Derechos Humanos y Protesta Social archivos - Corporación Justicia y Dignidad

La decisión del Consejo Nacional Electoral y el camino al triunfo de Iván Cepeda en primera vuelta

por Sofia Lopez2026, Democracia, Derechos Humanos y Protesta Social, Pueblos y Territorios 4 de febrero de 20264 de febrero de 2026No hay comentarios

El uribismo cree que está ganando una batalla. Como casi siempre, confunde el ruido de los escritorios con el pulso de la calle. Al ponerle zancadillas a la izquierda desde el Consejo Nacional Electoral, al enredar consultas, inventar trabas y decidir a puerta cerrada, imagina que debilita a su adversario. En realidad, está haciendo exactamente lo contrario.

La idea era sencilla —y torpe—: dividir a la izquierda, desgastarla en una consulta de bajo vuelo y restarle aire a quien más convoca. El resultado puede ser otro: sacar a la izquierda de la consulta y empujarla en bloque hacia mayo. Es decir, cambiar un trámite tibio por una elección de verdad. El uribismo no teme a las consultas; le teme al voto. Por eso decide en despachos. Por eso judicializa la política. Por eso cree que gobernar es administrar procedimientos.

Pero la política —esa que gana elecciones— no vive en resoluciones. Vive en emociones. Y aquí hay una emoción clara y creciente: indignación. Indignación por las trampas, por el manoseo “técnico”, por la sensación de que las reglas se tuercen cuando el resultado no conviene. Esa indignación no desmoviliza: enciende. Y cuando enciende, convoca.

El uribismo y sus aliados circunstanciales —los camaleones que hoy influyen y mañana se desdicen, como Roy Barreras o Abelardo de la Espriella— pueden celebrar cada obstáculo. No advierten el efecto acumulado: están fabricando un símbolo. Y los símbolos arrastran más que los reglamentos.

Hay un dato incómodo para los administradores del trámite: el único que llena plazas, el único que mueve redes sociales con organicidad, el único que convoca sin aparato es Iván Cepeda Castro. No porque grite más, sino porque representa algo que no cabe en una resolución: memoria, coherencia y una idea simple de democracia. Por eso cada intento de excluirlo lo vuelve más grande.

Así, la jugada que pretendía fragmentar puede terminar unificando. La trampa que buscaba enfriar puede calentar. Y la decisión que creyó frenar puede acelerar. Si la izquierda llega a mayo en bloque, con una narrativa clara de injusticia y defensa del voto, la primera vuelta deja de ser una fantasía.

La ironía es perfecta: al intentar administrar la democracia, la empujan a expresarse. Y cuando se expresa, suele hacerlo sin pedir permiso.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Víctimas del estallido social piden ser escuchadas en el proceso de esclarecimiento

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Impunidad 22 de noviembre de 2025No hay comentarios

En la Ladera de Cali, donde las calles parecen trepar con la misma dificultad con la que la gente ha debido cargar sus duelos, ayer ocurrió algo que pocas veces se ve: habló una víctima. No una funcionaria de ONG, no una experta convocada por la academia, no una oradora profesional de voz entrenada. Habló una mujer de 29 años, hermana de un joven asesinado durante el estallido social, y su palabra —sencilla, directa, sin adornos— partió en dos el aire de la inauguración de la Universidad de la Ladera. Ella no pidió permisos ni favores; solo gestionó que las víctimas tuvieran un pequeño espacio en el acto, y cuando lo tuvo, se plantó frente al Presidente, lo llamó por su nombre completo —Gustavo Petro Urrego— y lo miró a los ojos como quien convoca a otro ser humano a responder. Con esa transparencia que deja la muerte en quienes sobreviven, le dijo que las víctimas deben ser escuchadas, que sus derechos no pueden seguir esperando, que el Estado debe acompañarlas y no abandonarlas.

