Pocas cosas resultan más cómicas y a la vez más pavorosas que un político tocado por la gracia divina. Sucedió el pasado primero de agosto en Puerto Colombia, donde el presidente electo, Abelardo de la Espriella, decidió reunir a su futuro gabinete en un «retiro espiritual» de pura opereta. Allí, entre oraciones, ministros de rodillas y cánticos santurrones, el mandatario entrante repartió Biblias personalizadas con los colores y el logotipo de su movimiento político —Defensores de la Patria— y proclamó, sin que se le arrugara el traje, que estaba «tocado por el Espíritu Santo» para obrar la «Patria Milagro».
La escena, entre caribeña y grotesca, retrata esa vieja obsesión de las élites por vestir la ambición terrenal con incienso de utilería. Que un gobernante pretenda editar las Sagradas Escrituras a la medida de su campaña para autoerigirse en mensajero celestial puede parecer un espectáculo extravagante o un chiste de farándula. Sin embargo, la sustitución de la Constitución por la iluminación individual entraña un peligro siniestro para la democracia y la libertad de cultos.
El problema fundamental del mesianismo político es que no admite contradicción: cuando el caudillo se cree voz de la divinidad, el opositor deja de ser un rival ciudadano para convertirse en un enemigo de la fe. La historia enseña que cuando los gobernantes se asumen como instrumentos de Dios, la religión abandona el fuero privado y se transforma en una doctrina de exterminio. Lo atestiguan las Cruzadas, las piras de la Inquisición o la masacre de la Conquista de América, donde la fe fue el salvoconducto para el despojo.
El ejemplo más sangriento y contemporáneo de este delirio lo presenciamos hoy con el Estado de Israel, que, escudado en la atávica premisa de ser el «pueblo elegido de Dios», ejecuta a la vista del planeta un implacable genocidio contra la población palestina. No ha existido jamás una atrocidad en la historia humana que no haya buscado antes la bendición de un altar.
La democracia solo sobrevive si el Estado se mantiene estrictamente laico. Cada cual es libre de rezar a la deidad que prefiera en la intimidad de su hogar, pero la política pública no se dicta por revelación ni se legisla con Biblias impresas al gusto del gobernante. Ante la tentación del fanatismo, la defensa de la libertad exige recordar que las leyes de una nación se debaten entre personas libres, no se acatan por mandato divino.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo