Por: Sofía López Mera Abogada defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.
Las disidencias de las FARC continúan su plan de exterminio en contra de las comunidades indígenas en el suroccidente del país. El Comando Mayor Central de las FARC-EP con sus columnas móviles “Dagoberto Ramos” y “Jaime Martínez”; La segunda Marquetalia y el ELN han recrudecido los enfrentamientos armados por las disputas territoriales en zona indígena y también atentan directamente en contra de los integrantes de estas comunidades.
A finales del mes de febrero, la Defensoría del Pueblo aseguró que la Columna Móvil “Dagoberto Ramos” tiene en el municipio de Toribio un centro de operaciones militares y financieras que, además, incluiría un centro de entrenamiento para los niños, niñas y adolescentes reclutados para el conflicto. La mayor parte de las víctimas de reclutamiento forzado pertenecen a las comunidades indígenas de los departamentos del suroccidente del país.
El día nueve 9 de marzo, fue reclutado forzadamente el niño Juan David Erazo del grado séptimo de la Institución Educativa indígena Kwe ́sx Ksxa ́w Uusa ́s Fxitxsa Yat – Despertar de Nuestros Sueños – en el municipio de Morales, departamento del Cauca, poniendo en riesgo de reclutamiento forzado a todos los estudiantes que integran la comunidad educativa. La comunidad indígena del pueblo Nasa del territorio de Muse Ukwe en su denuncia, responsabilizó de este hecho a la columna “Jaime Martínez”.
El día 15 de marzo, desde las 4:00 pm, iniciaron los fuertes combates entre la columna “Dagoberto Ramos” y el ELN en el territorio del Resguardo Indígena de San Lorenzo de Caldono departamento del Cauca, dejando a la población civil entre el fuego cruzado. En medio de los combates se perpetró un ataque directo a la población indígena, donde fue asesinado Wilson Bomba Piamba, quien fungía como comisario del cabildo y concejal del municipio. También resultó herido, el guardia indígena Julio Cesar Peña y Jader Chilo, guardia indígena del territorio de Pioyá, fue secuestrado por la columna móvil “Dagoberto Ramos”.
En horas de la mañana del 15 de marzo, en el territorio del Resguardo Indígena de Kwesx Yu Kiwe de Florida Valle del Cauca, la Guardia Indígena incautó un artefacto explosivo en plena vía pública, colocado por las disidencias de las FARC, al parecer “La Segunda Marquetalia”.
El día 16 de marzo, en territorio del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, en el punto conocido como Villa pinzón, las disidencias de las FARC incineraron un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, en el que se movilizaba la dirigente indígena María Raquel Trujillo, quien fue amordazada. La comunidad indígena responsabilizó del hecho a las disidencias de las FARC, autodenominadas “La Segunda Marquetalia”.
Desde la semana del 13 de marzo, circula en redes sociales un panfleto de amenaza del grupo armado la Segunda Marquetalia, en donde se declara objetivo militar a reconocidos lideres indígenas que hacen parte de las organizaciones indígenas: ACIN, CRIC, ORIVAC y La Consejería de Gobierno Propio Nasa we’sx Dxi’j del Valle del Cauca.
Tanto el ELN, como el Comando Mayor Central de las FARC-EP y la Segunda Marquetalia se sometieron a los procesos de la Paz Total y han iniciado diálogos con el gobierno nacional.
El viernes 10 de marzo se dio por concluido el segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno y el ELN, con algunas conclusiones importantes que se anunciaron en un acto protocolario. A la fecha, no se ha pactado el cese al fuego bilateral y el tercer encuentro de dialogo se realizará en La Habana- Cuba.
El Comando Mayor Central de las FARC- EP si tiene pactado con el gobierno cese al fuego bilateral, sin que se tengan establecidos a la fecha los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación. El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la suspensión de las órdenes de captura contra trece integrantes de este grupo y el permisos de salida para seis reclusos para que asistan a una cumbre de sus mandos en las que se nombraran sus delegados en la mesa de negociación. Las partes deben negociar al menos dos protocolos y desplegar el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral. Lo que deja entrever, que, al no existir el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, no hay cese fuego, los enfrentamientos armados de este grupo y los ataques a la comunidad indígena así lo confirman.
De conformidad con el concepto de la Corte Constitucional al grupo armado denominado Segunda Marquetalia no se le dará estatus político por ser desertores del acuerdo de paz que firmaron en el 2016. Para la Corte Constitucional, en la ley de la Paz Total, solo se podrían acoger los desertores de un acuerdo mediante un proceso de sometimiento a la justicia y no por medio de una negociación con fines políticos. El concepto hace énfasis en que no se puede confundir el término disidentes con el término desertores. Los disidentes son las personas que NO firmaron el acuerdo final de paz, pero como son rebeldes o insurgentes, bien pueden acogerse al proceso de paz, dado su estatus político, y por ende con ellos, se puede llevar a cabo diálogos, negociaciones y acuerdo. Mientras que, por otro lado, con los desertores, que sí firmaron el acuerdo de paz, y volvieron a las armas pueden acogerse a las reglas del sometimiento a la justicia, pero no podrían acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), ni tendrían los beneficios que conllevan un acuerdo de paz y la justicia transicional.
La persecución incisiva de los grupos armados que han pedido cupo en la Paz Total en contra de las comunidades indígenas, deja entrever que no será fácil ningún proceso de negociación, que no existe una política pública de derechos humanos ni humanitaria de protección a las comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado, y que no se han tenido en cuenta en la mesa de negociación las disputas que existen entre los grupos armados y que al parecer no harían parte del cese al fuego.
La voluntad de Paz se traduce con hechos de paz y el exterminio de los pueblos indígenas por parte de los grupos armados solo anuncia la continuidad de guerra.
Artefacto explosivo encontrado en zona indígena de Florida-Valle del Cauca.