DENUNCIA PENAL Y QUEJA DISCIPLINARIA CONTRA MARÍA CAROLINA RESTREPO, DIRECTORA DEL ICBF, POR EL BORRADO INSTITUCIONAL DE LAS NIÑAS

En Colombia existe un vicio tan arraigado como peligroso: degradar los hechos que podrían constituir delitos a la cómoda categoría de «polémica de prensa». Cuando un funcionario vulnera la ley, desconoce la Constitución o atenta contra los derechos de una población especialmente protegida, la sociedad no exige una investigación; enciende la radio para escuchar un debate de opiniones. Así convertimos posibles infracciones legales en espectáculos mediáticos, como si el cumplimiento del ordenamiento jurídico dependiera de gustos personales o posturas ideológicas.

 

Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—. En agosto de 2026 se conoció una instrucción interna suscrita por el entonces director encargado de la Regional Huila, Carlos Cabrera, mediante la cual se ordenó utilizar «exclusivamente» la expresión «niños y adolescentes», suprimiendo la mención expresa de las niñas.

 

Después, la directora general del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, respondió desde Bogotá. No revocó expresamente aquella instrucción ni rechazó con claridad la exclusión de las niñas. En cambio, defendió el uso institucional de la palabra «niñez», bajo el argumento de que comprende tanto a niños como a niñas, y anunció que esa Dirección promovería una comunicación centrada en «la niñez, la adolescencia y las familias colombianas».

 

La prensa nacional calificó lo sucedido como una «controversia sobre el lenguaje». Pero reducirlo a una polémica gramatical es una forma de anestesia pública. Lo ocurrido primero en el Huila y posteriormente respaldado discursivamente desde Bogotá no es una discusión inocente sobre economía lingüística: son hechos que deben ser investigados penal y disciplinariamente.

 

Las niñas no son una repetición incómoda, una sílaba prescindible ni un exceso burocrático. Son sujetas de derechos. Nombrarlas permite reconocer que padecen violencias específicas por razón de su edad y de su género: violencia sexual, embarazo infantil, matrimonios y uniones tempranas, trata, explotación, mutilación genital, reclutamiento y múltiples formas de violencia basada en género.

 

Borrarlas del lenguaje institucional no hace desaparecer esas violencias. Lo único que desaparece es la obligación visible del Estado de reconocerlas y enfrentarlas.

 

Hablemos, entonces, con la claridad que exige el derecho y dejemos de lado los eufemismos burocráticos. El artículo 134A del Código Penal sanciona los actos arbitrarios dirigidos a impedir, obstruir o restringir el pleno ejercicio de los derechos de una persona por razón de su sexo, entre otros criterios protegidos. Corresponde a la Fiscalía determinar si la supresión institucional de la categoría «niña», atendiendo a su finalidad, obligatoriedad y efectos, puede configurar actos de discriminación.

 

No estamos afirmando que una palabra aislada constituya automáticamente un delito. Estamos señalando algo mucho más grave: la posible existencia de una instrucción oficial destinada a omitir sistemáticamente a las niñas dentro de la entidad creada para protegerlas. Eso no puede archivarse como una diferencia de estilo. Debe investigarse.

 

También debe establecerse si existió una circular, directriz, resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley y si los hechos podrían configurar prevaricato por acción, conforme al artículo 413 del Código Penal.

 

El artículo 12 del Código de la Infancia y la Adolescencia —Ley 1098 de 2006— obliga a reconocer las diferencias relacionadas con el sexo y a aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes. La CEDAW y la Convención de Belém do Pará también imponen al Estado obligaciones vinculantes de igualdad, no discriminación y protección frente a las violencias de género.

 

Una instrucción administrativa no puede borrar lo que la ley ordena reconocer. Ninguna funcionaria puede convertir sus preferencias ideológicas o lingüísticas en una directriz que debilite la protección diferencial de las niñas.

