2003: Pastrana en los archivos, Uribe en la Presidencia, la justicia en silencio

En los archivos judiciales del caso Jeffrey Epstein aparecen registros de vuelo correspondientes a marzo de 2003 en los que figura el nombre del expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango como pasajero en una aeronave vinculada al círculo de Epstein. Ese dato no proviene de rumores ni de redes sociales. Está consignado en listados incorporados a procesos federales en Estados Unidos y difundidos públicamente.

También existen fotografías divulgadas por medios en las que Pastrana aparece junto a Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por tráfico sexual de menores, vistiendo indumentaria de vuelo asociada a la Fuerza Aérea Colombiana. En entrevistas incorporadas a archivos judiciales, Maxwell relató que durante una visita a Colombia voló un helicóptero y mencionó que se disparó contra un “campamento terrorista”.

Hasta ahora no existe fecha pública verificable ni bitácora oficial divulgada sobre ese vuelo en helicóptero. La única fecha confirmada documentalmente es marzo de 2003, correspondiente al vuelo en aeronave privada.

En marzo de 2003 el presidente de Colombia era Álvaro Uribe Vélez, no Pastrana.

Ese dato no es menor. Es el periodo en el que se intensificaron operaciones militares bajo la política de seguridad democrática. Años después, la justicia colombiana documentó que en ese mismo periodo se produjeron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”: civiles presentados como bajas en combate.

No existe evidencia pública que vincule los hechos documentados en los archivos Epstein con esos crímenes. Decirlo sin pruebas sería irresponsable.

Pero sí es legítimo formular preguntas institucionales.

Si en un relato judicial una persona posteriormente condenada por integrar una red internacional de trata menciona disparos contra un “campamento terrorista” durante un vuelo en Colombia, corresponde verificar:

¿A qué operación se refería?

¿Fue una actividad oficial?

¿Existió autorización formal?

¿Hay registros militares de ese evento?

Y si hubo uso de aeronaves oficiales o acompañamiento institucional, ¿quién autorizó esa operación?

La discusión pública se ha centrado en exigir explicaciones a Pastrana. Puede responder o no. Está en su derecho. La presunción de inocencia lo ampara.

Pero la obligación de investigar no recae en él.

Recae en la Fiscalía General de la Nación.

Colombia ratificó el Protocolo de Palermo y asumió deberes de debida diligencia frente a la trata de personas. Cuando surgen indicios documentados que conectan territorio colombiano, operaciones en Colombia o posibles víctimas colombianas con una red internacional de explotación sexual, el Estado debe verificar.

No investigar también es una decisión.

Y si los hechos ocurrieron en 2003, en plena intensificación de la política de seguridad democrática, la pregunta no es solo para Pastrana. También es para el gobierno de entonces.

¿Se abrió alguna indagación?

¿Se solicitó cooperación judicial a Estados Unidos?

¿Se verificó la naturaleza del supuesto operativo mencionado por Maxwell?

El silencio individual es un derecho.

El silencio institucional es una falta.

Pastrana puede no contestar.

Uribe puede no pronunciarse.

Pero la justicia colombiana sí tiene que responder.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Pastrana, Epstein y el silencio de la justicia

Durante años se habló del caso de Jeffrey Epstein como un escándalo sexual protagonizado por un millonario con amistades poderosas. Se insistió en el morbo, en la lista de nombres, en el rumor. Pero lo que muestran los documentos judiciales, las sentencias y los archivos desclasificados es algo más profundo y más grave: Epstein encabezó una estructura que cumple con los elementos jurídicos de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. No es una metáfora. Es una categoría legal reconocida por el derecho internacional desde hace más de dos décadas.

El Protocolo de Palermo, adoptado por Naciones Unidas en el año 2000 y ratificado por Colombia, define la trata de personas como la captación, transporte o traslado de personas, mediante abuso de poder, engaño o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, con fines de explotación. Cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes, no se exige probar el engaño: basta el hecho del traslado y el fin de explotación. Bajo esa definición, los hechos acreditados judicialmente en el caso Epstein —reclutamiento sistemático de menores, transporte internacional en aviones privados, explotación reiterada y una red de facilitadores— encajan con precisión en la figura de trata internacional.

La condena de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores confirmó que no se trataba de un agresor aislado. Existía una red con roles definidos: quienes reclutaban, quienes transportaban, quienes facilitaban los espacios y quienes pagaban para que todo siguiera funcionando. Esa red operó en varios países, utilizó infraestructura privada para cruzar fronteras y se sostuvo durante años gracias al dinero y al silencio. Así operan las redes de trata cuando alcanzan las élites.

Lo que resulta especialmente incómodo es que, dentro de los archivos del caso, aparecen referencias que conectan esa red con Colombia. Existen menciones documentadas de víctimas de nacionalidad colombiana, incluidas menores de edad, cuyos relatos y circunstancias corresponden a patrones clásicos de trata: captación temprana, traslado internacional, explotación prolongada y revictimización a través del silencio. Estos datos no provienen de rumores, sino de documentos judiciales y reportes periodísticos basados en material oficial. Colombia no fue un territorio ajeno ni marginal en esta historia.

El país, además, es reconocido como expulsor de víctimas de trata. Las cifras oficiales hablan de decenas de casos identificados cada año, pero organizaciones sociales y expertos coinciden en que existe un subregistro estructural. La impunidad es alta y las investigaciones rara vez avanzan hacia redes complejas y transnacionales. En ese contexto, los archivos del caso Epstein debieron encender alertas institucionales inmediatas.

En ese mismo conjunto de documentos aparece el nombre del expresidente Andrés Pastrana. Su mención no surge de especulación, sino de registros objetivos y declaraciones incorporadas a los archivos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Existen registros de vuelo que lo ubican como pasajero en aeronaves vinculadas a Epstein, así como referencias a encuentros y viajes en los que participaron personas centrales de la red. Estos elementos no constituyen, por sí mismos, una condena penal, pero sí configuran un vínculo verificable con el entorno de una estructura criminal de trata de personas.

En cualquier Estado que se tome en serio sus obligaciones internacionales, esa información sería suficiente para activar mecanismos de verificación, cooperación judicial y, al menos, una investigación preliminar. Sin embargo, en Colombia ocurre lo contrario. La Fiscalía General de la Nación no ha informado públicamente la existencia de investigación alguna relacionada con estos hechos. No hay comunicados, no hay indagaciones conocidas, no hay explicación institucional sobre por qué un nombre mencionado en archivos de una red internacional de trata no ha sido siquiera objeto de revisión.

El problema no es desconocer la presunción de inocencia. El problema es la ausencia total de acción. El derecho internacional impone a los Estados el deber de investigar de oficio cuando existen indicios razonables de delitos graves, especialmente tratándose de trata de personas y de posibles víctimas nacionales. No investigar también es una forma de incumplimiento.

Nombrar el caso Epstein como lo que fue —una red internacional de trata de personas— permite entender por qué tantos nombres aparecen y desaparecen sin consecuencias. Permite entender por qué las víctimas tardaron décadas en ser escuchadas. Y permite formular la pregunta que sigue sin respuesta en Colombia: ¿por qué, frente a indicios documentados, el Estado guarda silencio? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, la impunidad seguirá viajando en primera clase.

 

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La ICE de Donald Trump asesinó a una poeta

En una mañana gélida, de esas que parecen congelar incluso el aliento de los sueños, Renée Nicole Macklin Good, poeta, madre y ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada por un agente del ICE mientras se encontraba dentro de su propio vehículo. No era el objetivo de ninguna redada. No tenía antecedentes penales. No portaba armas. Tenía hijos, versos y una vida común, esa que el poder suele considerar prescindible.

Renée había nacido en Colorado Springs, una ciudad de colinas abiertas y cielos largos. En sus redes sociales se describía con una ironía suave: “poeta, escritora, esposa, madre y guitarrista mediocre”. Estudió escritura creativa en la Old Dominion University y en 2020 recibió un premio de poesía. Sus amigos la recuerdan como una mujer generosa: té caliente, galletas recién hechas y conversación honesta para quien tocara su puerta.

