Fotografía de Jorge Alexander Pérez siendo llevado por la Policía
Alerta Dignidad #2
Nadie da cuenta de la cifra exacta de personas desaparecidas forzadamente durante el paro nacional del 2021. En la ciudad de Cali, donde todas las técnicas de terrorismo de estado se hicieron presentes ─desde la tortura hasta el abuso─, la modalidad de la desaparición forzada fue una constante de grandes magnitudes, al punto de que tanto las ONG nacionales y regionales con experiencia en el registro de graves violaciones a los derechos humanos, no se dieron abasto y las cifras siguen siendo una incógnita. Llama la atención que los reportes de Temblores e Indepaz, sobre los hechos de represión durante el paro nacional, no se referían al número de personas reportadas como desaparecidas en sus reiterados boletines, pero llegaron a reportar la cifra de 346 personas desaparecidas forzadamente.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos que participaron de la Misión de verificación del paro nacional en Santiago de Cali y que contaron con el acompañamiento de La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, compartieron el Informe No.1, en el cual relacionaron el reporte de personas desaparecidas, información que se ha consolidado a partir de los registro de las organizaciones de derechos humanos, recibida también a través de redes sociales y medios de comunicación. Solo en la ciudad de Cali, desde el 28 al 6 de mayo de 2021, se registró una cifra de 125 personas desaparecidas forzadamente, se documentaron 156 casos de los cuales tenían información que habían aparecidos con vida solo 31 personas algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública.
DDHH #Cali| A temprana hora del día Domingo #27j de 2021, la comunidad reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca a la Av del Río, por el Boulevard #ColombiaEnDictadura
El 3 de mayo, en redes sociales, aparecía la fotografía de Jorge Alexander Pérez, sus familiares denunciaban que en la calle 15 con ciudad de Cali sobre el Puente de los Mil días, había sido retenido por la Policía Nacional. Tal y como se muestra en la fotografía y pese haber sido buscado en todas las estaciones de policía de Cali, no se dio con su paradero.
En redes sociales también se observaba como varios jóvenes eran sometidos a practicas de tortura y sobre muchos de ellos se desconoce su paradero.
Así mismo, durante los meses de julio y junio, sobre el Río Cauca y sobre sectores del oriente de Cali, empezaron aparecer cuerpos sin vida de jóvenes, restos humanos presumiblemente de personadas desaparecidas durante las protestas.
Según la fiscalía general de la nación, existen solo dos casos de desaparición forzada de personas, aperturados en investigación preliminar, siendo víctimas 36 personas solo de la ciudad de Cali. El proceso aun no constituye proceso penal y puede afirmarse que sobre él recae todo el peso de la impunidad.
Organizaciones de DDHH cómo Justicia y Paz así como Justicia y Dignidad recibieron relatos escabrosos y delicados sobre las practicas criminales de la Policía Nacional en la ciudad de Cali, cuyo fin era la desaparición forzada de jóvenes manifestantes. En el marco de estas denuncias se supo de la existencia centro ilegales de operaciones de la Policía, lugares de ajusticiamiento y zonas de fosas comunes.
Se indicó, por varias fuentes, que el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes habrían sido llevados a unos sótanos y horas más tarde serían sacados en camionetas polarizadas. Posteriormente, se informó que en camiones que usa la Policía para su movilidad, se transportarían cuerpos sin vida a altas horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado habrían descargado cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos. Se denunció que por el olor y la remoción de la tierra se tratarían de fosas comunes.
Los jóvenes que eran detenidos o reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, en Guacarí y en Buga, habrían sido “ajusticiados”. Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales. El 23 de mayo se conoció también de la existencia de una “Casa de Pique” en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín, en la ciudad de Cali, al control de civiles armados.
Fue tan evidente, que la orden del máximo responsable de las fuerzas militares, era la desaparición forzada, que quedó en evidencia con el caso del Daniel Estiven Sánchez Quiceno. El joven fue detenido por el ESMAD de la policía el día 28 de mayo de 2021 al frente de Dollarcity de Siloé, fue golpeado y subido a la fuerza a la tanqueta de la Policía. Al día siguiente su cuerpo se encontró incinerado en las ruinas del Dollarcity, pretendían desaparecer su cuerpo, pero los mismo jóvenes manifestantes que habían sido testigos de su detención arbitraria fueron quienes rescataron el cuerpo sin vida del joven.
Las cifras siguieron siendo una incógnita, y en Cali, mediante el terror instaurado por la medidas dictatatoriales del general Zapateiro, se impidió que las víctimas reportaran a sus familiares desaparecidos, que se buscaran a los mismos y que las organizaciones sociales y de derechos humanos pudieran tener un registro que permitiera dar con el paradero de las víctimas y que los casos no quedaran en impunidad.
¿Dónde están los desaparecidos del paro nacional? Esta es la pregunta que nos hacemos luego de un año y medio de uno de los peores capítulos de horror de la historia nacional. Esta semana en medio de la denuncia por corrupción, en el marco de los contratos distritales de Bogotá con los operadores de los cementerios, se estableció que un general de la Policía ordenó la cremación de al menos 300 cuerpos de jóvenes en el marco del paro nacional 2021. Es urgente que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro convoque a una comisión de esclarecimiento de los hechos del paro nacional, la fiscalía general de la nacional hasta el momento solo ha sido garantía de impunidad.