Mientras el país intentaba asimilar la devastación provocada por el reciente megaterremoto que golpeó el occidente colombiano, la ciudadanía se vio sorprendida por los anuncios del cuestionado presidente Abelardo de la Espriella, quien la noche del lunes 10 de agosto de 2026 aseguraba que entregaría una «buena noticia» a la nación. Sin embargo, la realidad que emergió en las horas siguientes distó drásticamente de cualquier alivio. La madrugada del 11 de agosto trajo consigo la confirmación del primer bombardeo aéreo ejecutado bajo el mandato de este nuevo gobierno, una operación militar desarrollada en la vereda El Sinaí, jurisdicción del municipio de San Calixto y en límites con El Tarra, en la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander.
Lejos de representar un triunfo militar, la acción aérea evidenció gravísimas fallas en las labores de inteligencia previa y se tradujo en una afectación directa para la población civil no combatiente. Según los reportes preliminares verificados en terreno por autoridades locales y organismos de control, la incursión dejó como saldo tres personas campesinas seriamente heridas por el impacto de esquirlas, entre las que se encuentra una mujer de 44 años de edad, cuyo estado requirió atención médica de urgencia. Gracias al acompañamiento oportuno de comisiones humanitarias y líderes comunitarios, los heridos pudieron ser extraídos de la zona de impacto bajo condiciones de seguridad y trasladados a centros asistenciales. De igual forma, la fuerza del ataque y la zozobra generada desencadenaron el desplazamiento forzado de familias campesinas desde la vereda El Sinaí hacia la cabecera municipal de El Tarra.
La gravedad de lo sucedido desató la reacción inmediata del Ministerio Público y organismos defensoras de derechos humanos. El personero municipal de El Tarra, Jerson Andrey Figueroa Robles, tras inspeccionar la vereda junto a líderes sociales, confirmó hechos de extrema gravedad y señaló que la acción atribuida a integrantes de la Fuerza Pública se ejecutó de manera desproporcionada, poniendo en riesgo la vida e integridad de la comunidad campesina. A su vez, la Defensoría del Pueblo se movilizó en el territorio para coordinar la respuesta institucional y exigió a las fuerzas armadas reforzar la planeación operacional bajo los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad consagrados en el Derecho Internacional Humanitario.
Este operativo demuestra que lanzar bombardeos sin un trabajo de inteligencia verificado no solo incumple los principios de distinción del DIH, sino que revictimiza a poblaciones vulnerables golpeadas históricamente por la confrontación. La supuesta «buena noticia» prometida por el Ejecutivo nacional terminó convertida en una jornada de zozobra, heridos por esquirlas y violaciones a los derechos humanos que exigen investigaciones urgentes sobre la cadena de mando responsable.
Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo