Por: Sofía López Mera,
Abogada defensora de derechos humanos y periodista de la Corporación Justicia y Dignidad.
Los hechos de violencia en el marco del conflicto armado van en aumento en el Cauca: a pesar de haber sido instaladas las mesas de negociación con los diferentes actores armados ilegales que han manifestado su voluntad de participar en la política gubernamental de “La Paz Total”, las víctimas se incrementan casi a diario y se agudiza la crisis humanitaria.
Esta semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral con el grupo armado “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, a raíz de la nueva oleada de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, como el ataque a una patrulla del Ejército y demás hechos criminales que se presentaron con ocasión del paro minero.
Entre el gobierno nacional no ha generado mayor impacto el accionar criminal de las disidencias de las Farc y el ELN en el Departamento del Cauca. En la actualidad, aún se mantiene vigente el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC o las llamadas disidencias al mando del “Iván Mordisco”. Desde el mes de enero, cuando se pactó el cese al fuego bilateral, las columnas móviles que integran estas disidencias, y que operan en el departamento, tales como la “Dagoberto Ramos Ortiz”, la “Jaime Martínez” y la “Carlos Patiño”, deliberadamente han asesinado y reclutado con violencia, y han secuestrado y hostigado a la fuerza pública, generando desplazamientos forzados y confinamientos; actualmente mantienen combates permanentes en los municipios de Argelia, Balboa y Caldono, y ejercen control territorial en cabeceras municipales.
Las disidencias de las FARC burlan el cese al fuego, victimizan a la población civil y agudizan la situación humanitaria. Nada de esto parece ser de relevancia para el gobierno nacional, que se ha mostrado complaciente con este grupo armado y hasta le ha otorgado estatus político para su proceso de negociación.
Desde principios del mes de febrero se recrudecieron los combates entre las disidencias de las Farc “Carlos Patiño” y “La Nueva Marquetalia” en el corregimiento de Puerto Rico y las veredas de Los Pinos, Los Picos, Hueco Lindo y Mundo Nuevo del municipio de Argelia. Esta situación ha dejado más de mil personas en situación de desplazamiento forzado y cientos de familias en situación de confinamiento por la intensidad de los combates.
En comunicado del 13 de febrero, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- denunció que grupos armados pertenecientes a las disidencias siguen hostigando a la población civil indígena. Señalan que el 9 de febrero, la disidencia del frente “Dagoberto Ramos Ortiz” realizó extorsiones en los territorios de la comunidad indígena de la asociación “Juan Tama” del municipio de Inzá y, además, que el 13 de febrero incursionó en el resguardo de Mosoco, municipio de Páez, manifestando que ellos son los que controlarán en adelante los principales caminos y vías de la zona.
El 10 de febrero se presentó un hostigamiento en contra de la estación de Policía de Corinto. El ataque comenzó con la activación de una carga explosiva en el sector de Miraflores, cerca al acueducto. Desde el cerro conocido como “Las Antenas” y en el parque principal, los actores armados dispararon en contra de los uniformados. La misma Policía señaló como responsables del hostigamiento a la columna móvil “Dagoberto Ramos Ortiz”.
El día 11 de febrero, el comunero indígena Sandro Leonel Camayo Ipia fue reclutado forzadamente por milicianos de la columna móvil “Jaime Martínez” en la vereda San Isidro del corregimiento de Mondómo, municipio de Santander de Quilichao,
El 15 de febrero, en el municipio de Corinto, sujetos que al parecer harían parte de la disidencia “Dagoberto Ramos Ortiz”, lanzaron una granada cerca del sitio en el que se encontraban los militares, que resultaron ilesos. Los criminales también dispararon contra la estación de Policía sin dejar heridos.
El 19 de febrero fue asesinado el joven Fredy Guachetá cuando se dirigía al corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío en compañía de su padre. Guachetá fue abordado en un retén de las disidencias, le revisaron el celular donde encontraron una imagen del joven con camuflado, ya que había prestado servicio militar hace aproximadamente seis meses. De este hecho se responsabilizó a las disidencias “Jaime Martínez”.
A finales del mes de febrero, La Defensoría del Pueblo denunció que la columna móvil “Dagoberto Ramos” tiene un centro de operaciones militares y financieras en el municipio de Toribio, que además incluiría un centro de entrenamiento para los niños, niñas y adolescentes reclutados para el conflicto.
El día nueve 9 de marzo fue reclutado forzadamente el niño Juan David Erazo del grado séptimo de la Institución Educativa indígena “Despertar de Nuestros Sueños”, en el municipio de Morales. En su denuncia, la comunidad indígena del pueblo Nasa Muse Ukwe responsabilizó de este hecho a la columna “Jaime Martínez”.
El 13 de marzo circuló en redes sociales una amenaza anónima en contra de las instalaciones de las organizaciones indígenas de la zona norte, donde se invitaba a destruir las sedes de las autoridades ancestrales y de la organización zonal indígena. Esta amenaza se hizo efectiva en la madrugada del 20 de marzo cuando fue incinerada en su totalidad la tulpa comunitaria del territorio de La Concepción, municipio de Santander de Quilichao.
El día 15 de marzo, desde las 4:00 p.m., iniciaron los fuertes combates entre la columna “Dagoberto Ramos” y el ELN en el territorio del Resguardo Indígena de San Lorenzo de Caldono, dejando a la población civil entre el fuego cruzado. En medio de los combates se perpetró un ataque directo a la población indígena, donde fue asesinado Wilson Bomba Piamba, quien fungía como comisario del cabildo y concejal del municipio. También resultó herido Julio Cesar Peña y Jader Chilo, guardia indígena del territorio de Pioyá, quien fue secuestrado por la columna móvil “Dagoberto Ramos”.
Desde el 16 de marzo circularon en redes sociales dos panfletos amenazantes firmados por las “FARC EP” y por la Segunda Marquetalia”, en los que amenazan de muerte a varios líderes indígenas de la región, así como a las organizaciones indígenas locales, zonales y regionales por el ejercicio de autoridad que se realiza en cada territorio.
El 19 de marzo, en la vía del Palmar, municipio de Santander de Quilichao, fue asesinada la comunera indígena Nasa del territorio de Guadualito Ruby Eliana Mestizo, de 22 años de edad. Este mismo día, en la vereda Pueblo Viejo sobre el río Isabelilla en el territorio de Toribio, fue asesinada una persona aún sin identificar.
El 19 marzo fue encontrado en una zanja en la vereda Las Brisas, el cuerpo sin vida del líder comunitario afrocolombiano Weimar Possu, representante legal y presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, representante de los consejos comunitarios ante el Consejo Territorial de Planeación de Puerto Tejada. La vicepresidenta Francia Márquez, manifestó en su cuenta de Twitter: “Rechazamos el vil asesinato del líder Weimar Possu Díaz, Representante Legal del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro. Nos solidarizamos con su familia, la comunidad de Puerto Tejada y ACONC”, y pidió a La Fiscalía investigar los hechos.
El 20 de marzo fue asesinado en el patio de su casa el comunero indígena de “López Adentro” Wilmer Danuber Mensa Villano, de 30 años. El hecho tuvo lugar en la vereda Huasanó, municipio de Caloto.
El 20 de marzo se registró una masacre en la vereda La Primavera, zona rural del municipio de Balboa, donde desconocidos habrían atacado con disparos a tres personas, causándoles la muerte.
El tejido de defensa de la vida y los derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca -ACIN- denunció esta semana que durante el mes de marzo se han perpetrado distintos actos de guerra, entre ellos, al menos, cinco homicidios, tres amenazas, un atentado y la destrucción de un sitio sagrado en la zona norte del Cauca, con afectación de comunidades afrocolombianas, campesinas y del pueblo Nasa.
Las disidencias de “Iván Mordisco”, es decir, las que el gobierno del presidente Petro denomina “Estado Mayor Central de las FARC”, fueron el grupo armado que más perpetró acciones violentas entre enero y febrero de 2023: así lo señaló INDEPAZ en su más reciente informe. Estas disidencias cometieron 16 acciones que violaron el cese al fuego. El principal territorio donde se violó el cese bilateral entre enero y febrero de 2023, dice el informe, fue el Departamento de Cauca.
No tiene lógica mantener un cese al fuego con un grupo armado que lo burla, máxime si se tiene en cuenta que es la única disidencia que cuenta con el amparo del cese al fuego, y a la que se le ha otorgado estatus político para negociar. En este sentido se pronunció el presidente del Senado, Roy Barreras: “Las disidencias atacan a los reincorporados en Mesetas (Meta) y ya lo hicieron en Caquetá, Putumayo y Cauca. Siguen extorsionando y ejerciendo violencia en Arauca, Casanare y otros lugares. En ese contexto no tiene sentido mantener decretos de cese al fuego del 31 de diciembre. Pueden mantenerse mesas de diálogo con ELN, disidencias y desertores entrampados, derogando esos decretos que, al ser incumplidos por los beneficiados, solo tienen como efecto un freno en operaciones militares”.
Por otra parte, el ataque indiscriminado en contra de las comunidades indígenas en el Cauca es ya per se, un conflicto intra-étnico: muchos milicianos de las llamadas disidencias de las FARC fueron comuneros indígenas y, por diferencias con el proceso organizativo indígena, se incorporaron a las filas de los grupos armados. Más allá de las disputas territoriales, del control por las rutas del tráfico de drogas, existen heridas organizativas por sanar que deben llevar al gobierno a plantear una negociación de Paz con enfoque étnico en el Departamento del Cauca, con participación protagónica de todas las comunidades indígenas y sus cosmovisiones. De no hacerse de esta manera, estamos en presencia de un etnocidio.
Es importante resaltar que, en la práctica, así las disidencias de “Iván Mordisco” se hagan llamar “Estado Mayor Central de la FARC”, no tienen unidad de mando: la autonomía y la descoordinación con las que actúan, así lo evidencian. El ministro de Defensa Iván Velásquez, había señalado en medios de comunicación que no existían condiciones para un cese al fuego, ya que no había certeza de la unidad de mando en los frentes que conforman el “Estado Mayor Central de las FARC”: “Por los hechos, como se han venido presentando particularmente, de estructuras que delinquen en el occidente del país, parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. (…), otras estructuras como la “Dagoberto Ramos” o la “Jaime Martínez”, actúan en contravía “, sostuvo el ministro Velásquez.
Al no existir unidad de mando entre las disidencias, es muy difícil que se pueda hacer efectivo un cese bilateral al fuego y lograr hacer un seguimiento del mismo. La voluntad de paz cada vez se ve más deteriorada por el accionar de las disidencias y por la cantidad de víctimas que han dejado a su paso. Lo mínimo que esperan los caucanos es una acción decidida del gobierno nacional para frenar la oleada de violencia y la grave crisis humanitaria. La situación del Cauca es incluso mucho más grave que las de otras regiones del país en donde se ordenó suspender el cese al fuego: El Cauca está en llamas con cese al fuego vigente.