¿Niños y niñas palestinas frente a la pena de muerte? La nueva ley de Israel

En un mundo que ya ha aprendido a convivir con lo insoportable, siempre aparece un nuevo umbral que creíamos imposible de cruzar. Esta vez, viene desde el parlamento de Israel, que ha aprobado una ley que permite imponer la pena de muerte a quienes sean condenados por “terrorismo”. La palabra parece jurídica, pero es profundamente política: elástica, ambigua, disponible para ser aplicada en un contexto donde la justicia no es igual para todos. Porque en los territorios ocupados, los palestinos no son juzgados bajo el mismo sistema que los ciudadanos israelíes. Son llevados ante tribunales militares, donde las garantías son más débiles, donde la defensa se reduce, donde la condena llega más fácil. Allí es donde esta ley encuentra su verdadero destinatario.

Y entonces la pregunta deja de ser abstracta. ¿De verdad estamos dispuestos a presenciar ejecuciones bajo la apariencia de legalidad? ¿A aceptar que el castigo máximo se convierta en regla en un sistema ya profundamente desigual? El problema no es solo la pena de muerte, es el terreno donde se aplica. Porque en ese mismo sistema, según organismos internacionales, cerca de 1.500 niños palestinos han sido arrestados desde 2023. Niños que pueden ser acusados de terrorismo, interrogados sin garantías plenas, procesados en tribunales militares. Niños que entran en una maquinaria jurídica que no fue diseñada para protegerlos, sino para controlarlos. La sola posibilidad de que ese circuito pueda desembocar en una condena a muerte debería bastar para encender todas las alarmas.

Pero lo más inquietante no es solo la ley, es la naturalidad con la que se instala. La forma en que se discute, se vota y se justifica como una medida más en medio de la guerra. Así avanza la barbarie: no siempre con estruendo, a veces con normas, con procedimientos, con discursos que la vuelven razonable. Y cuando creemos que ya hemos visto demasiado, el mundo vuelve a correrse un poco más hacia el abismo. Porque cuando una sociedad decide que puede clasificar vidas y asignarles distinto valor jurídico, lo que está en juego no es solo la vida de quienes serán condenados, sino la idea misma de humanidad.

 

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Un Grammy en español, un mensaje al mundo

La noche de los premios suele ser una vitrina de trajes caros y palabras que se evaporan. Pero a veces, muy de vez en cuando, alguien se sale del libreto y convierte el escenario en territorio. Eso pasó cuando Bad Bunny recibió el Grammy al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. No fue solo un premio. Fue una grieta.

Por primera vez, el galardón mayor de la industria musical habló en español sin pedir permiso. No como traducción ni como exotismo, sino como lengua madre. Un álbum hecho desde Puerto Rico, desde la memoria, desde la herida y el amor por la tierra, se impuso sobre el catálogo entero del imperio. Ganó el disco, sí. Pero ganó algo más grande: la posibilidad de que el mundo escuche sin corregir el acento.

Bad Bunny no agradeció primero. Hizo una pausa. Y en esa pausa cabían las cocinas donde se reza bajito, los aeropuertos donde el miedo se pega a la piel, las manos que trabajan sin papeles. Dijo “fuera ICE” y no fue un grito: fue una constatación. Luego recordó lo obvio, eso que a veces hay que decir en voz alta: que las personas migrantes no son animales, ni salvajes, ni extraterrestres. Son humanos. Son parte de América.

El gesto incomodó. Como incomoda siempre la dignidad cuando no se arrodilla. Desde lejos, desde los púlpitos del poder, llegó el desprecio. Pero el mensaje ya estaba sembrado.

Hay premios que consagran carreras. Y hay gestos que ensanchan el mundo. Este fue uno de esos. En tiempos de redadas, muros y discursos de odio, un artista popular decidió usar el micrófono más grande para recordar algo sencillo: que el amor es más fuerte que el miedo.

Y eso, aunque parezca pequeño, da esperanza. Porque a veces la historia avanza así: no con discursos largos, sino con una frase dicha en el momento justo, en el idioma que nació para decirla.

 

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No vaya a la Casa Blanca, señor Presidente

Señor Presidente, por favor, no se le ocurra ir a la Casa Blanca.

No vaya.

No se suba a ese avión.

No cruce esa puerta giratoria alfombrada donde las sonrisas brillan mientras los cuchillos esperan.

Todo esto —absolutamente todo— huele a trampa.

A trampa vieja.

De esas que no necesitan creatividad porque ya fueron usadas.

Con manual desclasificado.

Con antecedentes verificables.

Con entradas propias en Wikipedia.

Hagamos memoria, que es el deporte que más incomoda al poder.

El 19 de octubre de 2025, Donald Trump decidió que usted no era un presidente, sino un “líder del narcotráfico”. Así, sin juez, sin fiscal, sin pruebas. Sin más sustento que su cuenta de Truth Social y su conocida pasión por la calumnia.

No fue una metáfora ni un exabrupto. Fue una acusación directa. Luego la repitió. Y la repitió otra vez. Porque cuando Trump encuentra una palabra que le sirve, la exprime hasta dejarla seca: narcotraficante, protector de la coca, enfermo, peligro regional. Todo dicho con el mismo rigor probatorio con el que algunos insisten en que la Tierra es plana.

Después vino el siguiente acto del libreto: la descertificación moral, política y diplomática. No contentos con insultarlo, decidieron castigar a Colombia. Y, como eso no alcanzaba, lo pusieron a usted y a su familia en la famosa Lista Clinton. Esa lista no necesita jueces, ni sentencias, ni debido proceso. Basta con la sospecha conveniente.

Usted.

Su esposa.

Su hijo.

Un castigo colectivo, pulcro, elegante. De esos que se presentan como trámite administrativo, pero que en realidad funcionan como una ejecución política en cámara lenta. Ya bastante daño le han hecho, señor Presidente, como para ahora invitarlo a la sala principal del verdugo.

Y no olvidemos un detalle nada menor: mientras todo esto ocurría, sectores muy respetables de la derecha colombiana hacían fila en Washington. Fila ordenada, bien peinada, con inglés esforzado. Pidiendo sanciones, intervención, presión internacional. Cualquier cosa que sirviera para sacarlo del camino. El viejo sueño húmedo de siempre: que el problema colombiano lo resuelva otro, preferiblemente con botas.

A esto se suma un hecho grave que no puede pasarse por alto: Álvaro Leyva no se quedó en los audios. Leyva interpuso denuncias penales contra usted en Estados Unidos, buscando activar mecanismos judiciales fuera del país, precisamente en la jurisdicción que hoy lo invita con gesto diplomático. No fue una salida de tono ni un arrebato personal. Fue una jugada política y jurídica deliberada.

Y, como telón de fondo permanente, una amenaza reiterada: el uribismo ha instalado desde hace años la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro, presentándolo como determinador político del narcotráfico. No es un rumor marginal ni una exageración retórica. Es un discurso que aparece cíclicamente en columnas, entrevistas, redes y escenarios internacionales, siempre listo para activarse cuando el poder interno no alcanza.

Así que no estamos hablando de paranoia. Estamos hablando de denuncias formales, antecedentes políticos, amenazas públicas y de un marco jurídico hostil que se ha venido construyendo pieza por pieza.

Porque lo que hoy ocurre dentro de Estados Unidos demuestra que, cuando el poder necesita enemigos, los fabrica. ICE dejó de actuar solo en la frontera y ahora opera en barrios, carreteras, escuelas y hospitales como si estuviera en territorio ocupado. Redadas sin orden judicial clara, detenciones masivas y operativos armados han convertido la política migratoria en una operación interna de control social. Ya no se trata solo de expulsar migrantes: se trata de disciplinar comunidades enteras mediante el miedo, de enviar el mensaje de que cualquiera puede ser detenido primero y escuchado después.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha convertido la presión internacional en herramienta cotidiana: sanciones económicas contra países que comercian con gobiernos incómodos para Washington, amenazas militares abiertas, operaciones extraterritoriales y decisiones unilaterales que ignoran acuerdos diplomáticos y organismos multilaterales. La soberanía ajena dejó de ser un principio y pasó a ser un obstáculo removible cuando interfiere con intereses geopolíticos. Lo que hoy se hace con otros países mañana puede hacerse con cualquiera que resulte inconveniente.

Y mientras eso ocurre afuera, dentro del propio territorio estadounidense crece la lista de muertos bajo custodia migratoria, de familias separadas y de ciudadanos que terminan heridos o abatidos durante operativos federales. Las protestas que hoy recorren ciudades enteras no nacen solo de la solidaridad con migrantes, sino del temor de millones de personas que empiezan a sentir que la maquinaria de seguridad ya no distingue entre extranjero y ciudadano cuando decide imponer orden. Un Estado que normaliza la excepción termina aplicándola contra todos.

Ahora bien, supongamos que usted va.

Que acepta la invitación.

Que llega sonriente, con traje oscuro y discurso conciliador.

¿Y si no lo dejan salir?

No es una pregunta exagerada. Es una pregunta histórica.

¿Qué tal que lo retengan “preventivamente”?

¿Qué tal que inventen una causa, una orden, un trámite?

¿Qué tal que lo capturen, lo congelen, lo neutralicen diplomáticamente y aquí nos quedemos, solos, mirando el noticiero con esa sensación incómoda de haber visto esta película antes?

Y aquí reaparece Álvaro Leyva, personaje que pasó de canciller a oráculo del desastre. Audios suyos, revelados por El País de España, lo muestran hablando con total naturalidad de un plan para sacarlo a usted del poder. Golpe blando, golpe duro, golpe elegante: el nombre es lo de menos.

En esos audios se menciona que Francia Márquez sabía.

Que Francia Márquez quedaría de presidenta.

Que había que mover fichas, buscar apoyos, acelerar tiempos.

Todo dicho con la serenidad de quien habla de cambiar una junta directiva, no de romper una democracia.

Y perdón, señor Presidente, pero la historia sudamericana no ayuda a tranquilizarnos. Ahí está Dina Boluarte, en Perú: vicepresidenta leal hasta el minuto exacto en que dejó de serlo, firmando la traición a Castillo con una mano y el decreto de represión con la otra. Ahí están los manuales no escritos de vicepresidencias convertidas en puentes hacia el poder cuando el presidente estorba.

Nada raro sería que Francia Márquez, rodeada, presionada, seducida por el canto de sirena del poder y la bendición internacional, hubiera sucumbido al virus de la traición. No sería la primera ni la última. Para la muestra, un botón: ahí está Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la Venezuela bombardeada e invadida, puesta en ese lugar por el mismo poder que hoy lo invita a usted a la Casa Blanca.

La historia no juzga, pero se repite con una constancia admirable.

Así que no, señor Presidente.

No vaya.

No nos deje solos.

No se entregue voluntariamente al escenario donde ya lo insultaron, lo sancionaron, lo acusaron y lo cercaron.

No confíe en la invitación del mismo hombre que lo llamó narcotraficante, que habló de operaciones militares y que celebró su aislamiento. Esto no es diplomacia: es una ratonera con luces.

Hay una lección básica que conviene recordar: con los locos no se pelea en público y a los locos no se les pone uno de frente. Por eso, no le diga nada a ese señor por redes sociales. Pero, sobre todo, no cruce esa puerta.

Quédese.

Gobierne desde aquí.

Hable con quien tenga que hablar por teléfono, por carta o por paloma mensajera, si es necesario.

Porque todo esto —todo— huele a una gran trampa.

Y de esas, en América Latina, ya sabemos cómo se sale: tarde, mal y con un monumento póstumo.

 

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Sandra sobrevivió, Neila no: Colombia empieza 2026 con una ola de feminicidios

Sandra Castro sobrevivió.

Neila Figueroa Segura no.

Esa es la diferencia mínima, brutal, arbitraria, que separa la vida de la muerte cuando la violencia machista decide instalarse en una casa y convertirla en campo de batalla. No hay azar. Hay antecedentes. Hay control. Hay amenazas. Hay una cadena de omisiones que empieza mucho antes del primer golpe y termina siempre después, cuando el Estado llega tarde y la justicia redacta comunicados.

El primero de enero, mientras el país estrenaba año y los discursos hablaban de nuevos comienzos, Sandra estaba en su casa, en Engativá. No celebraba nada. Estaba intentando irse. Había decidido terminar una relación marcada por los celos, la vigilancia y el control. Decidir irse, en Colombia, sigue siendo uno de los actos más peligrosos para una mujer.

