Por: Corporación Justicia y Dignidad
Una semana de horror ha vivido el departamento del Cauca, asesinatos de lideres, atentados terroristas, denuncias de reclutamiento forzado y combates entre grupos armados, ocurren en medio de un supuesto cese al fuego que está vigente para el departamento del Cauca y en el marco de las negociaciones de Paz que se llevaron a cabo en el municipio de Suarez, con las estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.
El 13 de septiembre el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, denunció que continua la practica de reclutamiento forzado de indígenas menores de edad en el resguardo de San Lorenzo Caldono.
En la noche del domingo 17 de septiembre se registró en el municipio de Miranda, Cauca el homicidio de José Arley Cruz Chocue, autoridad tradicional del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe del municipio de Florida, Valle del Cauca. El dirigente indígena fue asesinado por hombres armados, cuando se desplazaba en su motocicleta desde la cabecera municipal de Miranda hacia el municipio de Corinto, Cauca.
Así mismo, durante los días 19 y 20 de septiembre en la región del macizo colombiano, en el municipio de La Vega, se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln, en donde al parecer hay diez combatientes muertos. Los enfrentamientos ocurrieron en el sector de Hueco Hondo, ubicado en el corregimiento Santa Juana.
El 20 de septiembre en la localidad de Timba, corregimiento de Buenos Aires, cerca de las 7 de la mañana un carro bomba explotó a 50 metros de la estación de la Policía. En el ataque fueron asesinadas dos personas, y dejó otras dos personas heridas. Una de las víctimas mortales fue Luz Stella Balanta Solís, era profesora, y se dirigía a la escuela en el momento de la explosión. La estación de policía atacada se encuentra cerca de un hospital que quedó parcialmente destruido, de una escuela que sufrió daños por la explosión, al igual que varios negocios cercanos.
Los otros dos atentados se realizaron a menos de 20 kilómetros de Timba, una base militar en el municipio de Suárez y una estación de Policía en el municipio de Santander de Quilichao fueron atacadas con explosivos, en ninguno de los hechos se registraron víctimas. Además, las autoridades locales desactivaron un cilindro bomba debajo de un puente peatonal en el sector de San Rafael, justo al norte de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Tanto el presidente de la república como el gobernador responsabilizaron de los hechos a la columna “Jaime Martínez” de las disidencias que operan en la zona y que integran el EMC de las Farc.
Para el presidente Gustavo Petro, la actual arremetida del EMC se presenta como retaliación por la expulsión de la columna “Carlos Patiño” del cañón de Micay del municipio de Argelia Cauca.
La presencia de la columna “Carlos Patiño” se trasladó al macizo colombiano en donde ya se registran fuertes combates. Así mismo están presionando a la inerme población campesina para que salgan a marchar a la ciudad de Popayán exigiendo el retiro del ejército del municipio de Argelia. Por su parte, la columna “Dagoberto Ramos” aún se encuentra realizando prácticas de reclutamiento forzado en el norte del Cauca, y no ha llegado noticia alguna sobre la desarticulación del centro operacional de entrenamiento de menores reclutados que instalaron en el municipio de Toribio.
Esta nueva ola de atentados ocurre en el marco de un cese al fuego vigente, es importante recordar que la suspensión del cese al fuego hecha por el presidente en el mes de mayo, luego del reclutamiento y asesinato de cuatro niños indígenas del pueblo Murui en el Putumayo por parte de las estructuras del EMC cobijaba solo a los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Es decir, en el departamento del Cauca existe un acuerdo de cese al fuego.
También ocurren cuando el Gobierno y el EMC anunciaran el 19 de septiembre desde el municipio de Suarez la instalación de una mesa de diálogos de paz en Tibú para el 8 de octubre en donde se ha pactado también empezará un cese al fuego bilateral que durará 10 meses. En un comunicado conjunto, el EMC y el Gobierno precisaron que el acuerdo tendrá “como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y en particular el protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”.
En reunión que se llevó a cabo en el departamento del Caquetá entre el 11 y 12 de agosto, en la que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, funcionarios de la ONU, de MAPP OEA, delegados del Gobierno nacional y delegados de las EMC, se llegaron a tres acuerdos: El primer acuerdo es la fecha de la instalación de la mesa de diálogos, que sería el 17 de septiembre; el segundo acuerdo, trata de que ese mismo 17 de septiembre comenzaría el cese al fuego bilateral, nacional y de carácter temporal, que tendría una vigencia de seis meses; el tercer acuerdo consistente en que mientras llega ese cese al fuego, se pactó un cese de operaciones ofensivas a partir del jueves 17 de agosto, es decir 6 días después de la mencionada reunión.
Los acuerdos del cese al fuego no tienen fecha cierta de inicio ni de culminación y aun no existe el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que se pactó con las EMC desde principio de este año. No existe unidad de mando en las estructuras del EMC en el departamento del Cauca, estas disidencias de las FARC actúan descoordinadamente y están conformadas por ejércitos de niños y jóvenes fuertemente armados y atomizados. Los acuerdos que pactan con el Gobierno son abruptamente incumplidos por sus diferentes frentes y se traducen en control territorial, paros armados, combates con otros grupos armados, amenaza y asesinatos a lideres sociales e indígenas y nuevos desplazamientos forzados y confinamientos.
De conformidad con los reportes periodísticos de la revista Raya, tanto los negociadores de paz de la guerrilla del ELN, como los integrantes de la llamada Segunda Marquetalia, han expresado que el Estado colombiano debe esclarecer quiénes están detrás de varios frentes que se hacen llamar disidencias de las FARC, ya que han ejecutado acciones bélicas contra la población civil y se han enfrentado con la Segunda Marquetalia y el ELN. Así mismo se ha reportado que algunos comandantes de las estructuras del EMC fueron desmovilizados en el proceso de paz de los paramilitares en el marco de la Justicia y Paz, y que volvieron a reintegrarse a las guerrillas sin haberse desmovilizado con los acuerdos de la habana de 2016.
Al no existir unidad de mando de las columnas del EMC de las FARC ni certeza sobre el cese al fuego, los acuerdos en el marco de las negociaciones de paz simplemente no se cumplirán. Las estructuras armadas que operan en el Cauca han abusado de las buenas intenciones del Gobierno y tienen en una grave crisis humanitaria al departamento. El Gobierno Nacional, sin gestos ni voluntades de paz, otorgo apresuradamente un estatus político a unas estructuras armadas y atomizadas que actúan más como grupos paramilitares al servicio del narcotráfico y que no muestran a la fecha intención de parar con la guerra.