Era madre de tres hijos: una adolescente de 15 años y dos niños de 12 y 6. El menor había perdido a su padre en 2023, y Renée —como tantas mujeres— sostuvo el duelo ajeno con el propio cuerpo, con palabras, con presencia. Criar, leer, escribir: resistir.

El 7 de enero, después de dejar a su hijo menor en la escuela, Renée regresaba a casa junto a su pareja cuando, en una calle nevada de Minneapolis, agentes del ICE ejecutaban una operación migratoria masiva. Ella no era buscada. No figuraba en ninguna lista. Quedó atrapada en un cerco que no la incluía, salvo como daño colateral.

Los videos conocidos muestran una escena devastadora: gritos, confusión, armas desenfundadas. Renée intenta alejarse. No se sabe si por miedo, por desconcierto, por puro instinto de supervivencia. Entonces un agente dispara contra su camioneta. Tres veces. Una bala impacta en su cabeza. Minutos después, Renée muere en el hospital.

La reacción fue inmediata y conocida. El Departamento de Seguridad Nacional y el propio Donald Trump afirmaron que la mujer intentó atropellar a los agentes. La narrativa de siempre: deshumanizar a la víctima, justificar la violencia, clausurar las preguntas incómodas. La más elemental de todas sigue sin respuesta: ¿por qué una poeta fue asesinada por un agente federal en su propio país?

No se trata de ideología. No es una disputa entre derechas e izquierdas. Es algo más crudo y más antiguo: violencia institucional, ejercida en nombre de la “seguridad”, administrada como procedimiento, ejecutada con balas. Un sistema que dispara primero y explica después. Un Estado que convierte la vida en riesgo aceptable.

Renée Nicole Macklin Good no era una amenaza. Era una mujer que escribía. Y precisamente por eso su muerte importa. Vivirá en sus versos, pero también en la memoria de quienes se niegan a aceptar que la justicia pueda vestirse de uniforme, apuntar y matar sin consecuencias.

Porque cuando el Estado asesina a una poeta, no solo se apaga una vida: se dispara contra la palabra misma.

 

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Siete días de enero y Trump ya quemó el mundo

Siete días han pasado de enero y el mundo ya parece una mezcla rara entre una película de Tarantino, una serie de Black Mirror, el Titanic y una mala secuela de Hollywood dirigida por el algoritmo. Apenas alcanzamos a guardar el arbolito de Navidad cuando Donald Trump decidió que el año nuevo venía con invasión incluida: algo así como empezar dieta un lunes y romperla el martes con chicharrón, arepa y gaseosa grande.

En una sola semana, Trump invadió Venezuela, se llevó a Nicolás Maduro como si fuera un electrodoméstico decomisado. Maduro llegó a Nueva York con un gorrito estilo Mickey Mouse, saludando en inglés muy educado y tomándose fotos con agentes de la DEA, como si fuera paseo escolar con escolta armada. Mandaron a freír espárragos a María Corina Machado (sí, la ningunearon) y, en un giro digno de telenovela de las nueve, dejaron en el poder al chavismo puro y duro, ahora encabezado por Delcy Rodríguez: el de Chávez, el que dice ser de Bolívar, el que supuestamente iban a erradicar.

Para completar el cuadro, el actor Fernando Carrillo confesó que la ahora presidenta de Venezuela fue su gran amor. Normal: ahora todos quieren con Delcy, incluso los que juraban odiarla hasta ayer.

La derecha colombiana quedó gringa y sin libreto. Pedían a María Corina y les salió chavismo reciclado. No les quedó más remedio que borrar tuits, fingir demencia digital y empezar a ensayar mensajes tibios a favor del nuevo chavismo “globalizado”. María Corina, lejos de rendirse, le promete a Trump el Premio Nobel de la Paz; pero no por pacifista, sino por arrastrada. La Academia responde que no se puede. Trump refunfuña, dice que ese premio es suyo por derecho divino, que él es el enviado de Dios sobre la Tierra para traer la paz y remata aclarando que en Venezuela no habrá elecciones pronto: es decir, la democracia jamás le interesó y Delcy se eternizará en el poder. A Edmundo Castillo ni lo nombran. Al final, para cerrar el sainete, reconocen como válidas las elecciones que dieron a Maduro como presidente y, como si no fuera suficiente, la justicia gringa declara que el cartel de los soles no existe.

De paso, Trump dice que vio a los venezolanos y le parecieron gente fea —seguro vio a Capriles, a Leopoldo López o a la Tintori—, acusa de narcotraficante a Gustavo Petro, amenaza con bombardear Bogotá y con llevárselo detenido a Estados Unidos.

Petro, que no es precisamente extra en esta película, responde con espada, Bolívar y retórica de plaza pública. Y las plazas se llenan, porque en Colombia, cuando el presidente está en aprietos externos, la gente sale como si fuera final del Mundial o velatón por la dignidad. Jugada maestra.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el caos interno hace cameo: una mujer asesinada en Minneapolis por un agente de ICE, protestas, rabia y un país que se cae a pedazos mientras intenta salvar al mundo, como ese tío borracho que quiere dar consejos de vida en plena fiesta familiar.

Y entonces, en medio de este sainete, Trump y Petro hablan por teléfono, se tratan con cariño y se citan en la Casa Blanca, como si después de agarrarse a madrazos por WhatsApp uno dijera: “Bueno, mañana hablamos con tintico”. Se prometen verse en persona. Capaz y es una trampa; todo es posible.

La derecha colombiana, que tanto pedía diplomacia, estalla de rabia: a Álvaro Uribe le da dolor de estómago, Abelardo de la Espriella no sabe qué show montar, Paloma Valencia se inventa entrevistas con un señor de sombrero y poco falta para que digan que Colombia está arrodillada al imperio gringo… y terminen declarándose comunistas, rojos, bolivarianos y chavistas para hacer oposición. Nace incluso un nuevo cartel en Colombia: el cartel de los solos, liderado por Vicky Dávila, que llama infame a Petro por desescalar el conflicto diplomático con Trump.

Por si faltaba algo, Trump amenaza a Groenlandia y la derecha europea, encabezada por Giorgia Meloni, sale a protestar.

Siete días han pasado de enero.

Si esto es el comienzo, no quiero imaginar qué viene.

Un enero distópico siempre anuncia un febrero peor.

 

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Cuando el mundo calla, el verdugo avanza

En 1938, cuando Adolf Hitler anexó Austria en el Anschluss, las potencias europeas y Estados Unidos eligieron no intervenir. No fue desconocimiento: fue conveniencia. Se habló de evitar una guerra, de no provocar, de ganar tiempo. Ese mutismo fue leído como autorización. Hitler entendió que podía avanzar sin consecuencias. Un año después vino Checoslovaquia; luego Polonia; después, el mundo entero en llamas.

Las consecuencias fueron devastadoras. La Segunda Guerra Mundial dejó entre 70 y 85 millones de personas muertas, en su mayoría civiles. Ciudades arrasadas, genocidios industrializados, continentes traumatizados. El silencio no evitó la guerra: la hizo posible.

Hoy, la escena se repite con otros nombres y la misma impunidad. Benjamin Netanyahu conduce una devastación sostenida sobre Gaza con respaldo militar, financiero y político de Estados Unidos. A comienzos de 2025, más de 70.000 palestinos han sido asesinados, y las proyecciones —incluida la advertencia de la relatora franco-albanesa— elevan la cifra potencial hasta 680.000 víctimas. La mayoría son mujeres, niños y población civil. Millones han sido desplazados. No se trata solo de muerte: se trata de expulsión, de limpieza territorial.

Como lo advirtió Gustavo Petro, Palestina es hoy el experimento: lo que se prueba allí puede replicarse mañana en otros pueblos del mundo. El mundo emite comunicados tibios, pide “moderación”, habla de “complejidades”. Y calla ante lo esencial. Ese silencio vuelve a operar como permiso.

Donald Trump entendió esta lógica y la perfeccionó: fuerza sin pudor, desprecio por el derecho internacional, transacciones presentadas como destino. Bajo su gobierno, Estados Unidos bombardeó o atacó directamente Siria, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Libia, y sostuvo operaciones militares y ataques indirectos en Nigeria. Cuando el poder se sabe impune, avanza. Primero bombardea, luego explica. Primero arrasa, luego nombra.

La imagen del poder caminando entre ruinas no es metáfora: es método. Arriba, trajes; abajo, ciudades pulverizadas. La muerte convertida en paisaje administrable.

El botín tampoco es abstracto. Venezuela está marcada por su petróleo y su gas: sanciones, asfixia económica y amenaza permanente. Luego aparece Groenlandia, codiciada por sus minerales estratégicos, tierras raras y su ubicación clave en el control del Ártico. Y después Colombia: agua dulce, biodiversidad, territorios militarizados, energía y mano de obra barata. El orden del saqueo siempre avanza del silencio a la ocupación.

¿Qué falta? Decisión política global. Romper la sumisión. Desconocer el secuestro del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU, dominado por vetos imperiales, y otorgar fuerza jurídica vinculante a la Asamblea General de la ONU, donde participan democráticamente todos los países del mundo. Pero al planeta le falta valentía y le sobra obediencia frente a las potencias.

La historia enseña una lección simple y brutal: cuando el mundo calla, el verdugo entiende. Y actúa. Callar ante la anexión fue abrir la puerta a la guerra. Callar ante el genocidio es empujarla otra vez. Porque el silencio no es neutral: es una decisión política. Y sus consecuencias siempre caen sobre los mismos cuerpos.

 

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La derecha quedó gringa

La derecha soñó con una intervención de Estados Unidos que barriera al chavismo y despertó con resaca: el chavismo sigue intacto y la oposición quedó mirando el techo. No quedó María Corina Machado, no quedó ningún héroe exportable; quedó el mismo aparato de siempre, ahora con traje de administrador.

El episodio fue raro desde el inicio. Nicolás Maduro apareció en Nueva York, tranquilo, saludando en inglés y deseando feliz año, no como víctima de una agresión. Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez estaba en Moscú, conversando —¿de qué?— mientras en Caracas todo seguía en “normalidad”. Muy poco épico para una guerra y demasiado ordenado para no oler pactos comerciales debajo de la mesa.

Ni China ni Rusia enviaron mensajes contundentes. Silencio diplomático, tono bajo, nadie rasgándose las vestiduras. Y eso dice más que mil comunicados: cuando el negocio manda, el ruido estorba. Celebran algunos el “secuestro”, pero olvidan el detalle incómodo: queda el chavismo, con Delcy al frente y su entorno —Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López— llamando a la calma, no a la protesta permanente.

Washington, por su parte, no habló de elecciones ni de alternancia. Habló de administrar. Porque, si se hila fino, lo que importa es el petróleo; y ese negocio no camina con guerra civil entre oposición y chavismo. Resultado: la oposición fue descartada y la “democracia” quedó para después. A María Corina le dijeron “gracias por participar”; Edmundo Castillo ni apareció en el guion.

El remate fue cómico: la derecha regional borrando tuits a la carrera —Paloma Valencia incluida— y la prensa sin saber qué decir. Donald Trump dicta, el comercio manda, el chavismo administra… y la derecha, confundida, aprende una lección vieja: cuando manda el negocio, la ideología hace fila.

 

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La justicia en helicóptero: colonialismo, derecho internacional y Venezuela

Desde que comenzaron a circular versiones sobre una supuesta incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la “captura” de Nicolás Maduro, el debate se llenó de gritos, aplausos prematuros y celebraciones irresponsables. Pero conviene hacer lo que casi nadie quiere hacer en medio del ruido: confrontar los hechos para determinar si se ajustan o no al derecho internacional, con política real y con algo que hoy escasea más que el petróleo: sentido histórico. Lo primero que hay que decir, sin rodeos, es que lo ocurrido el 3 de enero de 2026 en Venezuela no se ajusta al derecho internacional. No hubo captura confirmada, no hubo operación reconocida, no hubo transición alguna. Lo que sí hubo fue una avalancha de propaganda, especulación y deseo disfrazado de noticia.