César Camilo Aldana Vargas, su esposo, decidió que ella no se iba. La atacó con un arma blanca frente a sus dos hijos. Cincuenta y cinco veces. Después recogió objetos personales y huyó. Como si la violencia fuera un trámite. Como si el cuerpo de Sandra no estuviera desangrándose en el piso. Como si los niños no hubieran aprendido, en cuestión de minutos, que el hogar puede volverse una trampa.

Sandra vive. Vive conectada a tubos, con un pulmón perforado y una lesión grave en la tráquea. Vive porque su cuerpo resistió lo que el sistema no previno. La Fiscalía habla de tentativa de feminicidio. Los hijos hablan de miedo. El expediente avanza. La vida de Sandra pende de cuidados intensivos y de una justicia que siempre corre detrás de los hechos.

Neila Figueroa Segura tenía 33 años y vivía en Cereté, Córdoba. El domingo 11 de enero, al mediodía, discutió con su compañero sentimental en el barrio El Cañito. No fue una discusión extraordinaria. Fue una de esas discusiones que se repiten, que se normalizan, que el entorno aprende a no escuchar. Hasta que el hombre sacó un arma de fuego. Hasta que Neila cayó.

La auxiliaron. La trasladaron al hospital Sandiego. Llegó sin signos vitales. No hubo tiempo para tubos ni para titulares de “sobrevive de milagro”. Hubo muerte. Hubo captura. Hubo un nuevo nombre que se suma a una lista que no deja de crecer. En Cereté quedó una familia rota. En el país, otra mujer menos.

Sandra y Neila no se conocieron. No compartieron ciudad ni historia. Pero están unidas por un mismo patrón: violencia ejercida por hombres cercanos, en contextos íntimos, precedida por control, celos y dominación. La diferencia entre ambas no es estructural. Es apenas un hilo: una llegó viva al hospital; la otra no.

No son casos aislados. No son “hechos de intolerancia”. No son tragedias privadas. Son crímenes anunciados.

En la primera semana de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 13 hechos de violencia extrema contra mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en Colombia. Las cifras son exactas y no admiten eufemismos: 8 feminicidios, 2 transfeminicidios, 2 tentativas de feminicidio contra mujeres trans, 1 hombre gay asesinado y 1 masacre en Santander de Quilichao, donde tres mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas.

Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Bogotá aparecen en el mapa. Casas, barrios, comercios y espacios comunitarios aparecen como escenarios. En la mayoría de los casos, los agresores eran parejas o exparejas. El patrón no es confuso. Lo que es confusa —o deliberadamente lenta— es la respuesta estatal.

Aquí no falta diagnóstico. No faltan alertas. No faltan informes. Falta acción. Falta urgencia. Falta asumir que la violencia machista no es un problema cultural ni un asunto privado, sino un problema político y de responsabilidad estatal.

La Defensoría fue clara: cada feminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad. Cuando no actúa —cuando minimiza denuncias, dilata medidas de protección, normaliza el control y llega solo para contar muertas— deja de ser un espectador y se convierte en corresponsable.

Sandra vive porque resistió.

Neila murió porque nadie llegó antes del disparo.

Entre una y otra hay un país que sigue llegando después. Después del cuchillo. Después del arma. Después del hospital. Después del entierro. Y mientras eso siga ocurriendo, hablar de “casos aislados” no es ignorancia: es complicidad.

 

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La declaratoria de invasión de Donald Trump en Venezuela

Las guerras del siglo XXI ya no siempre empiezan con un misil. A veces comienzan con una frase dicha frente a micrófonos. Donald Trump habló y convirtió la retórica en doctrina: Estados Unidos puede imponer su voluntad “en cualquier lugar”. No fue un exceso verbal. Fue una declaratoria de invasión.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” Venezuela porque, según él, “no hay quien tome el poder”. Dijo que Washington no puede retirarse, que gobernará “de manera apropiada y profesional” mientras se define una transición. En su relato, Venezuela dejó de ser un país soberano para convertirse en un territorio tutelado.

Confirmó que hubo conversaciones previas entre su secretario de Estado, Marco Rubio, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según Trump, ella habría dicho: “haremos lo que necesiten”. No describió diplomacia, describió subordinación. Fue más lejos: sostuvo que, al haber sido electa vicepresidenta bajo el mandato de Nicolás Maduro, es ahora quien gobierna. La transición, en su voz, no nace del voto ni del consenso interno, sino del aval de Washington.

También negó haber hablado con María Corina Machado y la descartó como liderazgo porque “no tiene el apoyo de todos”. En una frase, Estados Unidos decidió quién sí y quién no puede encabezar el país. La soberanía quedó reducida a una opinión externa.

Luego vino el petróleo. Trump lo dijo sin rodeos: Estados Unidos llevará a sus petroleras a Venezuela y administrará el crudo. No habló de cooperación ni de acuerdos multilaterales, habló de control directo. Las empresas estadounidenses, dijo, entrarán para “reconstruir” la industria energética mientras su gobierno administra los recursos estratégicos. El petróleo dejó de ser riqueza nacional para convertirse en garantía de ocupación: razón suficiente para quedarse, gobernar y mandar.

El mensaje no se detuvo en Caracas. Trump lanzó una amenaza directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro: “tendrá que cuidar su trasero”. No es metáfora diplomática; es lenguaje de intimidación. América Latina entera quedó advertida.

La frase que lo resume todo fue dicha sin pudor: “Nuestros adversarios están notificados de que Estados Unidos puede imponer su voluntad en cualquier lugar”. Con esas palabras, Trump enterró el derecho internacional, borró la autodeterminación de los pueblos y declaró que la fuerza sustituye a la ley.

Así se anuncia hoy una invasión: con petróleo, micrófonos y soberbia. No necesita cascos azules ni resoluciones de la ONU. Basta un presidente diciendo que puede gobernar donde quiera. Y cuando eso ocurre, no solo invade a Venezuela: pone al mundo entero bajo amenaza.

 

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Niña indígena asesinada en Caldono

El 3 de diciembre de 2025, en la vereda Ventiadero del resguardo indígena San Lorenzo, en el municipio de Caldono, Cauca, desapareció Karen Melissa Caviche Menza. Tenía 11 años, cursaba quinto grado y vivía entre montañas donde la infancia debería ser sinónimo de juego y resguardo, no de miedo. Desde ese día, su familia, docentes y autoridades comunitarias activaron la búsqueda. La comunidad caminó, preguntó, esperó. La esperanza, frágil, se sostuvo durante semanas.

El 29 de diciembre, casi al cierre del año, la noticia cayó como un golpe seco: en la parte alta de la vereda Santa Elena, cerca de la bocatoma, fueron hallados restos humanos. Las autoridades tradicionales confirmaron lo que nadie quería escuchar: se trataba de Karen Melissa. Así terminó su búsqueda. Así terminó, también, cualquier intento de cerrar el año con alivio.

No fue solo una muerte. Fue una fractura. Padres, madres, estudiantes y maestras quedaron con una pregunta que no se responde con rituales ni comunicados: ¿cómo proteger a las niñas cuando el peligro está tan cerca y la justicia tan lejos?

La violencia contra las niñas y las mujeres indígenas no es un hecho aislado ni una excepción trágica. Es una constante silenciada. El caso de Karen Melissa se suma a una larga lista de agresiones que rara vez llegan a una investigación seria y casi nunca a una sanción efectiva. Los niveles de impunidad son alarmantes, incluso dentro de los sistemas de justicia propia. Pero decirlo tiene costo.

Muchas mujeres indígenas saben que denunciar es enfrentarse no solo al agresor, sino al machismo estructural y a la misoginia que atraviesan comunidades, autoridades y organizaciones zonales y regionales. Callar, en muchos casos, ha sido una forma de sobrevivir. Hablar puede significar aislamiento, estigmatización o castigo. Por eso, la impunidad no es solo jurídica: es cultural, política y profundamente patriarcal.

El asesinato de Karen Melissa interpela a todos los sistemas de justicia. A la justicia indígena, que debe revisarse críticamente cuando no protege a las niñas. Y al Estado colombiano, que no puede seguir usando el respeto a la autonomía como excusa para la omisión. La autonomía no puede convertirse en abandono.

Hoy es urgente exigir verdad y justicia. Exigir que la Fiscalía, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y los mecanismos de protección actúen de manera integral y respetuosa, acompañando este caso hasta sus últimas consecuencias. Exigir garantías reales para la familia. Exigir que no se archive, que no se diluya, que no se olvide.

Pero también es tiempo de algo más profundo: la construcción de un derecho propio desde las mujeres indígenas, con enfoques diferenciales, de género y de niñez, que atienda estos casos sin revictimización, sin silencios impuestos, sin pactos patriarcales. Un derecho que ponga la vida de las niñas en el centro.

Así se va el 2025: con una niña asesinada, con comunidades heridas y con una deuda que el país sigue sin saldar. Nombrarla es el primer acto de justicia. Exigirla, una obligación ética.

 

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Colombia: la violencia de género es estructural

Las cifras llegan como llegan siempre: ordenadas, comparables, aparentemente tranquilizadoras. Pero cuando se miran juntas, cuando se leen sin prisa, lo que muestran no es una emergencia pasajera sino una estructura de violencia sostenida contra las mujeres y las niñas en Colombia.

Según datos consolidados por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 16.947 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. De ellos, 11.255 correspondieron a mujeres mayores de 18 años, 2.437 a niñas y adolescentes y 620 a mujeres OSIGDH–LBT, sigla que hace referencia a mujeres con Orientación Sexual e Identidad de Género No Hegemónica, en particular lesbianas, bisexuales y mujeres trans, quienes enfrentan violencias agravadas por prejuicio y discriminación.

En 2025, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, los casos reportados fueron 12.873: 8.396 mujeres adultas, 1.980 niñas y adolescentes y 454 mujeres OSIGDH–LBT. La reducción numérica no implica una mejora estructural: en los territorios se interpreta como subregistro, miedo y desgaste institucional.

La violencia sexual es aún más contundente. En 2024, la Fiscalía registró 17.076 delitos sexuales contra mujeres. De estos, 9.857 tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes, 3.687 a mujeres mayores de edad y 446 a mujeres OSIGDH–LBT. En 2025, la cifra acumulada asciende a 13.832 casos, con 7.603 niñas y adolescentes, 3.105 mujeres adultas y 312 mujeres OSIGDH–LBT. La mayoría de las víctimas siguen siendo menores de edad. No se trata de hechos aislados: es una violencia repetida, cotidiana y silenciosa.

La explotación sexual de niñas y adolescentes confirma esa continuidad. En 2024 se reportaron 211 casos, y en 2025, 129. Aunque el número disminuye, la Defensoría advierte que estos delitos suelen estar profundamente subregistrados, especialmente en zonas rurales, de frontera y atravesadas por economías ilegales.

La trata de personas con fines de explotación, otra violencia organizada contra las mujeres, dejó 209 víctimas mujeres en 2024: 111 mayores de 18 años, 48 niñas y adolescentes y 6 mujeres OSIGDH–LBT. En 2025, los registros alcanzan 175 casos, con 86 mujeres adultas, 36 niñas y adolescentes y 6 mujeres OSIGDH–LBT. La persistencia en departamentos fronterizos revela un patrón conocido: donde el Estado es débil, el cuerpo de las mujeres se convierte en mercancía.

La forma más extrema de esta violencia es el feminicidio. En 2024, la Fiscalía reportó 171 feminicidios consumados y 391 tentativas. En 2025, las cifras son 111 feminicidios y 297 tentativas. A estos se suman los transfeminicidios: 20 casos identificados en 2024 y 26 en 2025, una señal clara de la vulnerabilidad extrema de las mujeres trans en un país que aún duda en protegerlas.

Leídas juntas, estas cifras no describen hechos excepcionales. Describen una normalidad violenta. El hogar, la infancia, el territorio y el cuerpo femenino siguen siendo espacios de riesgo. Colombia no enfrenta una ola repentina de violencia de género: enfrenta su fracaso histórico para prevenirla.

Las cifras ya están ahí. No faltan diagnósticos. Lo que falta es decisión política. Porque mientras estas violencias sigan tratándose como estadísticas y no como una prioridad nacional, el país seguirá contando mujeres como quien cuenta ausencias.

 

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Violación colectiva en el Cauca: mujer indígena violentada por ocho hombres exige justicia

Circula por los teléfonos del Cauca un video que quisiéramos no haber visto nunca. Ocho jóvenes indígenas acceden carnalmente a una mujer indígena. La escena ocurre en medio del monte: hay árboles, piedras, risas de ellos, llanto de ella. La sostienen, le tapan la boca, la desnudan. Nadie detiene la barbarie. Nadie interrumpe el horror.

En esa imagen —que se repite y se reenvía como una herida— está condensada una tragedia que el país se ha negado a mirar de frente: la violencia sexual que padecen mujeres y niñas indígenas en los territorios, amparada por un silencio cómplice, por sistemas de justicia que miran hacia otro lado, por el miedo y por la impunidad.

Se rumorea que ocurrió en una comunidad indígena, pero aún no hay certeza del lugar. Lo que sí hay es una certeza absoluta: una mujer fue violentada, humillada, rota. Y el Estado debe protegerla. Urge atención médica, psicológica, jurídica. Urge que se respete su dignidad, que no sea revictimizada, que no la callen, que no la culpen.

Los responsables deben estar tras las rejas. Ninguna jurisdicción, ni indígena ni ordinaria, puede ser excusa para la impunidad. En demasiadas ocasiones, la justicia indígena ha sido indulgente con los agresores sexuales, invocando la “armonía comunitaria” mientras el cuerpo de las mujeres queda deshecho, y la justicia ordinaria tampoco ofrece refugio: ahí también reina el olvido, la lentitud, la burla a las víctimas.

No hay cultura, costumbre ni territorio que justifique una violación.

No hay fuero que autorice el silencio.

No hay autonomía que valga más que la vida y la dignidad de una mujer.

Que esto no vuelva a pasar.

No en el Cauca, no en Colombia, no en ningún rincón del mundo.

Porque callar ante esta infamia es repetirla.

 

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

🎬 Estamos en campaña electoral: Seguridad Democrática 2.0

🎬 Estamos en campaña electoral: Seguridad Democrática 2.0

Escena 1: El regreso del intocable

📍 Bogotá, 19 de agosto de 2025.

El Tribunal Superior de Bogotá revoca provisionalmente la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez. La toga habla de “garantías procesales”, pero en la calle se escucha lo de siempre: “es que este país no aprende”.

El capítulo se estrena como quien revive un VHS rayado: mismo protagonista, mismos villanos, mismos aplausos de siempre.

Escena 2: El libertador de X

Uribe, recién desempacado de la justicia, saca su celular y, con el dedo índice convertido en espada digital, anuncia en redes sociales:

«Dedicaré cada minuto de mi libertad para pedir por la libertad de Colombia y recuperar el país en el 2026.»

Un mesías con conexión 5G, convencido de que un trino puede más que un código penal.

Escena 3: El altar electoral

📍 Sabaneta, Antioquia.

Uribe se va de misa con sus feligreses. Estampitas en mano, ojos llorosos y cámaras en “modo devoto”. El púlpito se convierte en tarima electoral.

El eslogan no falla: “el que peca y reza, empata”. Y entre padrenuestros y aplausos, el sermón se convierte en mitin.

Escena 4: El dron que bajó un Black Hawk

📍 Amalfi, Antioquia – 21 de agosto de 2025.

Un dron cargado con explosivos derriba un helicóptero Black Hawk de la Policía en la vereda Los Toros.

El saldo: 12 policías muertos y 4 heridos.

Los escombros caen entre cafetales y trochas, mientras el Frente 36 del EMC (disidencia de las FARC) firma la autoría con pólvora. Petro condena, el gobernador activa hospitales y los noticieros repiten la escena como si fuera tráiler de Netflix.

Escena 5: El camión de Cali

📍 Cali, Valle del Cauca – 21 de agosto de 2025.

Un camión bomba explota frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando 6 muertos y 42 heridos.

Ironías crueles: ocurre en pleno Día de las Víctimas del Terrorismo. El humo no deja ver la paradoja: mientras se conmemora a las víctimas, se fabrican nuevas.

Escena 6: El arco del sur en llamas

📍 Huila y Caquetá – 22 de agosto de 2025.

Florencia, Caquetá: una explosión en la carrera 12 sacude el centro y destruye al menos siete locales. Solo daños materiales, pero el miedo hace temblar las vitrinas.

La Plata, Huila: en la noche lanzan un artefacto explosivo contra una vivienda del barrio San Isidro. La Policía llega después, como siempre: a recoger los vidrios y a abrir investigaciones que terminan archivadas.

El mapa vuelve a pintarse de rojo y humo.

Epílogo

La narrativa suena como eco ensayado: “oleada terrorista”, “mano dura”, “patria en peligro”. Todo sincronizado con calendario electoral.

📽️ Estamos en campaña electoral: Seguridad Democrática 2.0

Clasificación: violencia explícita, manipulación política y risas nerviosas.

Productor ejecutivo: la ultraderecha criolla.

Guion basado en hechos reales que parecen ficción.

Próximamente… en las urnas.

Atentado en Cali: cinco muertos y decenas de heridos en pleno Día de las Víctimas del Terrorismo

Dolorosamente, hoy 21 de agosto de 2025, Día de las Víctimas del Terrorismo, Cali volvió a sentir el estruendo de la pólvora y la muerte. En horas de la tarde, un furgón cargado de explosivos fue abandonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. La detonación se escuchó en toda la ciudad: ventanales quebrados, viviendas sacudidas, cuerpos tendidos en el asfalto. El humo se levantó porque, en Colombia, la violencia no descansa ni siquiera en las fechas de memoria.

Los reportes preliminares hablan de cinco muertos y decenas de heridos. Gente común que pasaba frente a la base, cadetes que apenas estrenaban uniforme, vendedores que buscaban el sustento. Las sirenas llegaron tarde, como siempre. Las familias corrieron a los hospitales en busca de sus hijos. Y en medio de los vidrios rotos, un viejo en bicicleta repetía: “Otra vez nos tocó a nosotros”.

No es la primera vez que Cali arde. La ciudad conoce de sobra la represión y la muerte. Fue aquí, en 2021, donde el estallido social se convirtió en símbolo de resistencia. Miles de jóvenes, estudiantes, obreros y mujeres salieron a las calles a desafiar un modelo uribista del ultraderechista Iván Duque que los condenaba al hambre y al desempleo. Las barricadas de Siloé, Puerto Resistencia y Sameco fueron la chispa que encendió a todo un país. Y fue en Cali donde más se ensañó la derecha con su aparato de represión de Estado: francotiradores, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, cuerpos arrojados al río.

Por eso el atentado de hoy no es casualidad. Cali se convirtió en la ciudad de la desobediencia y la resistencia, en la capital de la memoria incómoda. La derecha no olvida que en esas calles se desmoronó su relato de orden y progreso. Y no perdona. Hoy, en plena campaña electoral, vuelve a encontrar en el terror una herramienta.

Las autoridades señalan a las disidencias, a Mordisco, que cada vez se hace más obvio que son el brazo armado del uribismo. El presidente Petro lo llamó “reacción terrorista”. Pero más allá de la autoría inmediata, hay que hacerse la pregunta de fondo: ¿a quién beneficia la sangre en vísperas de elecciones del 2026? ¿Quién recoge los frutos del miedo? Estamos en campaña electoral y el uribismo necesita que la gente pida a gritos una Seguridad Democrática 2.0.

El terror siempre ha sido un terreno fértil para la derecha colombiana. Con cada bomba, con cada muerto, vuelve a instalarse el discurso del enemigo interno, de la mano dura, del Estado fuerte que todo lo vigila y todo lo reprime. Las encuestas se mueven con cada explosión; los noticieros afinan su libreto; los candidatos de la guerra recuperan oxígeno.

Hoy, cuando los cuerpos aún no se han enfriado y las familias siguen llorando, ya se oyen las voces que exigen más seguridad y guerra contra el terrorismo. La sangre se convierte en propaganda electoral. Y el círculo se repite.

 

El atentado de Cali no solo golpea a una base aérea. Es un mensaje político: aquí se castiga la rebeldía, aquí se silencia la memoria del estallido. Porque Cali fue la ciudad que se levantó contra el poder en 2021. Y la derecha, esa misma que hoy cabalga sobre los muertos, ni perdona ni olvida. Su venganza es el retorno de la sangrienta Seguridad Democrática.

Por Justicia & Dignidad/ Periodismo independiente e investigativo