La oposición al gobierno de Petro aplica con destreza las técnicas del “lawfare” o guerra judicial, una táctica utilizada por la rama judicial y la derecha uribista para socavar al gobierno legítimamente electo. El término “lawfare”, derivado de la combinación de “law” (ley) y “warfare” (guerra), originalmente se empleaba en contextos militares para describir el uso de la ley como herramienta en conflictos asimétricos. Sin embargo, su definición ha evolucionado para abarcar el uso de acciones judiciales con el objetivo de causar perjuicio a un adversario político.
En América Latina, el concepto ha cobrado relevancia en casos como los procesos judiciales contra figuras prominentes como Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, o las acusaciones de corrupción dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador.
En el contexto colombiano, el lawfare se manifiesta a través de una alianza entre sectores judiciales, medios de comunicación y entidades de derecha o ultraderecha, con el propósito de deslegitimar al gobierno y revertir avances de las reformas progresistas. Esta táctica busca imponer una narrativa de corrupción y desestabilización, presentando acciones judiciales como instrumentos de defensa de la democracia cuando en realidad se trata de una manipulación de la justicia con fines políticos.
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional están desempeñando roles protagónicos en el actual escenario antidemocrático de lawfare. Una serie de reformas progresistas propuestas por el gobierno de Petro han sido derribadas mediante acciones judiciales, y han sido destituidos congresistas importantes dentro del proyecto del Pacto Histórico, generando una significativa desestabilización dentro del proyecto de izquierda que llegó al poder.
La sección quinta del Consejo de Estado, el tribunal supremo en asuntos electorales, ha emitido decisiones que han impactado de manera contundente al gobierno. Recientemente, esta sección suspendió al alcalde de Duitama por doble militancia en el Pacto Histórico y anuló el nombramiento del cónsul en México. También, esta sección del Consejo de Estado invalidó la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado, junto con la elección de cuatro congresistas del Pacto Histórico, incluyendo a Roy Barreras y Alexander López durante sus presidencias en el Senado, y a César Pachón y Luz Marina Munera, destacados líderes de izquierda.
Entre los golpes más duros que la Corte Constitucional ha dado en contra de las reformas del gobierno Petro se destacan los siguientes:
- Declarar inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, por considerar que hubo vicios de trámite en su estructuración, ya que no se realizó un correcto análisis de su impacto fiscal.
- Declarar la inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (EESE) en La Guajira.
- La reforma tributaria del gobierno Petro ha experimentado modificaciones abruptas. La Corte Constitucional dejó sin efecto el párrafo 1 del artículo 19, el cual había eliminado la deducibilidad del impuesto de renta sobre las regalías que pagan las petroleras y empresas mineras al Estado por el aprovechamiento de recursos en el subsuelo. Esto resultó en una pérdida de cerca de 5 billones de pesos en impuestos a favor de multinacionales extranjeras. Además, por vicios de trámite en el Congreso, la Corte Constitucional tumbó el artículo 95 de la reforma tributaria, que establecía una contribución para beneficiar a estudiantes con créditos del Icetex. Asimismo, el tribunal Constitucional declaró inexequible el inciso 2º del artículo 96 de la reforma tributaria, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre los efectos de decretos legislativos expedidos por el gobierno de Iván Duque en el marco de la pandemia del Covid-19 sobre insolvencia de las empresas. Condicionó la aplicación de una sobretasa contemplada en la reforma tributaria a personas y entidades dedicadas a generar energía eléctrica como actividad económica principal, aplicable entre los años 2023 y 2026. También fue declarado inexequible el aparte de la reforma que establecía que, para reducir el impuesto de renta, las empresas en zonas francas debían aumentar las exportaciones y suscribir un plan de internacionalización.
- La Corte Constitucional declaró inexequible el cambio de nombre de fuerza aérea a fuerza aeroespacial propuesto por el ministerio de defensa y determinó que este último no tenía la facultad para cambiar el nombre mediante una ley ordinaria, ya que este aspecto estaba establecido en el artículo 217 de la Constitución política.
La Procuraduría General también es protagonista en la guerra judicial que se libra contra el gobierno del cambio. La bancada del Pacto Histórico expresó preocupación por lo que consideran una persecución de la Procuraduría hacia funcionarios del gobierno. Respaldaron a Luis Guillermo Pérez Casas, sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años. Consideran la decisión cuestionable y sugieren motivaciones políticas detrás de la acción de la Procuraduría. Advierten sobre una tendencia de persecución por parte del Estado, interpretándola como un “golpe blando” contra el gobierno.
Además, es importante recordar que la Procuraduría General de la Nación extendió por tres meses la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, debido a presuntas irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está llevando a cabo varias investigaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022, así como por delitos de lavado de activos y dudosa procedencia de los fondos de campaña. Estas investigaciones se basan en denuncias sobre ingresos ilegales de dinero y aportes adicionales. Alirio Uribe del Pacto Histórico lidera la investigación sobre ingresos irregulares. También se están investigando conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia sobre la obtención de fondos en la costa Caribe.
Y como si no fuera suficiente, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral evaluarán y votarán una ponencia de 313 páginas presentada este miércoles 8 de mayo por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que imputa cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por violar los topes electorales. La ponencia también señala a Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
En conclusión, el fenómeno del “lawfare” es una poderosa herramienta para debilitar gobiernos progresistas en América Latina, y Colombia no es una excepción. A través de una combinación de acciones judiciales selectivas, manipulación mediática y alianzas políticas, sectores de la derecha están buscando minar la legitimidad y el avance de las agendas progresistas. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado una serie de obstáculos legales y políticos que dificultan la capacidad para implementar reformas y avanzar en su agenda. El lawfare es la antesala del Golpe de Estado y solo el poder constituyente primario que sale a las calles materializado en una asamblea constituyente será la única alternativa para salvar la democracia colombiana.
Por: Sofía López Mera, abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad