Categoría: Pueblos y Territorios

El sábado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel ejecutaron un ataque militar en Irán que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de la República Islámica: no solo jefe político, sino figura espiritual central para millones.

Para entender la magnitud simbólica, imaginen que una potencia extranjera bombardeara el Vaticano, destruyera la Basílica de San Pedro y asesinara al Papa ante 1.300 millones de católicos. No un atentado aislado. No un fanático solitario. Una operación militar deliberada entre Estados. Eso significaría tocar la cúspide espiritual de una comunidad global.

Jameneí representaba algo equivalente —en proporción simbólica— para millones de fieles chiíes dentro de los casi 2.000 millones de musulmanes del mundo. No era un funcionario administrativo. Era la fusión entre autoridad religiosa y poder político. Cuando se toca esa figura, no se activa solo la geopolítica: se activa la fe.

Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es demoledora. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso unilateral de la fuerza salvo en legítima defensa inmediata o con autorización del Consejo de Seguridad. La soberanía no es una sugerencia decorativa. La prohibición de ejecuciones extraterritoriales no es retórica académica. El derecho internacional no reconoce la figura del presidente convencido de su propia justicia.

Y, sin embargo, la operación fue ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad y sin declaración formal de guerra del Congreso estadounidense. Eso no es interpretación creativa: es ruptura del marco jurídico que se proclamó después de 1945 para evitar que el mundo volviera a incendiarse.

Aquí aparece la paradoja mayor: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de guerra. No es un rumor; es un proceso abierto en una jurisdicción internacional. Y, aun así, actúa como socio estratégico en una operación de esta magnitud. La legalidad internacional parece aplicarse selectivamente.

Y luego está Donald Trump.

Trump ha declarado en múltiples ocasiones que su brújula es su propia moral y que no respetará el derecho internacional. Esa moral ha estado rodeada de controversias públicas, incluida su aparición en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein y señalamientos persistentes que, aunque no hayan producido condenas judiciales firmes, forman parte del debate internacional sobre su conducta. No se trata de insultos; se trata de estándares. En una democracia madura, esas sombras deberían invitar a prudencia, no a expansión militar.

Porque la pregunta no es retórica: ¿qué ocurre cuando la moral privada de un gobernante sustituye al derecho público?

En una civilización coherente, cualquier líder que ordenara la ejecución extraterritorial de un jefe de Estado o figura espiritual sin mandato internacional enfrentaría un escrutinio jurídico severo. En un orden basado en reglas, la fuerza no sustituye al proceso ni la legalidad depende del poder militar del actor. Pero vivimos en la era de la excepción permanente.

Irán ha respondido con furia, como era previsible. Cuando se toca un símbolo espiritual, la reacción no es técnica: es histórica. La región vuelve a tensarse, el Golfo se militariza y las bases estadounidenses se convierten en blancos. La espiral se acelera.

Nos dijeron que era el siglo XXI. Pero cuando la política exterior se guía por impulsos personales y no por normas comunes, regresamos a una versión tecnológica del Medioevo: fe contra fe, poder contra derecho, cruzadas con drones.

El mundo no es un tablero de Monopoly.

Los misiles no son tuits.

Y el derecho internacional no puede convertirse en un accesorio opcional.

Si las normas solo obligan a los débiles, entonces no existe orden internacional: existe jerarquía armada.

Y la jerarquía armada nunca ha sido sinónimo de civilización.

Que los dioses —los de 1.300 millones de católicos, los de casi 2.000 millones de musulmanes y los de quienes no creen en ninguno— nos amparen. Porque cuando el derecho se arrodilla ante la voluntad del poder, la historia no avanza. Retrocede.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Otra vez las palabras oficiales se repiten como un cassette rayado: “acción necesaria por seguridad”, “objetivos legítimos”, “defensa frente a amenazas”. Pero la realidad tiene otra forma: cráteres humeantes, familias destrozadas, escuelas convertidas en ruinas.

El 28 de febrero de 2026, durante una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, un misil impactó la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán. Según las autoridades de Irán, en ese ataque murieron 148 personas, principalmente niñas que estaban estudiando, y varias decenas resultaron heridas. Las imágenes muestran pupitres aplastados bajo escombros y útiles escolares manchados de sangre.

Este tipo de hechos no son “muertes”, como si fueran estadísticas de tráfico. Son niñas asesinadas. Esa palabra duele porque describe con precisión lo que ocurre cuando una operación que se dice “militarmente necesaria” no distingue entre objetivo combatiente e infancia inocente.

Ese mismo bombardeo formó parte de un ataque más amplio en el que también fue asesinado el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán y autoridad religiosa de enorme peso en su sistema político, como resultado de los mismos ataques militares conjuntos. Y aquí es donde el lector tiene que mirar más allá de los eslóganes.

¿Violación del derecho internacional?

Sí.

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la soberanía de otro Estado, salvo en casos de legítima defensa ante un ataque armado o con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay indicios públicos ni resolución del Consejo que haya autorizado estos ataques de forma legal.

Además, el Derecho Internacional Humanitario (los Convenios de Ginebra y sus Protocolos) exige tres principios básicos cuando hay conflicto armado:

Distinción: separar a combatientes de civiles.

Proporcionalidad: evitar daños civiles desproporcionados.

Precaución: tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño a civiles.

Cuando una escuela llena de niñas es reducida a polvo, esos principios no se cumplieron. Y eso convierte lo que llaman “operación militar” en violación del derecho internacional —posible crimen de guerra si se demuestra que no hubo intención legítima de actuar contra objetivos militares únicamente—.

Entonces, ¿qué hay detrás de esto? La idea del llamado “Gran Israel”: una visión maximalista, inspirada en lecturas históricas y religiosas, que concibe una extensión de influencia o control que va más allá de las fronteras actuales, imaginando un horizonte que abarca desde el Éufrates hasta el Nilo.

Esa visión está vinculada simbólicamente con una idea de dominio regional que no se limita a cuestiones de seguridad, sino que toca recursos naturales, rutas estratégicas y, en última instancia, ambición geopolítica. Y cuando esa ambición se traduce en alianzas militares con Estados Unidos, impulsadas más por intereses de poder y beneficio que por respeto a la ley internacional —como se ha acusado al gobierno de Donald Trump y a Netanyahu—, el resultado es devastador: menores asesinadas, derechos humanos pisoteados y un derecho internacional tratado como adorno retórico.

 

Otra vez el imperio iniciando una guerra, otra vez arrastrando al mundo hacia la barbarie con el pretexto de la seguridad y el orden. Otra vez las niñas convertidas en víctimas de decisiones tomadas en despachos lejanos, donde la pólvora no huele y la sangre no salpica. Otra vez la infancia pagando el precio de la ambición geopolítica. Un imperio que habla de civilización mientras deja escuelas en ruinas y niñas asesinadas no puede reclamar superioridad moral: solo deja tras de sí la marca de la violencia y la vergüenza histórica.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Las inundaciones no empiezan cuando el agua cruza la puerta de una casa. Empiezan mucho antes, cuando alguien decide qué hacer con el agua que no se ve: la que se acumula detrás de los muros de concreto de una represa. Esa agua no es solo un elemento natural. Es energía, es dinero, es control y es riesgo. En Colombia, el agua represada ha sido, durante décadas, una forma silenciosa de ejercer poder sobre los territorios.

En el norte del país, el río Sinú fue uno de esos ríos intervenidos en nombre del desarrollo. Allí se levantó la Represa de Urrá I, una obra presentada como progreso energético para la región Caribe, pero construida sobre una geografía humana que fue tratada como un estorbo. Antes de que el embalse se llenara de agua, el territorio ya se había llenado de miedo.

La historia de Urrá no puede separarse de la expansión del paramilitarismo en Córdoba. Durante los años noventa, mientras avanzaban las obras civiles, el Alto Sinú fue tomado por estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Veredas enteras fueron vaciadas a punta de amenazas, listas negras y masacres. En Tierralta, Valencia y las zonas ribereñas, la violencia cumplió una función precisa: despejar el camino para que el proyecto avanzara sin resistencia.

Las masacres no siempre ocurrieron dentro del área exacta del embalse, pero sí en su zona de influencia. Saiza, La Resbalosa, Batata y otros corregimientos del Alto Sinú quedaron marcados por asesinatos colectivos y desplazamientos forzados. La lógica era clara: quien se oponía, quien preguntaba, quien organizaba, debía callar o irse. El río empezó a cambiar su curso al mismo tiempo que la vida comunitaria era fragmentada.

A esa violencia se sumó una práctica más silenciosa y prolongada: la desaparición forzada. En el municipio de Tierralta —epicentro del Alto Sinú y principal zona de influencia de la represa— las autoridades de búsqueda han registrado más de mil personas desaparecidas, una de las cifras más altas del país para un solo municipio. Detrás de cada número hay un cuerpo que no volvió, una familia que sigue esperando y un territorio atravesado por el miedo como forma de control.

En medio de esa violencia se alzó la voz de Kimy Pernía Domicó, líder indígena del pueblo Embera Katío. Kimy defendía el Sinú como se defiende a un ser vivo. Para su pueblo, el río no era solo agua: era alimento, camino, memoria, espiritualidad. Kimy advirtió que la represa rompería el equilibrio del ecosistema y pondría en riesgo la supervivencia cultural de su comunidad. No hablaba desde la ideología, hablaba desde la vida cotidiana.

El 2 de junio de 2001, Kimy fue secuestrado y desaparecido en Tierralta. Años después, jefes paramilitares como Salvatore Mancuso reconocieron que su asesinato fue una orden directa. Kimy era considerado un obstáculo para intereses económicos y estatales. Su cuerpo nunca regresó, pero su ausencia se volvió una presencia incómoda que aún recorre el río.

La represa entró en funcionamiento. El agua subió. Los peces desaparecieron. La pesca colapsó. Las comunidades Embera Katío quedaron sin su principal fuente de alimento y fueron empujadas al desplazamiento. La Corte Constitucional reconoció que el proyecto había violado derechos fundamentales y ordenó medidas de reparación, pero el daño ya estaba hecho. El río había sido domesticado a la fuerza.

Años después, el país volvió a mirar al agua, esta vez no por la energía sino por las inundaciones. El sistema eléctrico colombiano funciona con una lógica que rara vez se explica: cuando entra en operación la generación térmica a gas, más costosa, el precio de toda la energía sube, incluso la que se produce con agua. Retener el agua en los embalses puede ser rentable. Soltarla a tiempo puede ser menos lucrativo.

Durante meses recientes, mientras se hablaba de escasez de gas y tarifas elevadas, los embalses estaban llenos. El agua se retuvo. El riesgo creció detrás de los muros. Luego llegó la ola invernal, intensificada por la crisis climática. Sin margen para seguir acumulando, las compuertas se abrieron de manera abrupta. El agua salió con fuerza, convertida en inundación.

En Córdoba, municipios enteros quedaron bajo el agua. Miles de familias perdieron casas, cultivos y animales. Más de la mitad del departamento resultó afectada. El Sinú volvió a desbordarse, esta vez no como río libre, sino como descarga controlada desde una represa que ya había marcado el territorio con violencia.

A esto se le puede llamar capitalismo de las tragedias: retener el agua cuando produce ganancias y soltarla cuando se vuelve peligrosa. El presidente Gustavo Petro ha pedido investigaciones porque aquí no solo hay lluvias y cambio climático. Hay decisiones humanas que amplificaron el desastre. Decisiones con responsables, con nombres, con cargos.

La historia de Urrá muestra que el daño no es solo ambiental. Es social, cultural y político. El agua que hoy inunda las casas es la misma que ayer se usó para justificar desplazamientos, silencios y muerte. El río Sinú no olvidó. Como advirtió Kimy Pernía, un día el agua reclamaría lo suyo. Ese día parece haber llegado.

 

Por Justicia & Dignidad

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El Super Bowl no es solo un partido: es el ritual donde Estados Unidos se mira al espejo y se aplaude. Allí se consagra la épica del orden, del dinero, del control perfecto. Todo brilla, todo se compra, todo se vende. Por eso, lo que ocurrió en ese escenario no fue música: fue una interrupción.

En el corazón del espectáculo más visto del imperio apareció Bad Bunny, con español sin subtítulos, con barrio sin permiso, con una América que no cabe en una bandera de barras y estrellas. No vino a cantar para agradar: vino a decir aquí estamos. Y eso, en tiempos de persecución, deportaciones y discursos de odio contra los latinos, es una provocación política.

Mientras el poder insiste en borrar, el reguetón recordó. Nombró países, mezcló acentos, puso el Caribe en el centro y dijo algo que suena simple pero es subversivo: América somos todos, no solo Estados Unidos. Desde lo más comercial —el ritmo que el mercado aprendió a explotar— se coló una crítica profunda: la cultura que ustedes consumen es la misma que desprecian cuando cruza fronteras.

El momento del río, evocado por Ricky Martin, no fue postal: fue denuncia. Hablar del despojo, de la tierra que se privatiza, del barrio que expulsan, en el altar del consumo, fue poner el dedo en la llaga. Y millones lo vieron. No fue clandestino. Fue a plena luz.

La reacción era previsible. Donald Trump y su coro de indignados hablaron de “mal gusto”, de “afrenta”, de “no entender el idioma”. Traducido: no soportaron verse interpelados. Porque cuando la música dice lo que la política calla, el poder se incomoda. Y cuando el poder se incomoda, ataca.

Pero hubo algo más fuerte que el berrinche: el respaldo de la gente. Porque, en medio del ruido, apareció un mensaje improbable de esperanza. Que desde el perreo también se puede resistir. Que no todo gesto político necesita uniforme. Que la alegría puede ser una forma de defensa. En tiempos de barbarie, cantar la vida en el centro del imperio fue decir: no nos han vencido.

En tu cara, Donald Trump.

Touchdown latino en el corazón del imperio.

América Latina no se borra.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Las inundaciones no empiezan cuando el agua cruza la puerta de una casa. Empiezan mucho antes, cuando alguien decide qué hacer con el agua que no vemos, la que se acumula detrás de los muros de las represas. Esa agua no es solo un elemento natural: es energía, es dinero y es riesgo. En Colombia, dos represas concentran hoy esa discusión: Hidroituango, en Antioquia, y Urrá, en Córdoba. Lo que ocurra con ellas no se queda en los embalses; baja por los ríos y termina en la vida de miles de personas.

El sistema eléctrico colombiano funciona de una manera que pocos conocen: el precio de la energía sube cuando se necesita usar plantas térmicas que funcionan con gas, un combustible mucho más caro que el agua. Cuando el gas entra a cubrir la demanda, toda la energía se paga a ese precio alto, incluso la que se produce con agua. Por eso, decidir si se genera con energía hidráulica o se retiene el agua en los embalses no es una decisión técnica neutra: es una decisión económica que afecta a todos.

En los últimos meses, mientras se hablaba de escasez de gas y de tarifas elevadas, las represas estaban llenas. Había agua suficiente para producir energía más barata, pero esa agua se retuvo. Al hacerlo, el sistema siguió dependiendo del gas y los precios se mantuvieron altos. Retener el agua mejoró los ingresos del mercado energético, pero también acumuló un riesgo silencioso que creció día tras día detrás de los muros de concreto.

Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, está ubicado sobre el río Cauca y es operado por Empresas Públicas de Medellín, una empresa cien por ciento pública, propiedad del municipio de Medellín. La responsabilidad política sobre su conducción recae en la Alcaldía de la ciudad y, hoy, en su alcalde, Federico Gutiérrez. Aunque no abre compuertas ni firma órdenes técnicas, es el responsable político de la empresa que toma las decisiones estratégicas sobre el manejo del embalse y la gestión del riesgo.

En Córdoba, la represa de Urrá controla el río Sinú y es operada por Urrá S.A. E.S.P., cuyo gerente es Juan de Jesús Acevedo Rocha. Sus decisiones impactan directamente a los municipios aguas abajo, donde viven comunidades campesinas y ribereñas históricamente vulnerables. Cuando el nivel del embalse supera los límites permitidos, la responsabilidad deja de ser abstracta y se vuelve concreta, con nombres y cargos.

Luego llegó la ola invernal. Las lluvias, intensificadas por la crisis climática, llenaron aún más los embalses. Sin margen para seguir reteniendo agua, las compuertas se abrieron de manera abrupta. El agua salió en volúmenes enormes, convertida en una fuerza descontrolada. En Córdoba, municipios enteros quedaron bajo el agua. Miles de familias perdieron sus casas, sus cultivos y sus animales. Más de la mitad del departamento resultó afectada, con zonas rurales aisladas y una emergencia humanitaria que aún no termina.

En Antioquia, el riesgo se concentra en las zonas aguas abajo de Hidroituango: el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, territorios históricamente golpeados por inundaciones, minería y abandono estatal. Allí, cualquier aumento súbito del caudal del río Cauca se traduce en pérdidas humanas y materiales difíciles de reparar.

A esto se le llama capitalismo de las tragedias: retener el agua cuando produce ganancias y soltarla cuando se vuelve peligrosa. El presidente Gustavo Petro ha pedido investigaciones porque aquí no solo hay lluvias y cambio climático. Hay decisiones humanas que amplificaron el desastre. Las consecuencias ya están a la vista: inundaciones más graves, energía desperdiciada, ecosistemas dañados y comunidades empobrecidas. La pregunta que queda flotando, mientras el agua aún no se retira del todo, es quién decidió retener, quién decidió soltar y quién responde cuando el río entra a las casas.

 

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