Por: Justicia & Dignidad / Periodismo Independiente e Investigativo
En Colombia la justicia parece un Frankenstein: un monstruo armado con pedazos de leyes, costuras de favores políticos y tuercas apretadas a medias. Da miedo. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá decidió que Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno, siga en libertad mientras avanza su apelación. La misma toga que le dictó la condena impecable, ajustada a la Ley 906 de 2004, hoy es arrastrada y pisoteada.
Durante el gobierno de Uribe nació la Ley 906 de 2004, presentada como la joya de la corona del “Estado de Opinión” y la mano dura contra la delincuencia. A diferencia de la Ley 600, que garantizaba libertad hasta sentencia definitiva, la 906 permitió que los jueces ordenaran la captura tras una condena en primera instancia. La regla era clara: una vez hay sentencia, hay prisión.
Uribe, creador de ese armazón jurídico, cayó atrapado en su propia trampa. La jueza Sandra Heredia aplicó la ley al pie de la letra: condena en primera instancia, cárcel inmediata. La ironía es brutal: la “mano dura” diseñada por el uribismo se devolvió contra su arquitecto.
Pero el monstruo nunca duerme. En menos de quince días, los hilos del poder movieron la máquina. El Tribunal tildó de “vaga e imprecisa” la decisión de la jueza y le devolvió la libertad al expresidente. Un mismo país, dos caras: la jueza que cumple la ley necesita protección internacional; el expresidente condenado celebra abrazado por su partido y aplaudido por senadores extranjeros.
Sandra Heredia, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, hoy vive bajo amenaza. Fasol, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial, tuvo que pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para salvaguardar su vida. Mientras ella camina custodiada por escoltas, Uribe sonríe en los noticieros.
La imagen es tan grotesca como cierta: la justicia en Colombia coja, arrastrando una pierna herida por la presión política. El péndulo no se mueve por la ley sino por el poder. A un lado, la puerta se abre para el expresidente; al otro, se cierra sobre la jueza que osó tocarlo.
¿Quién protege a la justicia de Colombia? Esa es la pregunta que desvela y que aterra. Porque aquí la justicia no es ciega: es un monstruo que camina tambaleante, al servicio de quienes saben manipular sus costuras.