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El Plateado, Cauca, conocido como bastión de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc desde 2018, fue escenario de la ‘Operación Perseo’ en octubre. El Gobierno Nacional, liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, buscó recuperar el control territorial y restablecer el orden en esta comunidad afectada por la violencia y el narcotráfico. Además, se anunció la implementación de programas sociales para fortalecer la presencia estatal y apoyar a la población civil.
La región de Argelia, históricamente habitada por los indígenas Guapíos, Telembias y Barbacoas, fue colonizada entre 1905 y 1918, experimentando un auge en la producción de cera de laurel hasta 1965. La llegada de inmigrantes de diversas partes de Colombia enriqueció la diversidad cultural del municipio, que fue creado oficialmente el 3 de noviembre de 1967.
En la década de 1970, el Frente 8 de las FARC se estableció en Argelia, mientras que grupos como el M-19 y el EPL realizaron incursiones esporádicas. Para finales de los años 90, las FARC consolidaron su poder con el Frente 60, convirtiéndose en el actor predominante.
En la década de 2000, el ELN amplió su influencia en la parte baja del municipio, mientras la militarización aumentaba bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2007, con la instalación de puestos de policía, el grupo paramilitar Los Rastrojos tomó control de la región. Durante este periodo, el Frente 8 de las FARC fue casi eliminado, dejando al Frente 60 y al ELN como principales actores armados en el territorio. Según la Comisión de la Verdad, estas acciones, denominadas El Pacto de la Cordillera, marcaron un hito en el conflicto armado. La alianza entre el ELN, Los Rastrojos y el Ejército desplazó a las FARC, generando al menos 12.541 hechos de violencia entre 2000 y 2005.
En 2011, las FARC recuperaron el estratégico Cañón del Micay tras combates intensos. En Argelia, la asociación campesina de trabajadores de Argelia ASCAMTA consolidó su capacidad de incidencia política al establecer una Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) con el gobierno, tras el Paro Nacional Agrario de 2013. Entre 2015 y 2016, los campesinos bloquearon operativos militares contra cultivos ilícitos, demostrando su fortaleza y capacidad de negociación con el gobierno nacional.
Con la firma de los acuerdos de paz en 2016 y la desmovilización de las FARC, el Cañón del Micay quedó bajo el control del Frente José María Becerra del ELN, que comenzó a hacer presencia en varios corregimientos desde El Plateado hasta San Juan de Micay.
En 2017, Óscar Eduardo Sandoval, alias “Andrés” o «El Mocho», lideró una facción disidente de las FARC que disputó con el ELN el control de corregimientos como El Plateado y El Mango. En 2018, esta facción se consolidó como la columna “Carlos Patiño” bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Aunque el presidente Iván Duque ordenó la militarización del Cañón del Micay para combatir las disidencias, la Carlos Patiño se expandió, expulsó al ELN y consolidó una bonanza cocalera. Ese mismo año marcó el inicio del exterminio de líderes sociales, especialmente de ASCAMTA, en Argelia, Cauca.
La Alerta Temprana N° 018-181 de 2018 de la Defensoría del Pueblo advertía sobre el grave riesgo para 10,491 habitantes de los corregimientos El Sinaí, Puerto Rico, El Plateado y La Emboscada, en Argelia, debido a la violencia de grupos armados ilegales como las AUC y el ELN. Estos grupos cometían amenazas, extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos, en una región marcada por la débil presencia estatal y los cultivos ilícitos de coca. Tras la desmovilización de las FARC, el ELN intensificó su control, restringiendo la producción y venta de coca, mientras emergían los primeros movimientos de la columna Carlos Patiño, cuyos actos se confundían con los de paramilitares, agravando el miedo y la violencia en la población civil.
María Caicedo Muñoz, lideresa social de ASCAMTA y del Comité de Mujeres de Argelia – Amar, fue secuestrada el 20 de octubre de 2018 en la zona rural de Argelia, Cauca. Su cuerpo fue hallado en el río Micay, cerca de la vereda La Cacharra, tras un violento ataque en su hogar donde sus hijas fueron amarradas por hombres armados.
Por otro lado, en la madrugada del 10 de abril de 2019, fue encontrado sin vida el campesino, defensor de derechos humanos y víctima del conflicto, Policarpo Guzmán Mage, en el corregimiento de El Plateado. Su cuerpo fue hallado tras escucharse disparos en la zona. Guzmán Mage era un destacado líder comunitario y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA).
La Alerta Temprana de Inminencia No. 010-2020, emitida el 7 de marzo de 2020, advierte sobre el conflicto armado entre la facción disidente de las extintas FARC-EP, conocida como “Carlos Patiño”, y el Frente “José María Becerra” del ELN, lo que representa un riesgo significativo para los derechos humanos de la población civil, especialmente en corregimientos como Puerto Rico, La Emboscada, El Mango, El Sinaí y Fondas. La alerta enfatizó la necesidad urgente de implementar estrategias de disuasión integral y brindar acompañamiento humanitario para proteger a las comunidades más vulnerables.
En este contexto de violencia, varios líderes comunitarios fueron asesinados. Uberney Muñoz Daza, destacado líder comunitario y campesino de Argelia, y Alberto Ruiz, ambos miembros activos de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fueron asesinados el 13 de agosto de 2020. Fueron interceptados por hombres armados mientras se desplazaban en su camioneta entre Argelia y Balboa.
Otro caso trágico ocurrió el 19 de agosto de 2020, cuando Fabio Andrés Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cristalina, fue asesinado en su casa en el corregimiento de La Angostura. Además de ser trabajador agrícola y pastor evangélico, Fabio era activo en proyectos de paz, y se sospecha que su asesinato fue a manos de disidencias de las FARC. El 29 de agosto de 2020, Jhon Montero, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa de Sinaí, fue asesinado en la vereda Desiderio Zapata mientras se dirigía a El Mango. Su cuerpo fue encontrado en La Balastrera de la vereda La Leona, lo que resalta el aumento de la violencia en la región contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

La Alerta Temprana N° 047-20, emitida el 7 de octubre de 2020, advirtió sobre la crítica situación en el municipio de Argelia, Cauca, donde los defensores de derechos humanos enfrentaban constantes amenazas y ataques. Estos defensores, ligados a organizaciones comunitarias, se convirtieron en blanco de grupos armados que buscaban controlar el territorio y las economías ilegales, especialmente el narcotráfico. Entre los actores armados señalados en la alerta estaban las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y disidencias de las FARC. La presencia de estos grupos armados generó un ambiente de violencia e intimidación en la región, afectando directamente a los defensores de derechos humanos y las comunidades organizadas.
A pesar de la advertencia de la Defensoría del Pueblo, varios líderes comunitarios y defensores fueron asesinados. Carlos Navia, defensor de derechos humanos, fue asesinado el 26 de octubre de 2020. Pompilio Narváez, médico tradicional ciego, fue ejecutado el 29 de octubre de 2020 por disidencias de las FARC. Libio Chilito, fiscal de la Junta de Acción Comunal de El Mango, fue asesinado junto a otros cuatro miembros de su comunidad el 21 de noviembre de 2020. Finalmente, Norbey Antonio Rivera, miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fue asesinado el 30 de diciembre de 2020, luego de haber denunciado públicamente amenazas contra su vida. Estos asesinatos reflejan el agravamiento de la violencia en la región, en un contexto de impunidad y creciente persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En agosto de 2021, el brigadier general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, reveló la presencia del grupo «Los Pocillos» en Argelia, liderado por «Pocillo», un excombatiente de las FARC. Según Mayorga, este grupo tendría vínculos con sectores administrativos de la alcaldía, generando controversia sobre posibles conexiones entre reincorporados acreditados y estructuras armadas en la región.
En 2021, los asesinatos de líderes sociales persistieron. Uno de los casos más impactantes fue el de Fermiliano Meneses, concejal del municipio, quien el 15 de enero acudió a una emergencia en el corregimiento de El Plateado. Mientras se dirigía a la vereda El Pinche, fue secuestrado y asesinado por un grupo armado, presuntamente el ELN. Este acto de violencia obligó a los 11 concejales restantes a desplazarse a Popayán por temor a sus vidas, evidenciando el clima de inseguridad en la región.
A finales de marzo, las disidencias «Carlos Patiño», y el frente José María Becerra del ELN se enfrentaron en combates intensos en Argelia, buscando el control del corregimiento de El Plateado, un corredor clave del narcotráfico que conecta la cordillera occidental con el Pacífico.
En abril, el conflicto escaló cuando 14 miembros de la disidencia «Carlos Patiño» cayeron en combates con el Ejército en El Plateado. Como resultado, unas 250 personas fueron desplazadas y seis más cayeron en un campo minado. Tras estos eventos, la situación en la zona se complicó aún más cuando el Ejército reportó una asonada por parte de la comunidad, que exigía su retirada del corregimiento.
El 2 de octubre de 2021, Ildo Gutiérrez Gómez, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mirolinda, también en el corregimiento de El Plateado, fue asesinado en su propia vivienda por integrantes del grupo armado «Carlos Patiño».
Días después, el 18 de octubre de 2021, Efrén España, dirigente campesino y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fue asesinado por hombres armados mientras se dirigía a su hogar en el corregimiento de Sinaí, en el mismo municipio.
En julio de 2019, el general Jorge Hernando Herrera Díaz, de la Brigada 29 del Ejército Nacional, admitió en una reunión con sus oficiales en Popayán su vínculo con la banda criminal «Los Pocillos», que opera en un corredor estratégico de la región. Según una investigación de Cambio y Noticias Uno en 2022, grabaciones de esa reunión revelaron que Herrera Díaz justificó sus encuentros con los cabecillas de la banda como parte de una estrategia militar para contrarrestar a las disidencias de «Carlos Patiño». Durante la reunión, describió el funcionamiento de «Los Pocillos» y expresó la complejidad del conflicto con la frase: «Esa es la puta guerra».
El 23 de enero de 2022, Deisy Sotelo Anacona, lideresa de la vereda Llano Alto, corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, fue asesinada. Su esposo fue desaparecido forzosamente y su paradero sigue siendo desconocido. El 20 de marzo de 2022, Richard Nilson Betancourt Rengifo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Clara y fundador de la Guardia Campesina, fue asesinado cerca de su residencia en Argelia, Cauca.
En noviembre de 2022, el líder campesino Guillermo Andrés Mosquera Miranda, oriundo del corregimiento de El Sinaí y desplazado forzadamente por la estructura Carlos Patiño, sufrió un atentado contra su vida en el casco urbano del municipio del Tambo, Cauca. Irresponsablemente, la secretaría de educación lo trasladó para que continuara su labor como rector de un establecimiento educativo. Se salvó de milagro, ya que el arma del sicario se encasquilló. Actualmente, él y su familia se encuentran en el exilio. Ni siquiera las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta familia impidieron su destierro.
En 2023, la violencia en la región continuó siendo alarmante. El 2 de mayo, Diego Fernando Papamija Chilito, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Rico, Argelia, Cauca, fue asesinado por el grupo paramilitar «Carlos Patiño» en el cruce de San Alfonso, entre Balboa y Argelia. El 20 de octubre, Miller Silva Rosero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de El Plateado, fue asesinado a balazos mientras recibía capacitación para ser jurado de votación en las elecciones regionales.
A pesar de la Alerta Temprana 015 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo para el municipio de Argelia y diez corregimientos debido a la violencia entre grupos armados como el Frente Carlos Patiño y el ELN, los asesinatos de líderes sociales persisten. La Defensoría recomendó 23 medidas urgentes a entidades gubernamentales para mitigar los riesgos, que incluyen violaciones a derechos humanos, reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonales. La Alerta también destaca la reactivación del ELN, que busca recuperar el control territorial y ganar legitimidad social.
El 7 de junio de 2024, Hernán Henríquez Mora, líder social y director del núcleo educativo de la región, fue asesinado tras participar en una actividad académica en Sinaí. Posteriormente, el 5 de octubre de 2024, Andrés Alberto Erazo Pérez, líder comunitario y promotor cultural, fue asesinado en el parque central de Argelia. Erazo, fundador del grupo folclórico Soles del Micay, era una figura clave en la cultura local. Estos hechos reflejan la gravedad de la situación y la ineficacia de las medidas de protección. Además, Sandra Betancourt, concejal de Argelia, fue liberada el 21 de septiembre de 2024 por las disidencias Carlos Patiño, tras 168 horas de secuestro, en una entrega realizada a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La justicia debe llegar para los líderes de Argelia, Cauca, quienes han sido asesinados, desplazados forzosamente y desterrados, en su mayoría a manos de la Columna Carlos Patiño, el ELN y la Segunda Marquetalia. No tiene sentido que el gobierno nacional intervenga si este exterminio de 18 líderes sociales, ocurrido desde el 2018, queda en la impunidad. Es imperativo que se establezcan mecanismos efectivos para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, garantizando así la protección de quienes luchan por los derechos de su comunidad y contribuyendo a la construcción de una paz verdadera y duradera en la región.

“La Paz no será total si la guerra se lleva a nuestros hijos e hijas”

El Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz celebra con profunda emoción la recuperación de nuestra primera hija, Sandy Juliana Carrascal Arenas. Hemos logrado arrancarla de las garras del monstruo de la guerra. Sandy Juliana, una niña campesina de tan solo 14 años, fue arrebatada por los grupos armados que operan en la zona rural del Catatumbo, en Norte de Santander, y forzada a un reclutamiento cruel e inhumano. Hoy, con inmenso alivio, podemos anunciar que ha sido liberada y se encuentra nuevamente en los brazos de su familia y su comunidad, donde siempre debió estar.

Desde el momento en que Sandy Juliana fue arrancada de su hogar, nos unimos como Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz para buscarla incansablemente. No descansamos hasta que logramos que su caso fuera asumido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares en su favor el 27 de agosto de 2024, exigiendo al Estado colombiano la adopción de acciones inmediatas para proteger su vida, su integridad personal y su salud. Acompañamos su proceso de justicia ante la Fiscalía General de la Nación, y mediante una acción constitucionales ante el Consejo de Estado, exigiendo la responsabilidad directa del Presidente Gustavo Petro, del Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño, y de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en la mesa de diálogos de la Paz Total, para que entregaran a Sandy Juliana sana y salva.

Este logro no habría sido posible sin la valentía de cada madre que levantó su voz, sin el apoyo incondicional de nuestras comunidades campesinas que claman incesantemente por la Paz, y sin la fortaleza de Sandy Juliana, quien ha demostrado ser un símbolo de resistencia de nuestras niñas ante la guerra.  Hoy, con lágrimas de alegría, declaramos que Sandy Juliana es nuestra primera hija recuperada de las garras de la guerra. Este es un triunfo de la paz, de la justicia, y de la lucha incansable de todas las Madres y Mujeres Colombianas que no permitiremos que la guerra siga arrebatándonos a nuestros hijos e hijas. Seguiremos trabajando, incansablemente, para que ninguna otra madre sufra el dolor de perder a su hija o hijo en un conflicto que no nos pertenece.

Exigimos al Estado colombiano garantías plenas para el restablecimiento de los derechos de la niña Sandy Juliana Carrascal Arenas y su familia. Es imperativo que se asegure la protección continua y el acceso a servicios adecuados para su recuperación integral, así como el apoyo necesario para su reintegración a la vida familiar y comunitaria. Asimismo, demandamos medidas contundentes para prevenir futuros casos de reclutamiento forzado.

Todas las madres y mujeres de Colombia unidas, no descansaremos hasta que cada niño y niña de Colombia crezca en un país donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la violencia.

MOVIMIENTO NACIONAL DE MADRES Y MUJERES POR LA PAZ

BALUARTE CAMPESINO JUANA JULIA GUZMAN

CORPORACIÓN JUSTICIA Y DIGNIDAD

CORPORACIÓN JUSTICIA Y DEMOCRACIA

CASA DE LA MUJER

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS- NARIÑO

LA CASA DE EDUCACIÓN POPULAR LA CARACOLA

FUNDTERPAZ

GATAS -ECOFEMINIZARTE

CONFESPROD

COMUNIDAD INDÍGENA KWET LE’CXKWE

COMUNIDAD INDÍGENA NASA UKA WEXS THA

ASFUPAZ

LA ROSA ROJA POESIA INSUMISA

PARCIALIDAD INDÍGENA NASA KWEK

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ASISTENCIA LEGAL

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CANADA COLOMBIA

VEEDURIA CIUDADANA DE LA NACION -CALI

UNIÓN DE CIUDADANAS DE COLOMBIA

CONSEJO COMUNITARIO URBANO TERRITORIOS ANCESTRALES

Arrancó la «tutelatón» para preservar el emblemático Parque Caldas como patrimonio biocultural de los habitantes de Popayán. Esta iniciativa busca revocar una arbitraria decisión del alcalde Juan Carlos Muñoz, quien afirma basarse en una recomendación de la Procuraduría, tras una solicitud del jurisconsulto Mario Cajas, reconocido abogado de la academia de jurisprudencia. En su solicitud, Cajas argumentó que la piedra del Parque Caldas sufre deterioro con las actividades culturales y artísticas que allí se realizan, dejando entrever una visión clasista que prioriza la conservación material del mobiliario sobre la vida comunitaria y popular de los habitantes de Popayán.

La Procuraduría ha señalado que sus recomendaciones no tienen efectos jurídicos vinculantes, pero el alcalde insiste en aplicar esta medida clasista. Paradójicamente, mientras el uso del Parque Caldas está generosamente permitido para los organizadores del festival gastronómico de Popayán, quienes disfrutan de su abolengo y distinción social, al resto de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que realmente da vida al parque, se le prohíbe el acceso. Porque claro, preservar la piedra es primordial, a menos que seas de la élite gastronómica, en cuyo caso el desgaste es aparentemente inexistente.

Para el jurista Mario Cajas, según nuestra interpretación, la piedra se desgasta de manera alarmante cuando los chirimeros tocan su música, los skaters practican con sus patinetas, los bailarines de música andina danzan junto a la torre del reloj, y el colectivo de danza urbana «Jueves de Free» se reúne, audazmente, los jueves para bailar frente a la Gobernación. Igualmente, los músicos afrocolombianos con sus ritmos de marimba frente a la alcaldía, los artesanos exhibiendo sus productos, los vendedores ambulantes ganándose la vida, los trabajadores informales buscando sustento, las cocineras tradicionales con sus chuzos y mazorcas, y los fotógrafos capturando recuerdos en papel, todos estos seres desgastan la piedra que tanto preocupa al doctor Cajas.

Curiosamente, creemos que la piedra se desgasta para los festivales de todo tipo, salvo el gastronómico, donde parece que la piedra adquiere propiedades mágicas de resistencia. Además, los transeúntes, los estudiantes que descansan en el parque, y los lustrabotas que dan brillo a los zapatos también contribuyen a esta supuesta erosión. Todos ellos, al parecer, están en una conspiración secreta para acabar con la integridad de la piedra que le quita el sueño al buen doctor Cajas. Para prevenir tal desgaste, llegan funcionarios sin identificar y hasta la policía a imponer comparendos, porque claro, la ley es solo para los de ruana.

El Parque Caldas fue creado con la ciudad en 1537; a su alrededor se construyeron las casas de los fundadores y las dependencias de los poderes religioso y gubernamental. Nació como una plaza de mercado, y en 1910 se instaló la estatua del Sabio Caldas, obra del escultor francés Raoul Verlet. En la misma época, fueron sembrados los árboles que hoy adornan y rodean la escultura.

Este enfoque basado en la ciudad aséptica ignora por completo que el Parque Caldas ha sido históricamente un espacio de encuentro donde confluyen relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales de la comarca, otrora primera plaza de mercado de la ciudad de Popayán.

Con la campaña judicial que busca recuperar el uso colectivo y popular del Parque Caldas, los ciudadanos comunes de Popayán esperamos sentar un precedente para erradicar las prácticas clasistas en la ciudad. La medida adoptada por la Alcaldía de Popayán, basada en una recomendación no vinculante de la Procuraduría General de la Nación, vulnera derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, la libertad de expresión y la cultura. Esta decisión discrimina a toda la ciudadanía de Popayán privándola del uso del parque.

El principio de confianza legítima también se ve afectado, ya que las actividades económicas, sociales, artísticas y culturales en el Parque Caldas se han llevado a cabo durante siglos, un periodo considerablemente significativo en el que siempre han sido permitidas. La historia y tradición cultural, los permisos previos y la tolerancia de la administración local refuerzan la expectativa de que estas actividades son legítimas. Cualquier cambio en las condiciones de uso del parque debe considerar estas expectativas y no afectar desproporcionadamente la libertad creativa ni el acceso del público a expresiones económicas, sociales y culturales.

El derecho al espacio público, consagrado en la Constitución, establece que el Estado debe proteger la integridad del espacio público y asegurar su destinación al uso común. La prohibición de actividades culturales y económicas en el Parque Caldas no respeta este principio y constituye una clara vulneración de derechos fundamentales.

Con la campaña judicial que busca recuperar el uso colectivo y popular del Parque Caldas, los ciudadanos del común esperamos sentar un precedente para erradicar las prácticas clasistas en nuestra ciudad y garantizar un espacio verdaderamente inclusivo y representativo de la diversidad cultural y social de Popayán.

Por: Sofía López Mera, Abogada, Periodista y Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

La teoría de la evolución de Charles Darwin fue considerada una herejía en su época porque hizo frente a las creencias religiosas y científicas predominantes sobre el origen de las especies. Hoy en día esta teoría es ampliamente aceptada como uno de los pilares fundamentales de la biología y ha inspirado avances significativos en nuestro entendimiento del mundo natural.

La música de compositores como Ludwig Van Beethoven y Richard Wagner desafió las convenciones musicales de sus tiempos, siendo considerada una herejía en algunos círculos. Beethoven, con sus innovadoras sinfonías y su música de cámara, amplió los límites de la música clásica, desafiando las expectativas de la época. Wagner, con sus óperas épicas y su concepto de «Gesamtkunstwerk» (obra de arte total), introdujo nuevas formas de expresión musical y teatral que influyeron en generaciones posteriores de compositores y directores, aunque también enfrentó críticas y controversias por sus ideas innovadoras.

El existencialismo, especialmente representado por filósofos como Jean-Paul Sartre y Friedrich Nietzsche, desafió las ideas tradicionales sobre el significado de la vida, la moralidad y la existencia humana. Aunque sus ideas fueron consideradas herejías en su momento, hoy son profundas reflexiones sobre la condición humana y la libertad individual.

Montealegre Lynett, refiriéndose a su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente vía decreto legislativo, indicó: «Esto no es una ruptura constitucional, es una herejía constitucional«. En los últimos días, se ha generado un debate político debido a las declaraciones del ex Canciller Álvaro Leyva, quien afirmó que el presidente podría convocar una Asamblea Constituyente por decreto, en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC. Esta idea ha sido respaldada por el presidente Gustavo Petro y es avalada por el ex fiscal general, Eduardo Montealegre, en su calidad de académico.

Montealegre sostuvo que el presidente podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a través de un decreto autónomo, es decir, un decreto con fuerza de ley. Según él, esta facultad deriva de los Acuerdos de Paz de La Habana, que son considerados un tratado internacional de obligatorio cumplimiento.

Sin embargo, Montealegre señaló que «En estos casos no se requiere ir al Congreso, el presidente de la República en desarrollo directo de ese tratado de paz, puede expedir un decreto que se llama reglamento constitucional autónomo que tiene fuerza de ley, que equivale a la ley donde convoque la Asamblea». La legalidad del decreto presidencial estaría sujeta a la revisión de la Corte Constitucional, y eventualmente serían los colombianos quienes se pronunciarían en las urnas.

Lo cierto es que el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) buscaron dar estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo de Paz suscrito en 2016 mediante su internacionalización normativa. Este acuerdo fue firmado como un Acuerdo Especial conforme al derecho internacional humanitario y anexado a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vinculada a una declaración unilateral del Estado colombiano ante la organización.

Esta estrategia de internacionalización permitió identificar el estatus legal del Acuerdo y sus consecuencias tanto a nivel interno como internacional. Nos encontramos ante un documento jurídico de carácter internacional, abarcando derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Siendo un instrumento jurídico internacional, el Acuerdo de Paz se incorporó a la constitución política colombiana a través del bloque de constitucionalidad, conforme al artículo 93 de la Constitución. Este artículo establece la integración de tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional.

En la página 8, párrafo 2 del Acuerdo de Paz en el instrumento jurídico internacional, se establece: «Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.»

Este, es entonces un mandato constitucional, a través del bloque de constitucionalidad, que abre el camino para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Según Montealegre Lynett, esta convocatoria puede realizarse por vía de decreto con fuerza de ley, cumpliendo así con un tratado internacional. Por lo tanto, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente tiene una base legal sólida y representa un paso necesario y urgente para la implementación de las reformas necesarias para consolidar la paz y la reconciliación en Colombia.

Al final, solo podemos afirmar que, de ser posible la expedición del decreto con fuerza de ley, la Corte Constitucional, muy alineada a las estrategias de golpe de estado judicial, cerrará la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Sin duda alguna, la rama judicial colombiana es una férrea opositora del Gobierno de Gustavo Petro. No es una herejía, es una utopía constitucional, soñar con que, por fin, los cambios que necesita este país se materialicen con la tan anhelada Asamblea Nacional Constituyente.

Por: Sofía López Mera, Abogada, Periodista y Defensora de Derechos Humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.

La oposición al gobierno de Petro aplica con destreza las técnicas del «lawfare» o guerra judicial, una táctica utilizada por la rama judicial y la derecha uribista para socavar al gobierno legítimamente electo. El término «lawfare», derivado de la combinación de «law» (ley) y «warfare» (guerra), originalmente se empleaba en contextos militares para describir el uso de la ley como herramienta en conflictos asimétricos. Sin embargo, su definición ha evolucionado para abarcar el uso de acciones judiciales con el objetivo de causar perjuicio a un adversario político.

En América Latina, el concepto ha cobrado relevancia en casos como los procesos judiciales contra figuras prominentes como Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, o las acusaciones de corrupción dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador.

En el contexto colombiano, el lawfare se manifiesta a través de una alianza entre sectores judiciales, medios de comunicación y entidades de derecha o ultraderecha, con el propósito de deslegitimar al gobierno y revertir avances de las reformas progresistas. Esta táctica busca imponer una narrativa de corrupción y desestabilización, presentando acciones judiciales como instrumentos de defensa de la democracia cuando en realidad se trata de una manipulación de la justicia con fines políticos.

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional están desempeñando roles protagónicos en el actual escenario antidemocrático de lawfare. Una serie de reformas progresistas propuestas por el gobierno de Petro han sido derribadas mediante acciones judiciales, y han sido destituidos congresistas importantes dentro del proyecto del Pacto Histórico, generando una significativa desestabilización dentro del proyecto de izquierda que llegó al poder.

La sección quinta del Consejo de Estado, el tribunal supremo en asuntos electorales, ha emitido decisiones que han impactado de manera contundente al gobierno. Recientemente, esta sección suspendió al alcalde de Duitama por doble militancia en el Pacto Histórico y anuló el nombramiento del cónsul en México. También, esta sección del Consejo de Estado invalidó la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado, junto con la elección de cuatro congresistas del Pacto Histórico, incluyendo a Roy Barreras y Alexander López durante sus presidencias en el Senado, y a César Pachón y Luz Marina Munera, destacados líderes de izquierda.

Entre los golpes más duros que la Corte Constitucional ha dado en contra de las reformas del gobierno Petro se destacan los siguientes:

• Declarar inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, por considerar que hubo vicios de trámite en su estructuración, ya que no se realizó un correcto análisis de su impacto fiscal.
• Declarar la inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (EESE) en La Guajira.
• La reforma tributaria del gobierno Petro ha experimentado modificaciones abruptas. La Corte Constitucional dejó sin efecto el párrafo 1 del artículo 19, el cual había eliminado la deducibilidad del impuesto de renta sobre las regalías que pagan las petroleras y empresas mineras al Estado por el aprovechamiento de recursos en el subsuelo. Esto resultó en una pérdida de cerca de 5 billones de pesos en impuestos a favor de multinacionales extranjeras. Además, por vicios de trámite en el Congreso, la Corte Constitucional tumbó el artículo 95 de la reforma tributaria, que establecía una contribución para beneficiar a estudiantes con créditos del Icetex. Asimismo, el tribunal Constitucional declaró inexequible el inciso 2º del artículo 96 de la reforma tributaria, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre los efectos de decretos legislativos expedidos por el gobierno de Iván Duque en el marco de la pandemia del Covid-19 sobre insolvencia de las empresas. Condicionó la aplicación de una sobretasa contemplada en la reforma tributaria a personas y entidades dedicadas a generar energía eléctrica como actividad económica principal, aplicable entre los años 2023 y 2026. También fue declarado inexequible el aparte de la reforma que establecía que, para reducir el impuesto de renta, las empresas en zonas francas debían aumentar las exportaciones y suscribir un plan de internacionalización.
• La Corte Constitucional declaró inexequible el cambio de nombre de fuerza aérea a fuerza aeroespacial propuesto por el ministerio de defensa y determinó que este último no tenía la facultad para cambiar el nombre mediante una ley ordinaria, ya que este aspecto estaba establecido en el artículo 217 de la Constitución política.

La Procuraduría General también es protagonista en la guerra judicial que se libra contra el gobierno del cambio. La bancada del Pacto Histórico expresó preocupación por lo que consideran una persecución de la Procuraduría hacia funcionarios del gobierno. Respaldaron a Luis Guillermo Pérez Casas, sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años. Consideran la decisión cuestionable y sugieren motivaciones políticas detrás de la acción de la Procuraduría. Advierten sobre una tendencia de persecución por parte del Estado, interpretándola como un «golpe blando» contra el gobierno.

Además, es importante recordar que la Procuraduría General de la Nación extendió por tres meses la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, debido a presuntas irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está llevando a cabo varias investigaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022, así como por delitos de lavado de activos y dudosa procedencia de los fondos de campaña. Estas investigaciones se basan en denuncias sobre ingresos ilegales de dinero y aportes adicionales. Alirio Uribe del Pacto Histórico lidera la investigación sobre ingresos irregulares. También se están investigando conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia sobre la obtención de fondos en la costa Caribe.

Y como si no fuera suficiente, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral evaluarán y votarán una ponencia de 313 páginas presentada este miércoles 8 de mayo por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que imputa cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por violar los topes electorales. La ponencia también señala a Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.

En conclusión, el fenómeno del «lawfare» es una poderosa herramienta para debilitar gobiernos progresistas en América Latina, y Colombia no es una excepción. A través de una combinación de acciones judiciales selectivas, manipulación mediática y alianzas políticas, sectores de la derecha están buscando minar la legitimidad y el avance de las agendas progresistas. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado una serie de obstáculos legales y políticos que dificultan la capacidad para implementar reformas y avanzar en su agenda. El lawfare es la antesala del Golpe de Estado y solo el poder constituyente primario que sale a las calles materializado en una asamblea constituyente será la única alternativa para salvar la democracia colombiana.

Por: Sofía López Mera, abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

El 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, una jornada en la que se levantan las voces para poner de relieve la realidad actual del reclutamiento en Colombia y en todo el mundo, rechazando enérgicamente esta práctica que constituye una grave violación a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este día también es conocido como el «Día Mundial de las Manos Rojas», en referencia al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, que entró en vigor en el año 2002.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz entre las extintas FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, vastas zonas del departamento del Cauca quedaron a merced de los grupos armados Organizados no desmovilizados. Según las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, se estima que cerca de ocho de estos grupos operan y disputan el control del departamento del Cauca.

La prisa con la que se firmaron los Acuerdos de Paz, en un intento por poner fin a cinco décadas de conflicto armado en un proceso negociador que duró apenas cuatro años, omitió considerar la situación de los mandos medios de las FARC. Estos optaron por no unirse al proceso de desmovilización ni firmar los acuerdos, y en la actualidad constituyen lo que se conoce como las disidencias de las FARC.

Estas disidencias han sido señaladas como responsables de una serie de delitos graves, que incluyen: amenazas, hostigamientos, homicidios, secuestros, desplazamientos y reclutamientos forzados de la población civil. Entre las principales víctimas de estas acciones se encuentran los miembros de las comunidades indígenas del Cauca. La situación ha alcanzado tal gravedad que está llevando a estas comunidades al borde del exterminio.

El reclutamiento forzado es una de las prácticas más recurrentes de los grupos armados, representando una grave amenaza para la supervivencia de los diversos pueblos indígenas. Este fenómeno forma un círculo vicioso que se agrava continuamente: muchos indígenas, una vez reclutados, se convierten en futuros reclutadores de otros menores indígenas. Algunos son sometidos a severos castigos por parte de la propia justicia indígena, mientras que otros se convierten en enemigos acérrimos de sus comunidades de origen.

Néstor Gregorio Vera Fernández, también conocido como «Iván Mordisco», líder de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, fue reclutado a la fuerza a la temprana edad de 13 años. Comenzó su camino en las filas armadas como soldado raso para luego ascender a roles de liderazgo y mando en diversas estructuras armadas donde ha operado. Esto es un ejemplo de que el reclutamiento forzado perpetúa los ciclos de violencia, explotando y alienando a los menores de edad.

El Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, reveló un aumento alarmante de los casos de reclutamiento de indígenas menores de edad, por parte de los grupos armados presentes en la región. Durante los meses de enero a noviembre de 2023, el observatorio de derechos humanos del CRIC reportó 175 casos de reclutamiento forzado de menores indígenas entre 12 y 15 años de edad. Para la Defensoría del Pueblo esta cifra está cercana a los 200 casos al finalizar el mes de diciembre.

La Defensoría del Pueblo emitió una denuncia alarmante en el año 2023, revelando que la Columna Móvil “Dagoberto Ramos”, perteneciente a las disidencias de las FARC, ha transformado al municipio de Toribío, en un centro neurálgico de operaciones militares, financieras y un lugar de reclutamiento forzado, concentración y entrenamiento militar de niños, niñas y adolescentes procedentes de los municipios del norte del Cauca. Los menores son captados por la fuerza y, tras un breve período de entrenamiento, son incorporados a las diversas subestructuras del Comando Coordinador de Occidente de las FARC. Los docentes de las zonas rurales del norte del Cauca han reportado que los estudiantes desaparecen durante aproximadamente 15 días, tiempo en el cual son entrenados en los centros de operaciones militares del grupo armado. Al regresar, lo hacen con dinero y se ven involucrados en actividades delictivas y en el microtráfico de drogas en beneficio de los grupos armados.

Lo que es aún más preocupante es que, desde el mes de diciembre, circula en el municipio de Caldono un comunicado que amenaza con la posible formación de un grupo armado compuesto por 200 jóvenes indígenas cansados de este flagelo. Este grupo tendría la intención de armarse siguiendo el modelo de la antigua guerrilla Quintín Lame, que operó en la década de los 80. Esta situación es extremadamente grave, intensifica la guerra y pone en entredicho las aspiraciones de paz del gobierno actual.

En diversas zonas del departamento del Cauca, se pueden observar retenes establecidos por grupos ilegales, a menudo dirigidos por niños y niñas fuertemente armados. Muchos de estos menores se encuentran en esta situación debido a necesidades económicas apremiantes, mientras que otros están allí por la falta de acceso a la educación. Resulta preocupante ver cómo algunos de ellos se sienten atraídos por el poder y el dinero fácil asociado con el porte de armas, a pesar de su corta edad.

Es lamentable que en las redes sociales se compartan memes y chistes que trivializan y normalizan esta realidad, haciendo alusiones humorísticas a la vida en el Cauca y la presencia de niños uniformados. No hay conciencia sobre la gravedad del reclutamiento forzado de niños indígenas en nuestra región.

El reclutamiento forzado de niños indígenas es una grave violación de los derechos humanos que causa daño tanto a la infancia como a las culturas indígenas y la sociedad en general. Al separar a los niños de sus raíces culturales y tradiciones, esta práctica rompe el vínculo esencial que tienen las comunidades indígenas con su tierra y herencia, lo que puede provocar una pérdida significativa de diversidad cultural y un impacto duradero en la identidad de los niños afectados, materializándose el exterminio de los pueblos indígenas.

Es por estas razones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado a una Audiencia Temática para el 27 de febrero de 2024, donde se abordará el grave problema del reclutamiento forzado de menores indígenas en el Cauca. En esta audiencia participarán El CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y la Corporación Justicia y Dignidad, en presencia de representantes del Gobierno Nacional. Se denunciará la falta de una política pública efectiva para erradicar esta práctica, así como la falta de prioridad del tema de reclutamiento en los puntos a negociar de las mesas de diálogos de paz. Se instará al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz a implementar urgentemente una política de prevención del reclutamiento forzado para proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas durante los procesos de paz. Además, se presentarán propuestas para abordar esta problemática dentro del marco de la justicia especial indígena para la paz.

Si persiste el reclutamiento forzado de menores indígenas y se llegare a formar un grupo armado con jóvenes indígenas, la política de paz del gobierno será un fracaso total y se abrirá paso a la llegada al poder del uribismo y la ultra derecha en 2026. Es imperioso proteger desde ahora el futuro de nuestros pueblos indígenas para lograr una Paz Total efectiva.

Por: Sofía López Mera, Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad

En las entrañas del poder colombiano se gesta un conflicto silencioso que amenaza con sacudir las bases de la democracia. Gustavo Petro, un presidente en el filo de la contienda, enfrenta una persecución judicial y disciplinaria orquestada por la Fiscalía y la Procuraduría, con el beneplácito de las Altas Cortes de la justicia, generando un oscuro escenario que pretende llevarlo a un juicio político para materializar el tan anhelado golpe de estado con el que fantasea la ultraderecha colombiana.

El gobierno de Petro resiste en medio de una estructura estatal completamente derechizada y su defensa, lejos de estrategias jurídicas sólidas— porque no las tienen— o un aparato de comunicación consistente, descansa legítimamente en la movilización social, la única carta que se  juega en una partida, donde la verdad se desdibuja entre las mentiras proferidas por los medios tradicionales de comunicación, que imponen los intereses de la ultraderecha y los intereses económicos multinacionales que la respaldan.

Desde el 7 de agosto de 2022, la oligarquía nacional pretende derrocar al primer gobierno popular y de izquierda en la historia del país. El poder económico legal y mafioso ya ha dado la orden, el viejo régimen de derecha establecido, conspira, los medios de comunicación, ambientan y la derecha judicial ejecuta el plan golpista. Los magistrados de las Altas Cortes, la Procuraduría y la Fiscalía, se erigen como los anclajes antidemocráticos en el Estado. En este juego retorcido, el discurso del «respeto a las instituciones» revela su verdadero rostro: el fin de este gobierno antes del 2026.

Las amenazas de un Golpe de Estado no deben ser subestimadas en un país donde son frecuentes en la historia los magnicidios y la violencia oligárquica. Petro, cuyo gobierno se sustenta en la movilización popular, responde a las amenazas llamando a la acción ciudadana, el corazón mismo del proyecto democrático. Pero no será suficiente la movilización popular, ¿entonces? ¿qué se puede hacer? El presidente tiene la solución a la crisis institucional generada por el absolutismo judicial con el solo cumplimiento de una promesa de su campaña presidencial: La creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad.

La Comisión Internacional contra la Impunidad puede dar solución a la crisis institucional generada por los intentos de Golpe de Estado de la Derecha. El discurso anticorrupción fue usado ampliamente durante la campaña presidencial y generó una alta expectativa entre la ciudadanía respecto a lograr resultados más efectivos contra la corrupción y esa expectativa generada durante la campaña debe ser correspondida con hechos concretos por parte del Gobierno.

La propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene como modelo inmediato la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue una comisión creada el 12 de diciembre de 2006 y disuelta el 3 de septiembre de 2019. Surgió del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad de ese país y aprobada posteriormente por el Congreso de la República.

La CICIG se gesta a raíz de los esfuerzos de la Sociedad Civil guatemalteca preocupada por la amenaza a la democracia, que representaban las redes criminales en Guatemala después del acuerdo de paz de 1996. Como reacción a este clamor popular, en 2006 el gobierno guatemalteco le pidió a la ONU que le ayudara a establecer una iniciativa para auxiliar a las instituciones locales a investigar, enjuiciar y a desmantelar poderosas redes criminales generadas en el posconflicto.

Esta comisión operó como un organismo internacional de investigación independiente que actuaba bajo la ley guatemalteca y dependía del sistema de justicia local, su finalidad era apoyar al Ministerio Público (entiéndase que en Colombia es la Fiscalía), la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número determinado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para enfrentar a los grupos ilegales en el futuro. Priorizó cinco grandes temas en la investigación y persecución penal: El primero es el contrabando y defraudación tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el tercero es la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto es la corrupción judicial, y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala.

El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre la ONU y Guatemala fue unilateralmente finalizado por el presidente Jimmy Morales, aludiendo a la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país. La ONU rechazó y condenó este proceder. Desde 2007, Esta Comisión apoyó investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones contra el expresidente y vicepresidente de Guatemala; el procesamiento de altos funcionarios del gobierno, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos presidentes anteriores, miembros del Congreso y ministros del gobierno; la destitución de jueces corruptos y miles de agentes de policía; y la detención de narcotraficantes poderosos.

El comisionado a cargo para el período 2014-2019 fue el colombiano, hoy ministro de defensa, Iván Velásquez Gómez, que por realizar este trabajo fue galardonado con el Premio Right Livelihood del año 2018. La CICIG es considerada uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado en el mundo. Por ello, la organización se ha ganado reconocimientos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la sociedad civil guatemalteca y también recibió apoyo bipartidista en los Estados Unidos.

Ante la decidida oposición al gobierno que hace la rama judicial y el ministerio público, quienes a su vez son cómplices y encubridores de los crímenes de la derecha colombiana, es imperioso establecer nuestra propia Comisión Internacional Contra la Impunidad. Esta comisión será fundamental para desentrañar lo que la justicia colombiana ordinaria y transicional no ha esclarecido hasta ahora: las responsabilidades relacionadas con la implementación de la doctrina de seguridad nacional, los vínculos entre el narcotráfico y el poder político, las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de carácter socio-político cometidas en el país y todos los delitos de corrupción que mantuvieron a la derecha local, regional y nacional en el poder durante tanto tiempo.

Las víctimas de la represión en el paro nacional y sus organizaciones acompañantes tendrían una gran oportunidad de contar con su propia comisión de esclarecimiento, no debe olvidarse que en gran medida la fuerza de movilización popular que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia fue el estallido social de 2021.

La sola movilización popular no será suficiente para detener los intentos de Golpe de Estado. Por tanto, es nuestro deber democrático exigir la existencia y respaldar la creación y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad como la solución más efectiva para desmantelar la criminalidad de derecha y golpista en Colombia.

Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.