En las entrañas del poder colombiano se gesta un conflicto silencioso que amenaza con sacudir las bases de la democracia. Gustavo Petro, un presidente en el filo de la contienda, enfrenta una persecución judicial y disciplinaria orquestada por la Fiscalía y la Procuraduría, con el beneplácito de las Altas Cortes de la justicia, generando un oscuro escenario que pretende llevarlo a un juicio político para materializar el tan anhelado golpe de estado con el que fantasea la ultraderecha colombiana.
El gobierno de Petro resiste en medio de una estructura estatal completamente derechizada y su defensa, lejos de estrategias jurídicas sólidas— porque no las tienen— o un aparato de comunicación consistente, descansa legítimamente en la movilización social, la única carta que se juega en una partida, donde la verdad se desdibuja entre las mentiras proferidas por los medios tradicionales de comunicación, que imponen los intereses de la ultraderecha y los intereses económicos multinacionales que la respaldan.
Desde el 7 de agosto de 2022, la oligarquía nacional pretende derrocar al primer gobierno popular y de izquierda en la historia del país. El poder económico legal y mafioso ya ha dado la orden, el viejo régimen de derecha establecido, conspira, los medios de comunicación, ambientan y la derecha judicial ejecuta el plan golpista. Los magistrados de las Altas Cortes, la Procuraduría y la Fiscalía, se erigen como los anclajes antidemocráticos en el Estado. En este juego retorcido, el discurso del “respeto a las instituciones” revela su verdadero rostro: el fin de este gobierno antes del 2026.
Las amenazas de un Golpe de Estado no deben ser subestimadas en un país donde son frecuentes en la historia los magnicidios y la violencia oligárquica. Petro, cuyo gobierno se sustenta en la movilización popular, responde a las amenazas llamando a la acción ciudadana, el corazón mismo del proyecto democrático. Pero no será suficiente la movilización popular, ¿entonces? ¿qué se puede hacer? El presidente tiene la solución a la crisis institucional generada por el absolutismo judicial con el solo cumplimiento de una promesa de su campaña presidencial: La creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad.
La Comisión Internacional contra la Impunidad puede dar solución a la crisis institucional generada por los intentos de Golpe de Estado de la Derecha. El discurso anticorrupción fue usado ampliamente durante la campaña presidencial y generó una alta expectativa entre la ciudadanía respecto a lograr resultados más efectivos contra la corrupción y esa expectativa generada durante la campaña debe ser correspondida con hechos concretos por parte del Gobierno.
La propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad tiene como modelo inmediato la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue una comisión creada el 12 de diciembre de 2006 y disuelta el 3 de septiembre de 2019. Surgió del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad de ese país y aprobada posteriormente por el Congreso de la República.
La CICIG se gesta a raíz de los esfuerzos de la Sociedad Civil guatemalteca preocupada por la amenaza a la democracia, que representaban las redes criminales en Guatemala después del acuerdo de paz de 1996. Como reacción a este clamor popular, en 2006 el gobierno guatemalteco le pidió a la ONU que le ayudara a establecer una iniciativa para auxiliar a las instituciones locales a investigar, enjuiciar y a desmantelar poderosas redes criminales generadas en el posconflicto.
Esta comisión operó como un organismo internacional de investigación independiente que actuaba bajo la ley guatemalteca y dependía del sistema de justicia local, su finalidad era apoyar al Ministerio Público (entiéndase que en Colombia es la Fiscalía), la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número determinado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para enfrentar a los grupos ilegales en el futuro. Priorizó cinco grandes temas en la investigación y persecución penal: El primero es el contrabando y defraudación tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el tercero es la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto es la corrupción judicial, y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala.
El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre la ONU y Guatemala fue unilateralmente finalizado por el presidente Jimmy Morales, aludiendo a la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país. La ONU rechazó y condenó este proceder. Desde 2007, Esta Comisión apoyó investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones contra el expresidente y vicepresidente de Guatemala; el procesamiento de altos funcionarios del gobierno, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos presidentes anteriores, miembros del Congreso y ministros del gobierno; la destitución de jueces corruptos y miles de agentes de policía; y la detención de narcotraficantes poderosos.
El comisionado a cargo para el período 2014-2019 fue el colombiano, hoy ministro de defensa, Iván Velásquez Gómez, que por realizar este trabajo fue galardonado con el Premio Right Livelihood del año 2018. La CICIG es considerada uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado en el mundo. Por ello, la organización se ha ganado reconocimientos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la sociedad civil guatemalteca y también recibió apoyo bipartidista en los Estados Unidos.
Ante la decidida oposición al gobierno que hace la rama judicial y el ministerio público, quienes a su vez son cómplices y encubridores de los crímenes de la derecha colombiana, es imperioso establecer nuestra propia Comisión Internacional Contra la Impunidad. Esta comisión será fundamental para desentrañar lo que la justicia colombiana ordinaria y transicional no ha esclarecido hasta ahora: las responsabilidades relacionadas con la implementación de la doctrina de seguridad nacional, los vínculos entre el narcotráfico y el poder político, las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de carácter socio-político cometidas en el país y todos los delitos de corrupción que mantuvieron a la derecha local, regional y nacional en el poder durante tanto tiempo.
Las víctimas de la represión en el paro nacional y sus organizaciones acompañantes tendrían una gran oportunidad de contar con su propia comisión de esclarecimiento, no debe olvidarse que en gran medida la fuerza de movilización popular que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia fue el estallido social de 2021.
La sola movilización popular no será suficiente para detener los intentos de Golpe de Estado. Por tanto, es nuestro deber democrático exigir la existencia y respaldar la creación y funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad como la solución más efectiva para desmantelar la criminalidad de derecha y golpista en Colombia.
Por: Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad.