Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Mirabal, también conocidas como Las Mariposas, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).
En 1979, la ONU consiguió la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó (y continúa) siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisaba una normatividad concreta en este aspecto.
Por esta razón, la ONU también emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer“, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género.
En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General de la ONU adoptó en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para hacer conciencia pública.
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida de todo el mundo. Según datos de la ONU se estima que 736 millones de mujeres —casi una de cada tres— han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, violencia sexual fuera de la pareja, o ambas formas, al menos una vez en su vida. Más de cuatro de cada cinco mujeres y niñas (el 86%) viven en países sin una sólida protección legal o en países que no disponen fácilmente de los datos. Ningún país en el mundo está cerca de erradicar la violencia infligida por la pareja.
El Instituto Nacional de Salud de Colombia en su informe del primer semestre de 2023 concluyó que: La violencia de género e intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en cualquier etapa de la vida y se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, que la vivienda es el escenario donde ocurre con más frecuencia la violencia de género e intrafamiliar y que los agresores mayormente implicados en estos actos son de tipo familiar, quienes pueden acercarse más fácilmente a las víctimas al ser sus cuidadores o sus familiares y compartir el mismo espacio.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno Nacional informando que tan solo entre enero y el 5 de mayo de este año se reportaron 213 feminicidios, siendo Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca las regiones con más casos registrados.
Asimismo, cifras de Medicina Legal señalan que entre enero y el 31 de mayo de 2023 se registraron 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres, se practicaron 8.511 exámenes médico legales por presunto delito sexual y que a la línea de casos de violencia no fatal contra las mujeres llegaron, en el primer trimestre de 2023, cerca de 18.294 reportes.
El observatorio de feminicidios indica que actualmente, el 82,9 % de los casos de violencia de género se encuentran en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía, mientras que solo el 0,8 % se encuentra en juicio, lo que evidencia el alto nivel de impunidad y de falta de celeridad de las autoridades para enfrentar ese tipo de delitos.
Con la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026) fue declarada en Colombia la emergencia por violencia de género, que se supone que activa una serie de herramientas legales para que las autoridades y la Rama Judicial puedan enfrentar la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres en el país.
El artículo 342 declara la emergencia por violencias basadas en género y establece acciones para que las entidades, dependencias y autoridades del sector público incluyan en el marco de sus programas planes, proyectos y políticas públicas, con el fin de proteger a las mujeres del país. En el marco de esta declaratoria se ordena:
- Crear cuerpos élite en las Fuerzas Militares y de Policía con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres y prevenir las violencias. Las autoridades competentes deberán convocar al menos un consejo de seguridad por violencias basadas en género (VBG) en el territorio nacional.
- Capacitar con enfoque de género a los funcionarios de la Rama Judicial y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias para que cuenten con procedimientos expeditos y eficaces para la protección, atención y estabilización de las víctimas y demás medidas previstas en la ley.
- Priorizar presupuestos y disponer todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, así como para fortalecer los programas de asistencia legal y de salud mental que brinden orientación, asesoría y representación jurídica gratuita inmediata y especializada a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio.
- Instalar una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres que tendrá que reunirse al menos cuatro veces al año, con participación obligatoria de los ministerios y entidades, con el fin de tomar medidas inmediatas y efectivas para la prevención y reacción oportuna de la situación estructural de violencia que se vive en el país.
- Generar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención, independientemente de la instauración de la denuncia, de manera que las víctimas puedan acceder a la protección y atención integral y que las entidades competentes se vinculen y actúen con celeridad.
- Crear, en coordinación con el Sistema Nacional de Registro, Monitoreo y Seguimiento de las Violencias Basadas en Género, unidades de apoyo multidisciplinario y atención permanente, así como un seguimiento individualizado de cada caso para desarrollar acciones en el marco de la debida diligencia, a fin de evitar y prevenir este tipo de violencias y la violencia feminicida.
- Generar una campaña nacional de pedagogía que genere conciencia social sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, la importancia de generar espacios seguros para las mujeres que además informe sobre los canales y rutas de atención a través de medios públicos y privados, digitales, radiales y televisivos.
- Diseñar e implementar estrategias de movilización social para la prevención de violencias contra las mujeres con las organizaciones de la sociedad civil, para potenciar la prevención de las violencias, la sanción social de su ocurrencia y la confianza de las víctimas para romper los ciclos de violencia que enfrentan.
- Construir unidades de atención primaria para la salud mental de las mujeres víctimas de violencias basadas en género, así como el diseño e implementación de programas y acciones de promoción en salud mental y prevención del trastorno mental con enfoque de género e interseccional.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicar este flagelo, Colombia está lejos de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, debido a la persistencia de patrones patriarcales arraigados en la sociedad, exacerbados por desigualdades económicas generadas por el sistema de consumo. Estos patrones patriarcales, enraizados en el sistema económico, dificultan el cambio al perpetuar roles de género desiguales. Además, la falta de conciencia social y política sobre este fenómeno impide la implementación efectiva de medidas transformadoras para lograr un cambio significativo.