Con argucias la Fiscalía imposibilita la inclusión en el programa de
protección a los familiares de Daniel Stiven Sanchez.

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali
frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la
represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la
detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a Medicina Legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia. En Medicinal Legal se cometió un nuevo crimen, borraron las evidencias de impacto de arma de fuego y golpes del menor, lo anterior para configurar la impunidad en el crimen y exculpar a la policía mediante el falaz argumento de que el menor murió por inhalación de vapores calientes.

Los familiares de DANIEL STIVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos de comunicación y a la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizó operativos de allanamiento sin orden judicial sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. El 21 de agosto se informó sobre un operativo de asesinato contra los familiares de la víctima, hecho denunciado públicamente, frente a la inacción de la fiscalía se generó un cuarto desplazamiento forzado de la familia. Las líneas telefónicas de las víctimas y de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.
Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigosse han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección. Existe una alerta sobre la judicialización de los jóvenes que integraron la primera línea y la brigada de salud en Siloe, lo anterior cobra sentido teniendo en cuenta que fueron los testigos presenciales de las múltiples violaciones de derechos humanos que cometió la policía en contra de los jóvenes en Siloé en el paro nacional.
La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales abiertas. El funcionario JUAN CARLOS BUITRAGO del programa de protección a víctimas y testigos de la fiscalía brindo información falsa sobre el programa de protección para desestimular a las víctimas, en este sentido indicó de manera falsa que los niños tenían que obligatoriamente desescolarizarse durante el tiempo que durara el proceso así fueran años, es decir que para ser incluido en el programa los menores edad deben renunciar a su derecho fundamental a la educación, así mismo indicó que las personas mayores de edad también deberían suspender sus estudios superiores porque serian cambiados a otros departamentos y que no ofrecían condiciones de continuidad educativa. Lo que supuestamente ofrecía económicamente el programa era mínimo , si apenas alcanzaría para cubrir gastos de alimentación de menos de la mitad del grupo familiar, el funcionario indicó que les prohíben realizar trasteos de sus muebles y enseres y que el programa solo les facilitaría colchonetas y un televisor, así mismo les manifestaron que tendrían prohibición de contactarse con sus abogados obstaculizando así su participación en el proceso judicial en búsqueda por la justicia. Esta información false se suministró con la única finalidad de que la familia desistiera de la solicitud de inclusión en el programa de protección. Fue tan evidente que ni si quiera se les permitió consultar con la familia y se les exigió firmar el desistimiento el mismo día que les suministró la falsa información. Bien es sabido que el programa cuenta con capacidad para garantizar la protección y las condiciones de dignidad de victimas y testigos que no impide el derecho a la educación, ni el derecho a la alimentación, ni continuar participando del proceso judicial. Lo anterior en contravía de los que aseguro el Fiscal 13 seccional de Vida cuando afirmó de la existencia de un programa con enfoque diferencial para poder atender la situación de la familia de DANIEL STIVEN SANCHEZ.

Por su parte el Fiscal 13 seccional de Vida sigue en desacato de la tutela, no ha convocado comité técnico jurídico, no garantiza la inclusión de las víctimas en el programa de protección y no escala la investigación a una unidad de derechos humanos de la Fiscalía y como si no fuera suficiente se niega mediante argucias a legalizar los elementos de prueba y evidencia física aportados por las víctimas. El Fiscal 13 seccional de vida quiere instaurar impunidad mediante el archivo o preclusión de la investigación.

Queremos Justicia para Daniel, queremos que se restablezca su Dignidad, solicitamos enviar mensajes de exigencia al Fiscal para el cumplimiento de la sentencia de tutela y para que no se obstaculice la búsqueda de justicia.
Enviar comunicaciones cristian.rodriguez@fiscalia.gov.co Fiscal que conoce del caso.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso con enfoque diferencial.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ .

JusticiaParaDaniel

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2021