 

Si un particular ingresara a un establecimiento y prohibiera nombrar a las mujeres, reconoceríamos inmediatamente la discriminación. ¿Por qué tendríamos que guardar silencio cuando la omisión ocurre dentro de una entidad pública, con recursos del Estado y en perjuicio de las niñas más vulnerables del país?

 

No estamos ante un problema de estilo. Estamos ante la posible institucionalización de un sesgo discriminatorio y autoritario.

 

La propia Defensoría del Pueblo tuvo que requerir al ICBF para que explicara cuál es la orientación vigente, quién la impartió, desde cuándo rige, si tiene alcance nacional o regional y qué efectos puede producir sobre la visibilización de las niñas. Esas preguntas no pueden quedar sin respuesta. La Fiscalía y la Procuraduría tienen la obligación de investigar el origen, el alcance y las consecuencias de estas instrucciones.

 

Frente a hechos que pueden constituir delitos o faltas disciplinarias no basta con debatir: hay que denunciar. Si las autoridades no actúan de oficio, la ciudadanía debe romper la inercia del espectáculo y exigir que cumplan sus funciones.

 

Todas las personas podemos presentar una denuncia penal y una queja disciplinaria. No se necesita ser víctima directa ni pertenecer a una organización. Defender a las niñas del borrado institucional es defender su existencia, su dignidad y sus derechos.

 

Denunciar la discriminación también es enfrentar el autoritarismo. No permitamos que el fascismo comience por el lenguaje y termine instalado en las políticas públicas.

 

Al final de este artículo encontrarás una minuta sencilla de denuncia penal y queja disciplinaria, acompañada de los correos electrónicos oficiales para su radicación. Solo debes copiarla en un documento de Word, completar tus datos, firmarla y enviarla.

 

Porque las niñas existen. Porque las niñas tienen derechos. Y porque un Estado que deja de nombrarlas puede terminar dejando de protegerlas.

DENUNCIA PENAL Y QUEJA DISCIPLINARIA

 

POR LA EXCLUSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS NIÑAS, LA VULNERACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO Y EL DESCONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS

 

28 de agosto de 2026

 

SEÑORA

LUZ ADRIANA CAMARGO GARZÓN

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Correo electrónico: ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co

Bogotá, D. C.

 

SEÑOR

GREGORIO ELJACH PACHECO

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Correos electrónicos: quejas@procuraduria.gov.co / procurador@procuraduria.gov.co

Bogotá, D. C.

 

E. S. D.

 

ASUNTO: Denuncia penal por hechos que podrían configurar actos de discriminación, conforme al artículo 134A del Código Penal, y prevaricato por acción, conforme al artículo 413 del Código Penal; y queja disciplinaria por el incumplimiento de los deberes funcionales de servidores públicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—.

 

La persona que suscribe este documento, mayor de edad, identificada civilmente como aparece al pie de su firma, actuando en nombre propio, en ejercicio de sus derechos constitucionales y en cumplimiento del deber ciudadano de denunciar los delitos de los que tenga conocimiento, establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, presenta formalmente DENUNCIA PENAL Y QUEJA DISCIPLINARIA contra la señora MARÍA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA, en su calidad de directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF—; contra el señor CARLOS CABRERA, quien se desempeñaba como director encargado de la Regional Huila del ICBF; y contra las demás personas que resulten responsables, con fundamento en los siguientes:

 

I. HECHOS

 

PRIMERO. En agosto de 2026 se conoció públicamente una comunicación interna suscrita por Carlos Cabrera, entonces director encargado de la Regional Huila del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante la cual se ordenó utilizar «exclusivamente» la expresión «niños y adolescentes» en las comunicaciones institucionales, suprimiendo de manera deliberada la mención expresa de las niñas.

 

La instrucción no apareció espontáneamente ni puede reducirse a un descuido gramatical. Públicamente se indicó que obedecía a orientaciones provenientes de la Oficina Asesora de Comunicaciones y de la Dirección General del ICBF. En consecuencia, corresponde determinar quién diseñó, autorizó y difundió una decisión institucional que pretendió borrar del lenguaje público a una parte de la población que el Instituto tiene la obligación constitucional de proteger.

 

SEGUNDO. El 19 de agosto de 2026, la directora general del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, publicó en el portal oficial de la entidad una comunicación dirigida a todas las personas funcionarias y colaboradoras del Instituto, emitida «con ocasión de la comunicación remitida previamente desde la Dirección Regional Huila».

 

En ella manifestó:

 

«La misión del ICBF es la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia, sin distinción alguna. Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país, con pleno reconocimiento de su dignidad, sus derechos y las garantías especiales que les otorgan la Constitución y la ley».

 

Seguidamente fijó la siguiente orientación institucional:

 

«Por ello, esta Dirección promoverá una comunicación institucional clara, incluyente y acorde con la naturaleza y la misión del Instituto, que ponga en el centro aquello que nos corresponde proteger: la niñez, la adolescencia y las familias colombianas».

 

La comunicación está publicada en:

 

https://www.icbf.gov.co/todos-los-funcionarios-y-colaboradores-del-instituto-colombiano-de-bienestar-familiar

 

TERCERO. La directora general no revocó la instrucción impartida desde la Regional Huila, no rechazó la exclusión expresa de las niñas ni ordenó restablecer su mención en las comunicaciones institucionales. En lugar de corregir la actuación, defendió el uso preferente de categorías generales y estableció como línea institucional las expresiones «niñez», «adolescencia» y «familias».

 

La respuesta convirtió un acto inicialmente conocido en una regional del ICBF en una posición asumida y defendida públicamente desde la Dirección General.

 

CUARTO. No se trata de una discusión semántica, de una elección inocente de palabras ni de una simple medida de economía lingüística. Se trata de una institución pública que decidió omitir del lenguaje institucional a las niñas, precisamente cuando su obligación consiste en reconocerlas, protegerlas y hacer visibles las violencias particulares que recaen sobre ellas.

 

Las niñas no son una sílaba prescindible, una duplicación incómoda ni un exceso burocrático. Son sujetas de derechos expresamente reconocidas por la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

 

QUINTO. La palabra y categoría jurídica «niña» permite reconocer que las menores de edad de sexo femenino soportan simultáneamente discriminaciones y violencias derivadas de su edad y de su género. Suprimir su nombre del lenguaje institucional debilita su reconocimiento como sujetas diferenciadas de derechos y amenaza con borrar también las respuestas específicas que el Estado está obligado a garantizarles.

 

SEXTO. La eliminación u omisión sistemática de la palabra «niña» invisibiliza riesgos y violencias que afectan de manera particular y desproporcionada a las niñas colombianas, entre ellos:

 

1. La violencia y explotación sexual.

 

2. El embarazo infantil.

 

3. Las uniones tempranas y forzadas.

 

4. La trata de personas.

 

5. La mutilación genital femenina.

 

6. El reclutamiento, uso y utilización por grupos armados.

 

7. La violencia intrafamiliar y otras formas de violencia basada en género.

 

8. Las barreras específicas para acceder a educación, salud, participación, protección y justicia.

 

Borrar el nombre de las víctimas del lenguaje estatal no elimina las violencias que padecen; únicamente facilita su invisibilización.

 

SÉPTIMO. El artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 establece expresamente:

 

«Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este Código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad».

 

La ley no considera irrelevante la diferencia entre niños y niñas. Por el contrario, ordena reconocerla para alcanzar la equidad. Una instrucción administrativa no puede borrar lo que la ley ordena nombrar y proteger.

 

OCTAVO. La sustitución sistemática de la expresión «niñas, niños y adolescentes» por categorías generales puede afectar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas diferenciales; la recopilación de información desagregada por sexo; la asignación de recursos; y la identificación, prevención y atención de las violencias específicas contra las niñas.

 

Lo que comienza como un borrado en el lenguaje puede terminar convertido en ausencia dentro de los diagnósticos, las estadísticas, los presupuestos y las rutas de protección.

 

NOVENO. El 25 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo requirió formalmente al ICBF para que precisara:

 

1. Cuál es la orientación institucional vigente sobre el uso de las expresiones «niñas», «niños», «adolescentes» y «niñez».

 

2. Si dicha orientación tiene alcance nacional o regional.

 

3. Quién la impartió y desde qué fecha se encuentra vigente.

 

4. Cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos utilizados para adoptarla.

 

5. Mediante qué circulares, correos, lineamientos o comunicaciones fue divulgada.

 

6. Si se evaluaron sus efectos sobre la visibilización y el reconocimiento de las niñas.

 

La intervención de la Defensoría demuestra que la actuación no puede ser degradada a la categoría de «polémica lingüística». Existe una preocupación constitucional seria sobre una orientación impartida por la entidad encargada de garantizar los derechos de la infancia.

 

DÉCIMO. Frente a los cuestionamientos, el ICBF no anunció la revocatoria de la instrucción ni el restablecimiento obligatorio de la mención expresa de las niñas. La entidad defendió su posición afirmando que la palabra «niñez» comprende a niños y niñas, mientras la directora general sostuvo que hablar de niñez «no es borrar a las niñas».

 

Tal afirmación no resuelve el problema denunciado. Si realmente no existe la intención de borrar a las niñas, no hay ninguna razón jurídica ni institucional para ordenar o promover su desaparición de las comunicaciones oficiales. La manera más clara de demostrar que no se pretende borrarlas es nombrarlas y garantizar que continúen siendo reconocidas expresamente en todos los instrumentos que afecten sus derechos.

 

DECIMOPRIMERO. Los hechos deben ser investigados mediante la obtención de la comunicación original de la Regional Huila, sus antecedentes, los correos electrónicos mediante los cuales se impartió o explicó la instrucción, las orientaciones provenientes de la Dirección General y de la Oficina Asesora de Comunicaciones y los documentos o publicaciones modificados como consecuencia de estas decisiones.

 

Las autoridades no pueden limitarse a aceptar explicaciones públicas posteriores. Deben determinar quién impartió la orden, qué alcance tuvo, cuántos documentos fueron modificados, qué personas participaron y cuáles fueron sus efectos sobre la protección diferencial de las niñas.

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

1. Actos de discriminación — artículo 134A del Código Penal

 

El artículo 134A del Código Penal sanciona a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su sexo, entre otros criterios protegidos.

 

La instrucción de utilizar exclusivamente una expresión que omite a las niñas no puede analizarse como una actuación neutral. Fue impartida dentro de la entidad responsable de su protección y recayó directamente sobre el reconocimiento institucional de las menores de edad de sexo femenino.

 

Corresponde a la Fiscalía establecer si esta supresión arbitraria menoscabó el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las niñas por razón de su sexo o género, especialmente al debilitar la perspectiva diferencial exigida por el ordenamiento jurídico.

 

La investigación deberá examinar la existencia de la orden, su finalidad, obligatoriedad, alcance territorial, mecanismos de ejecución y efectos sobre las políticas, documentos y comunicaciones del ICBF.

 

2. Prevaricato por acción — artículo 413 del Código Penal

 

El artículo 413 del Código Penal sanciona al servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.

 

Debe establecerse si los servidores denunciados profirieron una circular, directriz, concepto o pronunciamiento oficial mediante el cual se ordenó excluir la palabra «niña» de las comunicaciones institucionales, pese a que el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 obliga expresamente a reconocer las diferencias relacionadas con el sexo y aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes.

 

Una directriz administrativa no puede sustituir, desconocer ni vaciar de contenido una obligación establecida por el legislador. Ninguna autoridad del ICBF tiene competencia para borrar mediante instrucciones internas una categoría jurídica que la ley reconoce expresamente.

 

Subsidiariamente, solicito que los hechos sean adecuados al tipo penal que resulte acreditado durante la investigación.

 

3. Responsabilidad disciplinaria

 

Las actuaciones denunciadas comprometen los deberes funcionales de respeto por la Constitución, la ley, la igualdad, el enfoque diferencial y la garantía efectiva de los derechos prevalentes de las niñas.

 

La expedición, defensa o ejecución de una instrucción contraria al enfoque de género puede constituir incumplimiento de los deberes funcionales, abuso o extralimitación en el ejercicio de las funciones y desconocimiento de los principios de igualdad, legalidad, imparcialidad y protección del interés superior de la infancia.

 

La libertad de expresión de una servidora pública no la autoriza para convertir sus preferencias ideológicas o lingüísticas en directrices contrarias a las obligaciones constitucionales y legales de la institución que dirige.

 

Corresponde a la Procuraduría determinar las disposiciones infringidas, la modalidad de la conducta, su gravedad y la responsabilidad individual de quienes diseñaron, impartieron, respaldaron o ejecutaron la instrucción, conforme a la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

 

4. Marco constitucional, legal e internacional

 

Los hechos deben examinarse teniendo en cuenta:

 

1. Artículo 13 de la Constitución Política: reconoce el derecho a la igualdad y ordena al Estado proteger especialmente a quienes se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta.

 

2. Artículo 43 de la Constitución Política: reconoce la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y prohíbe la discriminación contra la mujer.

 

3. Artículo 44 de la Constitución Política: establece la prevalencia de los derechos de las niñas y los niños.

 

4. Artículo 12 de la Ley 1098 de 2006: ordena aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos donde se desenvuelven niños, niñas y adolescentes.

 

5. Convención sobre los Derechos del Niño: obliga a garantizar los derechos de todas las personas menores de edad sin discriminación.

 

6. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW—: obliga a eliminar las discriminaciones y adoptar medidas específicas de protección para las mujeres y las niñas.

 

7. Convención de Belém do Pará: establece el deber de prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres y las niñas con la debida diligencia.

 

Estas normas no contienen recomendaciones opcionales. Imponen obligaciones vinculantes que ninguna servidora pública puede desconocer por medio de una directriz administrativa.

 

III. PETICIONES

 

PRIMERA. Recibir y radicar la presente denuncia penal y queja disciplinaria, asignando los números correspondientes e informándolos a la persona denunciante.

 

SEGUNDA. Abrir las actuaciones penales y disciplinarias correspondientes para establecer la responsabilidad de quienes diseñaron, aprobaron, comunicaron, respaldaron y ejecutaron la instrucción de omitir la mención expresa de las niñas.

 

TERCERA. Requerir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que entregue, conservando sus metadatos y trazabilidad, copia íntegra de:

 

1. La comunicación suscrita por Carlos Cabrera, entonces director encargado de la Regional Huila, mediante la cual se ordenó utilizar exclusivamente la expresión «niños y adolescentes».

 

2. Los antecedentes, borradores, conceptos jurídicos, observaciones y actos relacionados con dicha comunicación.

 

3. Los correos, mensajes, memorandos, actas e instrucciones provenientes de la Dirección General o de la Oficina Asesora de Comunicaciones relacionados con el uso de las expresiones «niñas», «niños», «adolescentes» y «niñez».

 

4. Los documentos mediante los cuales la instrucción fue divulgada, explicada, respaldada o ejecutada.

 

5. La respuesta completa entregada por el ICBF a la Defensoría del Pueblo.

 

6. La relación de publicaciones, documentos, sistemas, programas y piezas institucionales modificados como consecuencia de la orientación denunciada.

 

7. La identificación de las personas que impartieron, aprobaron, comunicaron o ejecutaron la instrucción.

 

CUARTA. Ordenar la preservación inmediata de los documentos físicos y digitales, correos electrónicos, mensajes, grabaciones, actas, archivos, registros de modificaciones y metadatos relacionados con los hechos, evitando su pérdida, alteración, ocultamiento o eliminación.

 

QUINTA. Recibir declaración o entrevista del señor Carlos Cabrera; de la directora general María Carolina Restrepo Cañavera; de las personas responsables de la Oficina Asesora de Comunicaciones; y de los demás servidores o contratistas que participaron en la elaboración o ejecución de las orientaciones.

 

SEXTA. Solicitar a la Defensoría del Pueblo copia del requerimiento remitido al ICBF el 25 de agosto de 2026 y de la respuesta íntegra presentada por la entidad.

 

SÉPTIMA. Establecer qué documentos, comunicaciones, protocolos, rutas, sistemas de información, campañas y políticas fueron modificados para excluir la mención expresa de las niñas.

 

OCTAVA. Determinar si la orientación afectó la recopilación de información desagregada por sexo, la asignación de recursos o la identificación y atención de violencias específicas contra las niñas.

 

NOVENA. Adoptar las medidas preventivas y provisionales legalmente procedentes para impedir que la instrucción continúe produciendo efectos mientras se esclarecen los hechos.

 

DÉCIMA. Requerir al ICBF para que restablezca y garantice la mención expresa de las niñas en todos los documentos, comunicaciones, programas, protocolos y rutas en los que resulte necesaria para asegurar la perspectiva de género y la protección diferencial de sus derechos.

 

DECIMOPRIMERA. Exigir al ICBF la publicación de una directriz clara y de alcance nacional que prohíba a sus dependencias excluir la categoría «niña» y que ordene el cumplimiento estricto del artículo 12 de la Ley 1098 de 2006.

 

DECIMOSEGUNDA. Si alguna autoridad carece de competencia total o parcial, trasladar inmediatamente el asunto a la autoridad competente, conforme al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, e informar dicho traslado.

 

DECIMOTERCERA. Comunicar a la persona denunciante los números de radicación, las dependencias asignadas y las decisiones adoptadas.

 

IV. ELEMENTOS MATERIALES E INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Solicito consultar, incorporar, recaudar y verificar:

 

1. La comunicación oficial de la directora general del ICBF dirigida a las personas funcionarias y colaboradoras del Instituto, publicada el 19 de agosto de 2026:

 

https://www.icbf.gov.co/todos-los-funcionarios-y-colaboradores-del-instituto-colombiano-de-bienestar-familiar

 

2. Las publicaciones realizadas por el ICBF durante agosto de 2026 sobre el uso de las expresiones «niñez», «niñas», «niños» y «adolescentes».

 

3. La comunicación remitida por la Defensoría del Pueblo al ICBF el 25 de agosto de 2026.

 

4. La comunicación original emitida desde la Dirección Regional Huila.

 

5. La respuesta integral del ICBF al requerimiento de la Defensoría del Pueblo.

 

6. Las publicaciones institucionales anteriores y posteriores al 19 de agosto de 2026, para identificar los cambios introducidos en el lenguaje de la entidad.

 

7. Los correos, instrucciones y documentos de la Dirección General y de la Oficina Asesora de Comunicaciones relacionados con estos hechos.

 

La presente denuncia no surge de una disputa partidista ni de una diferencia superficial sobre el lenguaje. Surge de la obligación ciudadana de impedir que una institución del Estado borre del discurso público a las niñas cuyos derechos tiene el deber de garantizar.

 

Nombrar a las niñas no es ideología. Es reconocer su existencia, sus derechos y las violencias específicas que padecen. El Estado que deja de nombrarlas empieza también a dejar de verlas.

 

V. NOTIFICACIONES

 

La persona que suscribe este documento recibirá notificaciones en:

 

Nombre completo: ______________________________________

 

Cédula de ciudadanía: __________________________________

 

 

 

Correo electrónico: ____________________________________

 

Teléfono: ______________________________________________

 

De toda consideración,

 

Firma:

 

Nombre completo: _______________________

 

Cédula de ciudadanía: _______________________

 

COPIA INFORMATIVA

 

Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Correo electrónico: direccion.general@icbf.gov.co

 

ASUNTO SUGERIDO PARA EL CORREO: Denuncia penal y queja disciplinaria por la exclusión institucional de las niñas en las comunicaciones del ICBF.