Categoría: Género

En Colombia la impunidad no solo se administra: se coreografía. Tiene tiempos, escenarios, utilería y personajes que reaparecen cuando el escándalo parece haber pasado de moda. Uno de ellos es Andrés Pastrana, quien vuelve al debate público con ínfulas de censor moral, como si los archivos no existieran y la memoria fuera una excentricidad de los ingenuos.

No estamos hablando de rumores ni de montajes digitales. Hablamos de registros oficiales de vuelo, incorporados a expedientes judiciales federales en Estados Unidos. En marzo de 2003, el entonces presidente colombiano figura como pasajero en un avión privado vinculado a Jeffrey Epstein, acompañado por su círculo más cercano. Los destinos no fueron inocentes ni turísticos: Palm Beach, Florida, y Nassau, Bahamas, territorios que hoy están plenamente documentados como centros de operación de una red internacional de trata de personas y abuso sexual de menores. Allí Epstein reclutaba, allí abusaba, allí funcionaba una estructura criminal sostenida durante años con la complicidad del silencio.

Los documentos no describen qué hizo Pastrana en esos lugares ni lo acusan penalmente. Pero establecen un hecho político imposible de borrar: estuvo allí, viajó con ellos y nunca ofreció una explicación pública clara y verificable. La política no se mide solo por sentencias judiciales; también se mide por trayectorias, compañías y responsabilidades éticas. Y esas, en este caso, pesan.

La coreografía no termina en los vuelos. Fotografías y registros periodísticos lo muestran compartiendo espacios sociales con Ghislaine Maxwell, hoy condenada por tráfico sexual. No es una prueba penal, pero sí una imagen profundamente reveladora de cómo ciertas élites se mueven con naturalidad entre el poder público y el privilegio privado. A eso se suma un dato incómodo que en Colombia se ha normalizado demasiado: el uso de helicópteros oficiales, uniformes y símbolos del Estado puestos al servicio de excesos personales y de relaciones políticamente inconfesables durante su gobierno. No eran bienes privados. Eran recursos públicos utilizados para sostener una estética de poder que nunca rindió cuentas.

No estamos afirmando un delito concreto. Estamos señalando un patrón. Y cuando los patrones se repiten con esta coherencia, dejan de ser casualidad para convertirse en estructura. Esa estructura es la misma que protege archivos, administra silencios y recicla personajes.

Ese es el talante de la derecha colombiana que quiere volver al poder en 2026: impunidad bien ensayada, memoria corta y superioridad moral sin sustento. Ciudadano consciente: ni un voto para estos criminales.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Al mediodía el sol cae a plomo sobre Sahagún y la vida suele moverse entre saludos de tienda, motos que pasan lento y niños que regresan de la escuela. Ese lunes de enero la rutina se rompió dentro de una casa del barrio San José. Allí fue asesinada Yuliana Martínez. Afuera, la calle siguió sonando igual por unos minutos, como si el pueblo todavía no supiera que una vida se había apagado adentro. Luego llegó el rumor, después la certeza y al final esa tristeza espesa que queda cuando la violencia deja de ser noticia lejana y se vuelve vecina. De Yuliana primero se dice que era madre, que cuidaba a su hija, que era conocida en el barrio. Casi nadie empieza diciendo “víctima de feminicidio”, pero su historia encaja en un patrón que en Colombia se repite demasiado.

Casi nunca un feminicidio empieza el día del asesinato. Suele tener un antes hecho de controles, celos, discusiones, miedos y alertas que no siempre reciben respuesta. Muchas violencias se esconden bajo la idea de que son asuntos privados. Cuando por fin se nombran, a veces ya es tarde. Entonces el dolor individual se conecta con una realidad más grande, la que muestran las cifras oficiales.

Los registros de la Defensoría del Pueblo, con base en la Fiscalía General de la Nación, indican que en Colombia hubo 171 feminicidios en 2024 y 119 en 2025. Detrás de esas muertes hay además muchos intentos de asesinato: 394 tentativas de feminicidio en 2024 y 324 en 2025. Es decir, cientos de mujeres sobrevivieron a intentos de ser asesinadas, pero siguen viviendo con secuelas físicas, miedo y riesgo. En total, las noticias criminales asociadas a feminicidio fueron 565 en 2024 y 443 en 2025, lo que muestra la magnitud de las investigaciones abiertas por este delito.

Hay otro dato que revela violencias específicas y muchas veces invisibilizadas: los transfeminicidios. Los registros señalan 20 en 2024 y 26 en 2025, un aumento que habla de la vulnerabilidad de mujeres trans y personas con identidades de género diversas en contextos de discriminación.

Estas cifras ayudan a entender que lo ocurrido con Yuliana no es un hecho aislado. El feminicidio no es un crimen pasional ni un accidente doméstico; es la forma más extrema de las violencias basadas en género, aquellas que ocurren cuando alguien cree tener poder sobre la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Incluyen control, amenazas, humillaciones y agresiones previas que muchas veces no reciben atención o protección oportuna.

A esto se suma la impunidad. Procesos lentos, medidas de protección que no siempre se vigilan y casos que no terminan en condena envían un mensaje peligroso. Cuando la justicia no llega a tiempo, la violencia encuentra espacio para repetirse. Por eso cada feminicidio deja preguntas abiertas: qué señales se ignoraron, qué ayuda faltó, qué institución no respondió.

Volver a Yuliana después de mirar las cifras cambia la perspectiva. Ya no es solo una historia triste, es el rostro de un problema estructural. Cada número tiene nombre, familia, gente que esperaba a alguien de regreso en casa. Recordar esos nombres junto a las cifras es una forma de resistir la costumbre y de insistir en que ninguna de estas muertes es normal ni inevitable. Mientras el país siga contando feminicidios año tras año, la tarea pendiente será escuchar antes, proteger mejor y actuar a tiempo para que la próxima historia no tenga que escribirse.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

En Colombia la violencia sexual no termina cuando termina el acto. No termina cuando la mujer sobrevive. No termina cuando se atreve a denunciar. En este país, la violencia sexual se prolonga como un castigo: primero en el cuerpo, luego en la memoria, después en el expediente, y finalmente en la amenaza. Y cuando una víctima decide hablar, el sistema le cobra el atrevimiento con una factura que siempre llega: el miedo, el señalamiento, el riesgo.

Así ocurre con las mujeres víctimas de violencia sexual del caso del sargento Juan Pablo Sierra Daza. Mujeres campesinas, civiles, atravesadas por una violencia que el Estado debería investigar con urgencia y reparar con dignidad, pero que en la práctica se diluye en trámites, formalismos y silencios. Porque en Colombia la justicia tiene una costumbre vieja: exigirle a la víctima pruebas imposibles, calma infinita, paciencia eterna… mientras los responsables aprenden a moverse con soltura en los pasillos del poder, con la tranquilidad de quien sabe que la impunidad también es una forma de protección.

La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Macrocaso 11, Subcaso 2, sobre mujeres víctimas de violencia sexual en el Putumayo, para decirle al país que ahora sí: que la verdad es central, que las víctimas están en el centro, que hay enfoque de género, que hay garantías. Pero la realidad se parece más a una vitrina que a una protección. Los macrocasos exponen. Los macrocasos nombran. Los macrocasos obligan a las víctimas a revivir en audiencias públicas lo que quisieran olvidar para poder seguir viviendo. Y en esa exposición, cuando la víctima queda visible, el riesgo se activa como una consecuencia automática, como si la justicia tuviera un precio que siempre se paga con miedo.

Las mujeres del caso Sierra Daza decidieron participar. Lo hicieron con la esperanza —mínima, frágil, pero viva— de que el país escuchara. Pero el sargento Juan Pablo Sierra Daza no solo negó los hechos: los despreció. No solo se negó a reconocer la violencia sexual: la volvió sospecha. Y además acusó a la Corporación Justicia y Dignidad de “orquestar un montaje judicial”. En Colombia esa frase no es una simple defensa: es un disparo. Porque señalar a quienes acompañan víctimas en casos de violencia sexual, especialmente cuando los responsables son agentes estatales, no es un debate jurídico: es una invitación a la persecución.

Después vinieron las amenazas. “Se va a arrepentir por hablar”. Amenazas telefónicas. Llamadas insistentes. Silencios del otro lado de la línea que pesan más que una palabra. Suplantaciones. Vigilancia. Seguimientos. Presencias extrañas rondando casas y lugares de trabajo. Un mapa de hostigamiento que no se queda en el territorio de las víctimas: alcanza también a quienes las acompañan, a quienes sostienen la defensa, a quienes cargan carpetas, nombres, fechas, y el dolor ajeno como una responsabilidad ética.

Y entonces aparece la respuesta institucional: “no hay riesgo”. Así lo dijo la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA). La JEP expone a las víctimas, las coloca en el centro de un escenario público, y luego —cuando el miedo ya está instalado— declara que no hay riesgo. Esa frase, repetida con frialdad administrativa, se convierte en sentencia. Porque cuando el Estado concluye que no hay riesgo, la amenaza no desaparece: queda legalizada por omisión. Se convierte en un peligro sin responsable y sin respuesta. El Estado se lava las manos, y la víctima queda sola, como siempre ha quedado sola.

Mientras tanto, el Gobierno habla de voluntad de conciliar, de avanzar en una solución amistosa porque el caso también está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habla de reparar, de reconocer, de cerrar heridas. Pero esa voluntad, que debería traducirse en protección real, se queda suspendida, congelada, atrapada en discusiones internas y en supuestas “confusiones” sobre la representación. Y en esa confusión aparece una tercera violencia: la del abogado Alexander Montaña, quien fue representante legal de la Corporación y renunció en medio de denuncias por violencia basada en género. Su forma de castigo ha sido torpedear los procesos, sembrar dudas, trabar el camino, empujar el desgaste.

A pesar de que las víctimas han entregado poderes claros, expresos, reiterados, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prefiere creerle al agresor y suspender la conciliación. El resultado es brutal: la solución amistosa, que debería ser camino de reparación, se vuelve otra sala de espera donde la vida de las víctimas se desgasta. Una sala de espera donde el tiempo no cura: el tiempo expone.

La protección en Colombia se volvió una farsa: un trámite, un papel, un “estudio” que dicta “no hay riesgo” mientras la amenaza suena en el teléfono. El Estado promete garantías, pero abandona a las víctimas de violencia sexual justo cuando más expuestas están por atreverse a denunciar y participar en la JEP.

Y el daño se expande: la Corporación Justicia y Dignidad quedó sin sede en Cali por las amenazas, sin espacio para atender víctimas ni sostener la defensa. Al final, la “centralidad de las víctimas” es discurso: lo que sí se mueve rápido no es su protección, sino las libertades de militares señalados por crímenes gravísimos. El peligro no se borra con tinta: camina, llama, vigila, persigue. Y en Colombia, demasiadas veces, el silencio institucional termina siendo el eco más fuerte de la impunidad.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo