Por: Sofía López Mera
Abogada, periodista y defensora de derechos humanos de la Corporación Justicia y Dignidad
Se denomina “golpe de Estado blando”, suave, o golpe no tradicional, a las técnicas no frontales y de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder, la mayoría de las veces el poder de la derecha. La expresión ha sido atribuida a Gene Sharp: filósofo, político, profesor, politólogo y escritor estadounidense.
Sharp fue también fundador del instituto “Albert Einstein”, una organización sin ánimo de lucro que estudia y promueve el uso de la acción no violenta para “democratizar el mundo”. El instituto “Albert Einstein” ha sido cuestionado por haber estado detrás de las “Revoluciones de colores”. A mediados del siglo XX, bajo la bandera de la democracia, distintos movimientos sociales euroasiáticos de base estudiantil protestaron por la instauración de un modelo liberal, reclamaron el fin de gobiernos supuestamente autoritarios y proclamaron la independencia nacional. El nombre derivó de la masiva utilización simbólica de colores o nombres de flores, empleados como elementos de identificación de la “No violencia”.
Las Revoluciones de Colores fueron promovidas por Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Open Society Foundations, la USAID y el National Endowment for Democracy, su objetivo era propiciar cambios políticos en los países de la zona de influencia de la actual Rusia -antes países integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-
para que pasen a formar parte del bloque occidental de dominio estadounidense. Ha sido tan intensa la influencia de Estados Unidos en las Revoluciones de colores que derivaron en un conflicto bélico internacional entre Rusia y Ucrania. Es decir, los golpes de Estado blandos son un invento y un experimento de Estados Unidos para derrocar gobiernos que no comparten la visión estadounidense sobre la organización económica, política y militar de las naciones.
El golpe de Estado blando tiene varias etapas. La primera, busca generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. La segunda, consiste en desarrollar campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de desgobierno. La quinta y última etapa, tiene por objeto forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.
En Colombia estamos abordando las etapas del golpe de Estado blando, dónde los medios de comunicación al servicio del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y de la derecha fascista promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez juegan el papel protagónico. Por supuesto, el excomandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro, es un personaje que tendrá un papel estelar.
En las últimas semanas se ha hecho visible la puesta en marcha de la primera fase del golpe de Estado blando en nuestro país. El escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti por cuenta de los posibles hurtos de una niñera, que haría también las veces de espía y el probable proceso de contraespionaje adelantado por estos funcionarios, con el eficaz acompañamiento del fiscal Barbosa, han generado un clima de no gobernabilidad, de intriga, de mentira, que pretende involucrar directamente al Presidente de la República. Este proceso tiene una particularidad, y es que no se entiende como dos políticos tradiciones de la derecha como Laura Sarabia y Armando Benedetti, que no vienen del proceso político de izquierda ostentan tanto poder en el gobierno de Gustavo Petro, la desestabilización parece estar generada desde adentro, liderada por el fiscal general y publicitada al extremo por los medios de comunicación tradicionales.
Otra etapa que se agota en este fenómeno de defenstración la ejemplifica la denuncia de la periodista Camila Zuluaga, quien acusa al presidente Petro de orquestar seguimientos al estilo paparazzi, cuando ella supuestamente cubría el escándalo de la niñera espía, con carta conmovedora y lágrimas en los ojos ante las cámaras, posando como víctima, acusa al gobierno de violar la libertad prensa. Pero es que durante todo el mes de mayo los titulares eran sobre la violación de la libertad de prensa en Colombia, y el presidente fue requerido por la FLIP en varias oportunidades, al punto de que se le llamó la atención por exigir la verdad imparcial.
Como si fuera poco, se entregaron 90.000 firmas de dudosa procedencia, porque son entregadas por el uribismo, al congreso de la república, solicitando el archivo de las reformas, campaña a la que le han llamado “firmatón en contra de las reformas sociales de Petro”. Los efectos de esta campaña se vieron reflejados, ya que las congresistas del partido verde, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, partido de la coalición de gobierno, firmaron el día jueves una proposición de archivo a la reforma de la salud. Fue tal el exabrupto que terminó en escándalo con compañeros de su mismo partido en la sesión de votación en la cámara de representante. Las otrora candidatas progresistas en el momento de la elección son hoy alfiles de la derecha.
Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello enarbolan las banderas de la oposición en Colombia. Barbosa durante este mes y a fin de ocultar los crímenes del Clan del Golfo acuso al presidente Petro de violar su autonomía, acusación que fue respaldada con comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Los medios de comunicación, haciendo eco en sus titulares, acusan a Petro de no respetar la independencia de las ramas del poder público. Ha sido tal la persecución del fiscal Barbosa que ordenó una inspección judicial a la Casa de Nariño por el caso de la niñera espía y señaló al gobierno de interceptar comunicaciones, comparando la situación con los tiempos del F2 y del DAS. Llama bastante la atención que estas interceptaciones fueron ordenadas por la misma fiscalía días antes de que se presentara el famoso hurto de los 7.000 dólares en donde se acusa a la niñera. Lo que corroboraría que estamos en presencia de un entrampamiento para afectar la gobernabilidad.
Por su parte, la procuradora Cabello está dedicada a perseguir dirigentes elegidos popularmente. Ya son varias las suspensiones y destituciones que ha venido realizando contra funcionarios de alto nivel y congresistas del Pacto Histórico. Que la bancada del pacto histórico deba acudir a la Comisión Interamericana para la protección de sus derechos políticos, que además la OEA se pronuncie sobre la persecución que viene adelantando la Procuraduría, indica que es evidente que, aunque tenemos un gobierno de izquierda, existe un establecimiento controlado por la derecha que está en función del defenestro del gobierno actual.
Mientras que las primeras planas cubren el escandalo de la niñera, de la violación a la libertad de prensa, de los viajes chárter, de las supuestas interceptaciones y otros asuntos baladíes, el fiscal Barbosa no da cuenta sobre las investigaciones de los crímenes del Clan del Golfo, y por el contrario sigue insistiendo en la preclusión del proceso de expresidente Álvaro Uribe Vélez y se desentiende en absoluto de las confesiones de Salvatore Mancuso que involucran a la clase empresarial, a los medios de comunicación y a los políticos que ostentaron el poder antes del actual gobierno con el paramilitarismo. Por esta razón debe intervenir formalmente mediante la apertura de un caso en Colombia la Corte Penal Internacional.
Se ha configurado un ambiente de ingobernabilidad, los funcionarios del gobierno dan papaya, los canales de comunicación oficiales son demasiado débiles y la prensa tradicional es mendaz y voraz, al servicio de una derecha arraigada que seguirá jugando su papel protagónico en el golpe de Estado que parece avenirse. Queda entonces preguntarnos de manera concreta: ¿Estamos en un proceso de Golpe de Estado? La respuesta inapelable parece ser afirmativa. Coincidimos con el presidente Gustavo Petro, en Colombia se está gestando un golpe de Estado blando y Militar, y la derecha colombiana trabaja incansablemente para este objetivo.