Nombró, uno a uno, a los jóvenes asesinados en la Ladera. Entre ellos estaba Daniel, su hermano, muerto en el Dollar City de Siloé. “Tendría veinte años hoy. Sería un estudiante más en esta universidad que usted inaugura”, dijo. Pero no: está muerto. Y con él, más de ochenta muchachos del estallido. Ochenta vidas que no alcanzaron a hacerse adultas porque alguien, en algún nivel del poder, dio una orden que todavía nadie reconoce. Ella lo recordó con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Y recordó, sobre todo, algo que parece haberse perdido entre tecnicismos y trámites: la promesa hecha a las víctimas fue una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. No una comisión de expertos, no un panel tecnocrático, no un nuevo fortín burocrático donde los cargos se reparten entre quienes jamás han enterrado un hijo.

La Constitución no prohíbe una comisión de la verdad. Tampoco lo hacen las leyes, ni los tratados internacionales. Nadie ha escrito en ninguna parte que las víctimas del estallido social no puedan saber qué pasó, quién dio la orden, por qué se atentó contra la juventud con saña, por qué se cometieron crímenes de lesa humanidad y por qué todo sigue en impunidad.

Pero los espacios que deberían ser de ellas fueron ocupados por organizaciones sociales que, con la familiaridad de quien ya conoce el juego institucional, se nombraron a sí mismas en la llamada comisión de expertos. De nuevo dejaron por fuera a las víctimas. No las consultaron. No las miraron.

Y mientras tanto, la Unidad de Derechos Humanos mantiene sus casos congelados, sin avances y sin justicia. Es un contrasentido feroz: ya hay más de sesenta jóvenes condenados por haber protestado, pero ni un solo responsable estatal ha sido llevado a juicio por los asesinatos. Esa disparidad fue lo que ella llevó ayer al escenario. Y entregó al Presidente una carta abierta en la que pide que las víctimas sean realmente escuchadas y no usurpadas.

Ayer habló una víctima. Por fin. No fue el discurso ventijuliero de una ONG ni la voz del académico con doctorados que convierte el dolor en teoría. Fue la verdad desnuda. Falta saber si el Presidente la escuchó de verdad.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

La derecha revela su hoja de ruta autoritaria

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social 21 de noviembre de 2025No hay comentarios

En otros tiempos —cuando todavía existía un mínimo pudor democrático— la derecha colombiana disfrazaba sus impulsos más sombríos detrás de palabras rimbombantes: “seguridad democrática”, “orden”, “institucionalidad”, “Estado fuerte”. Eran eufemismos: un lenguaje de salón para justificar lo injustificable. Pero ahora ya ni eso. En la campaña actual la ultraderecha ha decidido sincerarse: no prometen, confiesan. Y en esa sinceridad brutal aparece el verdadero programa: un proyecto de poder sustentado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, anunciado sin maquillaje y defendido con el entusiasmo de inquisidores con Twitter.

Ahí está Paloma Valencia proponiendo —sin rubor— cortar agua, comida y recursos a comunidades indígenas que protesten, como si el derecho a la alimentación fuera una propina que el Estado da o quita según su humor. El bloqueo de vías, para ella, se combate con hambre: una estrategia que haría sonrojar hasta al más torpe comandante del viejo Estado de Sitio. Es normalizar el castigo colectivo —prohibido por el derecho internacional— como receta de orden público.

Pero Paloma no está sola en esta feria de horrores. Abelardo de la Espriella, siempre dispuesto a jugar al caudillo tropical, propone retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la CIDH y remata con retórica de guerra: “destripar a la izquierda”, “dar de baja” al que no se someta. A este paso su programa se resume en dos frases: salir del sistema internacional para que nadie registre lo que se hace adentro, y después actuar con impunidad.

Miguel Uribe Londoño aporta su cuota: no contento con la retórica beligerante, ha sugerido transformar el Ministerio de Defensa en un Ministerio de Guerra. No es mero maquillaje semántico; es un diagnóstico: no defender, sino declarar la guerra. El nombre lo dice todo: legislando el belicismo, institucionalizando la ofensiva como política de Estado.

María Fernanda Cabal, por su parte, no se queda atrás: afirmar que “ser de izquierda debería ser ilegal”, recomendar exorcismos ideológicos y promover la expulsión política de sectores enteros de la vida urbana son manifestaciones que nadie medianamente democrático debería tomar a la ligera. Pedir la criminalización de la pluralidad es abrazar el peor angelito autoritario.

Y lo grotesco de este desfile no es sólo retórico: es jurídico y moral. Ninguno de esos predicadores de la ley parece haber leído el artículo 22 de la Constitución, ese simple mandato republicano que dice, con claridad, que la paz es obligatorio derecho y deber de todos los colombianos. ¿Cómo proponen quienes desconocen ese artículo que el país avance hacia la convivencia? ¿Con hambre, exclusión, expulsiones y ministerios de guerra?

Sacar a Colombia de organismos internacionales no es una ocurrencia administrativa; es la llave maestra para blindar acciones que, sin escrutinio, pueden derivar en atropellos. El desdén por comunidades étnicas, la criminalización de la protesta y la retórica de exterminio configuran una ecuación que no necesita ser resuelta con fórmulas: ya tiene nombre: riesgo de autoritarismo.

En Colombia las derechas no tienen ideología; tienen fusiles. Hoy, además de fusiles, tienen sinceridad. Y esa sinceridad resulta más peligrosa que mil mentiras elegantes: porque ya no intentan seducir; amenazan. No es campaña. Es advertencia. Y mientras la izquierda tropieza con trampas institucionales y litigios que buscan impedir su unión, quienes proclaman la guerra afinan la maquinaria para cuando el poder les caiga en las manos. Más vale prestar atención: cuando la democracia se queda sin vigilantías, la paz constitucional —la del artículo 22— es la primera en el mercado de remates.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Ecuador en Llamas: El Pueblo Contra el Ajuste

por Sofia Lopez2025, Derechos Humanos y Protesta Social, Pueblos y Territorios 12 de octubre de 2025No hay comentarios

Ecuador vive nuevamente días de tensión. Las carreteras bloqueadas, las comunidades movilizadas y el eco de los tambores indígenas retumban desde la Amazonía hasta los Andes. La chispa fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa, una medida que disparó el precio del galón de combustible de 1,80 a 2,80 dólares. En un país donde gran parte de la economía depende del transporte, la agricultura y la pesca, la decisión se sintió como un golpe al corazón de los sectores más pobres.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) lidera el paro nacional. A ella se suman organizaciones campesinas, transportistas, ambientalistas y estudiantes. Juntos exigen no solo la restitución del subsidio, sino también una reducción del IVA, respeto a la consulta previa, freno a la expansión minera y garantías para los derechos humanos de los manifestantes. Su mensaje es claro: “no se puede hacer pagar la crisis a quienes menos tienen”.

En las calles, las protestas han dejado ya un saldo doloroso. El joven Efraín Fuerez, indígena kichwa de Imbabura, fue asesinado por impacto de bala durante una represión policial. Más de un centenar de personas han sido detenidas y decenas resultaron heridas, incluidos varios uniformados. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, alertan sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones al derecho a la protesta.

La respuesta del gobierno ha sido declarar estado de emergencia en al menos doce provincias, militarizar zonas rurales y acusar a los manifestantes de estar infiltrados por el crimen organizado. Noboa defiende su decisión como una “medida necesaria” para reducir el déficit fiscal y evitar el contrabando de combustibles hacia países vecinos. Sin embargo, la estrategia de represión y criminalización solo ha avivado el fuego de la indignación popular.

En Quito, Cuenca, Imbabura, Cotopaxi, Pastaza y Sucumbíos, las comunidades resisten pese al despliegue militar. Los caminos se llenan de mujeres con wiphalas, jóvenes con carteles, ancianos que rezan. No protestan solo por el diésel: reclaman por un modelo económico que los excluye, por la soberanía alimentaria, por la dignidad.

Desde 2019, cuando Lenín Moreno enfrentó una revuelta similar, Ecuador no vivía una ola de movilización de esta magnitud. Hoy el país parece repetir su historia: un gobierno que ajusta desde arriba y un pueblo que responde desde abajo. Pero, como siempre, el costo lo pagan los mismos: los de las montañas, los del campo, los del río.

Mientras el gobierno insiste en el diálogo condicionado, las comunidades repiten una consigna ancestral: “¡La lucha sigue, porque la vida no se negocia!”

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Paloma Valencia y su receta fascista: hambre y sed para los indígenas

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Pueblos y Territorios 25 de septiembre de 2025No hay comentarios

Paloma Valencia parece empeñada en escribir un manual criollo de fascismo. No es exageración: primero propuso partir el Cauca en dos —un Cauca “para indígenas” y otro “con vocación de desarrollo”, dicho en Santander de Quilichao en 2015— como si la dignidad de los pueblos pudiera segmentarse en un mapa a conveniencia de los hacendados. Y ahora, en 2025, remató con la receta más brutal: quitar agua, alimentos y transferencias a los resguardos indígenas que respalden bloqueos. Es decir, sustituir el fusil por la inanición: dejar a miles de familias sin lo básico para vivir, con la firma del Estado como verdugo.

El problema es que estas no son simples frases de campaña. Son propuestas que constituyen violaciones flagrantes de derechos humanos. Se atenta contra el derecho a la vida, a la alimentación, al agua potable, además de vulnerar la igualdad, la participación política y la consulta previa reconocidos a pueblos indígenas por la Constitución y por convenios internacionales como el 169 de la OIT. Hablar de quitar comida y agua como “método de presión” no es política: es violencia institucional, es hambre programada.

Y no se trata solo de desconocimiento, sino de una lógica profundamente clasista y racista: los bloqueos de camioneros o de transportadores no se sancionan con sed ni con hambre; pero si son indígenas, entonces sí se les trata como ciudadanos de segunda, como estorbo a silenciar. Se legitima la idea de que unos tienen “vocación de desarrollo” y otros solo derecho a morirse callados.

El Centro Democrático, con estas banderas, no oculta su sueño: ser tan carniceros como los regímenes que admiran, gobernar a punta de miedo, exclusión y violencia. Y ahí está el peligro: normalizar que desde el Senado se propongan medidas que convierten al Estado en un verdugo contra sus propios pueblos. Porque detrás de cada “propuesta técnica” se esconde un proyecto de país donde el hambre, la sed y la exclusión son herramientas de gobierno.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

Cuando Detenían Hasta al Cura y Nadie Se Quejaba de la Justicia

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social, Resistiendo al olvido 5 de agosto de 20255 de agosto de 2025No hay comentarios

La escena era siempre parecida: un retén del Ejército a la entrada del pueblo, unos soldados con listas en la mano, una camioneta blanca sin placas y el helicóptero de fondo rompiendo la calma de los cafetales. A las seis de la mañana, cuando la gente apenas ponía a calentar el agua para el tinto, ya había media vereda detenida. Al que no se lo llevaban era porque no tenía cédula o porque el camuflado se confundía con la ruana.

A eso le decían las pescas milagrosas. Y vaya milagro: aparecían guerrilleros por montones en cada inspección, hasta en las novenas de aguinaldos. En Cajibío, en Corinto, en San Vicente del Caguán, en La Uribe, Meta… hasta el cura del pueblo cayó. Le dijeron que por rebelión. A él, que lo único que tenía de insurgente era el sermón del domingo. Pero en esos tiempos todo el que no aplaudiera era sospechoso, y todo sospechoso era, por ley presidencial, “objetivo legítimo”.

Le llamaron Seguridad Democrática, pero eso tenía de democrático lo que el diablo de santo. El decreto 1837 de conmoción interior fue el mandamiento de guerra del gobierno Uribe: sin orden judicial, sin pruebas, sin nombres verdaderos. Bastaba una lista —muchas veces anónima, otras pagada con plata caliente— para que el Estado entrara con tanquetas a imponer justicia a bala y a esposas.

Entre 2002 y 2004, más de 6.300 personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas de ellas luego liberadas sin cargos. Pero ya habían perdido el empleo, el miedo les había dañado la salud y los rumores los habían condenado en la plaza. ¿Y qué? El objetivo era mostrar resultados, dar cifras, llenar estadios con detenidos como si fueran goles de una campaña triunfal.

Uribe no necesitaba pruebas, le bastaban las convicciones. La Fiscalía y los jueces eran adorno. La inteligencia militar era palabra sagrada, y el que dudara era, sin más, un traidor. Así se judicializó la política y se politizó la justicia. Así nació la doctrina del enemigo interno, del “todo vale si es por la patria”. Y así se degradó el derecho penal hasta convertirlo en fusil.

Mientras tanto, las víctimas de esa justicia amañada siguen esperando que alguien les pida perdón. Pero no, en lugar de eso, hoy los uribistas lloran por los rincones porque al patrón le tocó sentarse en el banquillo. Que pobrecito. Que lo interceptaron. Que le tenían trampa. Que esto es un montaje.

Ahora resulta que la justicia, esa misma que durante años fue su mejor arma, ahora es su verdugo. Y no falta quien diga que es una persecución política. ¡Qué ironía! El tipo que convirtió la Fiscalía en oficina de guerra, que usó los estrados como trincheras y los micrófonos como fusiles, ahora llora porque le abrieron un proceso. No por ideas, ojo. Por fraude procesal y soborno a testigos. Es decir: por hacer trampa.

Es que no es fácil ver al emperador sin toga. Pero la ley —esa que tantas veces violó con discursos de orden— finalmente lo alcanzó. No por todas las fosas comunes, ni por los falsos positivos, ni por los centenares de líderes asesinados tras sus estigmatizaciones. Lo están juzgando por manipular testigos. Y aun así, lloran, cansan, con los medios de comunicación de derecha que tienen a su servicio, con sus absurdas ideas como las de Paloma Valencia, que sin ser sujeto procesal le pide a la Corte Suprema pruebas, metiendo tutelas improcedentes para suspender la detención domiciliaria —aunque la tutela no procede si hay recurso judicial, y el recurso es la apelación—. Ahora hacen trampa con un habeas corpus, buscando qué juez torcido les hace el milagro de liberar al patrón, obviamente a cambio de algo más que gratitud patriótica.

Y mientras tanto, llorando y diciendo bobadas. Los mismos medios que antes celebraban las pescas milagrosas, ahora perfilan a la jueza. Los uribistas más radicales la amenazan, y lo más horroroso: las mujeres uribistas en redes han llegado al punto de pedir que empalen a la jueza. Expuesta, como tantas otras mujeres en este país, a la violencia política, judicial y sexual que el uribismo ha sembrado con eficiencia de maquinaria.

Pero ojo: no son angelitos. No hay que bajar la guardia. El uribismo no se rinde, se reagrupa. Y tiene brazo armado. Ya sabemos de lo que son capaces cuando se sienten acorralados. Tienen medios, fiscales, generales, clanes… y si hace falta, paras. No van a dejar que la justicia avance sin dar pelea.

Porque esta vez no es solo una sentencia. Es el símbolo de que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el caudillo.

Por Prensa Justicia & Dignidad

LOS ESTÁN MATANDO Y NADIE HACE NADA

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social 15 de julio de 202515 de julio de 2025No hay comentarios

En Colombia, a los pobres que se rebelan los matan, y a los que sobreviven, los encierran. Y si aún con eso siguen hablando, los desaparecen en silencio.

Eso está pasando. Ahora mismo. Hoy.

Hoy, 15 de julio de 2025, dos prisioneros políticos del estallido social, David Bernal y Mauricio Tierradentro, han iniciado una huelga de hambre indefinida desde las 0 horas.

No lo hacen por privilegios. Lo hacen porque los están matando uno por uno. Lo hacen porque el gobierno se cansó de prometerles justicia y luego les cerró la puerta en la cara. Lo hacen porque ya no les queda otra herramienta de lucha más que su propio cuerpo.

Lo advirtieron. Lo denunciaron. Lo escribieron. Lo entregaron en manos de ministros. Y nada.

A los prisioneros políticos del estallido social los dejaron morir en silencio.

Primero los judicializaron por protestar.

Después los abandonaron.

Ahora los están matando.

Estos son sus nombres.

No son cifras. Son compañeros.

Luis Fernando Lasprilla Balanta, asesinado el 11 de julio de 2025

Yiwar Mondragón Paredes, asesinado el 26 de junio de 2025

Niver Andrés Vallejo Angulo, asesinado el 24 de mayo de 2025

Geison Alejandro Lozada Nieto, muerto en prisión el 19 de mayo de 2024

Roger Gutiérrez Vivas, muerto en prisión el 14 de mayo de 2025

Diego Fernando Escobar Barona, asesinado el 22 de febrero de 2023

Jonathan Sabogal, asesinado el 28 de julio de 2023

Jahn Carlos Ávila Bernal, asesinado en 2021

Carlos Julio Calero Suescún, asesinado el 7 de octubre de 2023

Cristian Camilo Arroyave Bermúdez, asesinado el 26 de noviembre de 2024

Todos ellos fueron detenidos políticos del Paro Nacional. Todos fueron asesinados.

No fue el azar. No fue una coincidencia.

Fueron víctimas de un patrón: perfilamiento, persecución, hostigamiento, estigmatización, judicialización con mentiras… y asesinato.

El Estado los señaló, los encerró, y luego los dejó a merced del exterminio.

¿Dónde está el gobierno del cambio?

No se trata solo de un incumplimiento. Se trata de una traición.

Desde 2022, el colectivo “Jonathan Sabogal”, formado por más de 20 prisioneros del estallido social, entregó propuestas formales al gobierno para buscar una salida digna.

Documentos, escritos, proyectos de decreto, rutas jurídicas, cronogramas.

Hicieron huelgas de hambre, instalaron una Mesa de Diálogo, participaron con organizaciones sociales, con instituciones, con ministros.

Y cuando todo parecía avanzar, el gobierno respondió que “no había piso jurídico” para continuar.

¿Piso jurídico para qué?

¿Para contar la verdad? ¿Para escuchar a los presos? ¿Para impedir que los maten?

Qué vergüenza.

No es solo el gobierno.

También son las organizaciones sociales.

Sí, también ustedes:

Las ONG que firmaron pactos de memoria y no han vuelto.

Los activistas de escritorio que usaron sus nombres para proyectos y fondos.

Los movimientos que alzaron pancartas con sus rostros, pero hoy no los llaman ni para preguntar si están vivos.

Los están matando. Y muchos callan.

Los usan mientras sirven. Los botan cuando duelen.

Hoy, 15 de julio de 2025, los dos últimos integrantes del colectivo aún en prisión han dicho basta.

Han entregado su cuerpo a una huelga de hambre indefinida.

Piden una sola cosa:

Que se reactive la Mesa de Diálogo Nacional con los judicializados del estallido.

Que se firme el decreto para crear una Comisión de la Verdad sobre la represión estatal contra el Paro Nacional de 2019 a 2021.

¿Van a dejar que se mueran de hambre?

¿Van a seguir permitiendo que los maten en silencio?

¿Hasta cuándo el país va a seguir repitiendo la historia de traicionar a los que luchan?

Esto no es una metáfora. Esto es un exterminio.

Y es un exterminio con firma institucional, pero también con la indiferencia de muchos.

Que no digan después que no sabían.

Que no digan que fue un error.

Que no digan que no había pruebas.

Las pruebas están.

Los cuerpos también.

Y si se mueren de hambre, también será culpa de ustedes.

Por Prensa Justicia & Dignidad

Contacto, respaldo y documentos oficiales:

📄 Comunicado oficial del Colectivo: https://drive.google.com/drive/u/0/home

Primera condena al Estado por mutilación ocular durante el Paro Nacional en Cali

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social 14 de julio de 2025No hay comentarios

A Giovanny García Garrido lo hirieron sin razón. No lanzaba piedras, no agitaba una bandera, no gritaba consignas. Caminaba, como cualquiera, por el Paso del Comercio en Cali, una mañana del 29 de abril de 2021, en medio del Paro Nacional. Había humo, miedo, tensión. Lo que no debía haber era un disparo al rostro de un civil desarmado. Pero lo hubo.

Un proyectil de gas lacrimógeno le estalló en la cara. Le arrancó un ojo, le destrozó los huesos del rostro, le arrebató la tranquilidad. Como en tantos otros casos de violencia estatal, no hubo disculpas, ni atención inmediata, ni reconocimiento oficial. Solo silencio, negación y burocracia.

Pero Giovanny denunció. Y tres años después, el 24 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali emitió una sentencia histórica en primera instancia. Aunque ni el autor del disparo ni el número del agente fueron identificados, la Nación fue condenada por el daño. ¿Por qué? Porque el daño es real, está probado, y fue causado por un operativo estatal.

La clave del fallo está en el uso de la prueba indiciaria. Tal como ha establecido el Consejo de Estado, cuando hay coherencia entre el daño sufrido, el tipo de arma empleada y la presencia del ESMAD en la zona, puede configurarse responsabilidad objetiva por daño especial. Es decir: no se necesita conocer al agente, cuando es el aparato institucional el que falla y causa el daño.

La decisión reconoce que el uso de la fuerza en manifestaciones no puede ser indiscriminado. Que los proyectiles «menos letales» también mutilan. Y que hay responsabilidad del Estado cuando sus operativos lesionan a civiles que no representan amenaza alguna.

Mientras otras organizaciones buscan visibilidad y protagonismo, este proceso judicial —silencioso, sin pantalla ni cámaras— fue impulsado por el abogado Carlos Arturo Acosta Portera, quien actuó sin respaldo institucional, sin membresía en ninguna ONG, pero con una convicción férrea de justicia.

En un país donde el sistema judicial suele operar a favor del poder, donde las víctimas de violencia policial son criminalizadas o ignoradas, este fallo se convierte en una luz. No devuelve lo perdido, pero abre un camino para quienes aún buscan justicia tras la violencia del estallido social.

Por Prensa Justicia & Dignidad

“Los están matando, Presidente”

por Sofia Lopez2025, Comunicados, Derechos Humanos y Protesta Social 26 de junio de 2025No hay comentarios

26 de junio de 2025

Esta noche asesinaron a Yidwar Mondragón Paredes.

Le dispararon en Poblado Campestre, en Cali, en plena vía a Candelaria. No fue una bala perdida ni un acto aleatorio. Fue un mensaje. Uno más.

Yidwar era vocero del Colectivo Jhonatan Sabogal. Un líder, un joven con discapacidad que se desplazaba en silla de ruedas. Era firmante de paz. Lo metieron a la cárcel con un montaje judicial tan absurdo que nadie —ni siquiera quienes lo conocían de cerca— podía creerlo. ¿Cómo era posible que un joven en esas condiciones, que apenas podía moverse sin ayuda, fuera acusado de terrorismo y violencia? Pero lo fue. Lo encerraron.

Y mientras estuvo tras las rejas, nunca recibió atención médica adecuada. Su salud se deterioraba. Desde el Colectivo Jhonatan Sabogal se denunció una y otra vez que el Estado no hacía nada por garantizarle ni siquiera una consulta. Fue un castigo por pensar diferente, por levantar la voz durante el estallido social.

Cuando por fin recuperó su libertad, sabía que su vida estaba en riesgo. Por eso, el 2 de julio de 2024, solicitó formalmente medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección. El 10 de julio, su solicitud fue radicada ante el Ministerio del Interior. Lo que pidió fue simple: no morir. Pero el Estado no respondió. Nunca lo protegió. Hoy está muerto.

El gobierno de Gustavo Petro —ese que prometió justicia para los presos políticos, verdad para las víctimas del paro, reparación para las familias rotas— les falló. No solo incumplió: abandonó.

Las mesas de diálogo no sirvieron. Las huelgas de hambre fueron ignoradas. La Comisión de la Verdad del Paro Nacional fue una farsa. Y quienes salieron de prisión quedaron solos, marcados, vigilados, vulnerables.

Yidwar es uno más.

Uno más que muere en medio de este desgobierno que se arropa con la bandera de la paz mientras entierra a sus jóvenes en silencio.

Los medios seguirán hablando de Miguel Uribe, de la Constituyente, de encuestas. Pero no hablarán de Yidwar. Porque un joven pobre, en silla de ruedas, asesinado por el abandono estatal, no vende clics.

Ahí están los muertos.

Ahí está Yidwar, como estuvo Diego Fernando.

Ya son siete los jóvenes detenidos políticos asesinados.

Y seguirán contando.

La juventud que se inmoló en las calles para que ustedes fueran gobierno está siendo exterminada.

Y ustedes no solo no hacen nada.

También mienten.

También traicionan.

Los están matando, Presidente.

¿Y usted, qué carajos va a hacer?

Por – Justicia & Dignidad