Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se dio uno de los golpes más importantes al sistema judicial colombiano con la sanción de la Ley 906 de 2004, que sustituyó la antigua Ley 600 de 2000. Esta ley, bandera del uribismo, prometía una justicia más rápida y contundente para acabar con la delincuencia que aquejaba al país.
Mientras la Ley 600 permitía que los acusados siguieran libres hasta que la sentencia fuera definitiva, respetando el principio de inocencia, la Ley 906, con ese toque de “mano dura” tan característico de Uribe, abrió la puerta para que la captura se ordenara apenas la sentencia estuviera en firme. Menos garantías para la defensa, más poder para el Estado y mayor rapidez para encerrar a quien se cruzara en el camino.
El caso contra Uribe, en el que se le acusa de fraude procesal y soborno de testigos — y que tuvo como protagonista a la jueza Sandra Heredia, quien lo condenó en primera instancia — es el ejemplo perfecto de esta ley en acción.
Pero aquí viene lo jugoso: Uribe, el mismo que sancionó esta ley para apretar el puño contra los acusados, ahora pide que lo dejen libre mientras su apelación avanza. La Ley 906, esa estrella de su gobierno, dice “no” y le recuerda que las reglas son las reglas, aunque duelan.
¿La moraleja? A veces, las leyes que uno crea para castigar a los demás terminan siendo la jaula donde uno mismo queda atrapado. Uribe quiso la mano dura, y ahora la mano dura le toca a él. ¡Qué ironía, que hasta el más fuerte puede quedar enredado en sus propias redes!