Y aun así, el ejercicio sirve, porque revela algo más profundo. Si una captura de Nicolás Maduro de ese tipo hubiese ocurrido sin autorización expresa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sin un proceso formal de extradición y mediante el uso de la fuerza en territorio soberano, estaríamos ante un problema jurídico mayúsculo. No importa cuánto odio despierte Maduro ni cuántos crímenes se le atribuyan: la soberanía estatal no es una opinión, es un principio fundante del orden internacional. La Carta de la ONU prohíbe el uso unilateral de la fuerza. El derecho internacional no autoriza la “justicia por comando”. Incluso los criminales tienen procedimiento, porque cuando el procedimiento se rompe, lo que cae no es solo un gobierno, sino la norma que protege —o debería proteger— a todos.

Pero hay algo todavía más grave que la fantasía de la captura: el saqueo abierto. En ninguna parte del derecho internacional existe una figura que permita a una potencia apropiarse de los recursos naturales de otro país, administrar su petróleo, “custodiarlo” o gestionarlo mientras llega un gobierno más conveniente. Eso no se llama transición: se llama colonialismo puro y duro, con helicópteros o sin ellos. La apropiación de recursos naturales mediante amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional humanitario, del principio de autodeterminación de los pueblos y del derecho permanente de los Estados sobre sus riquezas naturales. Dicho sin eufemismos: son crímenes internacionales.

Desde la política real, además, no hay justicia sino poder. No jueces, no tribunales, no debido proceso: decisión geopolítica desnuda. Gana el más fuerte, no el mejor argumento jurídico. Estados Unidos no actúa como garante del derecho, sino como potencia que impone hechos consumados. Llamar a eso “liberación” es propaganda; confundirlo con justicia, una ingenuidad peligrosa.

En el plano moral aparece la trampa más cómoda: como Maduro es un dictador, entonces cualquier cosa está bien. Falso. Como cayó —o como se desea que caiga— entonces fue correcto. Falacia. La ilegitimidad de un régimen no convierte automáticamente en legítima una intervención armada ni un saqueo económico. Un criminal puede caer, sí, pero el método puede seguir siendo ilegal, inmoral y profundamente destructivo. Celebrar el resultado imaginado sin mirar el camino es la forma más rápida de justificar cualquier barbaridad futura.

Y aquí está lo verdaderamente inquietante: el precedente. Si hoy se normaliza la idea de que una potencia puede intervenir, capturar, administrar recursos y rediseñar países a su antojo, mañana cualquiera podrá hacerlo. Se rompe la arquitectura mínima del orden internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar esto. La ley del más fuerte vuelve a mandar, y lo hace sin vergüenza.

Más grave aún es el silencio. La Organización de los Estados Americanos calla. La ONU calla. La Corte Penal Internacional calla. El derecho internacional, creado para frenar el horror, hoy parece no servir para nada cuando el infractor es el poderoso. No es que las normas no existan: es que no se aplican.

Por eso resulta tan alarmante que los candidatos presidenciales de la derecha colombiana, y el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, hayan salido a felicitar con entusiasmo a Donald Trump. No solo están en un error jurídico y político monumental; representan un peligro real para la democracia colombiana. Porque quien aplaude el colonialismo ajeno hoy, justificará el autoritarismo propio mañana. Quien celebra la violación del derecho internacional cuando le conviene, terminará celebrando la violación de la Constitución en casa. Duele decirlo, pero hay que decirlo: no están defendiendo la democracia, están enseñando —con sonrisa y aplausos— cómo destruirla.

 

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Dejaron viendo un chispero a María Corina Machado

Durante meses, María Corina Machado fue presentada como el rostro exportable de la “libertad” venezolana: bien peinada, bien traducida, bien aplaudida. La pasearon por foros internacionales, la subieron al decorado del Nobel —ese teatro donde la paz suele aplaudirse antes de las guerras— y la envolvieron en un espectáculo de salvación democrática que pedía, sin sonrojo, invasión extranjera como método de liberación. Todo muy serio, muy solemne. Hasta que el poder real habló. Y la dejó viendo un chispero.

El mensaje vino de Donald Trump. No hubo mención, ni llamada, ni palmada en la espalda. Trump fue explícito: no ha hablado con Machado y ella no lidera porque “no tiene el apoyo de todos”. En una frase, Washington resolvió que la figura cuidadosamente inflada no servía para gobernar. El show terminó. Se apagaron las luces. El Nobel, al parecer, no gobierna.

Queda la pregunta —maliciosa, inevitable— de si Trump nunca superó que el Premio Nobel de la Paz (o de la guerra, como mejor debería llamarse) se lo dieran a Machado. ¿Fue ese el desquite? ¿Dejarla subir al escenario para luego recordarle que los premios no mandan y que el poder no se entrega con diplomas sino con acuerdos?

Mientras Machado pedía intervención militar en nombre de la libertad —esa libertad que siempre llega en bombardero— Trump anunciaba otra cosa: Estados Unidos administrará Venezuela, llevará petroleras estadounidenses, controlará el petróleo y definirá la transición. No habló de democracia ni de elecciones. Habló de administración, de control y de fuerza. Venezuela, en su relato, dejó de ser país y pasó a ser inventario.

Entonces apareció el nombre verdadero del poder. Trump confirmó conversaciones previas entre su secretario de Estado, Marco Rubio, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según él, ella habría dicho: “haremos lo que necesiten”. No fue diplomacia. Fue subordinación con modales. Trump incluso sostuvo que, al haber sido electa vicepresidenta bajo el mandato de Nicolás Maduro, es ahora quien gobierna. La transición, en su voz, no nace del voto ni del consenso interno, sino del aval de Washington.

Ahí se cayó la máscara. La transición no era con la oposición “democrática”, ni con el rostro pulido para Europa. Era sin Maduro, pero con el chavismo en el poder. Una salida pactada desde adentro, con petróleo de por medio y continuidad institucional garantizada. Exactamente lo que meses atrás se rumoreó: una negociación de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge para una transición sin Maduro, pero sin ruptura del régimen. Cambiar el conductor, no el vehículo.

María Corina Machado fue útil mientras sirvió para legitimar el discurso de invasión, pedir sanciones y aplaudir la fuerza extranjera como redención. Cuando llegó la hora de decidir quién manda, la apartaron sin ceremonia. El Nobel fue escenografía. La presidencia, otra cosa.

Y surge otra pregunta incómoda, ahora del otro lado de la frontera: ¿la derecha colombiana, tan entusiasta de los bombardeos ajenos, pedirá ahora que derroquen a la “chavista” Delcy Rodríguez? ¿Se atreverá a ir en contra de la decisión de Trump o, como siempre, ajustará el discurso para aplaudir lo que venga de Washington?

Al final, lo de Maduro no fue derrota militar ni caída popular: fue traición. Una salida negociada, acordada con antelación, donde unos entregaron y otros administran. Y Trump lo dijo sin pudor, como quien dicta un editorial definitivo: “Nuestros adversarios están notificados de que Estados Unidos puede imponer su voluntad en cualquier lugar”.

Así terminó el espectáculo. Machado quedó mirando el chispero. Delcy gobierna. Estados Unidos manda. Y Venezuela paga el precio de una transición hecha sin pueblo, sin soberanía y con petróleo como garantía.

#DonaldTrump #EEUU #Venezuela

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Trump bombardea Venezuela y amenaza a América Latina

Cuando el imperio se acorrala

Cuanto más acorralado se encuentra Donald Trump por su propio pueblo —por las sombras que regresan desde la lista Epstein, por el rechazo que crece en las calles, por una legitimidad que se le escurre entre los dedos— más aprieta el gatillo lejos de casa. La historia lo repite como una mala costumbre: cuando el poder tiembla, busca un enemigo externo para disimular su derrumbe interno. Y hoy ese enemigo vuelve a ser Venezuela.

Las explosiones que sacudieron Caracas y el litoral central no cayeron del cielo por accidente. Según lo que se conoce hasta ahora, los ataques se concentraron en áreas estratégicas: instalaciones militares en la capital, puntos del estado La Guaira, zonas del eje metropolitano. Aviones a baja altura, columnas de humo, el sobresalto de una ciudad que aprende —otra vez— a vivir con el miedo. No hay confirmación independiente de capturas ni de “golpes quirúrgicos” impecables; lo que sí hay es ruido de guerra y un libreto viejo: petróleo, recursos naturales, control geopolítico.

Porque Venezuela no es solo un país: es una bóveda. Bajo su suelo descansan reservas que despiertan la codicia de quienes gobiernan con el cálculo frío de las ganancias. Y cuando la ambición se disfraza de “seguridad”, la guerra se vuelve negocio. Así empieza la invasión moderna: no siempre con tropas, a veces con titulares, sanciones, drones y promesas de “orden”.

Desde Colombia, la derecha más ruidosa no tardó en aplaudir. Celebran el bombardeo como si fuera un espectáculo ajeno, piden que el fuego cruce fronteras, fantasean con ver caer bombas sobre Bogotá como si la violencia fuera una solución exportable. Olvidan —o fingen olvidar— que cada guerra se cobra primero a los pobres, a las mujeres, a los niños; que ninguna bomba distingue ideologías cuando estalla.

Lo que se sabe, por ahora, es fragmentario y grave: ataques reportados en la capital y el litoral; acusaciones cruzadas; versiones oficiales sin verificación independiente; un clima regional que se enrarece. Lo que se intuye es peor: una oscura era de invasiones que amenaza a América Latina, donde los conflictos internos del norte buscan redención a punta de misiles en el sur.

La guerra, como siempre, llega envuelta en palabras nobles y termina dejando escombros. Y cuando pase el humo, quedará la pregunta incómoda: ¿quién gana cuando un imperio dispara para tapar sus propios fantasmas? Aquí, abajo, ya sabemos la respuesta.

 

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Paro armado del ELN: ¿contra Trump o contra Colombia?

Colombia vuelve a entrar en ese ritual macabro que ya conoce de memoria: el paro armado. El ELN decretó en diciembre 72 horas de inmovilidad forzada y, como siempre, la orden no fue un gesto simbólico sino una amenaza directa a la vida cotidiana. No se muevan, no trabajen, no transiten. Y como siempre, el miedo volvió a hacer de Estado en muchas regiones.

En las primeras horas se reportaron más de cincuenta acciones violentas: ataques a la infraestructura, bloqueos de vías, amenazas a la población civil, hostigamientos armados. Nada extraordinario para un país donde la guerra se ha vuelto costumbre y donde los actores armados repiten su libreto como si el tiempo no hubiera pasado.

El ELN afirma que el paro es una protesta contra Donald Trump y las supuestas amenazas de intervención estadounidense. Pero la explicación cojea. Si el enemigo es Washington, ¿por qué el castigo lo sufren campesinos, transportadores, comerciantes y enfermos? Desde cuándo la lucha antiimperialista se ejerce encerrando pueblos y sembrando terror en carreteras secundarias. El presidente Petro lo dijo sin rodeos: esas no son amenazas contra Trump, son amenazas contra Colombia. Y tiene razón.

Pero la cosa no termina ahí. El paro armado ocurre en un momento políticamente sensible: un gobierno de izquierda intentando sostener un proyecto de cambio, un ambiente preelectoral cargado y una oposición que ha hecho de la inseguridad su mejor argumento. En ese contexto, la violencia funciona como propaganda involuntaria —o no tanto— para quienes sostienen que la izquierda no sabe gobernar y que el país necesita volver a la mano dura.

Al mismo tiempo, el caos armado encaja perfectamente en la narrativa de Trump: países desordenados, Estados débiles, enemigos internos que justifican presiones, sanciones y eventualmente intervención. Un paro armado que se proclama antiestadounidense termina siendo el mejor argumento para quienes quieren “salvar” a Colombia a punta de bombas.

Y detrás de todo asoma una sospecha más antigua: la de la doctrina de seguridad nacional, importada durante décadas, que convirtió el conflicto armado en un fenómeno funcional. Primero fue el comunismo, luego la subversión, después el narcotráfico. El enemigo cambia de nombre, pero el negocio permanece. Guerra eterna, cooperación militar eterna, dinero eterno.

El paro armado no es solo una protesta ni solo un desafío al gobierno Petro. Es otra escena de una guerra que, curiosamente, siempre estalla cuando conviene. Y casi nunca a favor de Colombia.

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