En 1947, en la plaza helada de Chocontá, Jorge Leyva Urdaneta, ministro de Trabajo del presidente Laureano Gómez, pidió abiertamente matar al jefe del liberalismo. Lo dijo con voz de púlpito y tono de sentencia: que así como en Italia fue necesario matar a Matteotti, en Colombia había que hacer lo mismo con Jorge Eliécer Gaitán. Un año después, el 9 de abril del 48, Gaitán fue asesinado a las puertas de su oficina. Y el país entró en una guerra sin final claro. La historia, en Colombia, no se repite como farsa: se hereda como misión de clase.
Cincuenta años después, su hijo, Álvaro Leyva Durán, tejía otra conspiración. Esta vez con traje de paz y modales de diplomático. Pero en realidad se sentaba no con insurgentes, sino con Carlos Castaño, el jefe de las AUC. Lo dice Castaño en su libro Mi confesión, y lo confirma el informe El cascarón y la semilla: Leyva proponía un golpe contra Samper a través de una Constituyente. Dicen que Álvaro Gómez se negó a prestarse al juego. Dicen que por eso lo mataron. Dicen.
Hoy, a sus 82 años, Leyva reaparece, ya fuera de la Cancillería, pero todavía con ambición de titiritero. Los audios que han salido a la luz no dejan lugar a interpretaciones. No insinúa: trama. Habla de alianzas con el Clan del Golfo, con el ELN, con periodistas como Vicky Dávila, con políticos de vieja escuela. Nombra a Miguel Uribe Turbay como ficha débil, sin representación, y días después, le disparan. En los mismos audios sugiere que Francia Márquez, la vicepresidenta, sabía del plan. Que el atentado la favorecía. Que si caía Petro, ella sería presidenta. Presidenta sí, pero manejada por la derecha. Títere, no símbolo.
Desde que Gustavo Petro fue elegido presidente, una parte del empresariado, de la clase política tradicional y del poder judicial se ha dedicado a bloquear su mandato. No con bayonetas, sino con micrófonos, sentencias y portadas. Las cortes han tumbado decretos. Los medios han difundido falsedades. No es un golpe militar: es un golpe blando. Se ejecuta paso a paso, por dentro, como termita institucional.
El punto más alto de esta arremetida fue el atentado contra Miguel Uribe, seguido de la decisión del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de declarar sesión permanente y reunirse con las Fuerzas Armadas. Un movimiento que olía a antesala de ruptura. A reedición elegante del viejo zarpazo.
Y entonces, los audios. Leyva habla con seguridad. Como quien lleva tiempo planeando. No aclara si coordinó con congresistas, con Cepeda, con empresarios o con magistrados. Pero sí deja en evidencia que armó una red, una conjura con rostro de transición y cuerpo de golpe.
Lo más grave es la desconfianza que sembró. No solo en el gabinete, también entre la ciudadanía que apoya el gobierno. Y eso también hace parte del golpe blando: dividir, aislar, deslegitimar. En otros países lo han hecho así. Aquí lo están intentando.
Por eso, lo mínimo que debe exigirse es que las personas mencionadas en los audios hablen. ¿Qué sabían? ¿Qué pactaron? ¿Por qué no lo denunciaron? La Fiscalía tiene el deber de investigar y judicializar. El pueblo tiene derecho a saber quién conspira contra su voluntad.
Petro, al incluir a Leyva en su gabinete, creyó tal vez que reconciliarse con el pasado era necesario para construir el futuro. Pero el pasado no se reconcilia si nunca pidió perdón. Y mucho menos si sigue conspirando.
Señalar a Leyva padre y a Leyva hijo no es revancha: es hacer memoria. Es entender que la antidemocracia en Colombia no es un error: es un legado de familia.
Prensa Justicia & Dignidad