acatan las orientaciones del Estado Mayor Central de las FARC-EP sin discusión. Además, cuestionaron las dificultades para aplicar el mecanismo de verificación del cese al fuego firmado.
Esta situación se agrava, si se tiene en cuenta que existe una guerra sin cuartel entre las llamadas disidencias de las FARC, con apoyo del ELN, por disputas que buscan el control territorial. En este momento, el Estado Mayor Central de las FARC-EP se enfrenta con las disidencias de la Segunda Marquetalia apoyadas por el ELN. Estas disputas generan principalmente los desplazamientos forzados y el confinamiento de las comunidades rurales ya que la población civil queda en medio del fuego cruzado. Solamente en el mes de febrero, cerca de 900 personas fueron desplazadas forzadamente en el municipio de Argelia por los combates entre las disidencias de las FARC. Así mismo, a razón de estas disputas se vienen persiguiendo defensores de derechos humanos y lideres sociales mediante amenazas, hostigamientos y atentados contra la vida y la integridad.
A la fecha se desconoce como estará conformado el Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, su protocolo de funcionamiento y cuando se iniciaran las labores que garanticen la vigencia de un cese al fuego. Mientras tanto, las víctimas civiles de las disidencias de las FARC siguen en aumento, no existe una política pública humanitaria y de derechos humanos de atención a las víctimas en el marco de los procesos de negociación de la Paz y no se avizora ni Paz Total, ni cese al fuego en el departamento del Cauca.