Categoría: 2025

Cada vez que en Colombia se anuncia un aumento significativo del salario mínimo se activa un ritual que ya es costumbre nacional. Aparecen los mismos voceros, con los mismos gestos graves y las mismas advertencias apocalípticas: que habrá desempleo, que crecerá la informalidad, que se disparará la inflación, que las pequeñas empresas quebrarán y que, en general, el país se habrá metido en una aventura irresponsable. El salario sube, nos dicen, y la economía se cae. Lo curioso es que el salario ha pasado décadas sin subir de manera sustancial y, aun así, la economía tampoco se volvió justa ni próspera para la mayoría.

El argumento más repetido es que subir el salario mínimo destruye empleo. Se afirma que los empresarios no podrán pagar y despedirán trabajadores. Sin embargo, Colombia ha tenido altos niveles de desempleo incluso en los años en que el salario mínimo crecía apenas por encima de la inflación o incluso por debajo de ella. El desempleo no parece reaccionar con obediencia a la modestia salarial. Además, los sectores que concentran mayor capital y toman las decisiones económicas más relevantes no pagan salario mínimo. Ningún banquero, ningún alto ejecutivo, ningún gran accionista ha reducido su nómina porque el salario del vigilante o de la cajera aumente. El desempleo en Colombia no es consecuencia del salario mínimo sino de un modelo económico que concentra riqueza y reparte precariedad.

También se afirma que un aumento del salario mínimo empuja a los empleadores hacia la informalidad. El argumento resulta casi cínico en un país donde más de la mitad de los trabajadores ya es informal desde hace décadas. La informalidad no apareció cuando el salario subió: existía cuando el salario era insuficiente para vivir. El verdadero problema no es el nivel del salario sino la ausencia histórica de inspección laboral, la permisividad estatal frente al incumplimiento de la ley y la naturalización del abuso. Culpar al salario mínimo de la informalidad es como culpar al paraguas de la lluvia.

Otro de los temores invocados es la inflación. Se nos dice que si los trabajadores ganan más, los precios subirán automáticamente. Pero la experiencia muestra que los precios en Colombia suben incluso cuando los salarios no lo hacen. Suben los alimentos, sube la energía, sube el transporte, suben los arriendos, y rara vez alguien culpa a la especulación, a los monopolios o a las fallas estructurales del mercado. El salario mínimo, en cambio, siempre ha corrido detrás de la inflación, nunca delante de ella. Atribuirle el aumento de precios es confundir causa con efecto o, peor aún, elegir al culpable más débil.

Con frecuencia se apela a la difícil situación de las pequeñas y medianas empresas. Se afirma que no pueden soportar salarios más altos y que terminarán cerrando. Sin embargo, las pymes no quiebran porque sus trabajadores ganen un poco más; quiebran porque el crédito es caro, los impuestos son regresivos, los grandes competidores fijan precios y la gente no tiene dinero para consumir. Un salario mínimo más alto no asfixia a la pequeña empresa: le devuelve clientes. El problema es que, mientras se invoca a la pyme como argumento moral, las políticas públicas suelen beneficiar a los grandes conglomerados.

Cuando los argumentos económicos flaquean, aparece la acusación política: subir el salario mínimo es populismo. El término se usa con una elasticidad notable. Es populista mejorar el ingreso de los trabajadores, pero no lo es rescatar bancos con recursos públicos, ni condonar impuestos a grandes empresas, ni socializar pérdidas privadas. En Colombia, el populismo parece consistir exclusivamente en que la gente viva un poco menos mal.

También se insiste en que primero debe aumentar la productividad y luego los salarios. La idea suena técnica, pero es profundamente injusta. La productividad no depende del trabajador sino de la inversión, la tecnología, la organización empresarial y el modelo productivo. Exigirle al trabajador que sea más productivo sin mejorar sus condiciones es pedirle que corra más rápido mientras otros deciden el rumbo, el ritmo y la meta. En la práctica, la productividad aumenta, pero las ganancias no se reparten: se concentran.

