¿Una magistrada severa que carga el peso de dos mundos —el militar y el judicial— o la pieza clave de un tablero político que amenaza con desestabilizar la democracia?
¿Es, como sugieren sus críticos, la “magistrada del camuflado” que juega en las sombras de un golpe blanco?
¿O solo una jueza celosa de su independencia?
Lombana no surgió de la carrera judicial, sino del Ejército colombiano, donde alcanzó el grado de mayor. Veinte años en filas marcaron su carácter y su modo de entender la jerarquía y la lealtad. En 2019, su nombre saltó a los titulares cuando el periodista Daniel Coronell publicó la columna La calladita: un retrato de silencios, omisiones y posibles conflictos de interés. Coronell recordaba que Lombana había trabajado con Jaime Granados, el abogado de Álvaro Uribe Vélez, y que no lo mencionó en su hoja de vida cuando fue elegida magistrada. También señalaba que, al ser seleccionada, aún figuraba como militar en servicio activo.
La historia tomó un giro inesperado cuando fue elegida para integrar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el mismo escenario que investigaba al expresidente Uribe. Su pasado castrense y sus antiguos vínculos profesionales comenzaron a despertar sospechas dentro y fuera del Palacio de Justicia. ¿Cómo interpretar que una oficial del Ejército terminara en una sala encargada de juzgar a civiles, y entre ellos, a figuras del poder político y militar?
Años después, nuevos reportes periodísticos recordaron otro dato inquietante: Lombana había estado casada con el mayor William Roberto del Valle, un oficial procesado por ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos. Coronell escribió que incluso lo habría representado legalmente y que omitió informarlo a la Corte. No se trata de responsabilizarla por los delitos de su exesposo, sino de subrayar que debió declararlo por transparencia. Los silencios, en su caso, pesan tanto como los hechos.
La magistrada que evitaba los reflectores reapareció en los noticieros en 2025, cuando ordenó el allanamiento de la vivienda de Armando Benedetti. Pero lo más inquietante fueron las denuncias previas del ministro —mano derecha de Petro— sobre los sobrevuelos de helicópteros y drones en su vivienda días antes del operativo. La imagen de Lombana bajando de un helicóptero, con pantalón camuflado, se volvió símbolo de una justicia que algunos consideran politizada y otros, valiente.
La casa de Benedetti quedó destruida: rompieron paredes y pisos, y además, la esposa del exembajador denunció haber sido maltratada por la magistrada militar.
El episodio reavivó la pregunta: ¿dónde termina la independencia judicial y dónde comienza la agenda política?
En paralelo, circularon audios del abogado Diego Cadena, conocido por su cercanía con Uribe, y de un hombre identificado como Manuel Castañeda, alias “el narcochofer”. En las grabaciones se mencionaba a “una magistrada” de la Corte que podría servir de enlace para involucrar a figuras de la izquierda con el narcotráfico. Los medios señalaron que la descripción coincidía con Lombana, aunque nunca se divulgó una prueba definitiva ni existe fallo judicial sobre ello. La Corte no se pronunció, la Fiscalía guardó silencio y la magistrada tampoco habló.
Su mutismo volvió a ser noticia: en la era de los micrófonos abiertos, su silencio retumba más que cualquier declaración.
Con el paso del tiempo, los expedientes y las columnas han dibujado un perfil de poder en solitario: una mujer formada en la disciplina militar, habituada a obedecer y a mandar, que llegó a un tribunal civil en medio de una tormenta política. Sus detractores la acusan de ser el puente entre los cuarteles y los despachos judiciales; sus defensores la ven como víctima de una persecución por su pasado castrense.
Pero las preguntas persisten: ¿a quién responde una magistrada que fue oficial del Ejército, trabajó con el abogado de Uribe y hoy investiga casos que afectan al gobierno? ¿Es coincidencia su cercanía con expedientes sensibles para el progresismo, o forma parte de un diseño mayor? ¿Está la justicia colombiana actuando sola o alineada —voluntaria o involuntariamente— con intereses de Washington y de ciertos círculos de poder económico?
Mientras los opositores del presidente viajan a Estados Unidos para denunciarlo, y mientras figuras como el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno —quien ha expresado abiertamente su animadversión hacia Petro por denuncias relacionadas con el Banco del Pacífico y el caso Chambuco Consult— o exfuncionarios de vieja guardia alimentan discursos de deslegitimación, el país asiste a una coreografía inquietante: una guerra jurídica sin uniformes, pero con togas, expedientes y filtraciones.
Lombana, la mayor que se volvió magistrada, parece ser la figura en torno a la cual giran esas sospechas.
En los cafés del centro de Bogotá se repite una pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta:
¿Es Cristina Lombana una jueza más o la pieza judicial de un proyecto político que busca desestabilizar al gobierno?
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo