El Exterminio de los Líderes Campesinos en Argelia: Que Llegue el Gobierno y Que También Llegue la Justicia

El Plateado, Cauca, conocido como bastión de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc desde 2018, fue escenario de la ‘Operación Perseo’ en octubre. El Gobierno Nacional, liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, buscó recuperar el control territorial y restablecer el orden en esta comunidad afectada por la violencia y el narcotráfico. Además, se anunció la implementación de programas sociales para fortalecer la presencia estatal y apoyar a la población civil.
La región de Argelia, históricamente habitada por los indígenas Guapíos, Telembias y Barbacoas, fue colonizada entre 1905 y 1918, experimentando un auge en la producción de cera de laurel hasta 1965. La llegada de inmigrantes de diversas partes de Colombia enriqueció la diversidad cultural del municipio, que fue creado oficialmente el 3 de noviembre de 1967.
En la década de 1970, el Frente 8 de las FARC se estableció en Argelia, mientras que grupos como el M-19 y el EPL realizaron incursiones esporádicas. Para finales de los años 90, las FARC consolidaron su poder con el Frente 60, convirtiéndose en el actor predominante.
En la década de 2000, el ELN amplió su influencia en la parte baja del municipio, mientras la militarización aumentaba bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2007, con la instalación de puestos de policía, el grupo paramilitar Los Rastrojos tomó control de la región. Durante este periodo, el Frente 8 de las FARC fue casi eliminado, dejando al Frente 60 y al ELN como principales actores armados en el territorio. Según la Comisión de la Verdad, estas acciones, denominadas El Pacto de la Cordillera, marcaron un hito en el conflicto armado. La alianza entre el ELN, Los Rastrojos y el Ejército desplazó a las FARC, generando al menos 12.541 hechos de violencia entre 2000 y 2005.
En 2011, las FARC recuperaron el estratégico Cañón del Micay tras combates intensos. En Argelia, la asociación campesina de trabajadores de Argelia ASCAMTA consolidó su capacidad de incidencia política al establecer una Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) con el gobierno, tras el Paro Nacional Agrario de 2013. Entre 2015 y 2016, los campesinos bloquearon operativos militares contra cultivos ilícitos, demostrando su fortaleza y capacidad de negociación con el gobierno nacional.
Con la firma de los acuerdos de paz en 2016 y la desmovilización de las FARC, el Cañón del Micay quedó bajo el control del Frente José María Becerra del ELN, que comenzó a hacer presencia en varios corregimientos desde El Plateado hasta San Juan de Micay.
En 2017, Óscar Eduardo Sandoval, alias “Andrés” o “El Mocho”, lideró una facción disidente de las FARC que disputó con el ELN el control de corregimientos como El Plateado y El Mango. En 2018, esta facción se consolidó como la columna “Carlos Patiño” bajo el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Aunque el presidente Iván Duque ordenó la militarización del Cañón del Micay para combatir las disidencias, la Carlos Patiño se expandió, expulsó al ELN y consolidó una bonanza cocalera. Ese mismo año marcó el inicio del exterminio de líderes sociales, especialmente de ASCAMTA, en Argelia, Cauca.
La Alerta Temprana N° 018-181 de 2018 de la Defensoría del Pueblo advertía sobre el grave riesgo para 10,491 habitantes de los corregimientos El Sinaí, Puerto Rico, El Plateado y La Emboscada, en Argelia, debido a la violencia de grupos armados ilegales como las AUC y el ELN. Estos grupos cometían amenazas, extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos, en una región marcada por la débil presencia estatal y los cultivos ilícitos de coca. Tras la desmovilización de las FARC, el ELN intensificó su control, restringiendo la producción y venta de coca, mientras emergían los primeros movimientos de la columna Carlos Patiño, cuyos actos se confundían con los de paramilitares, agravando el miedo y la violencia en la población civil.
María Caicedo Muñoz, lideresa social de ASCAMTA y del Comité de Mujeres de Argelia – Amar, fue secuestrada el 20 de octubre de 2018 en la zona rural de Argelia, Cauca. Su cuerpo fue hallado en el río Micay, cerca de la vereda La Cacharra, tras un violento ataque en su hogar donde sus hijas fueron amarradas por hombres armados.
Por otro lado, en la madrugada del 10 de abril de 2019, fue encontrado sin vida el campesino, defensor de derechos humanos y víctima del conflicto, Policarpo Guzmán Mage, en el corregimiento de El Plateado. Su cuerpo fue hallado tras escucharse disparos en la zona. Guzmán Mage era un destacado líder comunitario y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA).
La Alerta Temprana de Inminencia No. 010-2020, emitida el 7 de marzo de 2020, advierte sobre el conflicto armado entre la facción disidente de las extintas FARC-EP, conocida como “Carlos Patiño”, y el Frente “José María Becerra” del ELN, lo que representa un riesgo significativo para los derechos humanos de la población civil, especialmente en corregimientos como Puerto Rico, La Emboscada, El Mango, El Sinaí y Fondas. La alerta enfatizó la necesidad urgente de implementar estrategias de disuasión integral y brindar acompañamiento humanitario para proteger a las comunidades más vulnerables.
En este contexto de violencia, varios líderes comunitarios fueron asesinados. Uberney Muñoz Daza, destacado líder comunitario y campesino de Argelia, y Alberto Ruiz, ambos miembros activos de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fueron asesinados el 13 de agosto de 2020. Fueron interceptados por hombres armados mientras se desplazaban en su camioneta entre Argelia y Balboa.
Otro caso trágico ocurrió el 19 de agosto de 2020, cuando Fabio Andrés Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cristalina, fue asesinado en su casa en el corregimiento de La Angostura. Además de ser trabajador agrícola y pastor evangélico, Fabio era activo en proyectos de paz, y se sospecha que su asesinato fue a manos de disidencias de las FARC. El 29 de agosto de 2020, Jhon Montero, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa de Sinaí, fue asesinado en la vereda Desiderio Zapata mientras se dirigía a El Mango. Su cuerpo fue encontrado en La Balastrera de la vereda La Leona, lo que resalta el aumento de la violencia en la región contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

La Alerta Temprana N° 047-20, emitida el 7 de octubre de 2020, advirtió sobre la crítica situación en el municipio de Argelia, Cauca, donde los defensores de derechos humanos enfrentaban constantes amenazas y ataques. Estos defensores, ligados a organizaciones comunitarias, se convirtieron en blanco de grupos armados que buscaban controlar el territorio y las economías ilegales, especialmente el narcotráfico. Entre los actores armados señalados en la alerta estaban las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y disidencias de las FARC. La presencia de estos grupos armados generó un ambiente de violencia e intimidación en la región, afectando directamente a los defensores de derechos humanos y las comunidades organizadas.
A pesar de la advertencia de la Defensoría del Pueblo, varios líderes comunitarios y defensores fueron asesinados. Carlos Navia, defensor de derechos humanos, fue asesinado el 26 de octubre de 2020. Pompilio Narváez, médico tradicional ciego, fue ejecutado el 29 de octubre de 2020 por disidencias de las FARC. Libio Chilito, fiscal de la Junta de Acción Comunal de El Mango, fue asesinado junto a otros cuatro miembros de su comunidad el 21 de noviembre de 2020. Finalmente, Norbey Antonio Rivera, miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fue asesinado el 30 de diciembre de 2020, luego de haber denunciado públicamente amenazas contra su vida. Estos asesinatos reflejan el agravamiento de la violencia en la región, en un contexto de impunidad y creciente persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En agosto de 2021, el brigadier general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, reveló la presencia del grupo “Los Pocillos” en Argelia, liderado por “Pocillo”, un excombatiente de las FARC. Según Mayorga, este grupo tendría vínculos con sectores administrativos de la alcaldía, generando controversia sobre posibles conexiones entre reincorporados acreditados y estructuras armadas en la región.
En 2021, los asesinatos de líderes sociales persistieron. Uno de los casos más impactantes fue el de Fermiliano Meneses, concejal del municipio, quien el 15 de enero acudió a una emergencia en el corregimiento de El Plateado. Mientras se dirigía a la vereda El Pinche, fue secuestrado y asesinado por un grupo armado, presuntamente el ELN. Este acto de violencia obligó a los 11 concejales restantes a desplazarse a Popayán por temor a sus vidas, evidenciando el clima de inseguridad en la región.
A finales de marzo, las disidencias “Carlos Patiño”, y el frente José María Becerra del ELN se enfrentaron en combates intensos en Argelia, buscando el control del corregimiento de El Plateado, un corredor clave del narcotráfico que conecta la cordillera occidental con el Pacífico.
En abril, el conflicto escaló cuando 14 miembros de la disidencia “Carlos Patiño” cayeron en combates con el Ejército en El Plateado. Como resultado, unas 250 personas fueron desplazadas y seis más cayeron en un campo minado. Tras estos eventos, la situación en la zona se complicó aún más cuando el Ejército reportó una asonada por parte de la comunidad, que exigía su retirada del corregimiento.
El 2 de octubre de 2021, Ildo Gutiérrez Gómez, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mirolinda, también en el corregimiento de El Plateado, fue asesinado en su propia vivienda por integrantes del grupo armado “Carlos Patiño”.
Días después, el 18 de octubre de 2021, Efrén España, dirigente campesino y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), fue asesinado por hombres armados mientras se dirigía a su hogar en el corregimiento de Sinaí, en el mismo municipio.
En julio de 2019, el general Jorge Hernando Herrera Díaz, de la Brigada 29 del Ejército Nacional, admitió en una reunión con sus oficiales en Popayán su vínculo con la banda criminal “Los Pocillos”, que opera en un corredor estratégico de la región. Según una investigación de Cambio y Noticias Uno en 2022, grabaciones de esa reunión revelaron que Herrera Díaz justificó sus encuentros con los cabecillas de la banda como parte de una estrategia militar para contrarrestar a las disidencias de “Carlos Patiño”. Durante la reunión, describió el funcionamiento de “Los Pocillos” y expresó la complejidad del conflicto con la frase: “Esa es la puta guerra”.
El 23 de enero de 2022, Deisy Sotelo Anacona, lideresa de la vereda Llano Alto, corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, fue asesinada. Su esposo fue desaparecido forzosamente y su paradero sigue siendo desconocido. El 20 de marzo de 2022, Richard Nilson Betancourt Rengifo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Clara y fundador de la Guardia Campesina, fue asesinado cerca de su residencia en Argelia, Cauca.
En noviembre de 2022, el líder campesino Guillermo Andrés Mosquera Miranda, oriundo del corregimiento de El Sinaí y desplazado forzadamente por la estructura Carlos Patiño, sufrió un atentado contra su vida en el casco urbano del municipio del Tambo, Cauca. Irresponsablemente, la secretaría de educación lo trasladó para que continuara su labor como rector de un establecimiento educativo. Se salvó de milagro, ya que el arma del sicario se encasquilló. Actualmente, él y su familia se encuentran en el exilio. Ni siquiera las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de esta familia impidieron su destierro.
En 2023, la violencia en la región continuó siendo alarmante. El 2 de mayo, Diego Fernando Papamija Chilito, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Rico, Argelia, Cauca, fue asesinado por el grupo paramilitar “Carlos Patiño” en el cruce de San Alfonso, entre Balboa y Argelia. El 20 de octubre, Miller Silva Rosero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de El Plateado, fue asesinado a balazos mientras recibía capacitación para ser jurado de votación en las elecciones regionales.
A pesar de la Alerta Temprana 015 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo para el municipio de Argelia y diez corregimientos debido a la violencia entre grupos armados como el Frente Carlos Patiño y el ELN, los asesinatos de líderes sociales persisten. La Defensoría recomendó 23 medidas urgentes a entidades gubernamentales para mitigar los riesgos, que incluyen violaciones a derechos humanos, reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonales. La Alerta también destaca la reactivación del ELN, que busca recuperar el control territorial y ganar legitimidad social.
El 7 de junio de 2024, Hernán Henríquez Mora, líder social y director del núcleo educativo de la región, fue asesinado tras participar en una actividad académica en Sinaí. Posteriormente, el 5 de octubre de 2024, Andrés Alberto Erazo Pérez, líder comunitario y promotor cultural, fue asesinado en el parque central de Argelia. Erazo, fundador del grupo folclórico Soles del Micay, era una figura clave en la cultura local. Estos hechos reflejan la gravedad de la situación y la ineficacia de las medidas de protección. Además, Sandra Betancourt, concejal de Argelia, fue liberada el 21 de septiembre de 2024 por las disidencias Carlos Patiño, tras 168 horas de secuestro, en una entrega realizada a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La justicia debe llegar para los líderes de Argelia, Cauca, quienes han sido asesinados, desplazados forzosamente y desterrados, en su mayoría a manos de la Columna Carlos Patiño, el ELN y la Segunda Marquetalia. No tiene sentido que el gobierno nacional intervenga si este exterminio de 18 líderes sociales, ocurrido desde el 2018, queda en la impunidad. Es imperativo que se establezcan mecanismos efectivos para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, garantizando así la protección de quienes luchan por los derechos de su comunidad y contribuyendo a la construcción de una paz verdadera y duradera en la región.