En Colombia, la llegada de un nuevo gobierno de extrema derecha siempre viene acompañada del mismo libreto: boato, devoción de misa dominical y un catálogo de castigos ejemplares para calmar los ánimos de la galería. La reciente posesión presidencial de Abelardo de la Espriella no fue la excepción. Entre discursos de mano dura y promesas de salvación nacional, la gran bandera volvió a ser la misma de siempre: la cadena perpetua para los violadores de menores. Un reclamo que suena impecable, justo y enérgico, diseñado para que la ciudadanía aplauda de pie la firmeza del nuevo mandatario.
El problema —el verdadero y descarado problema— no es la propuesta en sí, sino la puesta en escena. Porque el encargado de darle el visto bueno celestial al nuevo presidente, la mano sagrada que se alzó para bendecir la ceremonia de posesión, fue la de monseñor José Roberto Ospina Leongómez. Un prelado que no viene precisamente de la santidad, sino de las páginas de El archivo secreto, esa demoledora investigación periodística que destapó cientos de denuncias de abuso sexual contra niños y el sistemático encubrimiento dentro de la Iglesia colombiana. Un obispo que, lejos de rendir cuentas, continuó su impecable carrera hasta ser nombrado para dirigir la atención espiritual de las Fuerzas Militares y la Policía.
Allí queda al desnudo la gran grieta de la extrema derecha patria. Cuando se trata del delincuente común, del hombre de a pie o del miserable sin padrinos, la justicia debe ser implacable, rápida y sin contemplaciones: cárcel de por vida y que se pudra entre los barrotes. Pero si el acusado lleva sotana, mitra o un apellido influyente, el discurso de la severidad se evapora en un segundo. La indignación moral se transforma de inmediato en prudente silencio, en reserva institucional y en el argumento de que los trapos sucios de la fe se lavan en privado y con oración.
La pregunta que queda flotando tras los aplausos de la banda presidencial es muy sencilla: ya que el nuevo gobierno llega tan decidido a aplicar la ley sin contemplaciones, ¿será que estrenará la famosa cadena perpetua con los jerarcas eclesiásticos salpicados por abuso de menores y con quienes los taparon durante décadas? La respuesta es clara y conocidos por todos: la mano dura en este país es un garrote reservado exclusivamente para los de abajo, mientras los señores del poder se perdonan todo entre abrazos, solemnidad y agua bendita.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo