Por décadas, el conflicto ha desplazado a comunidades enteras, arrancándolas de sus tierras y condenándolas a empezar de nuevo en territorios ajenos. Pero hay quienes, en vez de resignarse, reconstruyen lo que les arrebataron. Una de esas personas es Clara Sorany Guejia Villamil, conocida por todos como Sol Guejia Villamil, la mujer indígena que en 2016 fundó el Cabildo Valle del Sol, junto a 22 familias desplazadas del resguardo Kwet Wala, en Pradera, Valle del Cauca.
Sol llegó con su comunidad al municipio de Yumbo y no esperó a que alguien les diera permiso para existir. Organizó a su gente, se instalaron en un predio en el corregimiento de La Buitrera y lo llamaron Sek Ukwe Valle del Sol. No duraron mucho allí. Fueron desalojados de manera irregular, pero en vez de desmoronarse, llevaron su caso a la justicia. Con apoyo de la Corporación Justicia y Dignidad, la lucha escaló hasta la Corte Constitucional, que en 2022 emitió una sentencia que reconoce su situación de desplazamiento forzado, su calidad de víctimas del conflicto armado y el desalojo irregular. Desde entonces, Sol no ha parado de pelear para que el Estado los reconozca y para que la Agencia Nacional de Tierras les entregue el pedazo de tierra que les corresponde.
En agosto de 2024, con la fuerza de los años de resistencia a cuestas, Sol Guejia Villamil propuso en el Sexto Encuentro Intercultural de Saberes la creación de la Guardia Intercultural Humanitaria en apoyo a las madres buscadoras de personas desaparecidas. La idea nació del trabajo conjunto con la Octava Caravana Internacional de Juristas, que ha acompañado la lucha de las comunidades indígenas y de mujeres por la paz en Colombia. Y lo logró. Contra todo pronóstico, en un país donde las mujeres indígenas tienen que remar contra la violencia, el olvido y el machismo, Sol y su comunidad crearon la primera guardia intercultural humanitaria del país.
Pero este acto de dignidad despertó el odio de quienes han hecho de la política indígena su feudo personal. Rafael Ulcúe Perdomo, un viejo zorro del movimiento indígena del Valle, fundador de la Orivac, vio en Sol una amenaza. No podía permitir que una mujer desplazada, que no venía de su línea de poder, construyera algo sin su bendición. Ulcúe, que se ha censado en distintos resguardos según le conviene, decidió imponer a su hija como gobernadora del cabildo Valle del Sol, aunque ni siquiera estaba censada en la comunidad.
El mecanismo fue burdo: inhabilitó a Sol Guejia Villamil para impedirle representar a su pueblo, se apropió de su propuesta de paz —la misma que ella construyó junto con el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz— y pidió recursos a la JEP y al Ministerio de Justicia en su nombre.
Lo que siguió fue la violencia de siempre. Amenazas, ataques verbales, hostigamiento. Sol fue obligada a abandonar la comunidad que ella misma fundó. El objetivo es claro: sacarla del camino para quedarse con el control de los 150 millones de pesos que la alcaldía de Yumbo debe entregar a la comunidad. Pero no solo es dinero. También buscan incluir en el censo de la Comunidad del Valle del Sol a personas ajenas a la comunidad, muchas de ellas con líos judiciales, para instrumentalizar la justicia indígena y negociar libertades a cambio de dinero.
Para consolidar su poder, Rafael Ulcúe ha declarado públicamente que cuenta con el respaldo de abogados, algunos de los cuales han sido señalados de violencia basada en género. Un patrón que se repite: hombres poderosos, blindados por estructuras patriarcales, utilizando la justicia y los discursos de autonomía para encubrir sus intereses y perpetuar la violencia contra las mujeres indigenas.
Ayer, 15 de marzo, Sol Guejia Villamil fue agredida nuevamente por quienes ahora se hacen llamar el cabildo, a pesar de haber sido elegidos de manera fraudulenta. Le ordenaron abandonar la comunidad, como si fuera una extraña, como si no fuera ella la que levantó Valle del Sol desde las cenizas del desplazamiento.
El caso de Sol Guejia Villamil no es un hecho aislado. Dentro del movimiento indígena, social y popular, las mujeres que lideran procesos de cambio han sido históricamente atacadas por gamonales que ven amenazado su poder. La violencia política contra ellas no solo viene del Estado o de los actores armados, sino también desde adentro, desde estructuras que deberían protegerlas pero que terminan replicando las mismas violencias de las que el movimiento indígena y popular dice defenderse.
Se repite una y otra vez: cuando las mujeres avanzan, el patriarcado se reorganiza para golpearlas, silenciarlas, expulsarlas y borrarlas de la historia. Se habla de autonomía, de autodeterminación, pero se usa la justicia indígena para castigar a las que no obedecen, para someterlas a asambleas manipuladas y elecciones amañadas. Se usa la cultura como excusa para encubrir la violencia política y de género, para proteger a los agresores y castigar a quienes se atreven a alzar la voz.
El Estado colombiano no puede seguir permitiendo que la autonomía indígena se convierta en el escudo de los gamonales, en un arma para desplazar, silenciar y robar. No puede cerrar los ojos ante la persecución de una líder indígena que hoy está en riesgo, junto con sus hijas menores de edad.
Hoy exigimos protección inmediata para Sol y sus pequeñas hijas. Solicitamos a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que brinden medidas urgentes de seguridad para garantizar su vida e integridad. Pedimos a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes por las amenazas y el desplazamiento forzado. Instamos a la Alcaldía de Yumbo a activar de inmediato las rutas de protección contra la violencia de género, para frenar la persecución política contra nuestra lideresa indígena.
No más violencia política contra las mujeres indígenas. No más desplazamientos forzados en nombre del poder. Porque el sol que ha iluminado el camino de Valle del Sol no puede ser apagado por la sombra de los gamonales indígenas.