El expresidente Álvaro Uribe Vélez sorprendió con una carta en la que dice que renuncia a la prescripción de su proceso penal. La noticia corrió rápido, como si se tratara de un gesto heroico, casi un acto de valentía. Pero detrás de esa declaración solemne hay más teatro político que realidad jurídica.
¿Qué es la prescripción?
En palabras sencillas: la prescripción es un límite de tiempo que tiene el Estado para investigar y juzgar un delito. Si ese plazo se cumple, el proceso se acaba automáticamente, porque la Constitución protege a las personas de ser perseguidas de manera indefinida.
No es un “premio” ni un “beneficio” que alguien pueda aceptar o rechazar. Es como el vencimiento de una leche: llega la fecha y se vence, quiera o no el consumidor.
Por eso, cuando el plazo se cumple, el juez está obligado a cerrar el caso, aunque el acusado diga: “yo quiero que me sigan juzgando”.
¿Se puede renunciar a eso?
No. La Corte Suprema de Justicia lo ha repetido varias veces: en derecho penal la prescripción es de orden público, es decir, no depende de lo que quieran el acusado, los abogados o la Fiscalía. Una vez llega la fecha, el proceso muere por sí solo.
En cambio, en los temas civiles o de deudas sí se puede renunciar. Si alguien debía plata hace años y legalmente ya no está obligado a pagar, puede decidir hacerlo por su voluntad. Pero en lo penal no funciona así, porque allí no se trata de acuerdos entre particulares, sino de la capacidad del Estado para sancionar delitos.
Entonces, ¿qué hizo Uribe?
En términos jurídicos: nada. Su carta es simbólica. El 16 de octubre de 2025 era la fecha en la que prescribía su proceso, y él anunció que “renunciaba” para que lo siguieran juzgando. El problema es que la ley no le da ese poder: aunque él diga que renuncia, si llega la fecha sin fallo, los jueces tienen que declarar la prescripción.
Lo que sí logra la carta es un efecto político: mostrar a Uribe como un hombre que no se esconde, que quiere enfrentar la justicia, que no busca atajos. Es un movimiento mediático, no legal. Una puesta en escena para ganar puntos en la opinión pública.
El verdadero asunto
En Colombia, estas maniobras no son nuevas. Las élites saben convertir cada trámite judicial en espectáculo político. Lo que debería ser un asunto técnico se transforma en relato: el del perseguido que da la cara, el del líder que no teme ser juzgado.
Pero más allá de la carta, lo que preocupa al país no es si Uribe renuncia a algo a lo que no puede renunciar, sino el ambiente que rodea su regreso a la arena política. Apenas se le levantó la detención domiciliaria, el país volvió a sentir la sombra de los atentados y la violencia. La coincidencia es demasiado evidente.
A qué debería renunciar de verdad
Más que a la prescripción, lo que Uribe debería hacer es renunciar a lo que sí depende de él: a la violencia, al miedo y al terror como herramientas de campaña. Eso es lo que necesita Colombia.
Porque la paz no se construye con cartas teatrales ni con gestos simbólicos, sino con decisiones reales. Y hoy, más que nunca, el país necesita menos espectáculo y más serenidad.
Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo