Popayán- Cauca, 18 de abril de 2018
SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, mujer indígena Nasa oriunda del resguardo indígena de Jambaló Cauca, víctima de violencia sexual por parte de miembros del ejército nacional , desplazada forzadamente por su actividad de denuncia y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, quien lleva un proceso activo de denuncia de más de 9 años en los que pudo lograr que la justicia colombiana condenara penalmente en primera y segunda instancia a sus agresores sexuales. SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, Una valerosa mujer que no claudica en la lucha por el restablecimiento de sus derechos como mujer a vivir libre de violencias, aún sigue esperando que las normas en Colombia se cumplan, ya que al Estado de Colombia con instituciones marcadamente misóginas no le interesa hacer efectivas sus obligaciones internacionales para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer.
En el día de ayer SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, junto a su abogada estuvieron radicando ante la oficina judicial tutela contra la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS, EL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, porque, si bien es cierto, hay dos militares condenados penalmente, estos se encuentran prófugos de la justicia, al aparecer pretendiendo acceder a la Justicia Especial de Paz para evadir la condena, y existe un pronunciamiento internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de ella esta es la hora que SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, no cuenta con un lugar fijo de residencia , esta inerme mujer transita con sus cuatro hijos todos menores de edad , entre los municipios de Caloto , Santander y Jambaló buscando la manera de protegerse , implicando no solo costos, si no la desescolarización de sus hijos y la imposibilidad de tener una vida normal en un lugar estable y seguro.
Lo anterior producto de la decisión de la Unidad Nacional de Protección que a pesar de las graves amenazas de muerte padecidas por la víctima consideró que su riesgo es ordinario y que no necesita protección estatal. Así mismo la pasividad del Ministerio de Relaciones Exteriores como coordinador del cumplimiento de la medida cautelar y de la Unidad para las víctimas que ni siquiera quiso registrar el hecho de violencia sexual como hecho victimizante por los agresores eran parte del Estado. En la tutela se pidió una reubicación inmediata y definitiva para la víctima, es realmente desconcertante que los fallos judiciales no tengan poder transformador para las víctimas y que sean simples papeles condenados a reposar en anaqueles polvorientos que se deterioraran con el tiempo
Como si fuera poco, SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, viene siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su actual compañero permanente, quien en diferentes ocasiones la agredió con machete y con cuchillo no solo a ella si no a sus menores hijos de edad, como siempre acumula en su archivo personal unas denuncias penales, dictámenes de medicina legal que le otorgan incapacidad, y ordenes de apartamiento para el sujeto. Pese a esta situación, ningún proceso penal ha avanzado, no existe una orden de captura contra el victimario, ni siquiera la policía nacional puede evitar las agresiones físicas y verbales padecidas por SANDRA y sus cuatro hijos menores de edad.
Ayer 17 de abril de 2018, luego de terminar de radicar la acción de tutela, SANDRA PATRICIA y su menor hija de dos años y medio se regresaron al municipio de Caloto. La abogada SOFIA LOPEZ MERA recibió de los siguientes abonados telefónicos: 3145652042,3233744682, amenazas de parte del señor MARCO ANTONIO, compañero de SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, quien en múltiples ocasiones indico que él tenía muchas libres, que no le iba permitir a SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, seguir haciendo denuncias, y que la sacaría a golpes de la casa de sus padres, que no le importaba ni hijos ni nada, y sobre la abogada también indico que se cuidara que ahora era una libre más . Cuando SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU y su hijita llegaron a Caloto fue recibida con insultos, el agresor le dijo que le impediría realizar más denuncias, la obligo a quitarse la ropa en tono amenazante y empezó a olerla diciéndole que ella había estado era con un mozo – entiéndase amante- en Popayán, y que si ella no era del él no sería de nadie más.
SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos no tienen para donde irse, eventualmente van a Jambalo pero la agudización del conflicto entre ejército y ELN los obliga a salir pronto de su resguardo; SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos, por un techo de zinc, con paredes de bareque y piso de tierra, tienen que vivir sometidos a una violencia indecible. El Estado de Colombia ni siquiera, se ha pensado como restablecer sus derechos como MUJER víctima. Con las exiguas ayudas humanitarias entregadas solo cuatro en ocho años, SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos no han podido restablecer condiciones de dignidad. Urge una reubicación para esta familia, una reubicación en condiciones de dignidad, urge que el Estado ponga al servicio de las mujeres todo su aparataje para erradicar la violencia, es lamentable que ni siquiera el pronunciamiento internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga algún efecto útil para una mujer víctima de violencia.
Justo en esta semana se leían en la presa de España y Colombia artículos referentes a la señora DORIS VALENZUELA, mujer afrocolombiana quien años atrás denuncio las casas de pique en Buenaventura, y el asesinato de su hijo CRISTIAN VALENZUELA, que recibió persecución y amenaza en todos los lugares que se refugió huyendo de los paramilitares y luego de haber conseguido asilo en España fue asesinada por su propio esposo. Un caso escabroso, pero tan cotidiano en la vida de tantas mujeres cuyo destino seguro es la propia muerte.
Responsabilizamos al Estado de Colombia por todo lo que pueda pasar con SANDRA PATRICIA MOSQUERA y sus cuatro hijos menores de edad
Exigimos una reubicación inmediata y definitiva en condiciones de dignidad para SANDRA PATRICIA MOSQUERA y sus cuatro hijos menores edad.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de mujeres y populares nacionales e internacionales a exigir del Estado protección para esta familia, además de exigir que cese la violencia basada en género y que el Estado cumpla con su mandamiento internacional de erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer.
CORPORACION JURIDICA VIDA
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD