Por: Corporación Justicia y Dignidad
Durante el siglo XIX, se produjo en Colombia un cambio económico significativo. Se sustituyó la explotación minera por la explotación agrícola, generando un proceso de despojo de tierras a los campesinos e indígenas. Los resguardos indígenas desaparecieron y fueron parcelados, se estableció el proceso de “terraje” o arriendo de la tierra, y el indígena perdió su identidad étnica y fue tratado como un campesino sin tierra. Desde esta época, los campesinos fueron reconocidos solamente como una fuerza de trabajo que realizaba todas las labores de cultivo y recolección del sector agrícola en condiciones laborales precarias. Entre finales de XIX y principios del siglo XX, el Estado Colombiano entregó grandes extensiones de baldíos a los terratenientes, fomentando el latifundismo que posteriormente sería el origen de los conflictos sociales que aún nos aquejan. Para el sacerdote Jesuita Javier Giraldo, el acceso a la tierra es el detonante principal que da origen al conflicto armado.
Desde la década de 1920, mediante movilizaciones agrarias, los campesinos empezaron a exigir el derecho a la propiedad sobre la tierra y a no ser considerados solamente como fuerza de trabajo al servicio de los terratenientes. Un ejemplo de estas expresiones organizativas son los campesinos de Córdoba, que llegaron a conformar colonias agrícolas autónomas como el Baluarte Rojo de Loma grande, San Fernando, Canalete y Callejas. En 1928 se habían consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano. Con la Gran Depresión de 1929 y la crisis de la economía mundial, se fortaleció la lucha campesina en Sumapaz, Viotá y la región del Tequendama y Córdoba. Posteriormente, aparecieron las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales y las Unidades de Acción Rural, la Federación Campesina e Indígena, posteriormente conocida como la Confederación Campesina e Indígena, fundada en 1942. Con la crudeza del denominado periodo de la violencia en Colombia (1946-1958), las organizaciones campesinas fueron diezmadas, y para la década del cincuenta solo sobrevivía la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia.
Existieron varios intentos gubernamentales para conjurar el problema del acceso a la tierra, mediante la expedición de leyes de Reforma Agraria. El problema nunca se resolvió porque cada iniciativa fue contrarrestada por intereses económicos y políticos opuestos que empantanaron y volvieron inocuos los proyectos que se adelantaron. La Ley 200 de 1936, expedida durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, surgió como medida ante la crisis económica de La Gran Depresión. En los años treinta, en Colombia, resurgió la violencia como consecuencia del levantamiento armado campesino a causa de la propiedad rural. La violencia se agudizó cuando el Partido Liberal ascendió al poder y gobernó el país hasta 1946. La Reforma Agraria de la Ley 200 de 1936 buscó fortalecer el sector agrario en beneficio del proceso de industrialización de la economía nacional y mejorar las condiciones de la población campesina. Fue una política de saneamiento de títulos, de colonización y de protección a colonos cuyo objetivo real era dar solución al problema de los colonos, estableciendo la modalidad de la prescripción agraria como una forma de adquirir la propiedad completa, reduciendo el plazo de posesión a cinco años continuos sobre el predio. Posteriormente, para el segundo mandato de López Pumarejo, se promulgó la Ley 100 de 1944, conocida como Ley de aparcerías o de contra-reforma, que extendió a quince años el tiempo de posesión para lograr la prescripción adquisitiva de dominio de la propiedad rural.
La primera Reforma Agraria de López Pumarejo causó un descontento en los terratenientes, que se manifestó en la expulsión de los campesinos de las haciendas y generó la migración de campesinos sin tierra a las ciudades. Los efectos de la Ley 200 de 1936 fueron neutralizados por la Ley 100 de 1944 (contrarreforma), que revirtió el objetivo de transformar el latifundio apoyando los contratos de aparcería. Esta ley favoreció los intereses de los terratenientes y preservó los latifundios, lo cual llevaría, con el tiempo, al agudizamiento de los conflictos sociales en el campo.
En pleno contexto de “Guerra Fría” y para evitar el crecimiento de los movimientos populares de orientación comunista, el gobierno de Alberto Lleras Camargo promovió una Reforma Agraria mediante la Ley 135 del 13 de diciembre de 1961, que se centró en la reconstrucción de unidades de explotación en las zonas de minifundio, la dotación de tierras y la generación de mejores condiciones socioeconómicas para los campesinos. En esta ley se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el Consejo Social Agrario como órgano consultivo y el Fondo Nacional Agrario.
Las primeras guerrillas nacen como forma de autodefensa campesina de orientación liberal en las décadas de los 40 y 50, y posteriormente de orientación comunista en la década de los 60, es decir: el problema del acceso a la tierra y la inexistencia de una verdadera Reforma Agraria dieron origen al conflicto armado en Colombia.
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue fundada en 1967, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en el periodo del Frente Nacional, cuya organización le dio una estructura más fuerte al movimiento campesino. Con la llegada al poder de Misael Pastrana Borrero se frenaron los intentos de Reforma Agraria. En 1972 se firmó el “Pacto de Chicoral” entre el Gobierno y grandes terratenientes para frenar la movilización de la ANUC y evitar una posible expropiación de tierras a favor de los campesinos. El Pacto de Chicoral fue un proyecto de contrarreforma que frustró la idea de modificar la distribución de la propiedad, aceleró la concentración de la tierra e incrementó la expulsión de campesinos y otras comunidades de sus territorios. La Ley 1 de 1968, conocida como de “Ley de arrendatarios y aparceros”, amplió las causales de expropiación y reglamentó la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Asimismo, se promulgaron las Leyes 4 y 5 de 1973 bajo el mandato de Pastrana Borrero (1970-1974), que respondieron al Pacto de Chicoral.
La Ley 6 de 1975, promulgada durante la administración de López Michelsen, sustituyó los programas de Reforma Agraria por los del Plan de Alimentación y Nutrición (PAN) y el Fondo de Desarrollo Rural Integral (DRI), que no buscaba dar solución jurídica a los reclamos campesinos, sino promover la coexistencia de explotaciones capitalistas y otras formas productivas; esto también hacía parte de lo acordado en el Pacto de Chicoral.
En los años 80, se formaron nuevas organizaciones políticas, como la Unión Patriótica (UP), “A Luchar”, el “Frente Popular”, y organizaciones campesinas como la FENSA y ANTA; la lucha campesina resurgió y llegó a su auge en 1987. Ante las numerosas marchas campesinas y tomas de tierras se expidió la Ley 35 de 1982, la cual intentó restablecer el INCORA y dar acompañamiento a sus acciones, y se creó el Plan de Rehabilitación Nacional (PRN), para adelantar acciones sociales en áreas de violencia
La Constitución de 1991 protegió de forma explícita a las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y los derechos del campesinado solo quedaron plasmados en tres artículos (63, 64 y 65), que reducen al campesino a un simple trabajador agrario, es decir, fuerza de trabajo sin ser sujeto de derecho. A mediados de los años 90, el sector agrario vivió una aguda crisis económica asociada a las políticas de apertura e implementación del modelo neoliberal. Esta situación dio origen a la implementación de políticas agrarias mediante la promulgación de la Ley 60 de 1994 en la administración de Ernesto Samper Pizano. Esta reforma derogó la Ley 135 de 1961 y estableció un sistema de mercado de tierras subsidiadas para compra directa por parte de los campesinos. Mediante esta ley el gobierno estimuló la colonización de nuevas tierras y de esta manera privilegió la titulación de baldíos, sin afectar tierras fértiles y adecuadas para la agricultura de los latifundios improductivos, muchos de ellos en manos de narcotraficantes y la ganadería extensiva. También se expidió el decreto que reglamentó las Zonas de Reserva Campesina, que dieron origen a la creación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC).
Las Asociaciones Campesinas de Arauca, del Valle del Río Güéjar y del Catatumbo surgen en la década del 2000 como resistencia a la violencia paramilitar, buscando reunir a los campesinos en un movimiento regional para salvaguardar sus territorios, evitar el despojo y defenderse del desplazamiento forzado.
En el año 2013 con el Paro Nacional Agrario se vincularon campesinos, mineros artesanales, transportadores, educadores, centrales sindicales y estudiantes, y dieron origen al proceso de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Con el acuerdo de Paz entre las guerrillas de las Farc y el gobierno de Juan Manual Santos en 2016, no se estableció ningún proceso de Reforma Agraria, las partes acordaron simples procesos de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para quienes ya tenían posesión sobre la tierra, y los procesos de restitución y reparación para quienes perdieron la tierra en el marco del conflicto armado, teniendo como base legal la ley de víctimas y demás decretos que la desarrollan. Con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc surgió la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) para tratar el punto de sustitución de cultivos.
En el informe, “Radiografía de la desigualdad, lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia”, investigación realizada por OXFAM International, se indicó que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración en la tenencia de tierra con cifras escandalosas que explican el porqué de la situación de pobreza de la población campesina en la actualidad. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración de los Derechos del Campesinado, y Colombia bajo las orientaciones del expresidente Iván Duque se abstuvo de votar dicha declaración. Por esta razón, el gobierno del presidente Gustavo Petro en el año 2022 presentó ante el congreso un proyecto de reforma constitucional para considerar al Campesinado como Sujeto de Derechos y adoptar algunos estándares de esta Declaración.
En la legislatura que acaba de terminar se modificó el artículo 64 de la constitución política y se incluyó lo siguiente: «el campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección» y «las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos». Con la especial protección constitucional que se otorga al campesinado, el Estado de Colombia se encuentra obligado a implementar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de esta población, y vía jurisprudencial, se podrán adoptar los estándares de protección jurídica internacional establecidos por la ONU en la Declaración de Derechos del Campesinado, garantizando una protección en la dimensión territorial, dimensión cultural, dimensión político-organizativa y dimensión productiva. Así mismo, se dará protección a derechos como el acceso a la tierra, derecho al agua, la protección de las semillas, la soberanía y autonomía alimentarias, y la consulta previa. Por otra parte, se aprobó en esta legislatura la jurisdicción agraria, que pretende llevar la justicia especializada al campo. Esta jurisdicción tendrá procedimientos propios, pensados específicamente para la construcción de paz y convivencia en los territorios, donde la débil presencia del Estado ha creado profundas desconfianzas entre la ciudadanía y la institucionalidad, lo que agudiza y eterniza los graves problemas agrarios entre las comunidades rurales.
Estas dos reformas constitucionales recién aprobadas permitirán el fortalecimiento del movimiento campesino nacional con miras a la creación de un verdadero proceso de Reforma Agraria, que permita el inicio de una justa y equitativa repartición de la tierra en Colombia.