El pasado 18 de junio, el gobierno central celebraba en el Meta la entrega masiva de más de 12.000 hectáreas de tierra a víctimas del conflicto, presentándolo como el hito definitivo de su reforma agraria. Pero seis días después, cuando las cámaras se apagaron y el Estado se retiró de las regiones, el terror privado reclamó su territorio. La noche del 24 de junio, la finca La Primavera, en la vereda Naria de Puerto López, se convirtió en el escenario de una denuncia que las organizaciones sociales llevan meses advirtiendo: el Estado está entregando títulos de propiedad, pero está dejando los cuerpos de los campesinos a merced de los despojadores.
Esa noche, un grupo de hombres armados irrumpió en el predio asignado legalmente el 28 de mayo a la Asociación Regional de Víctimas del Conflicto Social y Población Desmovilizada para la Producción Agropecuaria. Lo que siguió no fue un asalto común, sino un acto de tortura física y psicológica planificado para enviar un mensaje ejemplarizante a toda la región. Cinco miembros de una misma familia campesina fueron amarrados de pies y manos e indefensos en la penumbra. Entre los agredidos se encontraban una adulta mayor de 72 años y una adolescente de 14 años, golpeadas sistemáticamente con machetes y palos. Para forzar su desplazamiento inmediato, los atacantes prendieron fuego a sus motocicletas, ropas y herramientas, bajo la orden explícita de abandonar la tierra si querían conservar la vida.
Según los testimonios recogidos en la zona, los agresores afirmaron actuar bajo las órdenes de un sujeto conocido con el alias de Salomón, quien reclama ser el antiguo poseedor del predio recuperado por la Agencia Nacional de Tierras. Este ataque expone la cara más feroz de la contrarreforma agraria en Colombia: mientras las instituciones recuperan las hectáreas en los escritorios, en el terreno los antiguos despojadores contratan mano de obra criminal para revertir las decisiones oficiales a sangre y fuego. El caso de Puerto López no es un hecho aislado; es un patrón sistemático de persecución que ya se replica con amenazas y hostigamientos en el Urabá antioqueño y en Tuluá. Si la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no intervienen de inmediato para desmantelar estas estructuras e investigar a los determinadores, los títulos legítimos de propiedad seguirán siendo una condena de muerte y la reforma agraria, una fábrica de nuevos desplazados.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo