Por: Sofía López Mera Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
La coyuntura de la movilización social del Paro Nacional en Colombia del año 2021 tuvo como detonante una reforma tributaria lesiva y regresiva, impulsada por el Gobierno de Iván Duque y un acumulado de malestares sociales producto de injusticias y desigualdades estructurales de vieja data. La respuesta del gobierno de ese entonces fue la represión hacia quienes salieron a ejercer el legítimo derecho a la protesta, así como el planeamiento y posterior ejecución de abominables prácticas de terrorismo de Estado que nos recuerdan la violencia padecida por los jóvenes en las dictaduras militares del Cono Sur, en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, reconocido por promover grupos paramilitares, integrar redes de narcotráfico y ser el responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante sus mandatos, ordenó, la mañana del viernes 30 de abril de 2021, a través de la plataforma “Twitter”, el uso de armas oficiales en contra de los manifestantes cuando dijo: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
En consecuencia con lo anterior, el domingo 2 de mayo de 2021, el presidente, Iván Duque, implementó la figura de la “asistencia militar”, a pesar de que existía jurisprudencia constitucional que protegía el legítimo derecho a la protesta. Estas dos órdenes de Estado derivaron en la militarización de la protesta social en todo el territorio nacional y en la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos en contra de manifestantes y no manifestantes.
En contraposición a estas determinaciones, la Corte Suprema de Justicia, desde el 22 de septiembre de 2020 profirió sentencia que protegió el derecho a la protesta social en Colombia, tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Entre las medidas dispuestas por la Sala de Casación Civil, está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominó como “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Así mismo, la providencia ordenó la suspensión de las escopetas “calibre 12” usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa en función por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.
La brutalidad con la que actuaron las fuerzas policiales y militares en contra de la protesta social en Colombia, configuró un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el miércoles 28 de abril de 2021, evidenciaron la existía de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública colombiana en las manifestaciones ciudadanas, lo que derivó en la estigmatización hacia quienes, sin violencia, salieron a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales e hizo practicable también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso inadecuado de armas letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida, la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y libertad de prensa.
En la ciudad de Popayán se reprimió de manera violenta y desproporcionada las manifestaciones pacíficas de protesta social. Desde su inicio, la represión del Estado se dirigió en contra de los jóvenes de los barrios populares, los estudiantes universitarios y las organizaciones sociales de base y de derechos humanos de la ciudad. El sector social de los “Sin Techo” fue atacado sistemáticamente por la Policía Nacional desde el mismo miércoles 28 de abril, afectando a niños y mujeres, realizando detenciones arbitrarias, que durante el 2022 se tradujeron en montajes judiciales que hoy tienen privados de la libertad a líderes sociales.
En la tarde del jueves 29 de abril, en el marco del paro nacional, las organizaciones sociales y populares que integran “Los Sin Techo” hicieron una rueda de prensa a orillas de la carretera panamericana, contiguo al lote donde fue desalojado el campamento humanitario el día inmediatamente anterior, propiedad de la familia de la senadora caucana Paloma Valencia. Durante la realización del ejercicio periodístico sufrieron provocaciones y saboteos por parte de miembros de La Policía Nacional. Hacia las 6 p. m., cuando “Los Sin Techo” habían terminado la rueda de prensa y se dirigían a otros puntos de protesta, fueron detenidos de manera arbitraria algunos líderes sociales. Entre las víctimas de la detención se encontraba el joven Andrés Duque, conocido públicamente como “El Caleño”; el procedimiento fue grabado en vivo en las redes sociales, y por la presión comunitaria fue dejado en libertad horas después.
La detención de Alison Meléndez, una joven menor de edad, se produjo el miércoles 12 de mayo a las 8:57 de la noche, en medio de protestas ocurridas en el barrio “La Esmeralda”, y fue transmitida en vivo través de redes sociales. Alison fue detenida arbitrariamente y sufrió abuso sexual por parte de uniformados de la Policía Nacional en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía. Al día siguiente la menor se suicidó, dejando en sus redes sociales el mensaje “me manosearon hasta el alma”. Este abominable crimen provocó en la población payanesa y caucana un gran repudio y rechazo social, lo que incitó a una gran manifestación popular convocada por las organizaciones de mujeres.
El día sábado 14 de mayo se llevaron a cabo varios plantones populares de rechazo en el comando de la Policía y en la URI de la Fiscalía. La respuesta de la Policía fue atroz y hubo presencia de infiltrados dentro de la marcha que habrían ingresado por la parte trasera de las instalaciones de la fiscalía, se registraron videos de camionetas blancas en las que desaparecieron dos jóvenes a pocas cuadras de donde se realizaba la marcha, se usaron ilegalmente armas no convencionales para las protestas que cobraron la vida del joven estudiante Sebastián Quintero Múnera, también resultaron decenas de heridos, decenas de detenidos y la conflagración de las instalaciones de la URI de la Fiscalía y de Medicina Legal.
Durante la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de mayo se realizaron varios allanamientos ilegales por parte del Ejército Nacional en la ciudad, en donde se evidenció la ausencia de órdenes de allanamiento y captura, muy seguramente con fines de desaparición forzada. Por fortuna la reacción comunitaria impidió desenlaces fatales.
El domingo 15 de mayo, en el marco de las labores de la “asistencia militar” decretada por la Presidencia de Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano anunció en una rueda de prensa en el Batallón José Hilario López: “En Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas pertenecientes a las disidencias de las FARC conocidos bajo los seudónimos de “Andrés”, “Cheto”, “Maíz” y “Caleño”, por ser responsables de los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2021”. Molano hacía alusión al incendio de las instalaciones de la URI, y ofreció la suma de 50 millones de pesos por sus paraderos. Las personas señaladas por Molano son lideres sociales del Cauca; meses después se presentaron una serie de amenazas de muerte por medio de panfletos que culminaron con un montaje judicial.
De esta manera, la ciudad de Popayán se encontraba totalmente militarizada y el alcalde Juan Carlos López y el Gobernador Elías Larrahondo Carabalí entregaron la ciudad y el departamento a las fuerzas militares para el control del orden público mediante la figura de la asistencia militar. Fueron relevados de sus cargos como máximas autoridades de Policía, instalando como en Cali, el Puesto de Mando Unificado –PMU-, lo que dejó al departamento del Cauca a merced del General Eduardo Enrique Zapateiro.
El ataque armado de la Policía a los inermes habitantes de Bello Horizonte, el día 14 de mayo, cuando hacían una “velatón” por la muerte del estudiante Sebastián Quintero Múnera, da cuenta de la ejecución de una orden de ataque militar a los barrios populares en Popayán, así mismo, los allanamientos irregulares en el barrio Yambitará por parte del Ejército el día 15 de mayo, indican que estaba lejos de cesar la violencia de Estado en la ciudad.
Desde Bogotá se denunció, por parte de la “Comisión Intereclesial de Justicia y Paz”, operaciones de inteligencia militar y policial en contra de personas y organizaciones populares que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. El plan consistía en usar los vehículos policiales con modificaciones y ocultamiento de los colores verdes y de los símbolos de la institución, polarizarlos y alterar las placas. Algunos vehículos habrían sido pintados en los sitios de parqueo del Comando de Policía en el barrio “El Cadillal”. Las actuaciones previstas, combinarían así, formas y accionar paramilitares para evitar que la cuestionada policía fuera responsabilizada.
Se presentaron constantes ataques en contra de la prensa, de los defensores de derechos humanos, así mismo se amenazó a la juez contencioso administrativa que mediante fallo de acción de tutela restringió el uso de las “Venom”, dispositivo letal usado por el ESMAD que generó pánico entre los manifestantes y causó la muerte del Joven Sebastián Quintero Múnera.
Un año después del estallido social, el viernes 17 de junio de 2022, previo a las elecciones presidenciales, fue detenido nuevamente y de manera arbitraria, por personas de civil sin identificación, el líder social Andrés Duque, en hechos que también quedaron grabados en directo a través de las redes sociales. A pesar de la evidente ilegalidad de su captura, se le impuso “medida de aseguramiento intramural”, y se le imputaron cargos por los delitos de “avasallamiento de bien inmueble”, “violencia contra servidor público” y “empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”. También fue víctima de este montaje judicial y privado de su libertad el artista, estudiante y líder social Bremen Hinestroza, figura emblemática del paro nacional, quien usó traje de colores patrios y símbolos de repudio a la guerra y a la injusticia social. A pesar de que estos dos líderes sociales fueron designados por el actual presidente de La República, Gustavo Petro Urrego, como “voceros de Paz”, los integrantes del “Centro Democrático” señalaron que no eran lideres del Paro Nacional, acusación falsa si se tiene en cuenta que la persecución de estos líderes se orquestó por su participación en el Paro Nacional en medio de su pedido de reivindicaciones, sobre el tema de la vivienda digna. Ellos continúan presos por ejercer el derecho a la protesta social, sin que el gobierno nacional haya podido restablecer aún su libertad.
Fueron días de terror vividos en la ciudad que quedarán en la memoria de los payaneses como nuestras muy patojas y lúgubres noches de los lápices.