El panorama político tras la reciente segunda vuelta presidencial en Colombia ha dado un giro alarmante hacia la intolerancia y la agresión sistemática. Tras la elección de Abelardo de la Espriella, las narrativas de estigmatización contra los sectores de oposición e izquierda han pasado de las redes sociales a las calles de los territorios, evidenciando una preocupante agudización de la violencia política por el simple hecho de expresar opiniones discrepantes.
Uno de los hechos más graves y recientes que confirma esta cruda realidad ocurrió la noche del pasado 27 de junio de 2026 en la calle 17 de la ciudad de Pasto. Piedad Lorena Guerrero Coka, reconocida artista visual, gestora cultural y defensora de derechos humanos en el departamento de Nariño, fue víctima de una salvaje tentativa de homicidio motivada exclusivamente por razones ideológicas.
De acuerdo con la denuncia pública emitida por la Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos de Nariño (POSVDH) y la Mesa Territorial de Garantías, la activista se encontraba conversando con un grupo de artistas locales cuando el debate se orientó hacia la actual coyuntura electoral. Al manifestar su postura política, un grupo de mujeres abiertamente afines a la línea de ultraderecha se abalanzó sobre ella de manera desmedida.
Los detalles de la agresión denotan una sevicia explícita: Piedad Lorena fue golpeada y arrastrada por la calle. Acto seguido, sus atacantes utilizaron una botella para romperle el rostro, causándole una herida de gravedad que se extiende desde la frente hasta la nariz. Mientras la agredían físicamente, las atacantes la amenazaron de muerte gritándole textualmente: «te vamos a destripar».
Ante la gravedad de este ataque cobarde, las organizaciones sociales han catalogado el hecho como un fruto directo de la campaña de hostilidad, estigmatización y eliminación del pensamiento progresista promovida en medios de comunicación por el candidato electo. Por ello, se ha exigido a la Fiscalía General de la Nación activar de urgencia la Unidad Especial de Investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales del suceso. Asimismo, se le ha solicitado a la Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín, un pronunciamiento tajante que le exija al presidente electo Abelardo de la Espriella un compromiso real para desescalar el uso del «voto fusil» y detener las narrativas de odio antes de que las diferencias políticas sigan cobrándose la vida y la integridad de los ciudadanos.