Por: Sofía López Mera, Abogada Defensora de Derechos Humanos y Periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.
El desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia es desconcertante. Para periodistas y lideres políticos de derecha, los pueblos indígenas deben estar confinados en sus territorios a merced de la guerra y situaciones de extrema pobreza. Este desconocimiento ha derivado en actos de racismo estructural que promueven el exterminio étnico.
El racismo estructural se refiere a un sistema de desigualdad arraigado en las instituciones y estructuras sociales, políticas y económicas. Se manifiesta en prácticas y políticas, que a menudo, de manera inadvertida, favorecen a ciertos grupos étnicos mientras marginan a otros. Este tipo de racismo puede ser particularmente insidioso, ya que no siempre es obvio y a menudo se esconde detrás de la apariencia de la neutralidad. El racismo es un problema profundamente arraigado en la sociedad que ha persistido a lo largo de la historia y es una poderosa fuerza que perpetúa la desigualdad y, promueve el exterminio de minorías étnicas en todo el mundo.
El racismo estructural y el exterminio del pueblo judío representan un ejemplo trágico de cómo la discriminación sistémica puede llevar a consecuencias devastadoras. A medida que los nazis tomaron el control del gobierno alemán, promulgaron leyes antisemitas que excluían a los judíos de la vida pública, les negaban derechos civiles y promovían la segregación. Esto incluyó la prohibición de empleos, la eliminación de propiedad, y la creación de guetos para confinar a la población judía. Estas políticas se intensificaron gradualmente hasta llegar al exterminio planificado y sistemático conocido como el Holocausto. Este acto atroz de genocidio es un ejemplo extremo de cómo el racismo estructural puede desencadenar consecuencias inhumanas.
En este momento existe un gran escándalo mediático promovido por el congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe Hernández” el “youtuber”. Con bombos y platillos denunció ante el congreso que el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, hace millonarias transferencias a las comunidades y organizaciones indígenas. Las denuncias del congresista además de infundadas constituyen un patrón de racismo estructural que promueve el odio y el exterminio.
Desde la promulgación de la Constitución Política en 1991 se contempló la creación de las Entidades Territoriales Indígenas, y que las mismas se conformarían de acuerdo a lo que dispusiera la ley orgánica de ordenamiento territorial.
Con la ley orgánica de ordenamiento territorial se buscaba reconocer los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país, así como crear instrumentos para superar dichos desequilibrios mediante la determinación de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Con base en lo anterior, el legislador expidió la ley 388 de 1997, donde se definieron los lineamientos técnicos, políticos, administrativos y jurídicos relacionados con el proceso de ordenamiento territorial de los municipios y/o distritos. No obstante, solo hasta la expedición de la ley orgánica de ordenamiento territorial, la ley 1454 de 201, se estableció el marco regulatorio en esta materia, pero no se reguló lo ordenado por la constitución política frente a las Entidades Territoriales Indígenas, y la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 de 2012, estableció que existe una omisión legislativa absoluta en relación con este tema y configura una discriminación institucional contra una minoría étnica.
Para subsanar dicha omisión legislativa, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos expidió los decretos 1953 de 2014 y 0632 de 2018, donde se creó un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento, de manera transitoria, los Territorios Indígenas. Es importante aclarar que esta regulación solo se logra mediante el ejercicio de protesta social que realiza el movimiento indígena en Colombia.
Estos decretos desarrollan la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas, estableciendo funciones, mecanismos de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena, con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud propia, y al agua potable y saneamiento básico.
Es importante resaltar que mediante el Decreto 982 de 1999, se creó una Comisión para el desarrollo integral de la política indígena y adoptó medidas para obtener los recursos necesarios para la misma, y que mediante el decreto 1811 de 2017, se establecieron los mecanismos eficaces para garantizar la participación de los Pueblos Indígenas del Cauca organizados en el CRIC, en los sectores sociales de inversión a través de las iniciativas de política pública indígena propuesta por el gobierno y los mecanismos de cumplimiento y seguimiento.
Desde la presidencia de finales de la década de los 90 producto de la movilización social de los pueblos indígenas se construyen marcos normativos para la conformación de Entidades Territoriales Indígenas, y esto se hace mediante la financiación de la política pública indígena. No sabemos entonces, si las denuncias infundadas del congresista JP Hernández se hacen por desconocimiento legal – realmente es muy lamentable que un legislador desconozca el ordenamiento jurídico colombiano- o hacen parte de la estrategia de racismo soterrado y estructural que promueve en el fondo el exterminio de nuestros pueblos indígenas.
Este tipo de señalamientos alientan a la población a estigmatizar a los pueblos indígenas, a promover el odio hacia esta minoría étnica, que se puede leer por ejemplo en los trinos calumniosos del político nieto de Laureno Gomez, que señala:
- “Llenar plazas con los milicianos de los grupos narcos que están beneficiando no resulta tan complicado: el desgobierno les cumple dejándolos delinquir, traficar, secuestrar, asesinar y arrinconar a la población civil, lo único que deben hacer ellos es llenar buses y todo a costillas del erario. #LasMarchasSon un mar de cinismo entre los cabecillas del Pacto Histórico”
- “Dos décadas de educación etnocéntrica nos dejan a jóvenes entregados a los milicianos de fácil instrumentalización que le sirven a los tierreros, okupas y demás yerbas marxistas enfocadas a acabar con la propiedad privada en Colombia. Son indígenas de alquiler que se suman a contratistas de ocasión que salen orgullosos a decirnos que se malgastan nuestro dinero en la oda al ególatra Petro”
- “Es nuestro deber cuidar y reportar en cada una de las ciudades donde el autócrata desplegó con el dinero de nuestros impuestos a las narcoguerrillas camufladas de movimientos sociales e indígenas.”
Otra muestra de este ejercicio desdeñoso son los comentarios desafortunados del periodista Gustavo Gómez de Caracol Radio que indico:
-“De lejos parecen borregos. Se acerca uno, como le sucedió a esta oyente, y se descubre que es gente”, haciendo alusión a los indígenas que participaron de la Minga.
Es importante recordar también lo dicho en este mismo año por el cuestionado político y sub júdice, Alvaro Uribe Velez, en contra de la Guardia Indígena, proceso por el cual tiene aperturada investigación en la Fiscalía General de la Nación donde señaló de grupo paramilitar a la guardia indígena:
-“Qué nos preocupa con las guardias campesinas y que nos preocupa con las guardias indígenas que se van constituyendo como ejércitos privados desafiantes, que sustituyen o van a hacer alternativos a las fuerzas armadas institucionales que se están derivando en el paramilitarismo cualquiera sea su orientación ideológica, hay que evitarlo”.
No podemos ser indiferentes ante el racismo estructural que promueven la derecha y los medios de comunicación en nuestro país. Es crucial reconocer la existencia de este problema y trabajar para desmantelar las estructuras y políticas que lo perpetúan para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su origen étnico.