Siguen embolatando la Paz Total en el Suroccidente Colombiano, especialmente en el Cauca. Entre asesinatos de policías, lideres sociales e indígenas, desplazamientos forzados, confinamientos, paros armados y promesas de cese al fuego incumplidas, las disidencias de las FARC o el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), burlan la voluntad de paz del Gobierno Nacional y someten al terror a los habitantes de la región.
El 31 de julio la UNIPA denunció una masacre de tres jóvenes indígenas del pueblo Awá pertenecientes al Resguardo Saunde Guiguay del municipio de Tumaco; el 1 de agosto fue secuestrado por el frente “Carlos Patiño” del EMC, Over Jesús Rengifo Bolaños, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Alfonso municipio de Balboa, a la fecha se desconoce su paradero; el 2 de agosto las comunidades indígenas del pueblo Wounaan denunciaron la instalación de un retén por parte de un grupo armado sobre el rio San Juan en el sector de Palestina en Buenaventura, Valle del Cauca; el 4 de agosto fue asesinado el líder indígena Eduardo Timaná, perteneciente a la comunidad del Nogal del Resguardo Kwet Wala de Pradera, Valle del Cauca.
El 10 de agosto se presentó un ataque armado en contra de la autoridad étnica del Consejo Comunitario El Playón del Rio Sigui en el municipio de López de Micay, este ataque armado dio origen al desplazamiento forzado de 17 personas entre menores de edad, mujeres y adultos mayores. La comunidad denunció que se encuentran en riesgo de quedar en una confrontación armada entre los grupos que integran el EMC y el ELN y solicitaron protección al Gobierno Nacional; en la mañana del sábado 12 de agosto murieron tres policías en Morales, Cauca, tras ser atacados con explosivos y disparos de fusil, se responsabilizó al frente armado “Jaime Martínez” que integra las EMC y al día siguiente fue secuestrado un uniformado adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres No. 13. El plagio ocurrió en la vía entre Caloto y Santander de Quilichao, de este hecho se responsabilizó al frente “Dagoberto Ramos” del EMC, quienes tienen control en esta zona. El general William René Salamanca, ofreció 200 millones de pesos por información de alias “Marlon Vásquez”, jefe de las disidencias de las Farc, así como de alias “el paisa”, “samper” y “martín”.
Ese mismo 12 de agosto, se profirió por parte del EMC, un comunicado en donde dan la orden de Paro Armado en el departamento del Cauca, so pretexto de combatir un grupo paramilitar que trabaja en conjunto con la policía, que según ellos opera en zonas de su control, disfrazados de comerciantes, docentes y misión médica y prohíben el tránsito de la población luego de las 5 de la tarde; el 13 de agosto fue asesinado en Cerro Alto Caldono, el líder social José Rubiel Guetia quien era presidente de Junta de Acción Comunal y comunero indígena del Resguardo San Lorenzo Caldono; el 14 de agosto en redes sociales rotó otro panfleto en donde el EMC se atribuyen los hechos de violencia y amenazan a los lideres sociales e indígenas del sur del Valle y norte del Cauca:
“Haremos nuestra máxima presencia y control en todas las vías y demostraremos toda nuestra fuerza como organización armada damos un ultimato a los líderes sociales líderes indígenas de Miranda, Corinto , Florida y Pradera por rechazar nuestras acciones militares por ello son objetivos militar al no permitir que nuestras unidades accionen en los territorios libremente nos atribuimos a los últimos hechos recientes vamos por los líderes de los Resguardos de Florida Pradera, Miranda, Corinto, Santander”.
El 15 de agosto, se llevó a cabo Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca liderado por el presidente Gustavo Petro, quien puntualizó diferentes acciones que se implementarán destacando la sustitución de cultivos de uso ilícito, fortalecer las fuerzas militares y policiales e hizo un llamado al cese de hostilidades, “En los próximos días y semanas se va a centrar en primer lugar en una sustitución de las economías ilícitas del departamento, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El Ejército será el eje central de esa sustitución, con el apoyo del campesinado, de los movimientos sociales, indígenas y afros”.
A pesar de todo lo anterior, se conoció que tras una reunión en Caquetá entre el 11 y 12 de agosto, en la que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, funcionarios de la ONU, de MAPP OEA, delegados del Gobierno nacional y delegados de las EMC se llegaron a tres acuerdos: el primer acuerdo es la fecha de la instalación de la mesa de diálogos, que será el próximo 17 de septiembre; el segundo acuerdo, trata de que ese mismo 17 de septiembre comenzaría el cese al fuego bilateral, nacional y de carácter temporal, que tendría una vigencia de seis meses; el tercer acuerdo consiste en que mientras llega ese cese al fuego, se acordó un cese de operaciones ofensivas a partir del próximo jueves 17 de agosto.
Indepaz por su parte, denunció que desde el 1 de enero a 3 de agosto de 2023 en el departamento del Cauca han sido asesinados 22 personas catalogadas como lideres sociales y defensores de derechos humanos; se asesinaron 5 firmantes de paz; se han presentado 5 masacres; han ocurrido 57 acciones que constituyen violación al cese al fuego pactado entre el Gobierno y los diferentes grupos armados; se han presentado 5872 eventos de desplazamiento forzado de los cuales 2.409 corresponden al municipio de Argelia, 461 eventos de confinamientos concentrados en el municipio de Balboa. Así mismo, la defensoría del pueblo denunció la existencia de un centro de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes al mando de las EMC en el municipio de Toribio, del cual a la fecha no se tiene información sobre su desmantelamiento.
Según denuncias conocidas en varios medios de comunicación, los diferentes frentes de la EMC realizan control territorial en el departamento, determinando quién transita por las veredas de los municipios de influencia y califican de objetivo militar a personas desconocidas. Este control se hace mediante procesos de carnetización que acredita a las personas como habitantes del lugar.
Las acciones militares de las disidencias de las FARC constitutivas de infracciones al DIH se presentan de forma conjunta con las acciones de los grupos de derecha del país que buscan desestabilizar al Gobierno Nacional por destapar hechos de corrupción como los de Ecopetrol, Odebrecht que involucran al grupo AVAL, el encubrimiento de los asesinatos del Clan del Golfo por parte de la Fiscalía, las declaraciones de Mancuso y ahora también las del paramilitar alias Macaco, sumado además a la intensa actividad de decomiso de cargamentos de droga durante este gobierno que constituyen un grave golpe a las finanzas del narcotráfico.
No se vislumbra unidad de mando de las estructuras del EMC, estas disidencias de las FARC actúan descoordinadamente con ejércitos de niños y jóvenes fuertemente armados por todo el territorio de su influencia. Los acuerdos que pactan con el Gobierno Nacional son abruptamente desconocidos por sus diferentes frentes y se traducen en control territorial, paros armados, amenaza a lideres sociales e indígenas y nuevos desplazamientos forzados y confinamientos. Entre tanto el suroccidente del país y el departamento del Cauca en particular sigue padeciendo espeluznantes escenas de terror.