Lo que casi nunca se dice es que un salario mínimo bajo funciona como un subsidio oculto al empresariado. El trabajador mal pagado sobrevive gracias a ayudas públicas, endeudamiento, trabajo adicional o apoyo familiar. El Estado termina cubriendo lo que el mercado laboral no garantiza. Tampoco se dice que un salario digno reduce la violencia cotidiana, el estrés social, la desigualdad y la desesperanza. Y menos aún se reconoce que mejorar el salario no solo redistribuye ingresos, sino también poder.

En el fondo, el miedo al aumento del salario mínimo no es técnico ni económico. Es político. Porque cuando la gente puede vivir con dignidad, también puede pensar, organizarse y exigir. Y eso, para algunos, resulta mucho más amenazante que cualquier cifra de inflación.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Dicen que “los zurdos quieren todo regalado”. Lo repiten como mantra quienes se creen dueños del mérito, la eficiencia y el esfuerzo. Pero basta rascar un poco la superficie para descubrir que, en Colombia, quienes más han vivido del Estado no son los pobres ni los movimientos sociales, sino la derecha tradicional y los megarricos que dicen odiar el “asistencialismo” mientras estiran la mano con una destreza admirable.

El problema no es que existan subsidios o créditos públicos: el problema es quién logra capturarlos. Porque cuando el Estado ofrece un incentivo, un crédito blando o una beca, los primeros en llegar no son los campesinos sin asesoría ni los estudiantes brillantes sin redes, sino quienes tienen abogados, contadores y gestores especializados en doblar requisitos sin romperlos. La ley no se viola: se optimiza. Y eso también es una forma de privilegio.

Ahí está el caso, ampliamente debatido en la opinión pública, de Juan José Lafaurie Cabal, hijo de María Fernanda Cabal, quien accedió a un crédito con recursos de Finagro y a un subsidio asociado, presentándose como pequeño productor. Todo dentro de los márgenes formales. El detalle incómodo es el contexto: pertenecer a una de las familias más influyentes del gremio ganadero y del uribismo duro, ese mismo que lleva años despotricando contra los subsidios “para vagos”. No es ilegal. Es revelador.

El caso más estructural es Colfuturo. Durante décadas, su esquema de crédito-beca benefició de manera desproporcionada a estudiantes de estratos 5 y 6: colegios privados, educación bilingüe, universidades de élite y respaldo familiar suficiente para asumir deudas en dólares. No es un accidente: es diseño social.

Colfuturo ha estado históricamente dirigido y financiado por representantes del gran capital colombiano. En su junta directiva y órganos de dirección han participado figuras vinculadas a los principales conglomerados económicos y financieros del país. Entre ellos, el nombre más emblemático: Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país y beneficiario histórico de políticas estatales, concesiones y contratos públicos. También han tenido asiento o representación empresarios y altos ejecutivos ligados a grupos como Colpatria (Grupo Scotiabank Colpatria), al gran sector bancario, asegurador y empresarial, es decir, los mismos megarricos que dominan la economía nacional.

Colfuturo no es una ONG popular ni una política pensada desde la desigualdad real. Ha funcionado como un negocio elegante para las élites: el Estado pone recursos, garantías y legitimidad; los grandes grupos aportan dirección y redes; y el resultado es que el dinero público financia trayectorias que ya venían con ventaja. Luego, muchos de esos beneficiarios regresan a ocupar cargos en bancos, consultoras, multinacionales o en el propio Estado, cerrando el círculo perfecto.

La derecha colombiana no quiere un Estado pequeño: quiere un Estado selectivo. Gigante para proteger patrimonios y socializar pérdidas, microscópico para derechos, educación y salud de la mayoría. Por eso el cuento de que “el Estado sobra” solo aparece cuando el beneficiario no son ellos.

Así que no: los que quieren todo regalado no son “los zurdos”. Son los mismos de siempre, expertos en llamar privilegio a los derechos ajenos y mérito a sus propias ayudas públicas.

Por Justicia & Dignidad

Periodismo independiente e investigativo

En Colombia las reformas no mueren por cansancio sino por cerco. No se agotan en el debate: las asfixian. Así ha pasado con la reforma a la salud, esa que intentó devolverle dignidad al paciente y sentido público al cuidado. En el Congreso de la República la dilataron, la fragmentaron, la enredaron en procedimientos hasta volverla irreconocible. Y si cuando logra avanzar alguna reforma, la Corte Constitucional termina por desmontar piezas centrales, como si el derecho a los derechos fundamentales o sociales fuera una concesión técnica y no un mandato social.

No es un hecho aislado. La consulta popular —esa herramienta mínima para preguntarle al país qué quiere— también fue bloqueada. El mensaje se repite con precisión mecánica: cuando el cambio viene de abajo, la rama legislativa lo tranca; cuando logra colarse, la rama judicial lo poda. No es un choque de poderes; es una coreografía de contención.
En ese contexto no sorprende que resurja la palabra prohibida: Constituyente. No como capricho ni como atajo autoritario, sino como respuesta a un sistema que convirtió el trámite en trampa. Por eso se registró ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No es la Constituyente aún; es apenas el primer paso: recoger alrededor de tres millones de firmas válidas, pasar luego por el Congreso —otra vez el Congreso— y, si no bloquea, permitir que el pueblo decida en las urnas.
La idea no cae del cielo. En el Acuerdo Final de Paz quedó sembrado un espíritu constituyente: un gran pacto nacional para ampliar la democracia, garantizar derechos y cerrar, por fin, la guerra social. Ese Acuerdo tiene rango constitucional especial y fue depositado ante la Organización de las Naciones Unidas. No convoca por sí solo una Constituyente, pero sí reconoce algo fundamental: que sin transformaciones estructurales no hay paz posible.
¿Quiénes se oponen? Los de siempre. Las derechas colombianas que hicieron de la desigualdad un modelo y del miedo un programa. Los mismos que llaman “inseguridad jurídica” a perder privilegios y “populismo” a que la gente decida. Son, en el fondo, enemigos de la paz y de la justicia social.
De ahí que la discusión no sea solo jurídica. Es política y es ética. La Constituyente no sustituye la movilización; la necesita. Tampoco reemplaza las elecciones: las exige. Necesitamos mayorías en el Congreso, porque un Congreso capturado no puede seguir siendo el muro contra la salud, la educación, el trabajo digno y la paz.
El país está cansado de tocar la puerta correcta y encontrarla cerrada desde adentro. Cuando la ley le da la espalda al pueblo, el pueblo busca otra forma de entrar. No para romper la casa, sino para volverla habitable.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

No se acabaron las becas para estudiar en el exterior. Lo que se acabó —y eso explica el escándalo— es la intermediación privada de la Fundación Colfuturo, una fundación que durante décadas administró recursos públicos como si fueran patrimonio familiar. Cuando el Estado decidió retirar su dinero y asumir directamente la tarea, la aristocracia financiera gritó “crisis”, “improvisación” y “atentado contra la educación”. Traducción: nos quitaron el negocio.

Colfuturo no es una ONG de barrio ni una asociación de maestros. Es una fundación dirigida históricamente por la élite económica y política del país, esa misma que habla de meritocracia desde clubes privados y universidades extranjeras. En su junta han figurado nombres que no necesitan presentación: Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval; Eduardo Pacheco Cortés, de Colpatria–Scotiabank; Luis Felipe Arrubla Marín, del Grupo Santo Domingo; Mauricio Cárdenas Müller, gerente de la organización Sarmiento Angulo; Jorge Londoño Saldarriaga, expresidente de Bancolombia; junto a figuras de la política tradicional como Ana Milena Muñoz de Gaviria y altos funcionarios del establecimiento educativo y jurídico.

Eso no es diversidad social: es aristocracia financiera administrando plata pública.

El modelo funcionaba así: el Estado ponía miles de millones, Colfuturo decidía cómo se prestaban, a quién se le prestaban y bajo qué condiciones. Se llamaba “crédito-beca”, pero el riesgo lo asumía el estudiante y el control lo tenía el privado. Todo muy moderno. Todo muy eficiente. Todo muy poco democrático.

Ahora el Gobierno dice algo elemental: las becas al exterior continúan, pero las otorgará directamente el Estado. Con reglas claras, con criterios sociales, con exigencia académica, con responsabilidad fiscal y con filosofía de endeudamiento, como corresponde a un Estado social de derecho, no a una fundación privada con junta de banqueros. Exactamente lo que Colfuturo decía hacer, pero sin intermediarios.

La mentira de que “se acabaron las becas” no es ignorancia: es estrategia. Sirve para ocultar que lo que se acabó fue la comodidad de decidir desde arriba quién merece estudiar afuera y quién no. Sirve para defender la idea de que la educación pública necesita permiso del capital privado para existir.

El problema nunca fue estudiar en el exterior. El problema fue —y sigue siendo— quién controla la llave. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, la llave vuelve al Estado. Y por eso el ruido.

Porque no se acabó la educación.

Se acabó el intermediario.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

No queríamos que la tristeza hiciera nido en sus corazones.
Por eso llegamos.
Porque cuando la muerte pasa primero, alguien tiene que llegar después con las manos abiertas y la memoria despierta.
Desde el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz acompañamos a los niños y niñas de la Comuna 7. Su profe William Fernando murió, y no íbamos a permitir que la muerte se quedara sola con ellos, que se sentara tranquila en las sillas del barrio como si fuera costumbre. La muerte no puede tener la última palabra cuando hay infancia alrededor, aunque el Estado muchas veces se la conceda.
Eso es la maternidad en los territorios: ponerse a la tarea sin pedir permiso, hacer lo que toca cuando las instituciones no llegan, cuando la política oficial se queda en papeles y la vida real ocurre en las calles.
Acoger como hijitos propios a una niñez golpeada por la pobreza y la guerra, esa guerra que no siempre dispara balas, pero que dispara desplazamientos, hambres, duelos tempranos y maestros que mueren sin reemplazo.
Llegaron niños venezolanos, expulsados por el hambre y la frontera.
Llegaron niños desplazados del norte del Cauca, perseguidos por una guerra que no eligieron.
Llegaron los niños del proceso de La Caracola, que siempre llegan porque saben que aquí hay refugio.
Y como siempre pasa en los procesos que resisten, llegaron mujeres: madres de corazones buenos, de esos que sostienen lo que el Estado abandona.
Y llegó el payasito Manzanita, recordándonos que la risa también es un derecho. Hizo reír a los niños y niñas, les devolvió la carcajada que la violencia intenta borrar primero. Vino en agradecimiento porque el profe William lo acompañó alguna vez. La risa fue memoria, fue justicia simbólica, fue una forma de decir que la vida no se rinde tan fácil.
Estuvo Isabel Ruano, nuestra madre monita. Llegó sin organización, sin siglas, sin discursos oficiales. Llegó con lo único verdaderamente urgente: la bondad de su corazón. Trajo regalos, rosquillas con dulce, jugo. Rezó la novena como quien protege el territorio, porque para ella la Navidad no es consumo, es cuidado colectivo. Isabel es una política del amor.
Nos acompañó Laura Bahos, con su disponibilidad incondicional.
Doña Ruby Arias estuvo allí, enseñándonos que el orden también es resistencia y que hablarle a Dios en lenguaje propio es un acto de dignidad.
Estuvo Mónica, sosteniendo la logística, porque la justicia social también necesita organización, conteo, cuidado, presencia.
Y Merceditas, empacando regalos como un acto político silencioso: ningún niño sin nombre, ningún niño sin regalo, ningún niño sin lugar.
Estuvo la profe Paloma.
Claudia y Diego, formados políticamente en el barrio, demostrando que la educación popular deja raíces.
Los dos Guillermos, uno desde Australia y otro desde Popayán, confirmando que la solidaridad no reconoce fronteras.
Martica, nuestra matriarca.
Emilse, desde la Guardia Intercultural, defendiendo la vida.
Diana Carolina, desde el amor al profe William.
Natalia y Farbin, sosteniendo La Caracola cuando nadie más mira.
Y estuve yo, Sofía López, cronista y aprendiz, sabiendo que escribir también es un acto político: nombrar lo que el poder prefiere invisible.
Celebramos esta Navidad no como una fiesta, sino como una afirmación.
Afirmamos que nuestros niños y niñas importan.
Que la guerra no es destino.
Que el cuidado es una forma de lucha.
Y mientras haya madres dispuestas a llegar después de la muerte,
la vida seguirá organizándose para resistir.

Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz

En Colombia existe una confusión muy útil para la oposición: hacer creer que los impuestos aparecen porque a un presidente se le ocurrió, y no porque el Estado, como cualquier casa, necesita ingresos para no quebrarse. Esa confusión volvió con fuerza tras la tumbada de la Ley de Financiamiento: una ley técnica, aburrida y poco sexy, pero absolutamente vital. Justo el tipo de cosas que el Congreso disfruta sabotear mientras grita “dictadura”.

La ley de financiamiento no es un invento chavista ni una conspiración bolivariana. Es, en términos simples, el instrumento que dice de dónde sale la plata para pagar lo que el mismo Congreso ya aprobó gastar. Presupuesto sin financiamiento es como aprobar el mercado familiar y luego negarse a sacar la billetera: mucho entusiasmo, cero responsabilidad.

¿Qué fue lo que pasó? El Congreso aprobó un presupuesto ambicioso —salud, educación, programas sociales— y después decidió tumbar la ley que garantizaba los ingresos para financiarlo. No por errores técnicos graves, sino por una mezcla conocida: oposición política, cálculo electoral y una vieja costumbre nacional de legislar sin hacerse cargo de las consecuencias.

La ley buscaba recaudar alrededor de 26 billones de pesos. No del rebusque, ni del vendedor de empanadas, ni de la señora del Sisbén. La carga estaba concentrada en los más ricos, los grandes patrimonios y las grandes empresas, incluyendo sobretasas a sectores financieros y recortes a beneficios tributarios que funcionan como subsidios de lujo. Es decir, tocar donde duele… pero donde hay con qué.

¿Había impuestos indirectos? Sí, algunos ajustes al consumo. Pero el grueso del recaudo venía de arriba, no de abajo. Sin embargo, en el relato opositor eso se convirtió mágicamente en “van a empobrecer al pueblo”, dicho —como siempre— por quienes no usan TransMilenio ni hacen mercado sin escolta.

Hundida la ley, el Gobierno quedó frente a una ecuación elemental: gastos aprobados, ingresos insuficientes. Y aquí conviene recordar algo básico: la Constitución no permite quedarse cruzado de brazos mientras el país entra en riesgo fiscal. O se recorta el gasto social, o se deja de pagar, o se usan mecanismos extraordinarios. Y ahí aparece el tan demonizado decreto de emergencia económica.

El decreto no es un capricho autoritario. Es una herramienta constitucional prevista precisamente para situaciones como esta: cuando existe una amenaza grave al orden económico y fiscal. Permite, por un tiempo limitado, legislar por decreto, bajo revisión automática y estricta de la Corte Constitucional. No es poder absoluto: es poder temporal, condicionado y vigilado.

Pero Colombia es especialista en paradojas. El Congreso tumba la ley de financiamiento, luego critica el decreto que intenta suplirla, y después celebra si la Corte tumba el decreto. Es la política del “no a todo”, con una sola excepción: no a asumir responsabilidades.

Si la emergencia también se cae, las consecuencias no son retóricas ni ideológicas. Son concretas: menos recursos para programas sociales, aplazamientos en inversión pública, mayor incertidumbre fiscal, desconfianza económica y un Estado obligado a gobernar con el freno de mano puesto. Todo eso para que los mismos de siempre puedan decir que “el Gobierno no ejecuta”, después de haberle quitado la chequera y roto la tarjeta.

Mientras tanto, los sectores que más debían aportar celebran. Porque cada ley tributaria hundida es, en la práctica, una exención informal para los poderosos. No legislar también es legislar: a favor de quienes ya tienen.

Al final, el país no está ante un debate técnico sino ante una pregunta política simple:

¿quién paga el Estado?

¿los que más tienen o los que siempre terminan pagando el desorden ajeno?

Tumbar la Ley de Financiamiento y luego el decreto no es defensa de la democracia.

Es sabotaje fiscal con aplausos.

Y cuando el Estado se queda sin recursos, el daño no lo sienten los congresistas:

lo siente el país.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo