De la Espriella y el pastor John Milton Rodríguez: ¿dónde está el dinero de las 2.800 jefas de hogar?

Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella habla de recuperar recursos y poner “orden”, 2.800 mujeres cabeza de hogar acaban de recibir una noticia devastadora: el programa “Las jefas de hogar sostienen la economía popular” termina sin completar las actividades, entregas y beneficios prometidos.

El proyecto fue creado durante el Gobierno de Gustavo Petro para fortalecer la autonomía económica de mujeres que sostienen solas a sus familias. Según la convocatoria oficial, 1.960 emprendedoras individuales y 560 integrantes de organizaciones podían recibir hasta cinco millones de pesos en maquinaria, equipos o materiales. Otras 280 recibirían formación para mejorar sus posibilidades laborales. No era dinero regalado: eran herramientas para trabajar, producir y sostener hogares. «Convocatoria oficial del programa» .

Las mujeres fueron seleccionadas, recibieron visitas en sus casas y emprendimientos, asistieron a espacios de formación y construyeron planes de inversión. Sin embargo, PADF les comunicó que el convenio terminó el 27 de agosto de 2026 y que no habrá nuevas entregas, apoyos económicos ni beneficios pendientes.

El responsable de conducir la liquidación del Ministerio es John Milton Rodríguez, pastor cristiano y excandidato presidencial nombrado por De la Espriella. Su Gobierno ha anunciado que pretende recuperar cerca de $200.000 millones de FonIgualdad y destinarlos a otras prioridades. Pero todavía no ha explicado cuánto dinero correspondía a este programa, cuánto fue ejecutado ni qué ocurrirá con los recursos destinados a las 2.800 mujeres. «Información sobre el control de FonIgualdad»

La pregunta es sencilla: ¿qué hará el Gobierno con el dinero que ya estaba destinado a fortalecer los emprendimientos y la autonomía económica de estas mujeres? Una liquidación institucional no puede convertirse en excusa para borrar compromisos previamente adquiridos ni para sacrificar primero a quienes históricamente han sostenido solas sus hogares.

La ruta jurídica debe comenzar de inmediato: reunir actas, comunicaciones de selección, visitas y planes de inversión; presentar un derecho de petición colectivo a PADF y al liquidador; reclamar las obligaciones pendientes dentro del proceso de liquidación; y promover una tutela con medida provisional para evitar que los recursos sean devueltos o reasignados mientras se determina el derecho de cada beneficiaria. También debe solicitarse la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Un Gobierno demuestra lo que piensa de las mujeres no por sus discursos religiosos, sino por sus decisiones. Quitarles las herramientas de trabajo a 2.800 jefas de hogar y guardar silencio sobre el destino de sus recursos es una decisión que exige explicación, control y resistencia popular.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo