Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 12M y13M

por Sofia Lopez2021, Abuso de autoridad ( judicial, Derechos Humanos y Protesta Social, Impunidad 15 de mayo de 2025No hay comentarios

En este país de silencios rotos y heridas abiertas, la historia de Alison y de tantas víctimas de violencia sexual durante el paro nacional no puede seguir siendo un secreto al que le den la espalda. Cada agresión es un grito que reclama justicia, una verdad que exige ser escuchada. No basta con palabras ni promesas: hace falta una Comisión de Esclarecimiento ya, un espacio donde se desnuden las violencias ocultas, donde la juventud, que apostó su esperanza en un cambio, no quede atrapada de nuevo en el abandono y el olvido. La verdad es urgente, la justicia es un derecho y la impunidad una herida que no cicatriza.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Tortura y violencia sexual

Ese día, Popayán temblaba de jóvenes. De los que no se rinden. De los que con piedras, cantos y primeros auxilios se atreven a enfrentar un país que les ha dado la espalda. Era 12 de mayo. La marcha había sido inmensa. Como un río desbordado de dignidad. Y cuando la tarde caía, ya muchos se devolvían a casa. Otros, solidarios, acompañaban aún a las brigadas de salud. A eso de las cinco y media, en la glorieta de la Chirimía, cuatro jóvenes —tres muchachos y una chica— fueron rodeados como si fueran criminales. Quince parejas motorizadas del GOES y el ESMAD, rugiendo con sus motos y bolillos como si la guerra fuera contra ellos. Los empujaron, los golpearon. A la muchacha le jalaron el pelo hasta que su cuerpo tocó el piso. La comunidad gritó, grabó, intentó impedir la brutalidad. Pero la furia oficial no escucha razones. Detuvieron a dos: un joven y a Emily , una mujer de apenas 18 años, con la vida por delante y la voz quebrada de tanto horror. Los llevaron a la URI. Ahí, según denunció su madre, seis policías abusaron sexualmente de su hija. No bastó con el dolor: le gritaron «perra», «¿qué hacés en la calle?», «¿por qué no estás cocinando?», «mechuda», «qué rico pa’ lamerte», «bajate los pantalones pa’ violarte». El compañero fue golpeado en los testículos mientras le escupían: “¿Dónde está tu resistencia, mariquita?”. No fue solo violencia física. Fue tortura. Fue humillación. Les tomaron fotos. Les dijeron que los iban a buscar. Que los iban a matar. Que agradecieran estar en la URI, porque si no, «ya estarían en otro lado». Emily fue golpeada en la cabeza, en los brazos, en las piernas. Y mientras un agente del ESMAD desenfundaba un destornillador, lo blandía contra el pecho del joven como si fuera una daga. Los amenazaban. Les preguntaban por sus nombres, por dónde vivían. Les repetían, una y otra vez, que no se les olvidara: “los vamos a matar”.

Cuando dijeron que eran menores de edad, no hubo compasión, solo estrategia: «hay que llevarlos a la URI», dijeron en voz alta. A Emily quisieron llevarla primero a otro sitio. Un policía la subió a una moto y le dijo, sin pudor, que quería violarla. Ella saltó en movimiento, desesperada, y se aferró a un defensor de derechos humanos. Entonces la policía lo golpeó a él también. Y Emily, con un acto de coraje inconmensurable, se soltó para proteger al defensor. Aun con síntomas de asfixia y súplicas por su libertad, la arrastraron a la URI. Una hora y media después, se la devolvieron a su madre, miembro de la Misión Médica. Ella también fue golpeada al intentar recuperar a su hija. En ese país, a veces ser madre es una forma de resistencia.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Violencia sexual y suicidio

Mientras Emily luchaba por salir viva del engranaje policial, otra joven enfrentaba su infierno. A las nueve de la noche, Alison Lizeth Salazar Miranda, de 17 años, cruzaba una calle. No protestaba. No gritaba. Caminaba con su celular en la mano, grabando lo que pasaba. El número 05523 del ESMAD la vio. Y en este país, grabar una injusticia es delito. La aprehendieron como se caza a un animal. A la fuerza. A la brava. Cuatro hombres la tomaron de brazos y piernas, la arrastraron hacia la URI. Ella gritaba que la estaban desvistiendo, que le bajaban el pantalón. Nadie la escuchó. Le golpearon el pecho. Le dejaron hematomas.

Pasadas las nueve entró a la URI. Salió casi dos horas después. Su abuela la recibió. La abrazó. Intentó consolarla. Pero el alma de Alison ya estaba rota. El 13 de mayo, en la mañana, se quedó mirando su cuerpo en el espejo. Recorrió con los ojos los golpes. Los rastros. Y después escribió un post en el Facebook, como un grito final: “me manosearon hasta el alma”. Poco después, se quitó la vida.

Alison no murió por depresión. Ni por impulso. Alison murió por violencia estatal. Por el miedo. Por la vergüenza. Por el abandono. Su muerte fue el desenlace de una cadena de violencias que comenzaron con una patrulla, con un bolillo, con la orden de “subala”. Su suicidio fue un asesinato con uniforme.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Lesión ocular

Harold Conejo volvía de su trabajo, un hombre común con las manos curtidas por la cotidianidad, el rostro marcado por jornadas duras. Caminaba sin más destino que su casa cuando, desde la fría estructura de un CAI, un policía lo vio y decidió que su rostro debía ser blanco. El disparo fue certero, brutal, y el ojo izquierdo de Harold quedó herido de muerte. Esa bala no solo atravesó su piel; hirió también la esperanza de volver a ver sin miedo. Fue llevado al hospital San José, donde la lucha entre la vida y la violencia se escribió en cada latido.

12 de mayo de 2021 – Popayán – Detención arbitraria y tortura

Alexander Ascué Medina caminaba por el centro, ajeno a los estallidos de la ciudad, sin imaginar que su identidad sería condena. Ser indígena en ese instante era ser culpable de un crimen que no había cometido. Policías y ESMAD, con la furia de quienes quieren borrar rostros incómodos, lo detuvieron, lo insultaron y lo golpearon hasta que la conciencia se le perdió en el suelo. Lo acusaron de pertenecer al CRIC, una etiqueta que sirvió para justificar el maltrato. Despojado de sus pertenencias y de su dignidad, despertó en el hospital, con el cuerpo marcado por la violencia y los ojos testigos de la brutalidad contra otro hombre cuya mano fue destrozada bajo la bota de un uniforme.

12 de mayo de 2021 – Cali, Puente de los Mil Días – Ataque armado paramilitar

La noche cayó en el Puente de los Mil Días y con ella llegó la sombra de la muerte. Treinta disparos rompieron el aire, atravesaron el miedo de quienes resistían, sembrando el caos y la desesperanza. Tres motos y una camioneta blanca, como símbolos de una violencia organizada, cruzaron la escena con la precisión de un terror calculado. Aquellos hombres armados no buscaban solo herir cuerpos, sino acallar voces, apagar la rabia de un pueblo que clama por justicia. El Puente de los Mil Días se convirtió en un escenario más de la guerra no declarada contra la protesta social.

12 de mayo de 2021 – Cali, Siloé – Envenenamiento con soda cáustica

En el barrio Siloé, la resistencia se expresaba en cada gesto, en cada piedra lanzada contra el miedo. Ese día, entre el humo de los gases y la rabia contenida, apareció la traición disfrazada de ayuda. Lo que debía ser bicarbonato para aliviar quemaduras se tornó en veneno: soda cáustica, corrosiva y cruel, fue entregada a los jóvenes que peleaban con el cuerpo y el alma. No fue solo un error, fue un ataque perverso que busca quebrar no solo la piel, sino la esperanza de un mañana diferente. En Siloé, la violencia se viste de mentira y amarga el alma de quienes resisten.

13 de mayo de 2021 – Villarrica y Puerto Tejada, Cauca – Ataque armado, amenazas y racismo estructural

Eran las cuatro de la tarde en Villarrica cuando un grupo de trabajadores bloqueaba el Parque Industrial, pidiendo justicia y respeto. Pero en lugar de respuestas, recibieron disparos desde una camioneta blanca de vigilantes de Huevos Kikes. Al exigir la placa del vehículo para denunciar, les negaron hasta esa verdad mínima. La Fiscalía y la Alcaldía guardaron silencio.

Esa misma tarde en Puerto Tejada, líderes sociales recibieron amenazas firmadas por las Águilas Negras, con fotos de sus casas tomadas sin permiso y mensajes que advertían tortura y muerte, incluso para sus hijos. En Cali, los barrios afrodescendientes sufrieron una represión brutal, donde el racismo estructural convirtió la protesta en delito y la piel negra en condena.

13 de mayo de 2021 – Valle del Cauca – Desapariciones, ejecuciones y fosas comunes

En Mulaló, el rumor corría como fuego entre la gente. Camiones que descargaban cuerpos sin nombre, cuerpos que nadie buscaba. Fosas comunes donde se enterraban los silencios, donde se escondían las desapariciones. Jóvenes que desaparecían luego de ser detenidos, llevados a Guacarí, donde les decían adiós con disparos en la oscuridad. Nadie preguntaba. Nadie respondía. La fuerza militar, bajo el nombre de “asistencia”, se había vuelto dueña de la vida civil. Y en ese dominio, la impunidad crecía, el miedo se hacía grande. Cali y todo el Valle eran un territorio de miedo y sangre. La represión no perdona. No respeta edades, ni sueños, ni familias. La ciudad se ahogaba en un silencio pesado, en un grito que nadie quería oír. Y mientras tanto, la justicia era solo una palabra que se repetía en vano.

Petro, despierta. No seas otro político de retórica vana que olvida a quienes lo eligieron. No seas indiferente ante el dolor de un pueblo que entregó su juventud, su vida y sus sueños para que tu proyecto se hiciera realidad. No permitas que la sangre derramada quede enterrada bajo el silencio de la impunidad. Colombia te mira con esperanza y con rabia; exige que la memoria de Alison y de todas las víctimas no sea un grito ahogado. Que esta historia de violencia no se repita. Que la Comisión de Esclarecimiento se instale ya, como un acto de verdad, reparación y dignidad. Porque sin verdad no hay paz, y sin justicia no hay futuro.

¡Comisión de esclarecimiento ya!

Bitácora del Horror: Comisión de Esclarecimiento ¡Ya! – Días 10M y11M

por Sofia Lopez2021, 2025, Bogotá, Cali, Derechos Humanos y Protesta Social 12 de mayo de 2025No hay comentarios

El 10 y 11 de mayo de 2021 fueron dos días que marcaron el rostro de la violencia estatal, en pleno estallido social del paro nacional. Fue un periodo donde la protesta, que inicialmente clamaba por justicia y dignidad, se encontró con la brutalidad del poder. En medio de la protesta por justicia, la brutalidad del poder se desbordó. En Siloé, Aguacatal, Meléndez y Portada al Mar, el ESMAD y paramilitares desataron el terror, disparando contra manifestantes y dejando un rastro de muerte y desesperación. Entre los caídos, estuvo Daniel Alejandro Zapata, quien, después de nueve días en coma por un golpe del ESMAD, falleció el 10 de mayo. Su muerte, como las de tantos otros, se sumó a una lista de víctimas de un Estado que, en lugar de proteger, persigue y asesina a quienes exigen derechos.

10 de mayo de 2021 – Nacional – Inicio de diálogo nacional

Mientras el país entero ardía en marchas, lutos y gritos, el 10 de mayo se instaló el diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno. Fue la respuesta formal a los días de movilización que comenzaron el 28 de abril. En las salas cerradas se hablaba de reformas, garantías, consensos. Afuera, el país sangraba.

Ese diálogo no llegó con el canto de los pájaros, sino con el eco de los disparos. Se instaló sobre un suelo herido por la represión, en medio de una crisis de derechos humanos que no cesaba. Era un gesto necesario, sí. Pero también insuficiente. Porque mientras se ofrecían palabras en la mesa, en las calles seguían lloviendo gases, bastonazos y balas.

10 de mayo de 2021 – Bogotá – Homicidio de Daniel Alejandro Zapata (20 años)

Ese mismo día, Bogotá perdió a otro hijo. Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, murió en la clínica EUSALUD, donde llevaba internado desde el 1 de mayo. Su crimen: haber salido a protestar. Su condena: un golpe en la cabeza que lo dejó sin conciencia, presuntamente causado por un artefacto lanzado por el ESMAD.

Durante nueve días su cuerpo resistió. El neurocirujano informó de un deterioro progresivo e irreversible. A las 12:45 p.m., su corazón dijo basta. La clínica llamó al CTI: fue muerte violenta. Otra más. La familia recibió el abrazo triste de quienes entierran a un joven que aún tenía sueños en los bolsillos. Daniel no fue el primero ni sería el último. Su nombre se suma a la larga lista de víctimas de una fuerza pública que, en vez de cuidar la vida, la revienta.

10 de mayo de 2021 – Cali – Incursión armada policial en el sector de Meléndez

En el barrio Meléndez, al sur de Cali, el 10 de mayo no hubo diálogo ni mesas de conversación. Hubo balas. Hubo gritos. Hubo persecuciones.

Lo que empezó como una manifestación pacífica, terminó en estampida cuando el ESMAD y la Policía arremetieron con armas de fuego. Desde distintos puntos llegaban reportes: disparos, detenciones, golpes. Las redes sociales transmitían en vivo el terror. Los jóvenes corrían. Algunos caían.

A las 12:20 del mediodía, se denunció la detención de Alex Bolaños, un joven de 18 años. Testigos afirmaron que fue capturado por uniformados. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Organizaciones de derechos humanos exigieron su aparición, el respeto por su vida, por su derecho a un juicio justo. Pero el silencio oficial fue ensordecedor.

Meléndez, como Siloé, como La María, como tantos otros barrios, fue declarado campo de guerra por el Estado. Y aun así, entre el gas y el miedo, la juventud no se rindió.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sobrevuelo de helicópteros en la Universidad del Valle

A la 1:05 de la madrugada, cuando la ciudad dormía, la Universidad del Valle fue despertada por el rugido de los helicópteros. Volaban bajo. Cercaban. Espiaban. Abajo, la Minga Indígena resistía. El mensaje era claro: estamos vigilando. Estamos listos. La amenaza tenía forma de sombra aérea.

Las organizaciones indígenas denunciaron el sobrevuelo como un acto de intimidación. No era paranoia. Era experiencia: ya conocían el peso de la represión en la carne de sus pueblos. Ese zumbido nocturno se instaló en la memoria como un mal presagio, como otro capítulo del largo acoso contra quienes luchan desde la raíz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque del ESMAD en la glorieta de Siloé

A las 2:00 p.m., la glorieta de Siloé, que desde temprano había sido punto de concentración para manifestaciones pacíficas, se transformó en el escenario de un ataque brutal. El ESMAD irrumpió con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, respondiendo al clamor popular con más represión. Los gritos de auxilio se mezclaron con el estruendo de las detonaciones. La intervención dejó múltiples personas heridas y sembró el pánico entre los asistentes. Testigos relataron el uso desproporcionado de la fuerza, un claro mensaje de que la protesta, por más pacífica que fuera, no tenía cabida en ese momento.

10 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo a la Guardia Indígena en la entrada a la ciudad

Esa misma tarde, a las 6:30 p.m., la Guardia Indígena, que intentaba llegar a Cali, se encontró con una barrera de militares y policías fuertemente armados. En la entrada de la ciudad, las fuerzas del orden impidieron el paso de los pueblos originarios, los cuales venían a alzar su voz en solidaridad con las protestas. Las organizaciones sociales alertaron que esta acción podría ser solo el preludio de un ataque armado contra los guardias, similar al que se había vivido el día anterior. En medio de una ciudad que ya respiraba represión, se temió que grupos paramilitares pudieran estar involucrados en el operativo. La militarización de la ciudad era cada vez más evidente.

10 de mayo de 2021 – Cali – Represión continuada en Siloé y saldo preliminar

La violencia no cesó. Desde las 2:00 p.m., el ESMAD y las fuerzas policiales avanzaron con más agresividad en Siloé, uno de los barrios más golpeados de Cali. La comunidad sufrió destrozos, heridas y temor. Al caer la noche, los reportes llegaron con cifras dolorosas: al menos 22 personas heridas y tres fallecidas tras los disparos. La situación en Siloé se calificó de crítica, con los organismos humanitarios pidiendo desesperadamente el cese de la represión. El barrio, como tantos otros, se había convertido en un campo de batalla sin razón, donde las víctimas no eran combatientes, sino civiles reclamando sus derechos.

10 de mayo de 2021 – Cali – Afectaciones a población vulnerable en El Aguacatal

A las 5:00 p.m. del mismo día, el barrio El Aguacatal, un sector popular de Cali, fue blanco de un ataque indiscriminado con gases lacrimógenos. En este sector no había movilización activa, pero el miedo y el caos se desataron de todas formas. La mayor tragedia fue el impacto sobre la población vulnerable: niños menores de cinco años y adultos mayores fueron afectados, provocando terror generalizado entre los habitantes. Este ataque, que violó claramente el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, fue un recordatorio de la deshumanización de un operativo que no distinguía entre los que luchaban y los que solo querían vivir en paz.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque a misión médica en la Portada al Mar

A las 5:00 p.m., el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército dirigieron su violencia hacia una misión médica en la Portada al Mar. Los voluntarios, que se habían dedicado a brindar primeros auxilios a los heridos, se convirtieron en blanco del ataque. Las fuerzas armadas dispararon contra los jóvenes que trataban de salvar vidas. El hecho se enmarcó dentro de una ofensiva más amplia, en la que se atacaba no solo a los manifestantes, sino también a quienes se habían comprometido con la humanidad. Este ataque fue denunciado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, un acto de terrorismo de Estado que busca silenciar la compasión.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado contra manifestantes en la Portada al Mar

En esa misma tarde del 10 de mayo, la Portada al Mar vivió una nueva embestida. El ESMAD, la Policía y el Ejército atacaron a los manifestantes con armas de fuego y gases lacrimógenos. Los jóvenes caían, las madres lloraban, y la desesperación se apoderaba de todos. Múltiples heridos quedaron tendidos en el suelo, testigos de la brutalidad del operativo. Este ataque no fue aislado: se sumó a una serie de agresiones sistemáticas en toda la ciudad. La represión no era un accidente. Era parte de una estrategia de terror institucional destinada a frenar cualquier atisbo de protesta, cualquier grito de justicia.

10 de mayo de 2021 – Cali – Sabotaje de comunicaciones y crisis en Siloé

Durante la noche del 10 de mayo de 2021, la ciudad de Cali experimentó una desconexión masiva de servicios esenciales como telefonía móvil, televisión y conexión a internet, especialmente afectando a la operadora Movistar. Esta interrupción coincidió con una grave escalada de violencia en el barrio Siloé, donde se escuchaban disparos y gritos de auxilio. La falta de comunicación dificultó gravemente el reporte de los hechos y la denuncia oportuna de violaciones a los derechos humanos. La crisis de información permitió que la represión se diera en la oscuridad, con la población civil atrapada en un limbo sin capacidad de alertar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo.

10 de mayo de 2021 – Cali – Ataque armado desde motocicleta en Calipso

El 10 de mayo de 2021, el sector de Calipso fue escenario de un nuevo ataque armado dirigido contra los manifestantes. Según los testimonios recogidos, una motocicleta, conducida por civiles, disparó directamente contra los manifestantes. Este tipo de agresión ha sido vinculado por organizaciones de derechos humanos con la actuación de grupos paramilitares, presuntamente coordinados con fuerzas del Estado. La violencia no solo se intensificaba, sino que adquiría características de una ofensiva que desbordaba cualquier control, evidenciando la grave situación que atravesaba la protesta social y la peligrosidad que enfrentaban los ciudadanos al salir a las calles.

11 de mayo de 2021 – Cali – Bloqueo Económico

Ese día, Cali se partió en dos. De un lado, los que luchaban; del otro, los que mandaban a callar. En Ciudad Jardín, entre hombres armados y complicidad estatal, se levantó un muro invisible que asfixió a la ciudad: alimentos, medicamentos y combustible no llegaron.

11 de mayo de 2021 – Cali – Montajes judiciales

Mientras la élite observaba desde sus camionetas de lujo, la Sijin cazaba heridos en los hospitales, tratando a quienes sufrían la represión como criminales. El derecho internacional se ahogaba en el polvo caliente de la ciudad. En paralelo, el aparato judicial se ponía en marcha para silenciar a los indígenas resistiendo en su «guarida indígena». Ya atacados por sicarios, ahora eran perseguidos por la justicia, convertidos en enemigos del orden. A su bastón de mando y sus danzas, les respondían con expedientes fabricados, con la ley como garrote. El 11 de mayo se consolidó como el día en que la justicia se vendió al poder, transformándose en otra herramienta de represión.

Es urgente, es necesario, es imperativo que la verdad se esclarezca. Las víctimas de esos días, las madres que lloran a sus hijos caídos, los jóvenes mutilados por el odio institucional, no pueden quedar condenados al olvido, al desdén de un poder que los considera meros obstáculos. ¡Hoy, más que nunca, es vital exigir una Comisión de Esclarecimiento que escuche, que nombre, que señale! ¡Una Comisión que arranque la impunidad de raíz y le devuelva al país la dignidad que se nos arrebata a plomo!

¡Comisión de Esclarecimiento YA!

Petro suspende diálogos con el ELN: “Lo ocurrido en Catatumbo son crímenes de guerra”

por Sofia Lopez2011, 2021, 2025, Cali, Catatumbo, Conflicto Armado, Diálogos de Paz 17 de enero de 2025No hay comentarios

El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los recientes actos de violencia ocurridos en la región del Catatumbo, Norte de Santander. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario calificó las acciones del grupo insurgente como “crímenes de guerra” y señaló que estas violaciones a los derechos humanos demuestran la falta de voluntad de paz por parte del ELN.

“El ELN ha cometido en el Catatumbo crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, ya que no tiene ninguna disposición para avanzar hacia la paz”, afirmó Petro. Este anuncio representa un punto crítico en la búsqueda de la «paz total», estrategia priorizada por el Gobierno para poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia.

El Catatumbo, una región estratégica en la frontera con Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos entre diversos grupos armados ilegales. La violencia reciente, que ha afectado gravemente a la población civil, minó la confianza en las negociaciones que el Gobierno venía adelantando con el ELN.

En respaldo a la decisión del presidente, los negociadores de paz del Gobierno, liderados por Vera Grabe y el senador Iván Cepeda, expresaron su solidaridad con las víctimas y condenaron los actos criminales en la región. Cepeda subrayó que enfrentarse a otros grupos armados no debe implicar agresiones contra la población civil y reafirmó que, aunque el Gobierno mantiene su voluntad de diálogo, no tolerará crímenes de guerra.

La suspensión de los diálogos evidencia los desafíos en la búsqueda de una paz duradera en el país, marcando un momento de tensión en las relaciones entre el Gobierno y el ELN.

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(Crédito: Colprensa / La Voz del Catatumbo / Facebook)

Tragedia en el Catatumbo: familia asesinada en ataque armado

por Sofia Lopez2011, 2021, Cali, Catatumbo, Conflicto Armado, Derecho a la vida, Masacre, Norte de Santander 16 de enero de 2025No hay comentarios

En la noche del miércoles 15 de enero, tres miembros de una familia, incluido un bebé de seis meses, fueron asesinados en un ataque armado en la vía que conecta Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Las víctimas fueron identificadas como Zulay Durán y Pacheco Miguel Ángel López, propietario de la funeraria San Miguel de Tibú.

El múltiple homicidio ocurrió en la vereda La Valera, en el corregimiento La Silla, una zona marcada por la presencia de grupos armados. Según primeras versiones, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la familia y abrieron fuego.

Se presume que el ataque fue perpetrado por miembros del Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (AGC). Sin embargo, las autoridades no han podido ingresar al lugar debido a los riesgos en la zona. Miembros del gremio funerario acudieron para salvaguardar los cuerpos.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como “lamentable” en su cuenta oficial de la red social X. En su mensaje, confirmó que entre las víctimas estaba un bebé y anunció que la Policía avanza en la recolección de información para esclarecer los hechos.

Este trágico caso, la segunda masacre del año, refleja la grave crisis de seguridad en el Catatumbo, una región fronteriza azotada por disputas entre grupos armados ilegales que continúan sembrando violencia y miedo.

#MasacreEnElCatatumbo #CrisisDeSeguridad #ClanDelGolfo #ViolenciaEnColombia #JusticiaParaLasVíctimas

25 de noviembre: La Desaparición Silenciosa de Nuestras Hijas

por Sofia Lopez2011, 2021, Cali, Conflicto Armado, Ejecuciones Extrajudiciales, Género, Homicidio, Impunidad, Pueblos y Territorios, Resistiendo al olvido, Valle del Cauca 25 de noviembre de 2024No hay comentarios

«El sur, los vientos del sur traen el cambio», dijo el presidente Gustavo Petro, y así fue: el sur dio la fuerza al proyecto que hoy nos gobierna. Pero esos vientos, antes de esperanza, hoy son pestilentes.
Este 25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra las Mujeres, no podemos ignorar cómo la guerra se ensaña con nuestras jóvenes y niñas en el sur. Los vientos del cambio se han vuelto vientos de muerte. Como Madres y Mujeres reclamamos la vida antes de que el silencio y el olvido lo consuman todo.
Mauren Alejandra Ulchur tenía apenas catorce años. Su uniforme escolar aún olía a infancia, pero eso no detuvo a quienes la arrancaron de su salón en el Instituto Técnico Agrícola de La Plata, Huila, a finales de agosto de 2024. No fue la única. Detrás de ella, siete niñas más fueron llevadas mediante engaños, como si en las aulas no quedaran más que cuerpos a disposición de la guerra.
Gracias a la intervención de Naciones Unidas, seis niñas lograron regresar. Pero Mauren Alejandra no fue una de ellas. La encontraron este sábado 23 de noviembre, enterrada en una fosa común en El Ceral, una vereda montañosa de Buenos Aires, Cauca. Murió en medio de un combate entre las estructuras Jaime Martínez y el ELN.
En el colegio donde fue reclutada, las clases continúan como si nada. Ocho menores arrancadas de ese plantel, un informe de la ONU, y aún no pasa nada. Ni la denuncia, ni la muerte, ni el terror bastan para mover la maquinaria del Estado.
Laura Andrea Duarte, de 21 años, tampoco tuvo opciones. La promesa de un trabajo en el Alto Naya la hizo salir de su casa sin mirar atrás. No sabía que el «empleo bien pagado» la llevaría al control de la estructura Jaime Martínez. Cuando se negó a ser reclutada, la asesinaron. Su familia busca su cuerpo, buscando consuelo en otras familias que también buscan a sus hijos desaparecidos.
Erika Vanessa Trochez tenía 17 años cuando la misma estructura la tomó. Fue llevada a un campamento en Villa Colombia, Jamundí. Su madre, una mujer de fuerza desgarradora, llegó hasta donde estaba su hija para pedir que se la devolvieran. Suplicó, lloró, pero la respuesta fue un castigo: Erika fue trasladada a Buenaventura, más lejos, más inaccesible. Hoy no se sabe dónde está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a favor de la menor medidas cautelares, pero los días pasan y el silencio del Gobierno Nacional es sepulcral.
Hellen Sofía Chilo, de 12 años, fue vista por última vez el 20 de noviembre de 2024 en Santander de Quilichao, con su uniforme escolar puesto. Versiones indican que caminaba acompañada por un adulto desconocido, quien aparentemente la llevó hasta Popayán. Santander de Quilichao suma una historia más de una niña desaparecida, una historia que se pierde en el silencio y la indiferencia
Melanie Sofía Oviedo salió el 2 de noviembre, al final de la tarde, a pasear su mascota por las calles del barrio San Pedro en Palmira, Valle del Cauca. Llevaba falda negra, saco blanco, medias y zapatillas blancas. No regresó.
Juliana Quilindo Muñoz, de 13 años, es hija de la comunidad indígena Polindara del Cauca y vivía en la ruralidad de Pradera, Valle del Cauca. Desde el 2 de noviembre de 2024, su desaparición ha generado alarma en las redes sociales, donde circulan carteles solicitando información sobre su paradero. Sin embargo, hasta el momento, su rastro sigue siendo un misterio, y su familia y comunidad siguen esperando respuestas.
Heylin Ruiz Mensa, de 13 años, desapareció el 25 de octubre de 2024 desde su casa en el barrio San Marino de Cali. Su fotografía, con una balaca y una sonrisa, cuelga en los postes del barrio. Su familia sigue buscando, pero hasta ahora, no sabemos nada de ella.
Lizet Tatiana Morales Tálaga, de 15 años, estudiaba en el Colegio San Antonio de Padua en Timbío, Cauca. El 28 de octubre de 2024 salió de clases como cualquier otro día, pero nunca llegó a casa. Es la misma historia que se repite una y otra vez en los municipios del Cauca: niñas que salen de su colegio y nunca regresan. Cada día que pasa sin noticias, la esperanza se mezcla con la angustia, y el dolor de la desaparición se hace más profundo.
Katherine Aranda, 15 años, desapareció el mediodía del 29 de octubre. La vieron por última vez cerca del barrio Pedro León en Corinto, Cauca. Desde entonces, la montaña guarda silencio.
Jenny Vanessa Poloche y Yensi Poloche, de 12 y 16 años, compartieron la misma desaparición. Sus huellas se borraron en la Institución Agrícola de Piamonte, Cauca, el 23 de octubre de 2024. La escuela, ese lugar que debería protegerlas, quedó en silencio. La vida sigue su curso, pero ellas no vuelven.
Helen Sofía Mopán, de 13 años, desapareció en agosto de 2024, cuando salió de su casa en La Unión, Nariño, sin dejar rastro. Desde entonces, su familia y comunidad no han tenido noticias de ella. Como muchas otras niñas en el sur de Colombia, Helen se suma a la lista de las desaparecidas.
Anyela Mildred Ipia Acalo, de 15 años, desapareció el 14 de octubre de 2024, mientras regresaba de Caldono hacia su casa en la vereda Asnazu, Suárez, Cauca. En el sector de Mondomo, alguien la vio subir a una camioneta. Su paradero sigue siendo incierto. Se rumorea que podría estar en Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao. La Estructura Dagoberto Ramos de las FARC la reclutó, como ha ocurrido con tantas otras niñas.
25 de noviembre de 2024, Día de la No Violencia contra la Mujer, y nada pasa.
Hoy, como todos los días, denunciamos cómo la guerra y la muerte siguen arrancando a nuestras niñas y jóvenes del sur. Pero no pasa nada. Ellas se convierten en una cifra más, en un número olvidado en un programa de Excel, en un cartel de «se busca» que no ofrece respuestas. No están en casa, no están en sus colegios, no están con sus familias ni en sus comunidades. La muerte nos habita, la guerra ha tomado el control, y la indiferencia sigue siendo la única respuesta.
No hay cambio posible si nuestras niñas desaparecen sin dejar rastro. No hay esperanza mientras el silencio y la indiferencia sigan siendo la respuesta. Hoy, más que nunca, el sur clama por justicia, por memoria, por un país que no olvide a sus hijas, que se niegue a ser indiferente ante su dolor. Que los vientos del sur no sigan trayendo muerte y guerra. Que los vientos del sur sean, por fin, el verdadero cambio: un cambio que permita a las mujeres vivir libres de violencia.

Sofía López Mera, abogada y periodista, defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad y del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz.

#JusticiaParaDaniel

por admin2021, Derechos Humanos y Protesta Social 30 de septiembre de 20214 de enero de 2023Los comentarios están desactivados

Con argucias la Fiscalía imposibilita la inclusión en el programa de
protección a los familiares de Daniel Stiven Sanchez.

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali
frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la
represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la
detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a Medicina Legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia. En Medicinal Legal se cometió un nuevo crimen, borraron las evidencias de impacto de arma de fuego y golpes del menor, lo anterior para configurar la impunidad en el crimen y exculpar a la policía mediante el falaz argumento de que el menor murió por inhalación de vapores calientes.

Los familiares de DANIEL STIVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos de comunicación y a la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizó operativos de allanamiento sin orden judicial sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. El 21 de agosto se informó sobre un operativo de asesinato contra los familiares de la víctima, hecho denunciado públicamente, frente a la inacción de la fiscalía se generó un cuarto desplazamiento forzado de la familia. Las líneas telefónicas de las víctimas y de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.
Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigosse han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección. Existe una alerta sobre la judicialización de los jóvenes que integraron la primera línea y la brigada de salud en Siloe, lo anterior cobra sentido teniendo en cuenta que fueron los testigos presenciales de las múltiples violaciones de derechos humanos que cometió la policía en contra de los jóvenes en Siloé en el paro nacional.
La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales abiertas. El funcionario JUAN CARLOS BUITRAGO del programa de protección a víctimas y testigos de la fiscalía brindo información falsa sobre el programa de protección para desestimular a las víctimas, en este sentido indicó de manera falsa que los niños tenían que obligatoriamente desescolarizarse durante el tiempo que durara el proceso así fueran años, es decir que para ser incluido en el programa los menores edad deben renunciar a su derecho fundamental a la educación, así mismo indicó que las personas mayores de edad también deberían suspender sus estudios superiores porque serian cambiados a otros departamentos y que no ofrecían condiciones de continuidad educativa. Lo que supuestamente ofrecía económicamente el programa era mínimo , si apenas alcanzaría para cubrir gastos de alimentación de menos de la mitad del grupo familiar, el funcionario indicó que les prohíben realizar trasteos de sus muebles y enseres y que el programa solo les facilitaría colchonetas y un televisor, así mismo les manifestaron que tendrían prohibición de contactarse con sus abogados obstaculizando así su participación en el proceso judicial en búsqueda por la justicia. Esta información false se suministró con la única finalidad de que la familia desistiera de la solicitud de inclusión en el programa de protección. Fue tan evidente que ni si quiera se les permitió consultar con la familia y se les exigió firmar el desistimiento el mismo día que les suministró la falsa información. Bien es sabido que el programa cuenta con capacidad para garantizar la protección y las condiciones de dignidad de victimas y testigos que no impide el derecho a la educación, ni el derecho a la alimentación, ni continuar participando del proceso judicial. Lo anterior en contravía de los que aseguro el Fiscal 13 seccional de Vida cuando afirmó de la existencia de un programa con enfoque diferencial para poder atender la situación de la familia de DANIEL STIVEN SANCHEZ.

Por su parte el Fiscal 13 seccional de Vida sigue en desacato de la tutela, no ha convocado comité técnico jurídico, no garantiza la inclusión de las víctimas en el programa de protección y no escala la investigación a una unidad de derechos humanos de la Fiscalía y como si no fuera suficiente se niega mediante argucias a legalizar los elementos de prueba y evidencia física aportados por las víctimas. El Fiscal 13 seccional de vida quiere instaurar impunidad mediante el archivo o preclusión de la investigación.

Queremos Justicia para Daniel, queremos que se restablezca su Dignidad, solicitamos enviar mensajes de exigencia al Fiscal para el cumplimiento de la sentencia de tutela y para que no se obstaculice la búsqueda de justicia.
Enviar comunicaciones cristian.rodriguez@fiscalia.gov.co Fiscal que conoce del caso.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso con enfoque diferencial.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ .

JusticiaParaDaniel

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2021

#JusticiaParaDaniel

por admin2021, Cali, Derechos Humanos y Protesta Social 13 de septiembre de 202114 de septiembre de 2021Los comentarios están desactivados

TOTALMENTE DESPROTEGIDOS SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES Y TESTIGOS EN EL CASO DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021

El 28 de mayo de 2021, DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar fue detenido arbitrariamente en el sector de Siloé- Cali frente al Dollarcity por efectivos del ESMAD, quienes los golpearon inclementemente, le dispararon en una de sus piernas, lo arrastraron y subieron por la fuerza a una tanqueta de la policía en el marco del operativo ilegal de la represión de las manifestaciones del paro nacional . Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentó rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD les dispararon, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial DollarCity de Siloé al día siguiente de los hechos por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencia s Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. Luego de la entrega del cuerpo los familiares constataron que Medicina Legal cometió un nuevo crimen al borrar evidencias de golpes en el cuerpo y el impacto de bala en una de sus piernas mediante la realización de cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas forenses. Después de tres meses exigiendo los anexos del dictamen de Medicina Legal fueron entregados una foto, y dos radiografías, en donde se verificó que no se realizaron las radiografías, ni fotografías, ni videos correspondientes a la práctica forense, ni mucho menos exámenes de laboratorio. No se cumplió ninguna de las exigencias de los protocolos de Minnesota y Estambul de obligatorio cumplimiento en graves casos de violaciones a los derechos humanos. No existe evidencia científica en el dictamen médico legal que sustente la falacia sobre la muerte por inhalación de vapores calientes, conclusión ventilada en medios de Comunicación por el fiscal ENCINALES director seccional de Fiscalías de Cali.

Los familiares de DANIEL STEVEN han padecido una intensa persecución por parte de funcionarios de la policía nacional y civiles armados, luego de denunciar los hechos públicamente a canales alternativos y la prensa nacional. Desde el 30 de mayo han recibido amenazas a través de terceras personas, hostigamientos de hombres en motocicletas de alto cilindraje y armados en los alrededores de la casa en el momento que se realizaba el velorio del menor. Esta situación generó dos desplazamientos forzados. Posteriormente la policía nacional realizo operativos de allanamiento sin orden de captura sobre las casas de habitación vecinas al sitio donde se refugiaba el núcleo familiar, situación que originó un nuevo desplazamiento forzado. Los familiares de DANIEL STIVEN han sufrido seguimientos y sus líneas telefónicas y las de los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad se encuentran ilegalmente interceptadas.

El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevó a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar porque a pesar de que se informó a la fiscalía de la situación no se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y la integridad.

Los testigos presenciales de los hechos han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos por parte de civiles armados que operan en la comuna veinte de Cali, dos de estos testigos se han desplazado forzadamente de la comuna y se encuentran en situación de total desprotección.

La Fiscalía 13 seccional de vida que adelanta el caso solo por orden judicial vía tutela interpuesta por los representantes de las víctimas, investigación radicada con el Spoa 760016000193202104514, no ha incluido a los familiares de víctimas en el programa de protección de testigos pese a las denuncias realizadas y las investigaciones penales aperturadas. Así mismo ha obstaculizado la labor probatoria de los representantes de las víctimas sin que a la fecha se haya ordenado la practica de pruebas solicitadas, ni se haya presentado ante juez con funciones de control de garantías los elementos de prueba y evidencia física recaudados por las víctimas y testigos para hacerlos valer dentro del proceso penal, oportunamente entregados a la Fiscalía. No se han adelantado los comités técnico jurídicos ni se ha escalado la investigación a una fiscalía especializada de la Unidad de Derechos Humanos tal y como lo ordenó el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali en acción de tutela radica con el número 2021-00214.

En el día de hoy integrantes de nuestra corporación fuimos informados que se estaría gestando un plan de judicialización en contra de los testigos del presente caso en el marco de los falsos positivos judiciales que se vienen orquestando desde la Fiscalía General de la Nación y de los que se han realizado capturas desde la semana pasada en la Ciudad de Cali y Palmira. Esta situación obstaculiza el derecho de las víctimas de participar en la dinámica probatoria del proceso penal y también que víctimas y testigos sean cobijados por el programa de protección de la fiscalía, todo lo anterior en garantía de impunidad.

Solicitudes
• Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
• Exigimos a la Fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos
• Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses por todas las irregularidades cometidas en el procedimiento forense.
• Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2021

#JusticiaParaDaniel

por admin2021, Derechos Humanos y Protesta Social 23 de agosto de 202124 de agosto de 2021No hay comentarios

EN RIESGO DE ATENTADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO SE ENCUENTRAN LOS FAMILIARES DEL MENOR DANIEL STIVEN SÁNCHEZ ENCONTRADO SIN VIDA EN EL DOLLACITY DE SILOE COMO RESULTADO DE LA REPRESIÓN POLICIAL DEL 28 DE MAYO DE 2021

DANIEL STIVEN SANCHEZ, niño de 16 años, habitante del barrio Siloé y quién realizaba labores de construcción para ayudar a la economía familiar. DANIEL STIVEN se encontraba centrado en el trabajo de su familia y en el cuidado de su novia también menor de edad quien padece una patología terminal. Estas dos situaciones impedían que DANIEL STIVEN participara en las jornadas de protestas nacional, así mismo no integraba la denominada primera línea del barrio Siloé.

En la glorieta del barrio Siloé se mantuvo un punto de resistencia donde los jóvenes realizaron jornadas culturales y pacificas de protesta, que se tornaron violentas por el accionar ilegal y desproporcionado del Escuadrón Antimotines del ESMAD y del Escuadrón GOES de la Policía Nacional. Dichos cuerpos de seguridad realizaron incursiones armadas que dieron como resultado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y homicidios según han denunciado víctimas y organizaciones de derechos humanos.

El 28 de mayo de 2021, el menor DANIEL STIVEN fue detenido arbitrariamente por efectivos del ESMAD, cuando caminaba por el sector, golpeándolo en forma brutal y siendo subido por la fuerza a una tanqueta de la policía. Testigos de los hechos indican que el menor de manera incesante y reiteraba pedía ayuda e indicaba su condición de menor de edad. La brigada de salud percatándose de las heridas y la detención arbitraria, intentaron rescatarlo, pero los efectivos policiales de ESMAD dispararon en contra de la brigada, impidiendo su acercamiento. DANIEL STIVEN fue encontrado sin vida en el local del establecimiento comercial Dollar City de Siloé al día siguiente de los hechos.

Según los testimonios el menor DANIEL STIVEN fue retenido y herido por el ESMAD, y que luego su cuerpo sin vida apareció en el local en mención. El cuerpo del menor fue encontrado por los habitantes del barrio, conducido hasta el puesto de salud y luego remitido a medicina legal, sin seguirse el protocolo del levantamiento del cuerpo, ni la cadena de custodia.

Llama la atención que el menor fue hallado al día siguiente del incendio en el local de Dollarcity de Siloé, y que en la intervención de los bomberos realizada el 28 de mayo no se registrara este tipo de hallazgo.

En redes sociales se observó que el cuerpo del menor se encontraba integro, y reconocible pese a las señales del impacto del fuego. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali se negó en un principio a entregar el cuerpo, argumentando que era imposible su identificación. hecho falso dado que los familiares con un reconocimiento sobre el cuerpo pudieron señalar que era DANIEL STIVEN. Pese a ello, Medicina Legal manifestó a los familiares que el cuerpo no sería entregado por no tener reconocimiento de huellas dactilares, ni ADN, con la intención de hacerlo pasar como persona no identificada. Luego de que los familiares protestaran y exigieran con vehemencia la entrega, les fue entregado el cuerpo de DANIEL STIVEN.

Los familiares han indicado que el cuerpo del menor fue entregado en condiciones deplorables luego de la autopsia. Se le realizaron cortes extensos de piel y musculo que no corresponden a prácticas tradiciones de exámenes forenses, justo en áreas donde familiares y testigos habían percatado la presencia de golpes contundentes.

El informe de necropsia no fue entregado a los familiares, siendo este un derecho que tienen y ampara la ley, quienes debieron solicitarlo vía acción de tutela, pero a la fecha de este comunicado no se han entregado los anexos correspondientes a fotografías, videos, exámenes de laboratorios, radiografías entre otros, lo indicaría que los mismos no fueron realizados, esto a casi 3 meses de los hechos.

No obstante, antes de entregarlo, las conclusiones fueron divulgadas públicamente en rueda de prensa por el director seccional de Fiscalías de Cali, Dr. Encinales, sin que estuviera presente ningún funcionario de Medicina Legal, en un acto totalmente ilegal. El dictamen es contradictorio a los testimonios que los familiares han obtenido sobre los hechos, quienes afirmaron que el menor presentaba golpes en su cuerpo y al menos un orifico de arma de fuego en una de sus piernas, así como la fractura de uno de sus tobillos, dentadura y rostro, no entendiéndose unos cortes de piel y musculo realizado por medicina legal en las partes donde se habían visto signos de golpes, considerándose que se alteró el estudio forense en favor de los responsables de la detención del menor. Para medicina legal la causa de muerte del menor fue la inhalación de vapores calientes.

La apertura de la investigación penal por homicidio sólo se realizó por parte de estas instituciones luego que los familiares del menor acudieran en vía de tutela en garantía del acceso de justicia. Pese a la decisión judicial a la fecha no se han entregado los anexos del informe de medicina legal. Todo esto demuestra la inacción y obstáculos en la investigación eficaz sobre los hechos. La investigación no avanza, la actividad probatoria de la fiscalía es mínima y se ha trasladado a los familiares de las víctimas la carga de probatoria. Es evidente que la fiscalía 13 seccional de Cali busca el archivo o preclusión de la investigación.

El día 21 de agosto de 2021 se conoció por parte de los familiares de la víctima que se estaría planeando un atentado en su contra, hecho que llevará a un cuarto desplazamiento forzado y a una separación del núcleo familiar.

A la fecha y pese a que existen orden judicial las víctimas no han sido incluidas en ningún programa de protección y se encuentran a merced de la violencia generalizada de persecución a víctimas, testigos y manifestantes luego de las jornadas del paro nacional.

Solicitudes

Instamos a la fiscalía general de la Nación la activación de rutas de protección a favor de víctimas y testigos del presente caso.
Exigimos a la fiscalía general de la Nación el cambio de asignación de la investigación a una Unidad que investigue graves violaciones a los derechos humanos, ya que no existen garantías de justicia en la fiscalía 13 seccional de Cali.
Exigimos a la Procuraduría General de la Nación mediante la figura del poder preferente adelantar investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la fiscalía general de la nacional y del instituto de medicina legal y ciencias forenses que no han entregado los anexos del informe de medicina legal a los familiares y representantes de las víctimas. Asi también se investigue si existen dichos anexos y de no existir se imponga la sanción que corresponda.
Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacer difusión de esta denuncia exigir al Estado de Colombia el cumplimiento de los estándares de la debida diligencia en garantía de justicia por DANIEL STEVEN SANCHEZ

En impunidad la ejecución extrajudicial de Ulpiano Ortiz Fajardo y Jairo Alexis Castro Concha

por admin2021, Ejecuciones Extrajudiciales 9 de agosto de 202124 de agosto de 2021No hay comentarios

A 14 años de la ejecución extrajudicial de ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA no solo conmemoramos con indignación el vil asesinato a sangre fría por parte de efectivos de la Brigada 29 del Ejercito Nacional el 9 de agosto de 2007, sino que rechazamos la armònica eficacia de la Fiscalìa General de la Nación, La Justicia Contenciosa Administrativa y la Jurisdicción Especial para la Paz en la garantía de impunidad para este crimen de lesa humanidad.

El 9 de agosto de 2007, fueron ejecutados extrajudicialmente ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, en el marco de la extendida polìtica de Estado, conocida como “falsos positivos”, por efectivos militares, pertenecientes al “Batallon de Alta Montaña No 4 BG Benjamín Herrera Cortes”, de la Brigada 29 del Ejercito Nacional. El móvil utilizado fue el de “guerrilleros del ELN dados de baja en combate”.

El 9 de agosto de 2007, a las 4:00 de la mañana, como era habitual de todos los jueves, ULPIANO salió de su casa en el casco urbano del Municipio de Piendamó, para realizar compra de mercancía en la Galería la 13 de Popayàn para luego revenderla en Piendamò-Cauca; JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, iniciaba su labor como ayudante de buses de transporte pùblico.

El 10 de agosto de 2007, hacia las 5:30 a.m. sus familiares fueron enterados por las emisoras Radio Súper, Mil Cuarenta y RCN de Popayán, que ULPIANO “había sido dado de baja por parte de efectivos militares de la Vigésimo Novena Brigada del Ejército Nacional.” Los medios de comunicación indicaron que las víctimas eran miembros del ELN y que habían sido muertos en combate. El día 11 de agosto de 2007, el Diario El Liberal de Popayán, aludiendo los hechos, titulò: “Eran del ELN según el Ejército. DOS GUERRILLEROS FUERON ABATIDOS EN LOS ROBLES”.(…)”.

LOS DOCUMENTOS MILITARES

De los documentos aportados por los propios militares para justificar sus actuaciones, es fàcil inferir que fueron alterados, adulterados y prefabricados.

La orden de Operaciones es la Orden General proferida por el Comandante del Ejército y la Misión táctica la traducción en el caso concreto de la “Orden de operaciones” en un lugar demarcado y determinado[1]. La “Orden de operaciones Eclipse” que sustenta la Misión Táctica “No 70 Antorcha II”, que soporta las muertes, no existe. Solo existe la misión táctica denominada “Misión Táctica No 70 Antorcha II fragmentaria a la Orden Eclipse”, firmada por el teniente coronel MARTIN HERNANDO NIETO MELO, Comandante del “Batallón de Alta Montaña No 4 Benjamín Herrera Cortes”. Ilógicamente el documento no justifica porque es “fragmentaria” ni porque deriva de la “Orden de Operaciones Eclipse”. Por su parte, el anexo de inteligencia[2] necesario para el diseño y ejecución de la misión táctica fue proferido el 8 de agosto de 2007, el mismo día que supuestamente se diseñó la misión táctica y el mismo dia en el que se inició su ejecución por parte de la compañía Coral al mando del militar JHON JANNER GUTIERREZ COY.

¿Cómo sostener entonces que el anexo inteligencia que es necesario para el diseño y ejecución de la misión táctica No 70 Antorcha II fuera proferido el 8 de agosto de 2007, y que ese mismo, con la información de inteligencia, se diseñara la misión táctica pasando por todos los niveles de consulta y asesoramiento?; ¿cómo es posible que ese mismo día en que se diseñó la misión táctica, se iniciara su ejecución? Lo anterior solo indica la flagrante ilegalidad del operativo militar.

La actuaciòn ilegal del ejercito, tiene otro hecho protuberante que devela su responsabilidad en el crimen: El anexo de inteligencia -de 8 de agosto de 2007- refiere supuestos hechos delictivos de 28 de agosto de 2007, es decir, con sobrenaturales poderes adivinatorios, los militares dan cuenta de hechos posteriores al crimen. Todo indica que el anexo de inteligencia fue elaborado posteriormente a los hechos de 9 de agosto de 2007.

Otro aspecto escandaloso, que compromete a todas luces al Ejercito, El efectivo militar JHON JANER GUTIERREZ COY, ilògica e ilegalmente actua en los documentos militares, en diferentes cargos: primero como Jefe de la Sección de Inteligencia del BAMHE 4; en la Misión Táctica funge como oficial comandante de Coral 4; asi mismo como oficial S2 que elaboró el anexo de Inteligencia, además suscribe los informes de Patrullaje y el informe dirigido al Comandante del Batallón de Alta Montaña No 4. En el derecho operacional legal de las fuerzas militares no es permitido que un S2 o integrante de la sección inteligencia participe de los operativos militares existiendo una infracción al reglamento militar.[3]

Ademas, este militar hace pasar por radiograma operacional un documento que no reúne las características de tal[4], tiene el numero 1170 escrito con bolìgrafo y no corresponde al mismo documento electrónico que posteriormente fue entergado a la investigacion, así mismo tiene un título que dice “centro de operaciones”. inicialmente indica una fecha del 1 de junio de 2005, seguido como fecha del hecho de 9 de agosto de 2007, y señala la hora de elaboración que es a las 6:30 am. ¿Es lògico creer que cuando se iniciaba el supuesto combate (a las 6:30 am) a la misma hora se indicara con precisión sobre las supuestas dos bajas con nombre, apellido y número de identificación, así como la cantidad de armas supuestamente incautadas, su marca y numero, y además se indicaran que eran miembros del ELN.?

El supuesto Radiograma o centro de operaciones fue hecho con anterioridad a que ocurrieran los hechos es un documento prefabricado, configurando una falsedad ideológica de documento público.

De ser un documento cierto, y elaborado a las 6:30 de la mañana, denotaría también que la escena del crimen fue alterada y las supuestas armas incautadas movidas, al igual que los cuerpos para extraer información tan exacta.

A pesar de la gravedad de los hechos, nunca se activó el COT o Centro de Operaciones tácticas, no existen radiogramas operacionales como tal, ni libro del diario operacional[5], ni minutas de guardia que den cuenta de la supuesta operación militar, la presencia de sujetos extraños y las órdenes dadas por GUTIERREZ COY, menos aun de la presencia de tropas del ELN en la zona.

INEXISTENCIA Y DESPROPORCION DEL OPERATIVO

Nunca existió el supuesto enfrentamiento armado. Las pruebas forenses indican que ULPIANO nunca disparo el arma que se le incautó, así mismo que de los 8 disparos que recibió, 5 se hicieron a una distancia de 3 metros, distancia realmente muy corta en un enfrentamiento armado, y 3 de los disparos presentan FALSO TATUAJE O AHUMAMIENTO[6] es decir que los militares dispararon a corta distancia, no superior a 50 centimetros.

Es importante resaltar que según prueba forense, ULPIANO no realizó ningún disparo. En inspección judicial en la escena del crimen, los funcionarios del CTI establecen “Un arma de fuego tipo CARABINA de fabricación artesanal, con un proveedor para la misma con tres cartuchos alojados en el mismo y otro cartucho alojado en la recamara sin signos de percusión,: Previamente a la inspección del arma en mención, se efectuó exploración lofoscopica con resultado negativo, es decir no aparecen las huellas dactilares en el arma incautada y el dictamen establece para ULPIANO “incompatible con residuos de disparo en mano”. Lo anterior indica que ULPIANO no disparó ningún arma, y que en el arma fue puesta por el ejército en la escena del crimen, porque en la misma no aparecen sus huellas dactilares.

El gasto de munición fue desproporcionado frente a una persona que nunca disparo, a los militares les entregaron para la operación militar 50 cartuchos de guerra CAL 5,56 mm INDUMIL y ellos gastaron según informe gastaron todos en la supuesta operación militar. Asi mismo en las indagatorias los militares indican que el enfrentamiento armado duro entre 15 a 20 minutos, un tiempo realmente considerable como para que ULPIANO no hubiese realizado ni un solo disparo.

En la Misión táctica se indica que en el operativo participaron un oficial, tres suboficiales, y 20 soldados, es decir 24 militares en combate, contra dos civiles ULPIANO ORTIZ FAJARDO y JAIRO ALEXIS CASTRO CONCHA, lo que denota una desproporción en el operativo militar.

La inteligencia militar no documentó en ningún informe militar que las victimas fueran guerrilleros, ni que tienen antecedentes o condenas penales por el delito de rebelión; Tampoco existe evidencia alguna que ese 9 de agosto estuviera cometiendo alguna conducta punible ya que no existen ningún tipo de denuncia al respecto.

Contradictoriamente en el expediente reposa certificación de la seccion de inteligencia –S2- del pago de recompensa por $ 3.000.000 por información sobre la supuesta pertenencia de las victimas al ELN, pero que el oficial GUTIERREZ COY, siendo parte de S2 y quien comando la operación militar manifestó en su indagatoria no tener información sobre la pertenencia de las víctimas a la guerrilla.

CIRCULO DE IMPUNIDAD

Gracias a la participación de las víctimas como parte civil se evitó que el proceso fuera archivado en la justicia penal militar, sin embargo, el juzgado 54 de instrucción penal militar ha impedido que el radicado 272, fuera remitido oportunamente a la justicia ordinaria. Por su parte la Fiscalía 51 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, que tambièn conocía del caso, no adoptó ninguna decisión razonada, pese a la existencia de abundantes elementos materiales probatorios que indicaban que el crimen de ULPIANO y JAIRO ALEXIS era una ejecución extrajudicial. Una vez se resolvió la colisión de competencias en cabeza de la justicia ordinaria, la fiscalía de conocimiento no solicitó ni la captura ni la imputación del delito de homicidio agravado en contra de los militares ante el juez de control de garantía, por el contrarió se encamino en la engorrosa y dilatoria tarea de practicar pruebas que ya obraban en el expediente y de ordenar la exhumación de los cuerpos para la realización de una nueva necropsia , lo anterior en oposición a lo solicitado por los representantes de las víctimas que era la imputación de cargos a los militares. La recopilación de los elementos materiales probatorios y evidencia física tomo el tiempo necesario para que lo procesos fueran suspendidos y enviados a la Jurisdicción Especial de Paz sin que la justicia ordinaria adoptara decisión razonada. A la fecha ni la Jurisdicción Especial Para la Paz no ha notificado de ninguna diligencia a las víctimas.

El caso se encuentra en etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es la única esperanza para que las víctimas vean restablecidos sus derechos a la verdad , a la Justicia y a La Reparación Integral.

_[1]_{Dice que a la orden de operaciones y la misión táctica las diferencia el nivel: La primera determina los pasos y es entregada por el mismo comandante general del ejército a la división, brigada, el batallón a la compañía y esta la traduce en una misión táctica. Es lo mismo pero en diferente nivel: lo táctico a nivel de batallón hacia abajo. Que la orden de operación del batallón se le llama misión táctica.}_{Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIA}_{Conductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

[2] Para proferir una misión táctica se debe partir, primero, del análisis de la inteligencia; análisis del terreno, cuantificación del enemigo para determinar su capacidad, organización, los cursos de acción probable del enemigo; Segundo, desarrollar el procedimiento que varía según los niveles de planeación: a nivel de división, brigada, batallón se desarrolla el proceso militar de toma de decisiones y a nivel de compañía, pelotón hacia abajo, se desarrolla el procedimiento de comando. Las dos inician con recepción de la orden y finalizan con la emisión de una orden de operaciones (misión). Luego viene el planeamiento táctico que es el procedimiento que lo hace el sargento o el teniente y ejecuta la operación luego de haber sido verificada por el comandante de la unidadRadicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIA Conductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

_[3]_{Que el sargento JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ como integrante de la unidad de inteligencia, recolector de la información, no podía formar parte de operaciones militares.}_{Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIA}_{Conductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

_[4]El radiograma es un documento transcrito radialmente que se transmite por el sistema de comunicaciones del Ejército. Son comunicaciones oficiales que se hacen a diferentes niveles. Queda el antecedente técnico desde dónde se envía hasta dónde llega_{Radicado: 681906000139200800039Contra: WILSON JAVIER CASTRO PINTO, EDUARD ANTONIO VILLANI REALPE, JESUS EDUARDO NIAMPIRA BENAVIDEZ, JUAN CARLOS ALVAREZ, NELSON OSPINA TABARES, BENANCIO PUENTES GUAPACHA, GERMAN AUGUSTO OLIVEROS TABARES, GUILLERMO PACHECO ANZOLAAsunto: SENTENCIA CONDENATORIA}_{Conductas: DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO-DOBLE DESAPARICION FORZADA AGRAVADA-PECULADO POR APROPIACION-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.}

[5] el Libro de diario operacional que es el documento de seguimiento de las órdenes emitidas por el comandante del batallón en el contexto de cada una de las operaciones militares que su unidad esté desarrollando en determinado momento. En él se plasman las órdenes, las modificaciones, las actuaciones, las novedades. Es el diario de los reportes de los comandantes y la relación que existe entre el comandante del batallón (o quien haga el programa, el ejecutivo o el jefe de operaciones) con los comandantes, y queda la constancia de lo que se ha dicho, la evolución de la comunicación.

[6] El Falso Tatuaje o Ahumamiento Se encuentra constituido por el depósito de los productos de la combustión total de la pólvora, por lo tanto nos referimos a hollín que será removido con facilidad al limpiar la zona. Su distancia de producción es de aproximadamente 30 cm en pistola y 25 cm en revólver.