Torturados y asesinados dos indígenas nasa, sus hijos de 7 años y de 6 meses fueron abandonados en la selva. Asesinado líder del pueblo Embera Chami

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29 de mayo de 2018

Repudiamos y condenamos el vil asesinato de nuestros hermanos indígenas Pablo Dagua y Adriana Montero Parra del Resguardo Triunfo Cristal Páez de Florida- Valle del Cauca y de Amilkar Yagari, ex gobernador activista y guardia indígena del pueblo Embera Chami. Adriana hasta hace 2 años y medio se había desempeñado como Guardia indígena en el resguardo Triunfo Cristal Páez del Municipio de Florida cuando decidió establecer su familia con Pablo Dagua.

El 26 de mayo, Pablo Dagua y Adriana Montero fueron desaparecidos en su residencia ubicada en el Corregimiento la Delfina de Buenaventura. El domingo 27 de mayo el hijo de las víctimas de siete años cargando a su hermanito de seis meses de nacido informó a la comunidad de los hechos. De inmediato la comunidad activó la guardia y comunidad indígena e iniciaron la búsqueda durante el día domingo y ayer lunes 28 de mayo. A eso de las 3 de la tarde la Orivac encuentra el cuerpo de Adriana Alexandra Montero Parra, y una hora después aproximadamente se halló el segundo cuerpo que se encontraba en otro sector de la zona montañosa. Ambos tienen señales de tortura.

No habíamos salido del asombro y dolor de lo sucedido cuando nos enteramos del asesinato del líder indígena, ex Gobernador y Guardia Indígena Amilkar Yagari, hacia las 9:00 de la noche del día de ayer en su residencia en el municipio de El Dovio Valle del Cauca.

En los territorios indígenas del valle del Cauca se ha venido intensificando la amenazas a los líderes mediante panfletos, donde han ocurrido hechos tan graves como de sembrar el terror torturando las mujeres indígenas como lo que ha sucedido en Buenaventura, hechos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes investigativas pero a la fecha no existe una respuesta de parte de la Fiscalía General de la Nación –FGN-.

Mientras que nuestros hermanos son asesinados, torturados amenazados y desplazados forzadamente, para los organismos judiciales simplemente se trata de peleas intrafamiliares o en muchas veces líos de faldas, como suelen decir y hasta el momento no existe un informe de los resultados de las investigaciones.

Caso preocupante con un hecho que ya sucedió con la desaparición de los cuatro indígenas embera Chami de la comunidad la esperanza del municipio de Alcalá, el 8 de marzo de 2017.

Pese a las denuncias que han sido instauradas por la desaparición de estos cuatro indígenas ante la FGN, hasta el momento no ha habido respuesta; Incumpliendo el Estado incluso con las Medidas Cautelares MC-178-17 de Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. Razón por la cual las autoridades indígenas y la guardia se han declarado en Asamblea Permanente en el sitio.

Recordamos a los organismos defensores de derechos humanos, CIDH, MAPP-OEA, Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU, a la Vicepresidencia de la República, Senado, Cámara de Representantes, Defensoría del Pueblo, Alto Comisionado Para la Paz, Comisión de Derechos Humanos del Senado, Procuraduría General de la Nación que esta no es la única vez que sucede esta misma situación, los hechos anteriores han dejado una cantidad de víctimas asesinadas, desplazadas, huérfanos, viudas y viudos que lo único que han recibido es el acompañamiento de la madre naturaleza.

Finalmente hacemos el llamado a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y a quien corresponda, para que conozcan de primera mano estos hechos que desde algún tiempo no se presentaban en nuestros territorios y aúnen voces de exigencia al Estado colombiano para que garanticen y protejan los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al alto gobierno para que tomen cartas en estos asuntos y no permitan que extraños a nuestras comunidades indígenas vulneren nuestra tranquilidad tanto en nuestra población como en nuestro territorio.

En consecuencia el Tribunal de Justicia de la ORIVAC avocara la investigación de los asesinatos de Pablo Dagua, Adriana Montero Parra y de Amilkar Yagari, pertenecientes a dos pueblos indígenas del Valle del Cauca. Lo anterior en el marco del Artículo 246 de la Constitución Política, la Sentencia T-921 de 2013 de la Corte Constitucional y la Directiva 012 de 2016 de la FGN.

Exigimos al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes con garantías materiales e institucionales para que la Orivac a través del Tribunal de Justicia inicie la investigación con la colaboración de FGN, y juzgue y sancione a los responsables.

Consejería de Gobierno propio de la Organización Regional Indígena Valle del Cauca ORIVAC

Ejército nacional vulnera DDHH y DIH a campesinos de alto mira y frontera en Tumaco

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15 de mayo de 2018

Durante las últimas semanas la comunidad de este territorio se ha visto avocada a enfrentar nuevamente las consecuencias de una guerra armada entre uniformados del Ejército Nacional y grupos armados que operan al margen de la ley. En desarrollo de estos operativos unidades del Ejército Nacional de Colombia han violentado los derechos de los campesinos.

El día 4 de Mayo de 2018, en medio de un enfrentamiento  los militares llegaron hasta la vivienda de la señora JOHANA PEREZ ubicada en la vereda el Playón, y la obligaron a salir junto con su esposo GEOVANY VIVAS, sus dos hijos menores de edad y el arrendatario de su finca que es el electricista de la vereda, para desde ese día quedarse ocupando su vivienda y obligando a esta familia a desplazarse de la manera forzada y lo que es más grave la señora JOHANA PEREZ, viene siendo objeto de señalamientos por parte de los uniformados quienes le dicen que es una guerrillera y que en su vivienda encontraron armas y cargamento de guerra, procediendo a reseñarla, tomarle fotografías, para finalmente decirle que deje de insistir, porque de lo contrario la van a judicializar, es decir que durante los 12 días que han transcurrido vienen ocupando su finca de manera arbitraria e ilegal

Desde el 7 de mayo de 2018, los uniformados han ocupado varias viviendas de la vereda el Playón, sobre el sector en el que se encuentra ubicada la escuela del caserío, las entradas a las viviendas fueron forzadas y los militares permanecen en ellas en medio de la población civil como una flagrante violación al derecho internacional humanitario.

Debido a los enfrentamientos, a las violaciones a los derechos humanos y a la desprotección del Estado, muchos campesinos han debido desplazarse del territorio dejando abandonadas por completo veredas como Muguí, La Mina y de manera parcial Cañaveral, El Tandil, El Divorcio y el Azúcar; situación que ha sido aprovechada por los militares para ingresar de manera violenta a las viviendas y hurtar todo lo que encuentran a su paso, comida, elementos de aseo y en algunos casos desarmando las vivienda que son construidas en madera.

En este contexto las unidades militares el día 9 de mayo de 2018, ingresaron a la vivienda del señor SEGUNDO CORTEZ, quien días atrás había salido del territorio y no se encontraba nadie en su vivienda, para después decir que habían encontrado una MGL y que necesitan hablar con el dueño de la vivienda.

El día 16 de mayo de 2018, los uniformados ingresaron a la vivienda de la señora MARIA EUGENIA PASCAL, dañando el candado de la puerta de la casa, a la que entraron para hurtar los alimentos que en ella se encontraban como panelas, plátanos y demás, cuando llego su hijo menor de edad al lugar para percatarse de lo que hacían los uniformados le dijeron “voz te callas chino hijueputa, no has visto nada”

Es evidente que los militares en su incapacidad de adelantar acciones contundes contra los grupos armados ilegales, retoman las viejas tácticas de la guerra sucia para inmiscuir a los campesinos inocentes en un conflicto que para el Estado Colombiano ha sido difícil de superar por su negligencia y desatención con los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Como si esto fuese poco miembros del grupo de Policía erradicadores se han dedicado a proferir insultos y amenazas contra los campesinos, diciéndoles textualmente que “se organicen otra vez, para matarlos como a los guerrilleros que mataron en el Tandil”.

Estas graves irregularidades en el actuar de los agentes de Policía y Ejército que ameritan una investigación seria, exhaustiva y la imposición de una sanción ejemplar para que estos hechos no se vuelvan a repetir, pero sobre todo amerita del compromiso del Estado frente a brindar soluciones inmediatas y de fondo que vayan más allá de la militarización que lo único que acarrea para las comunidades es un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos debido a la falta de preparación, pericia e idoneidad de los uniformados que hacen presencia en los territorios.

Llamamos la atención para que la Fiscal General de la Nación y la Procuraduría Regional Nariño adopten las actuaciones necesarias con respecto a lo ocurrido.

Solicitamos a la Comunidad internacional realizar seguimiento a las investigaciones a que haya lugar y conminar a la Policía y al Ejercito Nacional para que eviten cometer este tipo de actos.

LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LOS RIOS MIRA, NULPE Y MATAJE – ASOMINUMA-

Ad portas de cometerse una grave injusticia contra defensora de derechos humanos Sofia Lopez por parte de la Fiscalía

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Popayán- Cauca, 28 de abril de 2015

Hoy se instaló en el Tribunal Superior del Distrito de Popayán Audiencia de Preclusión a favor de la fiscal quinta especializada de Popayán, MARTHA LILIANA REALPE CERON y los efectivos policiales de la SIJIN IVAN MORENO CRUZ y CARLOS ANDRES LOZANO, solicitada inexplicablemente por el Fiscal 6 delegado ante el Tribunal de Bogotá, GERMAN ARIAS.

La fiscal REALPE CERON y los efectivos policiales, participaron el 19 de abril de 2013 del ilegal operativo de captura en contra de la abogada defensora de derechos humanos SOFIA LOPEZ, quien, sin tener proceso penal ni orden de captura proferida por autoridad judicial competente, fue privada arbitrariamente de su libertad, sometida a malos tratos y posteriormente obligada a desplazarse forzadamente de su ciudad natal Popayán.

La fiscal REALPE CERÓN, es quien diseño y ejecutó el llamado proceso judicial de la “FARC–POLITICA” del Cauca. Un proceso que no se responde en absoluto a ninguna técnica de investigación criminal de tendencia acusatoria, que involucra hechos de todo tipo cometidos desde hace más de trece años; que pretende involucrar a todos los integrantes del frente sexto de las Farc, de todos los lamentables hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en Toribio, Caloto y Corinto Cauca.

El proceso realmente se trata de un montaje judicial contra campesinos, afrocolombianos e indígenas del norte del cauca; contra líderes sociales de PCN; voceros de medida cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han tenido que convivir en medio del conflicto armado desde hace décadas, y que son castigados solamente por ser oriundos y natales del centro del conflicto.

Campesinos e indígenas que por suerte  están en libertad luego de dos años de estar privados de ella;  que fueron 26 y no 145 personas como pretendía la fiscal, pero que siguen afrontando el peso de la justicia demostrando su inocencia en un proceso Kafkiano,  enmarañado, eterno, que se sustenta en falsos testigos pagados a sueldo por el mismo Estado; proceso sin coherencia jurídica en términos de Imputación y Acusación, cuyas evidencias fueron descubiertas incompletas  en sobres de papel, sin capeta, sin folios. Expedientes inexistentes, pero que sin embargo tanto daño ha hecho a las víctimas de dicho montaje judicial.

Hoy a dos años de los hechos de agresión en contra de la abogada SOFIA LOPEZ, nos encontramos frente a un nuevo juicio, una nueva telaraña jurídica como diría EDUARDO UMAÑA MENDOZA, cuyo protagonista es el Fiscal 6 GERMAN ARIAS. Esta vez, jugando el papel de la otra cara de la injusta colombiana, configurando la impunidad.

En una indagación preliminar, cuya actividad probatoria ha sido irrisoria y que giró en torno a verificar los antecedentes penales de la abogada SOFIA LOPEZ y a entrevistar a efectivos policiales que no participaron de los hechos de agresión.

En una muy reprochable actitud el fiscal GERMAN ARIAS se negó a practicar las pruebas solicitadas insistentemente por las víctimas y desconoció en absoluto las confesiones que la fiscal MARTHA LILIANA REALPE CERON y CARLOS ANDRES LOZANO realizaron. Ellos reconocen que ordenaron y ejecutaron un operativo de captura en contra de la abogada SOFIA LOPEZ sin tener una orden judicial, sin tener un proceso penal vigente.

El fiscal que miente y pone su firma en la mentira, cuando indica que en el marco de un Comité Técnico jurídico de la Fiscalía se le ha ordenado precluir la investigación, cuando realmente se han ordenado una serie de pautas para garantizar los derechos de las víctimas, pautas que no quiso acatar.

Empecinado y enceguecido por su afán de impunidad, GERMAN ARIAS, continuara su cometido el 8 de mayo a las 9 AM en las instalaciones del palacio de justicia de Popayán, en sala presidida por el Magistrado ARI BERNARDO ORTEGA.

Hacemos un llamado a la solidaridad,  a los dirigentes sindicales Caucanos testigos directos de los hechos, a las víctimas de los  montajes judiciales orquestados por la Fiscalía Quinta Especializada, a las víctimas de abuso policial, de violaciones de derechos humanos con las que hoy enfrentamos esta dura batalla de la superación de la impunidad, al movimiento indígena, campesino afro del Cauca que fue puesto en ojo del huracán y debilitado por tan tristemente célebre proceso penal de Farc política del Cauca”, a los presos políticos, a las organizaciones sociales Caucana, Vallecaucana y de todo el país, a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, para que nos acompañen en la audiencia como de jurados populares,  y nos acompañen en esta nueva batalla jurídica para poder ejercer como abogados defensores de derechos humanos en Colombia.

En riesgo inminente se encuentra Sandra Patricia Mosquera Dizu beneficiaria de medida cautelar otorgada por la CIDH

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Popayán- Cauca, 18 de abril de 2018

SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, mujer indígena Nasa oriunda del resguardo indígena de Jambaló Cauca, víctima de violencia sexual por parte de miembros del ejército nacional , desplazada forzadamente por su actividad de denuncia y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, quien lleva un proceso activo de denuncia de más de 9 años en los que pudo lograr que la justicia colombiana condenara penalmente en primera y segunda instancia a sus agresores sexuales. SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, Una valerosa mujer que no claudica en la lucha por el restablecimiento de sus derechos como mujer a vivir libre de violencias, aún sigue esperando que las normas en Colombia se cumplan, ya que al Estado de Colombia con instituciones marcadamente misóginas no le interesa hacer efectivas sus obligaciones internacionales para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer.

En el día de ayer SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, junto a su abogada estuvieron radicando ante la oficina judicial tutela contra la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS, EL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, porque, si bien es cierto,  hay dos militares condenados penalmente, estos se encuentran prófugos de la justicia, al aparecer pretendiendo acceder a la Justicia Especial de Paz para evadir la condena, y existe un pronunciamiento internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de ella esta es la hora que SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, no cuenta con un lugar fijo de residencia , esta inerme mujer transita con sus cuatro hijos todos menores de edad , entre los municipios de Caloto , Santander y Jambaló buscando la manera de protegerse , implicando no solo costos, si no la desescolarización de sus hijos y la imposibilidad de tener una vida normal en un lugar estable y seguro.

Lo anterior producto de la decisión de la Unidad Nacional de Protección que a pesar de las graves amenazas de muerte padecidas por la víctima consideró que su riesgo es ordinario y que no necesita protección estatal. Así mismo la pasividad del Ministerio de Relaciones Exteriores como coordinador del cumplimiento de la medida cautelar y de la Unidad para las víctimas que ni siquiera quiso registrar el hecho de violencia sexual como hecho victimizante por los agresores eran parte del Estado.  En la tutela se pidió una reubicación inmediata y definitiva para la víctima, es realmente desconcertante que los fallos judiciales no tengan poder transformador para las víctimas y que sean simples papeles condenados a reposar en anaqueles polvorientos que se deterioraran con el tiempo

Como si fuera poco, SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, viene siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su actual compañero permanente, quien en diferentes ocasiones la agredió con machete y con cuchillo no solo a ella si no a sus menores hijos de edad, como siempre acumula en su archivo personal unas denuncias penales, dictámenes de medicina legal que le otorgan incapacidad, y ordenes de apartamiento para el sujeto. Pese a esta situación, ningún proceso penal ha avanzado, no existe una orden de captura contra el victimario, ni siquiera la policía nacional puede evitar las agresiones físicas y verbales padecidas por SANDRA y sus cuatro hijos menores de edad.

Ayer 17 de abril de 2018, luego de terminar de radicar la acción de tutela, SANDRA PATRICIA y su menor hija de dos años y medio se regresaron al municipio de Caloto.  La abogada SOFIA LOPEZ MERA recibió de los siguientes abonados telefónicos: 3145652042,3233744682, amenazas de parte del señor MARCO ANTONIO, compañero de SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, quien en múltiples ocasiones indico que él tenía muchas libres, que no le iba permitir a SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, seguir haciendo denuncias, y que la sacaría a golpes de la casa de sus padres, que no le importaba ni hijos ni nada, y sobre la abogada también indico que se cuidara que ahora era una libre más . Cuando SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU y su hijita llegaron a Caloto fue recibida con insultos, el agresor le dijo que le impediría realizar más denuncias, la obligo a quitarse la ropa en tono amenazante y empezó a olerla diciéndole que ella había estado era con un mozo – entiéndase amante- en Popayán, y que si ella no era del él no sería de nadie más.

SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos no tienen para donde irse, eventualmente van a Jambalo pero la agudización del conflicto entre ejército y ELN los obliga a salir pronto de su resguardo; SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos, por un techo de zinc, con paredes de bareque y piso de tierra, tienen que vivir   sometidos a una violencia indecible. El Estado de Colombia ni siquiera, se ha pensado como restablecer sus derechos como MUJER víctima. Con las exiguas ayudas humanitarias entregadas solo cuatro en ocho años, SANDRA PATRICIA MOSQUERA DIZU, y sus hijos no han podido restablecer condiciones de dignidad.  Urge una reubicación para esta familia, una reubicación en condiciones de dignidad, urge que el Estado ponga al servicio de las mujeres todo su aparataje para erradicar la violencia, es lamentable que ni siquiera el pronunciamiento internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga algún efecto útil para una mujer víctima de violencia.

Justo en esta semana se leían en la presa de España y Colombia artículos referentes a la señora DORIS VALENZUELA, mujer afrocolombiana quien años atrás denuncio las casas de pique en Buenaventura, y el asesinato de su hijo CRISTIAN VALENZUELA, que recibió persecución y amenaza en todos los lugares que se refugió huyendo de los paramilitares y luego de haber conseguido asilo en España fue asesinada por su propio esposo. Un caso escabroso, pero tan cotidiano en la vida de tantas mujeres cuyo destino seguro es la propia muerte.

Responsabilizamos al Estado de Colombia por todo lo que pueda pasar con SANDRA PATRICIA MOSQUERA y sus cuatro hijos menores de edad

Exigimos una reubicación inmediata y definitiva en condiciones de dignidad para SANDRA PATRICIA MOSQUERA y sus cuatro hijos menores edad.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de mujeres y populares nacionales e internacionales a exigir del Estado protección para esta familia, además de exigir que cese la violencia basada en género y que el Estado cumpla con su mandamiento internacional de erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer.

CORPORACION JURIDICA VIDA

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD