Por: Corporación Justicia y Dignidad
El desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la comisión de delitos por parte de la empresa ASOINCA -PROVITEC y el alcalde de Cumbitará Nariño, en el momento de la celebración del contrato de compraventa de un predio, ha derivado en un conflicto territorial que configura graves y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Todo esto, sin que la Agencia Nacional de Tierras, haya intervenido para cesar las hostilidades.
Desde el mes de junio se han hecho públicas las controversias entre ASOINCA-PROVITEC y la comunidad indígena de San José Julumito, respaldada por el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC.
De manera despectiva, ASOINCA-PROVITEC señala como invasores a los indígenas de la Comunidad de Julumito, que están reconocidos por el Ministerio del Interior como Cabildo y Resguardo, y quienes desde principios del siglo XX vienen librando batallas jurídicas para el reconocimiento de sus derechos territoriales. La última de estas controversias judiciales fue fallada en contra de la iglesia católica, a quien la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, le ordenó entregar a favor de la comunidad indígena de Julumito unos predios de propiedad comunal.
El caso de la Comunidad Indígena de San José Julumito es similar a los casos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Comunidad “Yakye Axa y Sawhoyamaxa”, pertenecientes al pueblo “Lengua Enxet Sur”, quienes denunciaron al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Estas comunidades habían sido despojadas de sus tierras ancestrales por empresas privadas, lo que impedía el ejercicio de su cosmovisión como pueblo indígena. Ante la imposibilidad de ser resuelto en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la comunidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de su cultura y prácticas cosmogónicas como pueblo indígena. Por esta razón, la Corte Interamericana ordenó al Estado de Paraguay identificar el territorio tradicional de los miembros de las Comunidades indígenas y entregárselos de manera gratuita, en un plazo máximo de tres años, además ordenó que mientras los miembros de la Comunidad indígena se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia y crear un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de las tierras a entregarse a los miembros de la comunidad indígena.
La comunidad indígena de San José de Julumito ha sido reconocida como parte de los últimos “Pubenenses”, por su ubicación en la ciudad de Popayán, la existencia de este pueblo indígena data desde antes de la conformación de la República y viene en ejercicio de reclamación de sus derechos ante los estrados judiciales al menos desde 1924. Está reconocida por el Ministerio del Interior, pero pese a ello, no cuenta con un territorio donde sus miembros puedan ejercer plenamente sus derechos como pueblo indígena.
El Predio denominado “El Limonar-Los Balcones”, identificado con número de matrícula inmobiliaria 120-7914, que está ubicado en el corregimiento de Julumito del municipio de Popayán Cauca, cuenta con una extensión de 128 hectáreas. Dicho predio fue priorizado para la compra por parte de la Agencia Nacional de Tierras a favor de la Comunidad indígena de Julumito, inicialmente por un valor de tres mil setecientos millones de pesos ($ 3.700.000.000), y posteriormente por un valor de cinco mil ochocientos treinta millones de pesos ($ 5.830.000.000). En este predio, la Comunidad Indígena de Julumito había proyectado el ejercicio de sus derechos como pueblo indígena con la confianza plena que de que el Estado compraría el terreno a favor de la comunidad.
El 8 de septiembre de 2017, entre Omar Edilberto Melo Bravo, actual alcalde del municipio de Cumbitara Nariño y Segundo Israel Melo Rosales, propietarios del predio Limonar-Balcones y Fernando Vargas Navia, quien para la época era representante legal ASOINCA y PROVITEC, suscribieron contrato de promesa de compraventa, del predio “Limonar- Los Balcones” por valor de nueve mil millones de pesos ($ 9.000.000.000). El documento fue autenticado ante la Notaria 2da del Círculo de Popayán. Es decir, ASOINCA-PROVITEC pactó comprar por casi el doble del valor el predio que se había priorizado para la compra a favor de la comunidad indígena de Julumito.
Mediante acuerdo suscrito por Fernando Vargas en calidad de representante legal de ASOINCA y PROVITEC, y el Cabildo de Julumito, se acordó que se respetaría el tramite que se venía haciendo por la comunidad indígena de Julumito para que el predio Limonar-Balcones pudiera ser adquirido por la Agencia Nacional de Tierras a favor de la comunidad indígena, en el mismo acuerdo reconocen que hicieron una promesa de compraventa por valor de nueve mil millones de pesos ($ 9.000.000.000) y que devolverían los excedentes de ser necesario. Este convenio fue incumplido por ASOINCA-PROVITEC, y por tanto constituye una forma particular de despojo en contra de una comunidad indígena que adelantaba su proceso para el reconocimiento de sus derechos territoriales.
El 12 de julio de 2018, en la notaria 3ra del circulo de Palmira, y extrañamente no en la ciudad de Popayán, se suscribió contrato de compraventa del predio el Limonar-Balcones, perfeccionando el contrato de promesa de compraventa ya mencionado, pero el precio pagado por el inmueble es de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000). Es decir, ASOINCA-PROVITEC pacto un valor ficticio de compra, lo que de corroborarse conllevaría a la comisión de los delitos como falsedad ideológica en documento público, evasión de impuestos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito entre otros delitos en los que estaría involucrando también al alcalde de Cumbitará Nariño, Omar Edilberto Melo Bravo, y el también servidor público Fernando Vargas Navia. Las denuncias cursan ante la Fiscalía, la DIAN, la Contraloría y la Procuraduría de la Nación para que investiguen y sancionen la responsabilidad de quienes intervinieron en el negocio jurídico que configuró el despojo de una comunidad indígena.
Llama también la atención que miembros de ASOINCA-PROVICTEC, instrumentalizan a indígenas pertenecientes al resguardo de Coconuco, que son a su vez docentes afiliados ASOINCA-PROVITEC, para generar enfrentamientos físicos con la comunidad indígena de Julumito que legítimamente exigen el restablecimiento de sus derechos territoriales, generando un nuevo conflicto intraétnico entre dos pueblos indígenas, conflicto que deberá ser resuelto por un Tribunal Indígena a fin de investigar y sancionar la responsabilidad de los indígenas de la comunidad de Coconuco por la vulneración de los mandatos del derecho propio y derecho mayor indígena relacionado con la recuperación de la madre tierra..
El negocio inmobiliario de compra de predios para lotear que adelanta ASOINCA-PROVITEC eleva de manera abrupta el costo del valor de la tierra rural en la ciudad de Popayán, generando con ello el proceso de gentrificación rural, que consiste en elevar el precio de los predios dificultando que comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a la tierra en el periurbano de Popayán. Las parcelas que los docentes usan solo los fines de semana están exterminando a la población rural en Popayán, y con ello, también la posibilidad de cualquier proceso de autonomía alimentaria para ciudad.
Los documentos pueden verse en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-K4Mc2asal7gR5uaS1eiL6QbNbrbSSGf