Por: Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos
de la Corporación Justicia y Dignidad
Este miércoles 10 de mayo, los reservistas y veteranos de las fuerzas militares salieron a la Plaza Bolívar en Bogotá para protestar y manifestarse en oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro. La convocatoria pública se hizo por redes sociales y estuvo a cargo del excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro Miranda. Como era de esperarse, dicho militar fue recibido como el líder de esa cofradía.
Es evidente, los militares retirados estarían planeando un golpe de Estado, o por lo menos así lo confirmó el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia -ACORE-, en entrevista con “la W”. El coronel en retiro John Marulanda, manifestó: “Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de ACORE, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”.
Eduardo Zapateiro el hombre detrás de la protesta de reservistas y veteranos de las fuerzas militares, desde el inicio de su carrera ha estado involucrado muy de cerca en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Solo un personaje de un talante tan siniestro como Zapateiro sería el apto para conflagrar un golpe de Estado en Colombia. Masacres, falsos positivos y desapariciones forzadas, son algunos de los casos en los que se relaciona el nombre de Eduardo Zapateiro que evidencian una vida militar muy acorde a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Zapateiro ingresó al ejército el 1 de diciembre de 1985, y operó en el departamento de Santander y en la zona del Magdalena Medio, lugares donde Henry Pérez y Pablo Emilio Guarín conformaban, para la época, el grupo paramilitar del Magdalena Medio, con apoyo del ejército nacional. En el año 1987, Zapateiro fue nombrado comandante del Pelotón del
“Batallón de Infantería número 15 Francisco Paula Santander”, con jurisdicción en el departamento de Santander. A finales de este año, 19 comerciantes fueron desaparecidos forzadamente. Los comerciantes salieron de Cúcuta con rumbo a Medellín para transportar mercancía y el 6 de octubre de 1987, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo Santander, fueron desaparecidos por el grupo paramilitar del Magdalena Medio. Los 19 comerciantes fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por estos hechos y en 2008, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del exgeneral del Ejercito Farouk Yanine Díaz, quien fue Comandante de la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga, y además era superior de Eduardo Zapateiro.
Desde el 1 diciembre de 1988 hasta el 23 de junio de 1989, Eduardo Zapateiro, subalterno del exgeneral Yanine Díaz, fue el Jefe de Inteligencia del “Batallón de Infantería número 27 en Magdalena”. En este tiempo, exactamente el 18 de enero de 1989 fueron asesinados en Bucaramanga 12 funcionarios que investigaban la desaparición de los 19 comerciantes.
Desde el 7 de septiembre de 1994 hasta el 1 de junio de 1996 Eduardo Zapateiro fue nombrado comandante de Compañía del “Batallón Voltígeros” en Urabá, que integraba la Brigada XVII del ejército. La Fiscalía de Justicia y Paz han manifestado que las masacres, asesinatos y desplazamientos forzados que cometieron los paramilitares entre 1996 y 2004 en el Urabá, fueron efectuadas en complicidad con la Brigada XVII del Ejército, así como con miembros de la Policía y agentes de los organismos de seguridad especializados DAS, SIGIN y DIGIN.
El 1 de marzo de 1995, Jaime Enrique Quintero Cano, padre de Juan Fernando Quintero, reconocido futbolista de la selección Colombia y del Junior de Barranquilla, se presentó ante la IV Brigada del Ejército para prestar el servicio militar. Jaime Enrique Quintero Cano fue seleccionado para integrar el segundo contingente de 1995, del Batallón de Infantería Voltígeros y fue trasladado a la Brigada XVII en la zona del Urabá donde Eduardo Zapaterio ejercía como capitán. De acuerdo con testimonios de algunos militares, Jaime Enrique Quintero Cano, a su llegada, tuvo un fuerte altercado con el entonces capitán Zapateiro. Como respuesta al enfrentamiento, Zapateiro dio la orden de desvincularlo del Ejército y devolverlo inmediatamente a Medellín en transporte público. En su traslado fue detenido por los paramilitares y desde entonces se encuentra desaparecido forzadamente.
En la noche del 12 de agosto de 1995, alrededor de 15 paramilitares asesinaron a 18 personas en el municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Los paramilitares entraron a una discoteca llamada “El Aracatazo”, acusaron a varias personas de ser supuestos colaboradores de la guerrilla, los obligaron a tenderse al piso boca abajo y les dispararon. Las víctimas pertenecían al “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria”, SINTRAINAGRO, eran líderes de izquierda y militaban en el Partido Comunista Colombiano. El Estado colombiano fue Condenado en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de esta masacre, por la omisión de tomar medidas que pudieran contrarrestar el ataque paramilitar y evitar la violación a los derechos humanos.
El paramilitar Ever Veloza alías HH. señaló en versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz que la masacre del Aracatazo fue en coordinación con el Batallón Voltígeros, a órdenes del General en retiro Rito Alejo del Río. Es por esta razón que el procurador Alfonso Pío Fernández Angarita, ha insistido que Eduardo Zapateiro debe ser llamado en declaración por estos hechos.
“Vorágine”, un medio de comunicación independiente, menciona que la alianza entre los paramilitares y la unidad del Ejército en el Urabá, comandada por Zapateiro era tan cercana, que incluso realizaban actuaciones de enfrentamientos coordinados entre ellos para fingir distancia ante la población civil. Esta información se sustentó en un testimonio que rindió el exmilitar Carlos Arturo Furnieles Álvarez el 16 de abril de 2009.
Eduardo Zapaterio está involucrado también con casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cuando era brigadier general de la Quinta Brigada. El 22 de febrero de 2014, el campesino Jorge Eliécer Hernández Blanco, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Limón, en el municipio de San Pablo, Bolívar, fue asesinado por las tropas de la Fuerza de Tarea Marte. El comandante de la Quinta Brigada que respondía por esa jurisdicción era Zapateiro. El oficial salió a justificar ante los medios de comunicación la muerte del campesino indicando que se trataba de alias “Severo” y que era enlace con Frente 24 de las Farc.
El 24 de agosto de 2014, en “Nuevo Girón” Santander, Jhon Alexander Velásquez fue asesinado por militares de la Quinta Brigada y reportado como agresor de la tropa, al supuestamente ser portador de una granada de mano. El expediente contra los militares llegó hasta el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de un conflicto de competencias. Con las pruebas que aportó la Fiscalía se demostró que la granada pertenecía al Ejército y que había una orden de operaciones para hacer control militar en el Barrio Girón. La conclusión del Consejo Superior de la Judicatura fue que posiblemente se trató de un homicidio en estado de indefensión, ya que según la necropsia, el joven se encontraba de espalda al recibir los disparos, la granada era del Ejército y no hubo agresión de la víctima. Zapateiro de nuevo salió en defensa de los militares afirmando “que no había ninguna posibilidad de que los soldados le pusieran una granada al joven, pues las tropas del Batallón Mercedes Ábrego no llevan ese tipo de explosivos en sus equipos”, insinuando que el portador de la granada era el joven y no los uniformados.
En el Gobierno del presidente Iván Duque, Eduardo Zapateiro fue nombrado como comandante general de las Fuerzas militares. Ostentando este alto cargo militar se refirió en medios de comunicación a los magistrados de la JEP como “víboras venenosas” por el ejercicio judicial de vincular a militares en el caso 03 relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Zapateiro, como comodante general del ejército, ordenó la ejecución de operaciones militares en donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas los vejámenes cometidos en marco del paro nacional y la masacre del Putumayo.
Durante el estallido social del 2021 en la ciudad Cali, se gestó, por parte del gobierno un laboratorio para imponer un golpe de Estado local a fin de reprimir la protesta social de forma violenta. La orden de “asistencia militar” impartida por Iván Duque la llevó a cabo Eduardo Zapateiro, quien viajo hasta la ciudad de Cali donde instaló un “Puesto de Mando Unificado”, se reunió con el gremio empresarial y se comprometió a restablecer el orden público “a como diera lugar”. Efectivamente este compromiso se manifestó en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los puntos de protesta social y en los barrios populares de la ciudad de Cali, dejando como víctima a la población civil que ejercía legítimamente su derecho a la protesta social. La ciudad estaba tan militarizada a merced del general Zapateiro, que parecía estar gobernando en todo el departamento del Valle del Cauca, mediante la figura inconstitucional de la asistencia militar, ya que el accionar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, fue omisivo frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles, militares y policías.
El 28 de marzo de 2022, a las 6:00 a. m., tropas de la división de asalto aéreo del Ejército descendieron a la vereda “Bajo Remanso”, del municipio de Puerto Leguízamo -Putumayo, se vistieron de negro y asesinaron a 11 personas. Luego, el ejército se llevó los cuerpos de las víctimas y retuvo ilegalmente por horas a los demás pobladores. Las organizaciones sociales denunciaron que los fallecidos eran civiles del municipio de Puerto Leguízamo. El General Eduardo Zapateiro afirmó que las personas fallecidas formaban parte de la estructura criminal “Gao-r 48”, reviviendo con fuerza la práctica criminal de los falsos positivos.
Detrás de las intenciones de un Golpe de Estado se encontraría sin duda alguna Eduardo Zapateiro, quien convocó a la manifestación de reservistas y veteranos de la Fuerzas militares, y quien ya tiene experiencia en golpes de Estado locales, como el ocurrido en Cali con el Paro Nacional.
El presidente Gustavo Petro reaccionó manifestado en su cuenta twitter: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado ¿Porque les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero”. Y es que esta misma semana a instancias de la JEP, el paramilitar Salvatore Mancuso, en diligencia judicial, ha empezado a involucrar a altos mandos militares, políticos y empresariales en la conformación de grupos paramilitares, en el diseño y ejecución de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Veinte años después la verdad empieza a sonar y pretenden acallarla con el particular grito “AJUA”, en la modalidad de golpe de Estado.