Por: Corporación Justicia y Dignidad
El acuerdo de paz firmado en Colombia en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estuvo plagado de errores y consecuencias devastadoras. Lo que se presentó como un paso crucial hacia la reconciliación y hacia una “Paz Estable y Duradera”, resultó ser un pacto mal concebido, marcado por la premura de un gobierno que buscaba el Premio Nobel de la Paz y una guerrilla presionada, que se sometió en la práctica a un proceso de rendición. El proceso de paz express, prometía resolver un conflicto de más de cincuenta años en tan solo cuatro, y hoy siete años después, vemos las consecuencias: El exterminio de los pueblos indígenas del Cauca.
Las víctimas, a pesar de las promesas en el acuerdo, fueron desatendidas. La jurisdicción especial para la paz (JEP), en teoría centrada en ellas, se convirtió en una justicia selectiva incapaz de abordar los casos individualmente, porque dentro de todo su aparataje no cuenta con un cuerpo de investigación judicial y hace depender la verdad solo de las versiones de los victimarios que se someten a su jurisdicción. En lugar de proporcionar garantías para las víctimas, se suspendieron los procesos en la justicia ordinaria, resultando en mega casos sobre patrones generales de criminalidad.
Los firmantes del acuerdo de paz, en su mayoría excombatientes, no recibieron garantías de seguridad. Hasta la fecha, 406 de ellos han sido asesinados, representando el 3% de quienes se acogieron al acuerdo. La sentencia de la Corte Constitucional para protegerlos ha sido insuficiente, padeciendo un proceso de genocidio similar al sufrido por la Unión Patriótica.
Los pueblos indígenas, siendo víctimas fundamentales del conflicto armado, fueron injustamente desconocidos durante el proceso de negociación de la paz. En un acto de omisión, no se les consultó ni informó sobre el acuerdo que buscaba poner fin a décadas de violencia, vulnerando su derecho a la Consulta Previa. A pesar de sufrir las consecuencias directas de la guerra en sus territorios ancestrales, fueron excluidos de manera flagrante de la toma de decisiones cruciales para su futuro.
La creación del «capítulo étnico» en el acuerdo de paz resultó ser una medida completamente inoperante. Esta iniciativa, en lugar de brindar protección a las comunidades indígenas, se convirtió en un símbolo de la falta de consideración hacia sus derechos y necesidades. Es imperativo destacar que, durante las negociaciones, no existió una vocería indígena que pudiera representar fielmente los intereses y realidades de estas comunidades. La ausencia de una voz que expusiera la verdadera dimensión del impacto de la guerra en los territorios indígenas dejó a estas comunidades sin la representación efectiva en la negociación y la firma del acuerdo de paz.
El proceso de paz, no logró la desmovilización de todos los combatientes de las FARC, los mandos medios continuaron en armas, y optaron por operar como grupos delincuenciales. Este fenómeno, ha permitido que estos grupos continúen sus actividades delictivas, especialmente en el ámbito del narcotráfico. A pesar de los graves crímenes cometidos por estos grupos, que constituyen violaciones flagrantes a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el actual gobierno liderado por Gustavo Petro ha optado por un rebautizo de estos grupos. Ahora se les reconoce como el «Estado Mayor Central de las FARC», otorgándoles un estatus político que carece de justificación, dado el historial delictivo que arrastran. Es relevante subrayar que diversas investigaciones periodísticas han señalado que algunos paramilitares y guerrilleros que participaron en los procesos de justicia y paz durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se rearmaron posteriormente, uniéndose a las antiguas FARC que no suscribieron el acuerdo de paz en 2016. En la actualidad, lideran distintos grupos pertenecientes a las disidencias de las FARC.
En el departamento del Cauca, se hace más evidente el proceso de exterminio de las comunidades indígenas. Este nefasto panorama se manifiesta a través de asesinatos selectivos, masacres y la ejecución de líderes y sabedores ancestrales. La situación se agrava con el reclutamiento forzado de comuneros indígenas menores y mayores de edad y las disputas territoriales entre grupos armados del ELN y la Segunda Marquetalia, desencadenando enfrentamientos que impactan directamente a la población civil.
El círculo vicioso de la violencia en los territorios indígenas se ve alimentado por los grupos de las disidencias de las FARC, quienes, de manera sistemática, incursionan en ellos. Su accionar incluye el reclutamiento forzado de indígenas, sacándolos de sus entornos comunitarios para armarlos y entrenarlos, destinándolos al servicio del narcotráfico y a actividades que atentan contra la integridad de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo denunció, a principios de 2023, la existencia de un campo de entrenamiento para menores reclutados en el municipio de Toribío. Estos comuneros indígenas reclutados, luego atacan a sus propias comunidades, sumiéndolas en un proceso de victimización y desestructuración del tejido comunitario, un daño irreparable que las coloca al borde del exterminio.
Ante la inoperancia de la fiscalía de Francisco Barbosa para abordar graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, algunas comunidades indígenas en medio del desespero de la violencia han optado por buscar justicia dentro de la Jurisdicción Especial Indígena. Sin embargo, estos juicios carecen de las garantías necesarias y se llevan a cabo sin seguimiento ni monitoreo de las autoridades estatales, ya que aún no existe una ley de coordinación interjurisdiccional, un mandato constitucional que sigue pendiente.
En los procesos de la Justicia Especial Indígena, se vulnera el debido proceso y el derecho de defensa de los indígenas combatientes, muchos de los cuales fueron reclutados forzadamente. Estos individuos enfrentan acusaciones injustas y condenas que exceden los límites establecidos por el código penal, quedando confinados en la cárcel de San Isidro de Popayán sin posibilidad de reducción de penas. La falta de atención a las víctimas y sus familias en este contexto los expone a un riesgo de seguridad significativo, ya que las disidencias de las FARC retaliatorias ante estos juicios indígenas perpetúan un ciclo de violencia que pone en peligro la supervivencia misma de los pueblos indígenas, sumiéndolos en una espiral interminable de amenazas y agresiones.
Recientemente, se ha alertado sobre la posibilidad de que surja un nuevo grupo armado indígena en el Cauca. Más de 200 jóvenes indígenas consideran tomar las armas para defender a sus comunidades, frustrados por la violencia persistente y la falta de protección estatal.
A pesar de las alertas tempranas emitidas, el gobierno de Gustavo Petro no ha tomado medidas efectivas. Las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario en contra de las comunidades indígenas continúan. El ciclo de retaliación y violaciones a los derechos persiste sin control, mientras el Estado colombiano sigue sin responder adecuadamente a la crisis humanitaria en el Cauca. La respuesta estatal es insuficiente, dejando a estas comunidades en una espiral de violencia y desamparo que amenaza con su exterminio.
Post scriptum: En estos tiempos sombríos, mientras reflexionamos sobre el significado de la Navidad, no podemos ignorar el persistente genocidio del pueblo palestino que aflige nuestros corazones. Más de 20.000 almas palestinas han sido arrebatadas desde el 7 de octubre en Gaza, víctimas de los implacables bombardeos del ejército israelí. Entre los afectados, lamentablemente, se encuentran más de 8.000 niños y 6.200 mujeres, cifras que pintan un cuadro desgarrador de sufrimiento e injusticia. Que este recordatorio sirva como llamado a la conciencia y a la acción, buscando la paz y la justicia para todos los pueblos del mundo, incluido nuestros pueblos indígenas sometidos a un proceso de exterminio similar.